Chico Ocaña, letrilla: "Marbella, la bella"

La alcaldesa de Marbella altera el plan urbanístico de la Junta de Andalucía

Juana Viúdez/ elpais
Foto: Julián Rojas
Málaga

El Consistorio modificará el sistema para regularizar las viviendas ilegales

Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga), el documento que provocó la protesta en las calles de unas 2.000 personas y que cosechó 8.000 alegaciones. obligarán una nueva exposición pública, ya que el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) ha introducido "cambios de calado". "Sólo se volverá a exponer las partes que han sido modificadas, no el PGOU entero", precisan fuentes municipales.

El equipo de Muñoz se cierra en banda a la hora de hablar de esos cambios. No quieren crear polémica y menos aún contribuir a que se retrase la aprobación de este documento tan necesario para la seguridad jurídica de la ciudad y la tranquilidad de muchos de sus vecinos.
La incontinencia urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) dejó 18.000 viviendas ilegales, ahora pendientes de regularización; unos 1.000 comercios sin licencia, y 700 construcciones que se juegan la posibilidad de ser demolidas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también espera a que se apruebe el documento para decidir sobre numerosas sentencias de demolición.

La regidora del PP dice tener la fórmula para que no sean los compradores de las viviendas ilegales quienes asuman las cargas urbanísticas, pero no da detalle alguno de cómo lo conseguirá.
El PSOE marbellí, en la oposición, cree que el equipo de gobierno cambiará uno de los pilares del PGOU: el sistema de compensaciones ideado por la Junta de Andalucía para que los responsables de los desmanes urbanísticos resarcieran a los vecinos con zonas verdes o de equipamientos.

Según las fuentes consultadas, se ha acordado una rebaja de la cantidad de metros que tienen que aportar los promotores para regularizar las viviendas ilegales, con lo que el ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante que calculó el equipo redactor quedaría "completamente alterado". "Han abierto el melón por la parte más sensible", aseguran.

El PGOU fue aprobado inicialmente por el equipo de gobierno hace un año. El documento establecía que los promotores de las viviendas ilegales compensaran a la ciudad con la entrega 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y espacios libres.

Estos cálculos preveían que la ciudad se situara entre las mejores de Europa en cuanto a zonas verdes y lugares abiertos, con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante, cifra comparable a la de Londres.

Durante el proceso de redacción del PGOU, el responsable de la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, se reunió con los promotores de viviendas con problemas legales para fijar la compensación correspondiente en cada caso y que como término medio es de 104 metros cuadrados de suelo por casa construida.

"Si se rebaja, por ejemplo, de 100 a 60 metros cuadrados por casa, afectaría a una serie de cálculos que ya están hechos y la totalidad del plan", considera el concejal socialista Javier de Luis, que trabajó como asesor del PGOU tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Luego vendrían los cálculos por equipamientos, viales, sanitarios...

Otro de los aspectos de envergadura que se modificarán será la construcción de un nuevo cementerio y el traslado del polígono industrial de la ciudad. El arquitecto Manuel Fustegueras, encargado de la redacción del documento, decidió que el polígono de la Ermita cambiara su uso a residencial-comercial y que la mudanza se hiciera de forma paulatina.

El equipo de Muñoz asegura que todavía no ha decidido qué pasará con este enclave, situado en la entrada de la ciudad y en segunda línea de playa. Los afectados ya están pidiendo "que no se especule" con el futuro emplazamiento de la zona industrial. El traslado de los 400 industriales se haría a una parcela al norte de la ciudad, situada muy cerca del centro Comercial La Cañada. Para ello el PGOU debe calificar estos terrenos como terreno urbanizable, sectorizado y ordenado.

La delegada de Urbanismo, Alba Echevarría confía en que el Ayuntamiento marbellí llegue a tiempo para los plazos marcados: julio para la aprobación provisional y finales de año para la definitiva.

Los técnicos trabajan a marchas forzadas en los escritos de respuesta a las 8.000 alegaciones. Aseguran que ya han terminado 5.000, pero que están retrasando la entrega porque quieren enviarlas todas juntas. La fecha tope es el 15 de julio.

La parte no alterada del PGOU se aprobará en pleno, probablemente a finales de julio, pero los trámites derivados de los cambios retrasarán considerablemente el visto bueno general del documento.

Tras exposición pública de los cambios, pactada con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, llegará el turno a las alegaciones, que el gobierno municipal debe responder después de estudiar cada caso. La delegada de Urbanismo confía en que durante esos dos meses no se reciban muchas quejas.

El promotor Ávila Rojas dice que pagó a Roca por negocio

Juana Viúdez/ elpais
Marbella

El máximo imputado del 'caso Malaya' declara por la compra del Xerez CD

El constructor granadino José Avila Rojas aseguró ayer ante el juez del caso Malaya que entregó dinero Juan Antonio Roca, máximo imputado del caso de corrupción marbellí, por sus relaciones comerciales y no para el pago a los ex ediles del Consistorio para obtener resoluciones admnistrativas favorables. El promotor, considerado amigo y socio del ex asesor de Urbanismo, modificó declaraciones anteriores alegando que en esos momentos no se encontraba "en condiciones físicas y adecuadas", según fuentes judiciales.

El promotor declaró ante el juez Óscar Pérez dentro del trámite conocido como declaraciones indagatorias, tras el que se cerrará el sumario y se pondrá fecha al macrojuicio. Ávila Rojas abandonó los juzgados 40 minutos después escoltado por su abogado y sin hacer declaraciones.

Fuentes de la defensa de Roca incidieron en que Ávila Rojas negó haber hecho "ningún pago" a Roca, ni que éste le exigiera dinero. "Había estado cinco días detenido y como empresario, se vio sometido a una situación a la que no estaba acostumbrado, al igual que otros procesados", señalaron.

Está previso que el constructor vuelva hoy a comparecer como imputado en una pieza separada del caso Malaya, relativa a la supuesta compra de la mitad Xerez Club Deportivo por parte de Roca con dinero que podría ser de origen delictivo. Junto a él declararán otras seis personas, entre ellasá el ex asesor de Urbanismo, supuesto propietario de un paquete accionarial entre 2002 y 2004, y el presidente del club José María Gil Salgado.

El principal instructor del caso Malaya, el magistrado Miguel Ángel Torres, nombra a José Ávila Rojas en más de 130 ocasiones en el auto de procesamiento y utiliza su caso como ejemplo recurrente de socio de Roca. Según el escrito, el ex asesor de Urbanismo aportaba el suelo y el Ávila Rojas la obra. "En el reparto de beneficio de estas promociones Roca habría recibido más de 17 millones de euros por la firma de convenios y la concesión de licencias de primera ocupación. Además Roca, mediante la concesión de licencias para Ávila, ha conseguido participar en los beneficios de diversas promociones de Roca en Marbella", señala el auto.

En su declaración del 1 de julio de 2006, Ávila Rojas dijo que "los convenios urbanísticos que ha firmado en Marbella siempre los ha negociado con Juan Antonio Roca como responsable de Urbanismo" y que "tenían por objeto aumentar el cambio de uso, el volumen y aspectos de urbanismo".

El empresario cordobés Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán', también acudió al mismo trámite. Se ratificó en su primera declaración y según fuentes de la defensa de Roca dijo que "en ningún momento Roca le había pedido dinero a cambio de favores".

El presidente y el director de Aifos niegan pagos a Roca

Juana Viúdez/ elpais
Marbella

Ambos sostienen que declararon bajo presión por estar encarcelados

Ni pagar, ni recibir dinero de Roca. Cuatro procesados citados en el caso Malaya, de la empresa inmobiliaria Aifos y la empresa CFC21, volvieron a negar los hechos que el juez Miguel Ángel Torres recoge en el auto de procesamiento y negaron cualquier relación con el máximo imputado en la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca.

El presidente y el director financiero de la empresa inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales, ratificaron ante el juez Óscar Pérez su primera declaración, con la que ambos fueron encarcelados en prisión preventiva, pero no la segunda, tras la que salieron bajo fianza de 500.000 y 200.000 euros. Según fuentes de la defensa de Roca, ambos mantienen que declararon bajo presión porque se encontraban encarcelados.

En su declaración, el presidente de Aifos mantuvo que el director comercial Francisco García Lebrón estaba al cargo de la negociaciones con el Consistorio y que solicitó dinero para "gastos corrientes", pagos que se clasificaron como anticipos por falta de justificación. Según fuentes de la defensa, quiso añadir que no había pagado dinero a Roca.

El auto de procesamiento señala que Aifos pagó 5 millones de euros por dos convenios urbanísticos del Guadalpín Banús y Guadalpín Village que ocasionaron un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento Marbella de 39 millones. Por estos convenios también han declarado los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Lietor, acusados de pagar una comisión de casi un millón a Roca por hacer que Aifos les comprara unos "locales inservibles" para permutarlos con el Ayuntamiento. Sánchez negó haber pagado dinero a Roca, mientras que Liétor subrayó que en tres declaraciones no estuvo presente la secretaria judicial, por lo que no tienen validez.

Cajasur sanea y pone a la venta una inmobiliaria ligada al 'caso Malaya'

Rosa Coronilla/ cincodias
Sevilla

Cajasur ya tiene saneada y lista para la venta la inmobiliaria que compartía con el promotor Rafael Gómez, implicado en el caso Malaya. Tras hacerse con el 100% de Arenal Sur 21 en 2006, la entidad la ha rebautizado como Prienesur y ha aplicado provisiones y extraordinarios por 84 millones. El ajuste originó pérdidas de 30 millones en 2006, pero, según Cajasur, ultima acuerdos de venta de activos con plusvalías para la caja.

El Banco de España, reacio a que las cajas en general y Cajasur en particular asuman nuevos compromisos inmobiliarios, autorizó sin embargo que la entidad cordobesa acudiera transitoriamente en auxilio de Arenal Sur 21 cuando su gestión quedó paralizada por la implicación de Rafael Gómez en la Operación Malaya. A finales de 2006, la caja pasó del 50 al 100% de la propiedad y anunció que su intención era vender los activos de la inmobiliaria lo antes posible.

El cambio de ciclo en el sector y la mala imagen de la compañía han impedido esta solución por el momento. Para salvar ambos obstáculos y devolver la compañía a la actividad, Cajasur cambió el nombre por el de Prienesur para desvincularse de Arenal 2000, la principal empresa de Rafael Gómez, y procedió a sanear las cuentas.

Se aplicaron en 2006 unos gastos extraordinarios por valor de 84 millones. Estos se dividen en 24,5 millones en provisiones por terrenos no urbanizables en Manilva (Málaga) y 51,4 millones por registrar las ventas de las promociones con un criterio más conservador. El resto del dinero corresponde a otros apartados como el coste de la rescisión de los contratos con empresas vinculadas a Arenal 2000. Frente a unos beneficios de 35 millones en 2005, la firma perdió al año siguiente por el ajuste y por la crisis un total de 30 millones.

Fuentes de la entidad controlada por la Iglesia muestran su satisfacción por los resultados obtenidos, ya que la empresa está de nuevo en funcionamiento y ha logrado ultimar varios acuerdos de venta de activos que generarán plusvalías.

Suelo en Manilva

Según las cuentas de 2006, depositadas el pasado verano en el registro mercantil, los activos de Prienesur se concretan en tres grandes promociones de más de 4.500 viviendas en Sevilla y Málaga, y una gran bolsa de suelo de 120 hectáreas en Manilva (Málaga). Un tercio de estos terrenos, comprados de 2003 al 2005 por un coste bruto de 118,8 millones, no son urbanizables y tardarán dos o tres años en lograr los permisos legales, según se calcula en el informe de gestión de 2006.

Arenal Sur 21 mantiene entre sus acreedores al propio Ayuntamiento de Manilva, al que debe pagar unos 13 millones de euros por distintos convenios urbanísticos todavía no satisfechos, según la empresa. El alcalde de esta localidad fue detenido en 2005 en la operación contra el blanqueo de dinero Ballena Blanca.

Una abultada deuda bancaria

Prienesur, que el pasado año registró un volumen de negocio de 208 millones de euros, mantenía a finales del pasado año unas deudas bancarias de 332 millones con más de 15 entidades financieras. El 12% de estos créditos (40 millones) los prestó a la compañía la propia Cajasur y más del 75% de ellos corresponde a deuda a corto plazo. Estas líneas de créditos, concedidas por las principales cajas y bancos del país, tenían un límite máximo de 682 millones de euros.

El escándalo de la implicación de Rafael Gómez en la Operación Malaya de corrupción urbanísticas en Marbella congeló las vías de financiación del promotor cordobés y precipitó la crisis del conjunto de sus empresas, incluida Arenal Sur 21. Los recursos propios de la inmobiliaria cayeron de 54 millones en 2005 a sólo 11 millones al año siguiente a causa de las pérdidas y las mayores reservas ordenadas por Cajasur. Según indican los gestores de la entidad en el informe de gestión de Prienesur de 2006, la inmobiliaria podrá hacer frente ahora a estas deudas con el actual ritmo de ventas que han alcanzado sus promociones.

La Fiscalía del Estado alerta de la propagación del 'efecto Marbella' por el urbanismo andaluz

Juana Viúdez/ elpais
Foto: Julián Rojas
Marbella

Uno de cada cinco alcaldes de la provincia de Málaga tiene denuncias por delito urbanístico

Recalificaciones irregulares de parcelas, permutas de terrenos municipales a la baja, licencias de obras en fincas no urbanizables. El desorden urbanístico que ha caracterizado a Marbella se ha extendido a otras localidades costeras y del interior de Málaga, según la Fiscalía General del Estado, hasta el punto de que 20 alcaldes malagueños tienen al menos una denuncia por delitos contra la ordenación territorial. La última memoria del ministerio público alerta de que el "efecto Marbella" se ha extendido a otras provincias como Cádiz, donde las casas ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico y donde se ha constatado un "significativo aumento" de los delitos de prevaricación urbanística por parte de autoridades y funcionarios municipales.

En los despachos de los fiscales de Málaga se amontonan carpetas sobre irregularidades que siguen "más o menos la forma de operar que es conocida en Marbella" y que implican "una importante variedad de sujetos delictivos", según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. Estas causas se refieren principalmente a localidades costeras en las que el turismo es la principal fuente de ingresos.

La Fiscalía de Málaga tramitó en 2006 un total de 243 denuncias por delitos urbanísticos. El ministerio público subraya el protagonismo de la administración local en el desorden urbanístico. Veinte de los 100 alcaldes de la provincia de Málaga han sido denunciados al menos una vez por infracciones contra la ordenación del territorio. Además, de las 243 denuncias presentadas en 2006 en Málaga, 66 se dirigían contra Ayuntamientos, según la Fiscalía. Manilva, la última localidad costera, limítrofe con Cádiz, encabeza esta clasificación con diez denuncias, seguida de Marbella, con siete. También figuran otras localidades costeras como Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria o la propia Málaga capital, que suma tres denuncias. La mayoría de estas denuncias se refieren a supuestos casos de prevaricación urbanística.

Los casos de localidades del interior están ligados a particulares que construyen viviendas unifamiliares en zonas no urbanizables, normalmente en pleno monte. En estos supuestos la Fiscalía malagueña tiene la impresión de que los Ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras a nivel urbanístico". De esta apreciación se libra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, del que la Fiscalía destaca "la cantidad de denuncias realizadas"

Además, en numerosas poblaciones se han producido denuncias contra corporaciones municipales enteras por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de sus propios técnicos y por el acuerdo entre responsables políticos y técnicos. La Fiscalía destaca los casos de Archidona, Villanueva del Trabuco, Istán, Alhaurín de la Torre, Casares o Tolox. En este último municipio, de 2.336 habitantes, el juez ha paralizado la construcción de 15 promociones con 2.000 viviendas y ha imputado un delito contra la ordenación del territorio a su alcalde, el andalucista Juan Vera.

"Son pocos los municipios que por un motivo u otro no han sido denunciados, lo que da una idea de la magnitud y complejidad del problema que está desarrollando el problema urbanístico, en particular en la provincia de Málaga", concluye la memoria. Una de las razones que se esgrimen para explicar estos comportamientos es que "el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios".

La Fiscalía de Cádiz, que el año pasado abrió 77 diligencias de investigación, siete más que en 2005, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, también vislumbra el efecto Marbella en su provincia. De hecho, en todos los partidos judiciales gaditanos se han registrado denuncias por delitos contra la ordenación territorial. En 2006 ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico, confiados en que estas conductas queden impunes. Otra forma de delincuencia detectada en Cádiz ha sido la entrada en juego de algunos arquitectos técnicos y peritos que han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.

En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006. Pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur, también por construcción en suelo no urbanizable.

En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en la turística costa de Almuñécar y en el partido judicial de Motril.