Cajas de ahorro y promotores inmobiliarios pactan terminar viviendas para provisionar menos

J. M. Lamet/ expansion





Los promotores y las entidades financieras viven un renovado matrimonio de conveniencia. La decisión del Banco de España de relajar las provisiones necesarias por la morosidad de las viviendas terminadas ha provocado que los bancos y las cajas impulsen de nuevo la finalización de casas, para desprenderse de ese enorme bocado de dotaciones (ya no deberán aportar el 100% del valor de la garantía inmobiliaria en impago, sino el 30%).

A la par, los promotores han aprovechado para ganar oxígeno firmando acuerdos con esas entidades. Así, según adelantó a EXPANSIÓN el presidente de la patronal nacional de promotores constructores APCE, José Manuel Galindo, ya se ultiman convenios con la Federación Catalana de Cajas, Cajastur, CAM y Bancaja, entre otras. Antes ya se firmaron con Santander, con La Caixa y con ocho entidades en la Comunidad de Madrid.

En esos pactos la institución financiera se compromete a subrogar el 100% del préstamo a los hipotéticos compradores y la empresa promete bajar hasta un 20% los precios de venta. Por el camino, terminar las promociones es la mejor medicina para ambos bandos. Para los empresarios del ladrillo es la única rendija por la que llegar a la meta de la comercialización, y para la banca supone un alivio contable. "Todo el mundo es egoísta, claro; pero buscando el interés particular se consigue el interés general", subraya con franqueza Galindo.

APCE suscribe al 100%, por tanto, la actuación de las entidades: "Si yo fuera una entidad, antes que quedarme con un activo que yo no pueda vender, procuro subrogarlo, y encima troceo mi riesgo", enfatiza Galindo. "Además, un producto terminado se puede vender, y así [el pacto] beneficia a ambos". Quid pro quo.

No en vano, las inmobiliarias contaban, a finales de 2008, con 327.349 inmuebles parados, según la consultora R. R. de Acuña y Asociados. Según el Anuario Estadístico de la firma, a finales de 2008 había más de 81.000 viviendas de promotoras en situación de morosidad, soportadas por un crédito otorgado de 19.000 millones de euros. Y en el primer trimestre de este año la cifra aumentó hasta los 24.462 millones de euros.

Así que ahora, "con control de recursos, eso sí, se termina la obra cuanto antes, y los bancos y las cajas no provisionan tanto y además procuran vender los pisos ellos mismos", añade el presidente de la patronal inmobiliaria. De hecho, Galindo cree que "hoy en día" se dan unas "condiciones inmejorables para quien quiera comprar una vivienda", por los bajos tipos de interés y las rebajas de precios.

Y subrogando a las familias los créditos a las inmobiliarias "en virtud de esos acuerdos entre constructores y banca" baja el riesgo de impago. La tasa de morosidad de los promotores es del 8,16%% y la de las familias, del 4,73%, según el Banco de España.

El organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez obliga a destinar a otras provisiones los fondos obtenidos por la nueva regla contable, pero ello genera, de todos modos, un buen bocado de liquidez. "Las entidades financieras liberarán más liquidez por no provisionar tanto, y sería bueno que esos recursos se utilizasen en velar por que se reactive la actividad inmobiliaria", añade Galindo.

El PP ya no quiere subir la deducción por piso 10 puntos

El Partido Popular llevará al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que plantea el mantenimiento y la mejora de las deducciones por adquisición de vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Los populares proponen la medida frente a los planes del Gobierno de eliminar dichas deducciones para las rentas superiores a los 24.000 euros anuales. El PP aboga por elevar del 15% al 20,05% el tipo de la deducción por compra o rehabilitación de la vivienda habitual y aumentar hasta 10.000 euros la cantidad tope a desgravar, desde los 9.015 euros actuales. Hace sólo unos meses, sin embargo, los populares apostaban por una deducción aún mayor, del 25%.

La nueva iniciativa contempla que se permita aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual a aquellas obras de reforma de vivienda de personas discapacitadas, con una base máxima de deducción 13.500 euros y un porcentaje del 23,4%. El PP espera contar con el apoyo de CiU y PNV.

Bañuls rechaza la cartera de Urbanismo

Artur Balaguer/ elpais
Benidorm

"No me interesa para nada la delegación de urbanismo". El ex concejal del PP de Benidorm, ahora no adscrito, José Bañuls, aportó ayer el último aliento a la moción de censura de Benidorm, que ya ha vivido dos aplazamientos en las últimas semanas. Bañuls renunció públicamente a la concejalía de Urbanismo que le habían adjudicado algunos medios de comunicación, una de las pruebas que el PP local esgrimió para hablar de un supuesto "pacto secreto", en el que estarían implicados en el grupo Prensa y Noticias, donde figura como accionista el constructor Fernando Moragón, y al que se ha incorporado otro empresario vinculado a intereses inmobiliarios, como sería Jaime Doménech, el actual presidente del Benidorm Club Deportivo, que aportó un millón de euros al capital social de este grupo.

El concejal desbrozó el camino diciendo que "la moción de censura es de las pocas herramientas, si no la única, para desbloquear la situación actual. "Las herramientas legales son las que son y se han utilizado en lugares próximos", añadió en referencia a la moción de censura de La Vila Joiosa que aupó a la alcaldía al PP con la ayuda de un tránsfuga. Con todo, tildó a ambos partidos, PSOE y PP, de hipócritas por defender las mociones de censura en función de sus intereses partidarios. Y defendió la "legitimidad" de su actuación por su etapa como candidato independiente en las elecciones municipales de 2003, cuando obtuvo más de 900 votos coaligado con el Bloc.

Los socialistas tenían previsto presentar ayer la solicitud de un pleno extraordinario para reprobar al alcalde por no haber dimitido ayer, según el plazo que le habían dado, pero al cierre de esta edición todavía no habían decidido si ejercer esa opción, no contemplada legalmente y de carácter político, o esperar para presentar la moción de censura a lo largo de esta semana.

Bañuls reveló, además, que el número de una referencia catastral dada a conocer por el PP, tras la que se esconderían oscuros intereses, responde a una propiedad de la familia del anterior alcalde y actual concejal del PP de L'Alfàs del Pi Gabriel Such. Se trata de un suelo rústico que pretende adquirir Doménech para la construcción de la ciudad deportiva del Benidorm. Así que, el ex concejal popular, "harto de insinuaciones", deslizó que esta parcela es "un tema urbanístico que afecta a las entrañas del PP".

El pasado 18 de agosto, el regidor tránsfuga de Benidorm hizo públicas sus participaciones en empresas del sector inmobiliario. Una de ellas, Gestimar, dedicada a la promoción inmobiliaria, está asociada a la mercantil Elisan Promociones Mediterráneo, entre cuyos accionistas aparecen Manuel Pérez Fenoll, el actual alcalde del PP, además de Vicente Ivorra, el tesorero local del partido, y Elipse Arquitectura, una sociedad de Vicente Ferrer, esposo de Gema Amor, la presidenta del PP de Benidorm.

Un debate hipotecario que conviene abrir

CINCO DÍAS

Una propuesta lanzada por Izquierda Unida le ha servido a Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para proponer cambios radicales en el actual sistema hipotecario español. Recogiendo la idea lanzada por la coalición de izquierdas, la dirigente popular pretende que los propietarios que no puedan afrontar las cuotas de sus hipotecas respondan al pago de su deuda exclusivamente con el piso y en ningún caso con alguna otra propiedad, tal y como sucede en la actualidad.

Lo habitual hasta ahora era que los inmuebles se iban revalorizando con regularidad y el dinero obtenido con su venta bastaba para devolver el crédito del moroso. Sin embargo, la fuerte caída de los precios de los últimos meses ha dado al traste con este principio y se están produciendo casos, especialmente sobre las viviendas adquiridas los últimos años, en que lo que se obtiene por vender el piso es menos que el préstamo hipotecario. Y eso, en el hipotético caso de que se encuentre comprador para la vivienda. Así que, además del piso, las entidades exigen a sus clientes más propiedades para evitar incurrir en pérdidas.

No se trata de un problema anecdótico. Según los cálculos efectuados por CincoDías, sólo en este año podría haber 100.000 inmuebles cuyo precio estaría ya por debajo de la hipoteca que permitió su adquisición. Y si sus propietarios no pueden afrontar las letras, pueden perder más que la vivienda. La situación, de producirse, será ciertamente dramática para muchas familias. Se entiende, pues, que, para evitar que se produzcan quebrantos, Izquierda Unida y Esperanza Aguirre hayan planteado la necesidad de encontrar alternativas. De aquí su propuesta de limitar el efecto al piso que avala el crédito.

La propuesta ha sido aprobada como proposición no de ley por la Asamblea de Madrid y ahora tendría que elevarse al Congreso de los Diputados, pues se trata de una norma estatal. Sin embargo, parece que no tiene trazas de prosperar, pues el Partido Popular, a pesar del refrendo de Aguirre, no respalda la propuesta y el PSOE ya la ha descartado.

Pero lo cierto es que los impagos van a crecer y previsiblemente muchas familias se verán afectadas por este marco legal. Por eso no hay que descartar el debate para mejorar aspectos de la normativa actual. En ese sentido, sean bienvenidas iniciativas como la citada, incluida su paradójica maternidad política.

De momento, las entidades financieras ya han mostrado, a través de la Asociación Hipotecaria, su desacuerdo. Se entiende su posición. Si la depreciación del valor del piso es muy alta, perderán parte sustancial del dinero prestado. La reacción lógica es que la banca endurezca las condiciones de concesión del crédito. Daría menos del 80% del valor tasado, cobraría tipos más altos para compensar el riesgo o impondría garantías adicionales como avalistas o seguros de impago. En definitiva, la medida supondría que todos los futuros propietarios tendrán que afrontar un sobrecoste indeseable. Ahora bien, si los créditos se endurecen, es previsible que compren menos casas y los precios de la vivienda bajen más. De ser así, serviría como un catalizador para evitar nuevos booms inmobiliarios. Al menos, ésta es la tesis de Izquierda Unida para defender su propuesta. No obstante, en estos momentos lo que se precisa es justamente lo contrario: reactivar el mercado. Además, las principales afectadas serían las economías familiares más débiles, que tienen más dificultades para adquirir una vivienda.

Sin embargo, el problema sigue siendo real y, en los próximos meses, muchas familias pueden pasar dificultades económicas añadidas. Por ello se precisan soluciones urgentes. La eficacia de un cambio radical como el presentado, sin ser excluido del debate, se puede contrastar con otros mecanismos para aliviar a los propietarios con dificultades para pagar su hipoteca.

Y ya están contemplados. Valga como ejemplo el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, que permite que banco y cliente acuerden limitar la responsabilidad en caso de impago del inmueble. Algo que no se suele pactar. O facilitar que las familias acudan al concurso de acreedores, una posibilidad poco explotada por ahora. Pero, sobre todo, son deseables los acuerdos entre entidades y clientes para que no se deba ejecutar la hipoteca. Ésta sería una solución más eficaz que una revolución hipotecaria.

Recetas populacheras. Continuismo y dejadez

DENUNCIAS POR VIVIENDA


La derecha política se ciñó la alianza de la defensa del capitalismo a ultranza en los años 80. Los dos estiletes más influyentes fueron la premier británica Margaret Thatcher y el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan. Dos personalidades que crecieron y se educaron en épocas adversas -la Gran Depresión americana y la reconstrucción de Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial-, procedentes de la clase media baja (la hija de un tendero y un actor de segunda fila) y poco expertos en finanzas, que no fueran las de una economía de guerra. Cualquier líder de derechas, desde entonces, ha creído que las recetas neoliberales iban a misa, sí o sí. Por ejemplo, la forma de generar empleo es siempre aumentado la incertidumbre sobre el mercado laboral: la trituración de los derechos básicos del Estatuto de los Trabajadores, destruyendo la influencia de los sindicatos de clase en toda Europa, rebajando el coste del despido negociación tras pacto, acuerdo tras consenso, y limitando los salarios medios que nunca suben aun en tiempos de bonanza, pese a las cuantiosas plusvalías de las empresas.

En las declaraciones públicas de Mariano Rajoy, el líder conservador, mantiene el mantra del abaratamiento por despido para incentivar la contratación. "La mejor política social es la que crea empleo", repite. Junto a una bajada de impuestos y no se sabe si ayudas directas para incentivar el consumo, semejantes a las que el gobierno socalista ha anunciado en diversos paquetes como el Plan E. Unos comentaristas piensan que si no explicita más que en líneas generales su programa económico es por la impopularidad que sus medidas pueden generar en el granero de votos de las clases medias bajas del que espera seguir pescando réditos electorales. Otros, en cambio, argumentan que con lo que adelanta ya nos indica que su discurso no ha realizado la necesaria autocrítica que la crisis económica mundial actual pide, sino que insiste en reducir el poder del Estado, otorgar mayores libertades de despido a las empresas privadas y reducir sus impuestos y, por supuesto, adelgazar la función pública de las empresas que aún no puedan privatizarse, que fue su recurso favorito para generar superávit.

Por ejemplo, en su destemplada crítica al anuncio del presidente Rodríguez Zapatero de limitar las desgravaciones fiscales por la compra de una primera vivienda a partir de 2011 cuando se supere un límite de ingresos, muestra a las claras que el ladrillo fue, es y tiene que ser su apuesta fuerte para invertir el sombrío panorama que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el parón del turismo y del consumo nos aguarda. No parece darse por enterado de la disfunción entre el parque de viviendas en alquiler y los propietarios de casas e hipotecados, respecto a los países más avanzados de nuestro entorno, que nos devuelve la imagen de la anomalía carpetovetónica. La sociedad de propietarios que soñaron se vende... pero no surgen compradores, demanda eficiente, que puedan pagar tan inflados precios.

Ni se escucha el mea culpa -el ladrillo ha propiciado ilegalidades a mansalva como las que denuncia el demoledor informe Auken de la eurodiputada danesa que trataron de boicotear grotescamente (y sin éxito) Psoe y PP en el europarlamento en un acto de patrioterismo de hojalata, delitos medioambientales a porrillo y el descrédito del país ante las naciones 'más maduras e industrializadas' para los que ¿éramos? su principal reclamo turístico como Alemania, Francia o Inglaterra- ni se rectifica el rumbo que nos lleva al atolladero: ante el descrédito mundial como un advenedizo con pies de barro, la sangría del paro desbocado, la crisis de puntos de vista críticos que alertasen sobre los riesgos contraídos. Con el 'lo que usté mande, Don Manué' como demostración de obediencia servil profesional estamos en el furgón de cola de las economías productivas, pese a las apariencias de modernidad y liberalidad.

El PP propone que se incremente la deducción por la compra de vivienda del 15% al 20,05%

Efe/ suvivienda
Foto: J. Martínez
Madrid

Ni el 15% actual, ni el 25% que proponía el Partido Popular en su programa electoral de 2008. El PP ha pedido en una proposición de ley que se incremente la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF hasta el 20,05% de las cantidades satisfechas, con un máximo de 10.000 euros anuales frente a los 9.015 euros de ahora.

La proposición de ley pretende, desde el ámbito fiscal, dotar a las familias de los apoyos necesarios para superar la crisis por parte de las autoridades. Ya el pasado mes de junio todos los grupos parlamentarios rechazaron la propuesta 'popular' de elevar esta tasa hasta el 25%. Habrá que ver ahora cuál es la reacción de los diferentes grupos políticos antes este nuevo porcentaje propuesto.

Así, el PP expone que la crisis ha llevado a las familias españolas a tener que hacer frente a una situación financiera que les está afectando muy negativamente y que les sitúa al límite de sus posibilidades financieras. Además, destaca las dificultades que surgen para hacer frente a las deudas contraídas con las entidades por los préstamos y créditos destinados a la adquisición de una vivienda.

Asimismo, subraya la imposibilidad que tienen muchas familias para poder acceder a una hipoteca con el fin de comprar una primera vivienda dadas las nuevas condiciones que las entidades de crédito aplican a este tipo de operaciones.

Se antoja algo complicado que esta petición llegue a buen puerto ya que el Ejecutivo nunca ha visto con buenos ojos este tipo de incentivo fiscal porque, en su opinión, fue uno de los causantes de la especulación inmobiliaria producida durante el 'boom' del ladrillo y el principal motivo de la desorbitada subida de precios de la vivienda. Por ello, está potenciando mucho más las ayudas al alquiler que la propiedad.

Chat con Pablo Matos (PP)

suvivienda

*se respentan las faltas de ortografía (y también, ay, las de puntuación), peccata minuta, que de hecho son un valor añadido de la foto fiel de un país y su ciudadanía, aquí ahora

1. El Gobierno de España quiere aumentar el tiempo para invertir en una vivienda a los ciudadanos que tengan una cuenta vivienda. Durante este tiempo, ¿hay que invertir todo lo depositado en la cuenta vivienda o puedes ir invirtiendo paulatinamente, con la condición de empezar a invertir en el período que fija la Ley?

Lo que ha aprobado el gobierno es prorrogar el plazo en el que se debía invertir los fondos de las cuentas vivienda pero no seguir aportando fondos que puedan deducirse en el IRPF. Esto es así porque muchos titulares de cuentas vivienda están intentando adquirir una vivienda y no pueden porque no encuentran financiación para el préstamo hipotecario.

2. ¿Qué medidas hay para los que tenemos un crédito-puente, tenemos que pagar dos hipotecas y llevamos 2 años sin poder vender una de las viviendas, para poder amortizar una hipoteca? La que está en venta ha sido rebajada un 40% en el precio y ni por esas....

El Gobierno no ha contemplado ninguna medida para esta situación, ni siquiera para los que contraron un préstamo hipotecario hace tres o cuatro años que son a los que más está afectando la subida de los tipos de interés y tienen muchísimas dificultades para hacer frente al pago de su hipoteca. Sin duda alguna la prioridad del Gobierno debería ir dirigida a los ciudadanos que por circunstancias sobrevenidas por la crisis económica pueden perder su vivienda y sus ahorros. Por ello, hemos pedido que la descomunal cifra que el Gobierno ha aprobado para dotar de liquidez al sistema financiero vaya a parar a los ciudadanos afectados por esta situación.

3. ¿Qué opina de la opción que baraja el Gobierno de que los parados paguen sólo la mitad de la hipoteca? gracias

Todas las medidas que tengan como fin ayudar a estos casos nos parecen oportunas. Nosotros, además, desde el Partido Popular hemos presentado una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para que el Gobierno ayude a las personas que por causas sobrevenidas como es la pérdida del empleo no puedan hacer frente al pago de su hipoteca. Hay que tener en cuenta que la garantía de un préstamo hipotecario es la vivienda que constituye el hogar familiar y poner en riesgo el hogar de estos ciudadanos es algo que hay que evitar inmediatamente.

4. No estoy de acuerdo con que ningún Gobierno (léase los ciudadanos a través de los impuestos) tenga que dar una ayuda a todos los irresponsables "que dicen que no sabían que pedían dinero a un BANCO a INTERES VARIABLE" mientras los demás, en la misma época lo entendimos perfectamente y que el 2% de interés no sería eterno. Con lo que no nos metimos en nada que no pudiéramos pagar y vivimos acorde a nuestros sueldos. NO CON MIS IMPUESTOS. ¿Qué opina usted? Muchas gracias

Sin duda alguna existen ciudadanos que no calcularon prudentemente los costos de adquirir su vivienda. Pero yo me estoy refiriendo a situaciones sobrevenidas como es la pérdida del empleo. Para todos aquellos a los que les ha subido "la letra del piso" por el incremento de los tipos de interés, y además han sufrido el incremento de los precios de los productos de necesidad, hemos planteado y ha sido rechazado por el PSOE el incremento de la deducción por adquisición de vivienda y además que el pago de la hipoteca se tenga en cuenta a la hora de calcular las retenciones mensuales en la nómina. Es absolutamente necesario que los ciudadanos dispongan de algo más de dinero en su bolsillo para poder hacer frente a sus obligaciones.

5. Sr Matos, ¿podría dar una explicación coherente y politicamente incorrecta de por qué los precios de la vivienda han subido tanto en estos últimos 12 años?¿No cree que la mejor medida en materia de vivienda es castigar a las sociedades de tasación y a los bancos, que han contribuido a inflar los precios de un bien básico como la vivienda hasta límites inalcanzables?

Hay muchos factores que han influido en el incremento del precio de la vivienda. El principal, el fuerte incremento de la demanda. En 1996, cuando nosotros llegamos al Gobierno, trabajaban en España 12 millones de personas. Las mismas que en 1975, cuando murio Franco. En ocho años se incorporaron al empleo cinco millones de personas más. Empleo que siguió subiendo en los dos primeros años de Zapatero. Esto supuso que muchísimas personas que jamás pensaron poder acceder a una vivienda libre pudieron hacerlo. Otra causa del incremento de la demanda es que la incertidumbre en las Bolsas hizo que muchos ahorradores decidieran invertir en vivienda. Además, el cambio al euro hizo aflorar en su día "dinero negro", lo que también incrementaba la demanda. Soy de los que opina que es el precio de la vivienda, y no al revés, el que incrementa el precio del suelo.

6. que van hacer los politicos con los que no podemos vender nuestra primera casa para pagar la que vivimos ahora.nos la quitara el banco y seguiremos pagando las casas a los demas , la hipoteca puente que tengo me cuesta 15000 eurs al año y mi piso quieren que siga bajando? ¿me daran a mi una de protecion? no lo creo soy ESPAÑOL y ganamos 1300 euros al mes y no tenemos derecho a nada

Las únicas medidas posibles son a través de las modificaciones fiscales y sobre todo a través de los 100.000 millones de euros aprobados por el Gobierno para dotar de liquidez al sistema financiero. Por ello, y como ya dije en una pregunta anterior, nosotros lo que hemos exigido al Gobierno para apoyarles en esas medidas es que todo ese dinero no sólo llegue a los bancos, sino que los destinatarios finales sean los ciudadanos que se encuentran en situaciones similares a la que usted plantea.

7. Buenos días, ¿qué le parece que los bancos sigan anunciando beneficios trimestrales mientras muchas familias están con el agua al cuello por culpa de la hipoteca y los créditos al consumo? ¿Qué medidas propone su formación? Muchas gracias

Comprendo perfectamente que llame la atención al ciudadano que los bancos no tengan liquidez y que a la vez presenten beneficios. Estamos viviendo una situación absolutamente paradójica. Los 100.000 millones de euros aprobados por el Gobierno para comprar activos de los bancos o para avalar sus operaciones van a salir de Deuda Pública que emitirá próximamente el Gobierno. Es decir, del dinero de los ciudadanos. Por lo tanto, son los ciudadanos los que les van a prestar dinero a los bancos para que los bancos le puedan prestar dinero al resto de los ciudadanos. Esta situación es, como he dicho, completamente paradójica. Soy partidario que la contrapartida al dinero que se va a incorporar al sistema financiero sea una mayor transparencia, seguridad, prudencia y austeridad.

8. Buenos días, ¿tiene casa en propiedad? ¿Cuántas y cuanto le costó o le contaron, si no es mucha indiscrección? Un saludo

Sí, tengo casa en propiedad que compré en 1991 y en su día no llegó a 180.000 euros. Desconozco cuál puede ser su valor ahora.

9. ¿Si ustedes goviernan suprimiran la Sociedad Pública de Alquiler"?

Inmediatamente. La Sociedad Pública de Alquiler no sólo ha sido un fracaso en cuanto a su gestión (8.400 contratos en tres años y medio en toda España), sino desde el punto de vista económico. Se le dotó de un capital social de 20 millones de euros, de los cuales ya se han "comido" 15, y la propia Sociedad prevé tener unas pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2009 de 21 millones de euros. Esto es tirar el dinero y en la situación económica en la que vivimos es aún más insultante.

10. se acuerda de lo que dijo el señor alvarez cascos ,los españoles tenemos dinero para pagar

Sí, me acuerdo [el ministro Francisco Álvarez Cascos defendía la compra de vivienda como una muestra de que el país se había enriquecido]. Y tenía razón. Muchos españoles que en la década de los 80 y principios de los 90 no podían ni siquiera plantearse comprar una vivienda y engrosaban las listas para alcanzar una vivienda protegida pudieron hacerlo debido al espectacular crecimiento económico que tuvo España a partir de 1998-99. De la gestión económica que hicimos en los ocho años de Gobierno nos sentimos profundamente orgullosos. Nos encontramos un paro del 23% y lo dejamos en el 11%. Una inflación del 6% que dejamos en el 2%. Y unos tipos de interés por encima del 10% que dejamos alrededor del 3%. Y, como dije antes, de 12 millones de ciudadanos empleados pasamos a 17. Sinceramente, creo que es para sentirse orgulloso.

11. Hola! Que soluciones daría a la clase media de este país en cuanto a vivienda se refiere. ¿Cree que el nuevo Plan Estatal de la Vivienda 2009-2012 será sufiente? Gracias de antemano. Saludos

El problema es que cuando vivimos una situación completamente diferente a la de hace dos años las medidas siguen siendo prácticamente las mismas. Creo que hay que incrementar espectacularmente la vivienda protegida, entendiendo por ella no sólo la VPO tradicional sino también las viviendas a precio concertado o a precio asequible. En España hay suelo urbanizable suficiente destinado a viviendas sujetas a protección. Si ese suelo se desarrolla y sale al mercado a un precio adecuado a ese tipo de viviendas se podrían construir al año alrededor de 200.000 viviendas con un precio tasado. El problema es que los ayuntamientos no tienen suficientes recursos para impulsar el desarrollo de todo ese suelo. Esto es algo que planteamos constantemente al Ministerio de la Vivienda.

12. Cómo puede justificar un partido que se califica de liberal, las ayudas a los hipotecados? No están a favor del libre mercado, o esto va según el viento sople?

Nosotros, sin ningún género de dudas, somos liberales. Pero también, sin ningún género de dudas, somos solidarios. Creo firmemente que el empleo y la vivienda son los dos pilares fundamentales para que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida en libertad. Por eso somos partidarios de un tratamiento fiscal diferenciado para las personas que están pagando mediante una hipoteca el que constituye su hogar familiar.

13. ¿Qué solución le ve al stock de cerca de un millón de vivendas sin vender en España?

Tendrá que ir vendiéndose poco a poco. Yo creo que la mejor salida es la incorporación al mercado de alquiler. Sé que hoy en día convertirse en arrendador, "en casero", es una aventura debido a la inseguridad de la relación contractual del arrendamiento. Por eso hay que modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para hacer más seguro, tanto para el propietario como para el inquilino, el contrato de arrendamiento. De verdad considero que la mayoría de las viviendas construidas para venta podrían mientras se logran vender incorporarse al alquiler. Para ello hay una buena figura que es el arrendamiento con opción de compra, que ya se utiliza en algunas comunidades autónomas como por ejemplo Madrid.

14. Estoy hecho un lio. Si cobro poco, desgraciadamente asi es, como mi nivel de endeudamiento seria muy alto, no tengo oportunidad de una VPO., pero si cobro algo mas, supero el limite y tampoco tienes derecho a una VPO. ¿Para quienes estan hechas las VPO? Yo creo que la mayoria de politicos viven en un pais imaginario que no es el mio.

Lo que usted plantea no es del todo cierto. Desconozco en la comunidad autónoma en la que vive, pero en la mayoría de ellas tienen programas específicos para cada uno de los sectores de la sociedad. Hay programas de vivienda protegida en régimen especial de alquiler para las familias con mayores problemas económicos, viviendas protegidas en régimen especial para venta, y viviendas a precio concertado para familias de clase media. Lo que quizá habría que incrementar son los recursos para una mayor demanda de familias con ingresos bajos.

15. ¿Llegará el momento en el que los treintañeros que ganamos un salario normal podamos comprarnos una casa? ¿Hará algo el PP cuando llegue al gobierno para facilitar el acceso a la vivienda?

Estoy seguro de que sí. El mercado está moderando el precio de la vivienda libre. Pero es absolutamente necesario el incremento de viviendas sujetas a distintos régimenes de protección y por lo tanto que abarquen desde las familias con mayores problemas económicos a las clases medias. Una figura beneficiosa para los jóvenes es el arrendamiento con opción de compra que ya se aplica por varias comunidades autónomas y que el Gobierno del PSOE nos negó en el Plan de Vivienda anterior a pesar de que se lo pedimos en el Congreso de los Diputados en reiteradas ocasiones. Parece que al final van a ceder y van a incorporar esta figura en el próximo plan.

16. ¿No le parece que el Estado deberia de dejar de dedicar recursos a evitar que el precio de la vivienda se corrija?

El Estado dedica recursos para los planes de vivienda. Esto es, transfiere recursos a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas ayuden al alquiler, a la compra o a la rehabilitación a determinados sectores de la población. Pero quien modifica al alza o a la baja el precio de la vivienda no es el Gobierno, sino el mercado.

17. Estará usted harto de que le confundan o hagan juegos de palabras originales con su nombre y el del presentador de la Cuatro PABLO MOTOS. Mójese, que hoy llueve.

(Risas) Recuerdo que la primera vez que Pablo Motos tuvo programa propio, El Hormiguero, en la televisión salía un rótulo anunciando "Esta noche a tal hora... Pablo Motos en El Hormiguero". Me llamó muchísima gente.

18. Cuál de las ministras de Vivienda le ha parecido mejor? Si es que alguna le ha parecido buena, claro

Creo que la más preparada es la actual, Beatriz Corredor. Lo que ocurre es que apenas tiene competencias y además las dos ministras anteriores le han dejado una pésima herencia.

Los defensores del ladrillo recuperan la alcaldía de Dénia

Arturo Ruiz/ elpais
Foto: Natxo Francés
Dénia

Un tránsfuga otorga el poder al PP entre gritos de "especuladores"

Los defensores del ladrillo recuperaron ayer la alcaldía de Dénia. Gracias al apoyo de un tránsfuga socialista, la popular Ana Kringe recibió a la una del mediodía la vara de mando entre gritos de "usurpadora", "mafiosos" y "especuladores". Kringe, que ni siquiera pudo acabar su discurso de investidura por culpa de los abucheos del público, había recibido minutos antes el apoyo del concejal tránsfuga socialista Juan Collado y de los ediles de Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD, cuyos votos en el pleno sirvieron para aprobar la moción de censura que derroca al anterior gobierno de PSPV y el Bloc, encabezado por la socialista Paqui Viciano. De esta manera, vuelve al gobierno municipal el equipo que entre 1999 y 2003 planificó la construcción de 20.000 viviendas en la costa norte de Dénia. Un plan que abortó la alcaldesa socialista Paqui Viciano, que se proponía la protección de cuatro millones de metros cuadrados en la localidad. Protección que estaría incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción no pudo concluir y que ahora está en manos del nuevo equipo de gobierno local. Tanto Kringe como Pepa Font, de Centre Unificat, formaron parte del equipo que impulsó los planes que paró Viciano.

Fue sin duda el pleno más tenso de la historia democrática de Dénia. El público abarrotó tanto el salón de plenos como la escalinata exterior del edificio consistorial, donde fue necesario colocar una pantalla de televisión. La mayoría de los asistentes eran partidarios del PSPV y el Bloc e interrumpieron con sus gritos los diferentes discursos de los portavoces que habían firmado la moción de censura y que prácticamente no pudieron escucharse.

Las iras del público, que en numerosas ocasiones mostró su temor por los intereses urbanísticos que escondería el nuevo gobierno, se concentraron sobre todo en la nueva alcaldesa, contra la que clamaron "Kringe, el pueblo no te admite" y a quien compararon con Zaplana por haber alcanzado el poder gracias al apoyo de un tránsfuga: A este último le espetaron "Collado, traidor" y "Collado, Judas".El público desplegó en la sala una pancarta contra el transfuguismo en la que podía leerse "Contra la traición, escuchar a la voluntad popular". No obstante, y aunque en clara minoría, también hubo partidarios de la moción de censura que aplaudieron cuando pudieron las intervenciones de Kringe y de sus aliados. Destacó la presencia de conocidos promotores de Dénia, cuya presencia no era baladí: en juego está el futuro de una de las costas más emblemáticas del Mediterráneo, cuyo Plan General ha de redactarse en apenas un año.

El urbanismo de Dénia y la ruptura del pacto antitransfuguismo centraron las diferentes alocuciones. Viciano definió el día de ayer "como el más triste de la historia democrática de la ciudad", acusó a los partidos votantes de la censura de cometer un "atentado contra la soberanía del pueblo" (instante en que el público gritó "manos arriba, esto es un atraco") y dijo que el gobierno de Kringe quiere redactar un nuevo PGOU "basado en intereses particulares".

El portavoz socialista, Vicent Grimalt, acusó a Collado de "traicionar a su partido" y advirtió de que el gobierno de Kringe "llenará la costa de hormigón". Y el del Bloc, Pau Reig, indicó: "La amalgama de partidos que nos van a gobernar no son tan distintos, porque constituyen la derecha de siempre".

Por su parte, los partidos que arropan a Kringe incidieron en las presuntas irregularidades urbanísticas que habrían cometido PSPV y Bloc. Cansado ya de que el público le tildara de "especulador", el edil tránsfuga advirtió de que "quien ha especulado aquí ha sido Viciano, quien debería explicar sus relaciones mercantiles con las empresas Realia y Conca", que han desarrollado varios planes parciales en Dénia. Collado aseguró haber recibido "amenazas telefónicas y por e-mail" contra su familia y anunció que liderará una comisión anticorrupción sobre asuntos urbanísticos. La nueva alcaldesa también anunció que realizará una auditoría urbanística, si bien quiso hacer un guiño a la nueva oposición y le ofreció consensuar el futuro Plan General.

Kringe prometió una política económica "seria y restrictiva" y reducir los ediles liberados de ocho a tres. Kringe se aprestaba al cierre de esta edición a firmar las nuevas delegaciones de su Corporación, cuya distribución demuestra que todos los partidos van a tener voz y voto en la gestión del urbanismo. Las principales carteras de esta última área recaerán en la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font, quien en su día fue la principal precursora del plan de las 20.000 casas en Les Marines y que asumirá Planeamiento; en el portavoz del PP, Vicent Chelet, que gestionará Grandes Proyectos; en el de GD, Miguel Llobell, con licencias; y en el propio Collado, que llevará Aguas y Medio Ambiente. Chelet también será el responsable de Hacienda y Llobell de Gobernación, mientras que, significativamente, el ex presidente de los promotores, Juan Sancho, sea el portavoz más alejado de las competiciones urbanísticas, al asumir Cultura y Juventud. Turismo recaerá en Toni Sentí, el número dos de CU.

Al pleno acudieron numerosos responsables de ambos partidos. Por el PP, asistió la zaplanista Mónica Lorente, así como el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando. También estuvo el presidente del PSD de Alicante, Antoni Romera, quien, paradójicamente, mantiene en Calp un pacto con socialistas y nacionalistas.

La derrota unió a las diferentes familias socialistas. Junto al candidato a la secretaría general del PSPV, Jorge Alarte y a varios miembros de la actual gestora del PSPV, estaba el secretario general de La Marina Alta, Paco Carrió. También acudió el secretario general de los socialistas alicantinos, Roque Moreno, que mantuvo una amplia discusión con Collado. El PSOE responsabilizó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de romper el pacto antitransfuguismo y avalar la moción de Dénia.

La alcaldesa de Marbella altera el plan urbanístico de la Junta de Andalucía

Juana Viúdez/ elpais
Foto: Julián Rojas
Málaga

El Consistorio modificará el sistema para regularizar las viviendas ilegales

Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga), el documento que provocó la protesta en las calles de unas 2.000 personas y que cosechó 8.000 alegaciones. obligarán una nueva exposición pública, ya que el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) ha introducido "cambios de calado". "Sólo se volverá a exponer las partes que han sido modificadas, no el PGOU entero", precisan fuentes municipales.

El equipo de Muñoz se cierra en banda a la hora de hablar de esos cambios. No quieren crear polémica y menos aún contribuir a que se retrase la aprobación de este documento tan necesario para la seguridad jurídica de la ciudad y la tranquilidad de muchos de sus vecinos.
La incontinencia urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) dejó 18.000 viviendas ilegales, ahora pendientes de regularización; unos 1.000 comercios sin licencia, y 700 construcciones que se juegan la posibilidad de ser demolidas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también espera a que se apruebe el documento para decidir sobre numerosas sentencias de demolición.

La regidora del PP dice tener la fórmula para que no sean los compradores de las viviendas ilegales quienes asuman las cargas urbanísticas, pero no da detalle alguno de cómo lo conseguirá.
El PSOE marbellí, en la oposición, cree que el equipo de gobierno cambiará uno de los pilares del PGOU: el sistema de compensaciones ideado por la Junta de Andalucía para que los responsables de los desmanes urbanísticos resarcieran a los vecinos con zonas verdes o de equipamientos.

Según las fuentes consultadas, se ha acordado una rebaja de la cantidad de metros que tienen que aportar los promotores para regularizar las viviendas ilegales, con lo que el ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante que calculó el equipo redactor quedaría "completamente alterado". "Han abierto el melón por la parte más sensible", aseguran.

El PGOU fue aprobado inicialmente por el equipo de gobierno hace un año. El documento establecía que los promotores de las viviendas ilegales compensaran a la ciudad con la entrega 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y espacios libres.

Estos cálculos preveían que la ciudad se situara entre las mejores de Europa en cuanto a zonas verdes y lugares abiertos, con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante, cifra comparable a la de Londres.

Durante el proceso de redacción del PGOU, el responsable de la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, se reunió con los promotores de viviendas con problemas legales para fijar la compensación correspondiente en cada caso y que como término medio es de 104 metros cuadrados de suelo por casa construida.

"Si se rebaja, por ejemplo, de 100 a 60 metros cuadrados por casa, afectaría a una serie de cálculos que ya están hechos y la totalidad del plan", considera el concejal socialista Javier de Luis, que trabajó como asesor del PGOU tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Luego vendrían los cálculos por equipamientos, viales, sanitarios...

Otro de los aspectos de envergadura que se modificarán será la construcción de un nuevo cementerio y el traslado del polígono industrial de la ciudad. El arquitecto Manuel Fustegueras, encargado de la redacción del documento, decidió que el polígono de la Ermita cambiara su uso a residencial-comercial y que la mudanza se hiciera de forma paulatina.

El equipo de Muñoz asegura que todavía no ha decidido qué pasará con este enclave, situado en la entrada de la ciudad y en segunda línea de playa. Los afectados ya están pidiendo "que no se especule" con el futuro emplazamiento de la zona industrial. El traslado de los 400 industriales se haría a una parcela al norte de la ciudad, situada muy cerca del centro Comercial La Cañada. Para ello el PGOU debe calificar estos terrenos como terreno urbanizable, sectorizado y ordenado.

La delegada de Urbanismo, Alba Echevarría confía en que el Ayuntamiento marbellí llegue a tiempo para los plazos marcados: julio para la aprobación provisional y finales de año para la definitiva.

Los técnicos trabajan a marchas forzadas en los escritos de respuesta a las 8.000 alegaciones. Aseguran que ya han terminado 5.000, pero que están retrasando la entrega porque quieren enviarlas todas juntas. La fecha tope es el 15 de julio.

La parte no alterada del PGOU se aprobará en pleno, probablemente a finales de julio, pero los trámites derivados de los cambios retrasarán considerablemente el visto bueno general del documento.

Tras exposición pública de los cambios, pactada con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, llegará el turno a las alegaciones, que el gobierno municipal debe responder después de estudiar cada caso. La delegada de Urbanismo confía en que durante esos dos meses no se reciban muchas quejas.

Álbum (2). PP. XVI Congreso Nacional

expansión

La comisión del 'caso Guateque' muere por falta de acuerdos

Agencias/ elpais
Madrid

Los grupos políticos municipales no logran cerrar la lista comparecientes.- La segunda y última sesión se celebrará el 28 de marzo y cada partido elaborará su dictamen y previsiblemente se aprobará el del PP

La comisión de investigación del caso Guateque finalizará este mes de marzo con tan sólo dos reuniones en su haber después de los grupos políticos municipales no hayan logrado un consenso en cuanto a la lista de comparecientes. El PP quería que se limitara a los funcionarios imputados en la trama de corrupción de las licencias, mientras que PSOE e IU exigían que se llamara a altos cargos políticos. En lo que sí se han puesto de acuerdo ha sido en cancelarla.

Los representantes de PP, PSOE e IU han confirmado esta tarde tras la junta de portavoces que la segunda y última sesión de la comisión tendrá lugar el 28 de marzo a las diez de la mañana. En ella, cada partido expondrá su propio dictamen. Estos dictámenes se realizarán según los expedientes del caso, a los que se ha tenido acceso a través de la juntas de distrito, y no mediante las comparecencias, ya que no se van a producir. La comisión del día 28 aprobará uno de los dictámenes, previsiblemente el del PP al tener mayoría en la comisión, para ser ratificado en el siguiente pleno del Ayuntamiento de Madrid. Según ha informado el representante de IU, Ángel Pérez, el acuerdo sobre los comparecientes ha sido imposible porque el PP quería incluir sólo a los imputados y la oposición planteaba una lista más numerosa, que incluía altos cargos municipales.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Villanueva, ha justificado la negativa de su grupo a que comparecieran determinados cargos políticos en la comisión basándose en dos autos en los que el juez que investiga el caso ha considerado que la imputación de estas personas era "inútil e irrelevante". Según Villanueva la comparecencia de las responsables de las dos áreas implicadas en la trama de corrupción en la gestión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid o los responsables de las juntas de distrito afectadas "era irrelevante y no iba a tener sentido". En esta línea, el portavoz del PP ha opinado que el día 28, cuando se reúnan los miembros de la comisión al pleno en una sesión pública, y el día 31, en el pleno municipal de marzo, habrá "un debate de altura" en el que se emitirá un dictamen que aclarará qué ha pasado para que se haya asentado esta trama.

Todos aportarán soluciones

Además, ha subrayado que el Gobierno municipal del PP va "a aportar soluciones" para mejorar el sistema de concesión de licencias, y que para ello se va a reunir con todo tipo de asociaciones y de colegios profesionales para que puedan hacer aportaciones, ha adelantado el portavoz del PP. Villanueva ha dicho que la disposición de su grupo ha sido, en todo momento, la de "llegar a acuerdos con la oposición, entregar la documentación solicitada y garantizar la colaboración con la justicia", mientras que la del PSOE ha sido la de "judicializar la comisión". Si embargo, el portavoz del PSOE, David Lucas, ha incidido en que el PP "ha obstaculizando permanentemente" los trabajos de la comisión y, concretamente hoy, ha acudido a ella "con la con la predeterminación de cerrarla", en lo que ha sido un "lamentable espectáculo".

"El PP no ha querido celebrar la comisión de investigación, se ha negado a ello y para ello ha usado su rodillo", ha subrayado Lucas, para quien la cancelación de la comisión demuestra la "falta dialogo y de voluntad política" del equipo de Gobierno, que a su juicio "no quiere conocer la verdad". El PSOE, sin embargo, "tiene vocación de conocer la verdad y de buscar mecanismos para que esta trama no vuelva a ocurrir". Lucas ha afirmado que el día 28 en la reunión de la comisión denunciará "lo que está ocurriendo" en la concesión de licencias y aportará soluciones para "subsanar este caos urbanístico", al tiempo que en el pleno de marzo, el PSOE "depurarán las responsabildades políticas" que el PP "no ha querido asumir". Ángel Pérez ha explicado que en las reuniones de los portavoces para poner en marcha la comisión de investigación siempre han existido dos posturas, la del PP, que sostenía que el modelo de concesión de licencias funcionaba, y la de la oposición, que pensaba que no y que hay responsabilidades políticas en la trama.

Pérez ha apuntado que al "limitar" el PP "las posibilidades de investigar", la comisión dejaba de ser de investigación para convertirse en "una comisión del cotilleo". El portavoz de IU ha considerado que "una vez más" el PP "ha impuesto sus métodos y ha hecho gala de abuso del poder", por lo que "llegados a ese término, y dado que no hay acuerdo, sólo hay un camino, el de hacer un dictamen en base a los expedientes y no de las comparecencias". Lo que falta por ver ahora, ha indicado Pérez, es si los jueces "opinan finalmente igual que el Gobierno municipal y consideran que no hay responsabilidades políticas". Lo que ya ha avanzado IU es que en su dictamen explicarán por qué no ha funcionado el sistema de gestión de licencias y como sí que han existido responsabilidades políticas en las personas que han dirigido el trabajo de funcionarios "corruptos". IU, además, se opondrá a que el sistema de concesión de licencias se privatice.

Rechazado un recurso contra el doble plan urbanístico del Valencia CF

S. V./ elpais
Valencia

El primer recurso planteado contra la doble operación urbanística del Valencia CF y el Ayuntamiento ha sido desestimado. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 ha rechazado la impugnación del convenio que firmaron el Consistorio y el club de fútbol a finales de 2005 para recalificar la parcela de Mestalla y permitir la construcción de viviendas, y privatizar un terreno público en la avenida de las Cortes Valencianas para construir el nuevo estadio. El recurso lo presentaron el entonces portavoz municipal, Rafael Rubio, y los concejales José Luis Ábalos y Francisco Carsí después de que el PP aprobara con su mayoría el convenio en el último pleno de 2005.

El juez no entra a fondo en las alegaciones socialistas contra aquel convenio, que posteriormente sufrió modificaciones, ya que considera que "no es el momento procesal pertinente" para hacerlo. El fallo explica que las recalificaciones previstas y la permuta de suelo para que el Valencia CF compensara con parcelas la pérdida de suelo público en Cortes Valencianas aún estaban entonces condicionadas por una modiciación del plan general urbano que debía aprobar la Generalitat. El convenio recurrido constituyó, por ello, un acto "preparatorio" de la operación urbanística y estaba condicionado a una aprobación definitiva de las recalificaciones y la permuta. Un proceso ya concluido por el Ayuntamiento, que ha dado licencia de obras al nuevo campo y ha aprobado el nuevo planeamiento de la manzana de Mestalla.

Vía abierta

El juez destaca que las peticiones socialistas de que se anulara el acuerdo por no justificar el interés general y responder a intereses privados, y las dudas legales en torno a la permuta, deben dirimirse en una impugnación de las modificaciones definitivas del plan urbano. La vía a nuevos recursos queda abierta.

La Federación de Asociaciones de Vecinos ya ha anunciado que recurrirá la construcción del nuevo estadio, que avanza con rapidez. También consultarán si la recalificación del viejo Mestalla cumple con la sentencia que declaró ilegal la ampliación aprobada en su día por el equipo de gobierno del PP.

El Valencia CF mostró su "satisfacción" con el fallo, que considera ratifica la "solidez jurídica de toda esta importante operación para la ciudad y el club".

Aguirre respalda al viceconsejero imputado en el caso ‘Guateque’

Luis Calvo/ publico
Madrid

El juez mantiene a Armada imputado, pero no le impone medidas cautelares

El Gobierno de Esperanza Aguirre volvió a ligar ayer su credibilidad a la del viceconsejero de transportes, Luis Armada, imputado en el marco de la "Operación Guateque". Tanto la presidenta como sus consejeros cerraron filas en torno a Luis Armada el día que era interrogado por el juez Santiago Torres.

Igual que había hecho unos días antes, Aguirre se reafirmó en su apoyo al político de forma gráfica: "Pongo la mano en el fuego". Despejó, en cambio, balones lejos de casa. A pesar de su confianza en Armada, por si acaso, la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM) recalcó que la imputación "es consecuencia de su cargo anterior como gerente de urbanismo. Nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid".

No fue, sin embargo, ningún concejal quien acompañó hasta los juzgados al viceconsejero. Junto a él apareció por la mañana el secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia e Interior de la CAM. Extendió la oferta de Aguirre al PP y el gobierno autonómico en pleno: "Ponen la mano en el fuego".

Dos denuncias

Frente al juez, Armada defendió la "tramitación impecable" de todas y cada una de las 36.000 licencias otorgadas en su época de gerente. Según explicó al salir del juzgado, Santiago Torres le interrogó por dos denuncias. La primera, interpuesta por Manos Limpias en 1999, es relativa al hotel Confortel, situado en las avenidad Pio XII.

La segunda tiene que ver con unas obras en su domicilio. Armada negó que existiera nada delictivo en ninguna de ellas. Además, tanto el viceconsejero como su abogado, Francisco Hernando, insistieron en negar que los hechos tuvieran nada que ver con la operación Guateque. Su expediente, sin embargo, consta dentro de las diligencias abiertas por dicha operación.

Hernando restó importancia a la causa de su cliente. "Es un puro disparate", aseguró, "lo tienen que archivar ya". Hernando aseguró que habían aportado la documentación necesaria para probar que las licencias se habían "ajustado absolutamente a la normativa administrativa".

Tras oír la declaración, el juez dejó marchar a Armada sin ningún tipo de medida cautelar. Conservará, eso sí, la condición de imputado hasta el final de la instrucción. Será entonces cuando el juez decida sobreseer la causa o acusar formalmente a los imputados. Según sea su decisión el gobierno de la comunidad en pleno, Aguirre incluida, se quemará o no la mano.

Fichajes

DENUNCIAS POR VIVIENDA

Del asombroso espectáculo de las corridas de los toros, la fiesta nacional, hay dos señas de identidad que merece la pena recordar: la corta de orejas (y hasta el rabo), espectáculo bárbaro donde se mutila al animal para premiar al artista, que emparenta el rito con la imaginería de las fotografías de Joel-Peter Witkin y los ritos mortuorios del México profundo, y la figura del matador tremendista, el que se pone el mundo por montera y nos enseña de forma descarnada y descarada sus artimañas y su negra entraña. Decía un cronista taurino, cuando en España aún había escribas dedicados a observar el asunto a los que mereciese la pena leer, que a Manuel Benítez 'El Cordobés', que reventaba taquillas y desorejaba astados como rosquillas -y si no, su apoderado, el célebre 'Pipo', siempre llevaba un par de ellas de reserva en la maleta con una cámara de fotos-, que lo que no se le podía pedir al maestro es "que temple".

El golpe de efecto del Partido Popular ha sido el fichaje 'estrella' de Manuel Pizarro, el que fuera presidente de Endesa, ha dado así un paso adelante, confirmando las sospechas de aquellos que pensamos que no era casual su exitosa carrera empresarial ligada a su labor en la sombra como 'consigliere' político de la opción conservadora. En su puesta de largo, en el barrio obrero de Carabanchel, acompañado por lo más bizarro de la cúpula del partido, Pizarro ha dejado ver su visión pesimista de la situación económica de España y sus recetas neoliberales, acompañadas del brío neofalangista en su presentación formal y la vieja retórica nacionalista española.

La lectura que sigue los reglones más correctos nos cuenta que Pizarro es el antídoto de la figura de Pedro Solbes, cuya carrera en el mundo económico está ligada exclusivamente a la Administración. Pizarro dibujó un escenario futuro catastrófico, pero obvió cualquier referencia al problema de la vivienda genuinamente autóctono, como la fiesta de toros; no dijo ni mú de la calamitosa situación de importantes inmobiliarias abocadas a la fusión o la quiebra; ni tampoco parece libre para criticar el alto endeudamiento de cajas de ahorro y bancos como consecuencia del 'capitalismo popular del ladrillo' que impulsaron a todometer los gobiernos de Aznar y que copia con descaro el alumno sabihondo, Nicolás Sarkozy. Pizarro puede llenar de nuevo las gradas y levantar el ánimo de cierta parte de la afición -la más iracunda, la que aplaude a rabiar las trapacerías y los desplantes del diestro-, pero está por ver si sabe templar.

El alcalde de Totana diseña desde la cárcel un folleto de los presupuestos de 2008

Agencias/ 20minutos

El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ha diseñado desde la prisión de Sangonera, donde se encuentra recluido desde hace hoy un mes, un folleto explicativo de los presupuestos municipales para 2008, que está ya en la imprenta y se distribuirá en breve a los totaneros.

El portavoz del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Totana, José Antonio Valverde Reina, aseguró que se trata de una muestra de la fortaleza de ánimo en que se encuentra el alcalde, único imputado en la investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Totana que se encuentra en prisión.

Según José Antonio Valverde, el alcalde está animado, fuerte, con ganas de salir en libertad para "mirar a los ojos" a los vecinos y dar explicaciones sobre lo ocurrido, y con especial optimismo a raíz de cambiar de abogado.

Los nuevos letrados que han asumido la defensa de Martínez Andreo, y que sustituyen al murciano José Antonio Ramos Calabria, son del despacho catalán González Franco, especialista en derecho penal, lo que ha acrecentado las expectativas del alcalde y de su mujer.

Valverde dijo que el alcalde es un "tigre político" que está "fuerte" y tiene "las ideas muy claras" sobre lo que desea para él y su municipio, lo que no impide -comentó- que sufra momentos de desánimo cuando piensa en su hijo de cinco años y en cómo le explicará su ausencia de casa, afirmó.

Mientras sus compañeros de corporación están trabajando con "normalidad" para "no defraudar" a Martínez Andreo y hacer que éste "se sienta orgulloso" de ellos a su salida de la cárcel.

De hecho, dijo, este fin de semana tienen previsto reunirse con la mujer del alcalde para conocer la estrategia legal diseñada por los nuevos abogados de Martínez Andreo, que llegan hoy a Murcia y que, tras acudir a la prisión, pretenden hablar con el fiscal y la jueza encargada de la investigación.

"Martínez Andreo estaba obsesionado con el futuro de Totana y había hecho millones de actuaciones", dijo Valverde.

Por otra parte, el portavoz popular negó que el ayuntamiento haya contratado al abogado Javier Cegarra para defender a la corporación en un contencioso de un vecino contrario a la aprobación provisional del Plan General, como aseguró ayer en un comunicado Izquierda Unida.

Según Valverde, Cegarra es el abogado del ayuntamiento y a raíz de su imputación en la operación Totem presentó su renuncia al cargo, aunque está a la espera de que se contrate un nuevo asesor legal.

Rajoy: "El 'caso Guateque' ni beneficia ni perjudica a Gallardón"

Agencias/ elpais
Foto: Efe
Madrid

Pasan a disposición judicial los cinco detenidos en la segunda fase de la operación

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el caso Guateque "ni perjudica ni beneficia" a las posibilidades del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de integrar, o no, las listas electorales de su partido. En rueda de prensa para hacer un balance de la labor del Gobierno durante la legislatura, Rajoy se ha referido así, a preguntas de los periodistas, sobre si dicha operación puede afectar al alcalde en su deseo de acompañar al presidente del PP en la lista por Madrid.

El líder del PP ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto "al frente" de esta operación para "terminar" con los presuntos casos de corrupción en la concesión de licencias municipales y ha recordado que no hay dirigentes políticos afectados.

Mariano Rajoy también ha sido interrogado por la composición de las listas electorales de su partido y ha insistido en que será en enero cuando se conocerán, como ya había anunciado. Sobre lo que hará el 10 de marzo si pierde las elecciones, el presidente del PP ha afirmado que no se lo ha planteado y lo ve "muy lejano", pero ha insistido en que cuenta con unos principios en los que cree, conoce los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, tiene unos objetivos políticos y se presentará con un programa para conseguir dichos objetivos.

22 detenidos

Mientras tanto, los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos ayer en la segunda fase de la operación Guateque prestarán declaración hoy ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que se encuentra de guardia este viernes. Según fuentes jurídicas, el juez de guardia les tomará declaración en las próximas horas y deberá decidir sobre su puesta en libertad o ingreso en prisión para posteriormente remitir las diligencias, declaradas secretas, al juez instructor del caso, Santiago Torres, titular del juzgado de Instrucción número 32.

Los cinco detenidos, que se encuentran en las dependencias policiales de los juzgados de Plaza de Castilla a la espera de prestar declaración ante el juez, fueron arrestados ayer por la Guardia Civil en la segunda fase de la llamada operación Guateque que ha destapado en el Ayuntamiento de Madrid una red de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales en la capital.

Las detenciones se practicaron en la Gerencia de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las Juntas Municipales de los distritos de Salamanca, Chamartín y Carabanchel, donde también se practicaron nuevos registros en los que los investigadores se incautaron de material informático y diversa documentación. En la primera fase de esta operación, iniciada el pasado 14 de noviembre fueron detenidas otras 17 personas (16 funcionarios y un empresario). Los detenidos fueron acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa por formar supuestamente parte de una trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales comerciales y de ocio. El 23 de noviembre el juez Santiago Torres ratificó las ordenes de prisión para cinco de esos detenidos.

Búsqueda y captura para empresarios relacionados con la trama

El juez Santiago Torres ha dictado órdenes de búsqueda y captura para dos empresarios relacionados con la Operación Guateque, que investiga una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, y mantiene en los calabozos de Plaza de Castilla a los cinco detenidos en la segunda fase, después de tomarles hoy declaración, según fuentes de la investigación. La Guardia Civil está a la espera de detener en los próximos días a otro funcionario que se encuentra actualmente de vacaciones, sobre el que no existe riesgo de fuga. Torres ha interrogado a los detenidos ayer en la segunda fase de la operación, que aún permanece abierta, con la intención de emitir un auto de prisión contra todos ellos.

La 'Operación Guateque' complica el futuro político del alcalde Gallardón

David Fernández/ 20minutos

La Guardia Civil, por orden del juez Santiago Torres, comenzó ayer la segunda fase de la operación Guateque , la trama de funcionarios corruptos en el Ayuntamiento de Madrid. La Benemérita detuvo por la mañana a otros cinco funcionarios después de registrar seis sedes municipales.

Esta segunda fase de Guateque vuelve a poner en el punto de mira al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando sólo faltan tres semanas para que su partido, el PP, elija a los candidatos que acompañaran a Mariano Rajoy en las elecciones generales, una lista en la que el propio Gallardón ha reconocido que quiere estar.

Estas nuevas detenciones son una piedra más en el camino político de Gallardón. Hace apenas unos días, sus rivales internos en el PP aseguraban que el alcalde no podía estar en la candidatura de Rajoy. Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre y responsable de elaborar la lista por Madrid, reiteró que es incompatible ser alcalde y diputado en el Congreso.

La segunda fase de la operación aún sigue abierta y «habrá más arrestos en los próximos días, unos cinco más», explicaron a 20 minutos fuentes de la Guardia Civil. Otros funcionarios a los que se iba a arrestar ayer están de vacaciones y hay otro que está enfermo y no acudió a su puesto de trabajo. Los seis registros se realizaron en las juntas de distrito de Chamartín, Retiro, Carabanchel y Salamanca, la gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente, donde trabajaban muchos de los implicados y uno de los mayores imputados en la trama, Victoriano Ceballos.

En la primera fase, que comenzó el 14 de noviembre, fueron detenidos otros 19 funcionarios y empresarios.

El PSOE pide dimisiones

Los socialistas han pedido de nuevo al alcalde que asuma su «responsabilidad» y que «cese inmediatamente a la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, y a la antigua concejala de Medio Ambiente, Paz González». Gallardón admitió ayer que conocía desde hace días que se iban a producir nuevas detenciones y no quiso hacer ninguna declaración alegando que se lo prohíbe el juez y el secreto sumarial del caso.

Cuando el juez Torres se hizo cargo de la investigación en noviembre tenía sobre la mesa 187 expedientes sobre empresarios a los que supuestamente los funcionarios corruptos habían cobrado comisiones ilegales para agilizar su apertura. Ahora, un mes y medio después, la documentación que tiene sobre la mesa el magistrado es descomunal, ya que está analizando nada menos que 3.390 expedientes, que se habían tramitado entre enero del año 2005 y noviembre de 2007. Los tentáculos de Guateque ya se extienden a 19 de las 21 Juntas de Distrito.

Policías municipales

Y más trabajo para el juez, que va a empezar a investigar si policías municipales también están implicados en esta trama. Su juzgado, el 32 de Madrid, se va a hacer cargo de la denuncia que presentaron dos empresarios en otro juzgado madrileño, el 50, en la que acusan a varios agentes de extorsionarles. Los empresarios tienen bares de copas en el barrio de Huertas.

Según su denuncia, vienen sufriendo desde el año 2000 amenazas y extorsiones. Los policías les pedían dinero para no cerrarles los negocios o no abrirles expedientes sancionadores. Los empresarios declararán ahora como testigos ante el juez Torres, que deberá esclarecer si esta extorsión policial tiene alguna relación con la trama de funcionarios corruptos de Guateque.

Un detenido y nuevos registros en sedes municipales madrileñas por la «Operación Guateque»

Agencias/ abc

La Guardia Civil confirmó hoy a Europa Press la detención de un funcionario en varios registros en cuatro sedes del Ayuntamiento de Madrid ordenados por el juez Santiago Torres, dentro de la segunda fase de la 'Operación Guateque'.

En concreto, las sedes nuevamente registradas son Urbanismo y Medio Ambiente, donde la Benemérita ya realizó varios registros el pasado día 14 de noviembre, cuando salió a la luz la Operación Guateque, dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para investigar una presunta trama ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Según informaron a Europa Press fuentes de la investigación, cerca de 10 personas más, entre funcionarios y empresarios, podrían ser detenidas en el día de hoy en la segunda fase de la denominada 'Operación Guateque'. "Las órdenes de detención ya están cursadas y podrían afectar a diez personas e incluso la mitad podrían ser órdenes de prisión", aseguraron.

Uno de los problemas con los que se encontrará la Benemérita en el desarrollo de esta segunda fase es que muchos funcionarios están actualmente de vacaciones, por lo que las detenciones podrían dificultarse.

Santiago Torres ha comenzado esta semana una nueva ronda de interrogatorios entre los detenidos, comenzando por el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, Victoriano Ceballos, supuesto cerebro de la trama de corrupción y uno de los imputados que cumplen prisión provisional por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La investigación del magistrado, que permanece bajo secreto sumarial del abril, se ha centrado por ahora en las personas citadas en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil.

En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los empleados públicos investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Ceballos era una de las personas objeto de las escuchas.

Hasta ahora, el juez ha interrogado a más de una veintena de imputados, aunque quedan otros tantos. La marcha de las pesquisas se vio hace unas semanas obstaculizada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que mantuvo paralizada la actividad de la Justicia.

«Cooperación necesaria»

El ministro de Trabajo y coordinador del programa electoral del PSOE, Jesús Caldera, consideró hoy necesario que se preste a la Justicia "toda la cooperación necesaria" para resolver la presunta trama de corrupción desvelada en Madrid en la 'Operación Guateque'.

"Lo que me gustaría es que a la Administración de Justicia se le preste toda la cooperación necesaria en beneficio del interés público, del interés ciudadano. A todos nos conviene que esas malas hierbas, si existen, sean extirpadas y que se sancionen con todo rigor ese tipo de prácticas, si la justicia así lo determina", afirmó.

El ministro se expresó así en rueda de prensa junto al secretario general de UGT, Cándido Méndez, tras una reunión entre delegaciones del partido y el sindicato sobre el programa electoral socialista para las generales de 2008.

Caldera expresó además su "respeto a los procedimientos jurisdiccionales y el deseo de que se aclare con la máxima transparencia, agilidad y rapidez lo que aparentemente es una trama en perjuicio de los ciudadanos".

Hasta las últimas consecuencias

La secretaria Ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que su partido quiere que la investigación sobre el caso Guateque llegue a sus últimas consecuencias para que los responsables penales "sean sancionados".

La dirigente del PP se ha referido así, en rueda de prensa, a los últimos registros y detenciones practicadas por la Guardia Civil en el marco de dicha operación, que afecta a una presunta red de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales en Madrid.

Sáenz de Santamaría ha destacado además que el Ayuntamiento de Madrid ha colaborado en todo momento en la investigación y ha insistido en que hasta el momento las detenciones afectan a personal funcionario o laboral del Ayuntamiento pero no a cargos de confianza del Gobierno municipal.

Encarcelan al alcalde de Totana por su implicación en la trama de corrupción

expansion

La Sala de la Sección tres de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso interpuesto por la representación procesal del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, contra la resolución de tres de diciembre, por lo que confirma la prisión incondicional del edil por su implicación en el caso de corrupción urbanística.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en un comunicado de prensa, se considera que existen indicios racionales de la participación de José Martínez Andreo en la ejecución de la trama urbanística en la que está implicada del Consistorio, según se desprende de las pruebas que se refieren en el auto reservado.

En función de la gravedad de las penas, continúa el comunicado de prensa del TSJ, previstas para los delitos antes mencionados procede mantener la situación de prisión provisional, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, pues en el momento procesal en que se encuentra, en fase inicial de la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos, se considera dicha medida "proporcionada y justificada" en tanto que permiten cumplir los fines previstos en los preceptos aludidos.

Con ello se impide "que el recurrente interfiera, oculte o destruya las fuentes de prueba, al tiempo que se evita que pueda sustraerse a la acción de la justicia por la gravedad de los hechos. Contra el auto de la Audiencia no cabe recurso ordinario alguno".

Por el momento, el Gobierno regional no retirará las competencias en materia de Urbanismo al Ayuntamiento de Totana porque "no hay indicios suficientes para poder actuar de una forma tan contundente", ha señalado el consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, De Heras afirmó que a día de hoy y por lo que sabe y conoce del caso "no hay ninguna evidencia de que haya alguna irregularidad urbanística en el ayuntamiento de Totana", aunque el Gobierno "estará vigilante y no elude tomar decisiones cuando proceda pero no antes".

"Para intervenir competencias en un ayuntamiento hay que tener muy probados los hechos, y tienen que ser reiterados y graves", dijo de Heras, quien agregó que el Gobierno regional es "responsable con lo que hace" y es "prudente". Según el consejero, "las medidas tienen que ir a su tiempo y no al arbitrio de una presión por un interés partidista", y señaló que el Ejecutivo autonómico "no va a golpe de iniciativa, pensando en cual puede ser su repercusión, como otras formaciones políticas que tienen su interés fijado en otro tipo de rédito, como el desgaste del PP".

Con respecto a la desestimación, por parte de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, del recurso de apelación contra la prisión incondicional del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, indicó que el Gobierno regional es "respetuoso" con las actuaciones de la Administración de Justicia. "La obligación del Gobierno es garantizar a los ciudadanos de Totana la plena normalidad institucional", afirmó De Heras, quien señaló que no le corresponde al Gobierno regional pedir al alcalde que deje su cargo.

Añadió que "desde las instancias que proceda se tomarán las medidas que se deban tomar", y aseguró que tanto el Ejecutivo murciano como el PP están haciendo "lo que tienen que hacer con suma prontitud y diligencia, y sin evitación de tomar las decisiones que se deban tomar".

Imputado el propietario de Marina d'Or por prevaricación y tráfico de influencias

Agencias/ 20minutos

# Jesús Ger declarará ante el juez el próximo lunes
# La acusación defiende que el proyecto no tenía la aprobación de Costas

El propietario del complejo Marina d'Or, Jesús Ger, declarará el próximo lunes como imputado en la causa abierta por el juzgado número 2 de la Audiencia que investiga un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación de un Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI) por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Según fuentes de la acusación particular, el Ayuntamiento aprobó el PAI Les Amplàries de 350.000 metros cuadrados en la zona de expansión de Marina d'Or "de forma irregular", porque la Conselleria exigía para ello el dictamen favorable de la Dirección General de Costas que no se emitió.

Para la aprobación de un PAI, la Conselleria, explicaron las mismas fuentes, concede un la cédula de urbanización, que "en Les Amplàries se hizo sujeta a condición de la concesión del informe favorable de Costas", que "dijo hasta en dos ocasiones que no".

Imputado también el alcalde

Para la acusación particular "Jesús Ger es el beneficiado de esta concesión", y ahora espera que el procedimiento iniciado por el juzgado número 2 "investigue y demuestre que hay trato de favor en la aprobación del PAI".

Como imputados figuran el alcalde de la localidad, Rafael Albert (PP), que declaró ante juez el pasado 15 de noviembre junto a dos técnicos municipales, la secretaria y el arquitecto municipal, el concejal de Urbanismo, dos ex concejales, que declararon ante el juez el 30 de noviembre, y el propietario del complejo urbanístico, turístico y de ocio Marina d'Or.

El Govern precisa las zonas del alquiler forzoso de pisos

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• La ley promueve censos y planes de inspección de los inmuebles vacíos

La posibilidad de la Administración de expropiar temporalmente un piso permanentemente desocupado en zonas de alta demanda de vivienda para ponerlo en alquiler forzoso durante cinco años se mantendrá en el proyecto de ley de acceso a la vivienda en Catalunya. Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Govern presentaron ayer siete enmiendas que modifican cuatro artículos del proyecto para adaptarlo a las exigencias del Consell Consultiu y asegurar que la medida sea constitucional.

La diputada de ICV y ponente del proyecto, Dolors Clavell, recalcó ayer que el Consultiu no consideró inconstitucional la medida del alquiler forzoso, sino la forma de aplicarla, por falta de garantías jurídicas y por atentar contra el criterio de igualdad ante la ley de los propietarios afectados al no existir criterios claros que determinen en qué zonas y en qué condiciones se aplicará.

Lista de criterios

Las enmiendas del tripartito añaden un nuevo artículo con los criterios que se utilizarán para delimitar las áreas que pueden ser declaradas como de demanda residencial fuerte y acreditada: "La proporción de personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial y el número de viviendas disponibles o el suelo urbanizable disponible; la densidad demográfica de la zona; la necesidad de vivienda derivada de su situación geográfica y económica y los precios de alquiler".

Para superar la falta de igualdad entre propietarios, el nuevo artículo añade que en estas áreas se harán inspecciones para detectar las viviendas desocupadas y se elaborará un censo de las posibles propiedades afectadas por el alquiler forzoso.

Entre las garantías jurídicas que se añaden, se modifica y divide el polémico artículo 42.6. En la primera parte se deja claro que antes del alquiler forzoso tiene lugar la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad, que incluye un "expediente contradictorio" (en el que el propietario puede alegar en contra). La segunda parte concreta más el procedimiento de expropiación temporal y las fórmulas para valorar la indemnización que le corresponde al propietario por el derecho de usufructo, como proponía el Consultiu.

En definitiva, el tripartito se mantiene en su posición inicial y no da el brazo a torcer en este tema, que cuenta con el rechazo frontal de PP y CiU. El primero ya ha presentado una nueva enmienda que exige la supresión del 42.6. CiU esperará hasta el lunes para fijar su posición definitiva, pero ayer su portavoz parlamentario, Oriol Pujol, ya calificó la decisión del tripartito de "posición ideológica", aseguró que en ningún momento la mayoría ha pretendido negociar con su grupo y añadió que "la complejidad de las enmiendas" es otra demostración de que esta medida "será inaplicable".