El Govern precisa las zonas del alquiler forzoso de pisos

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• La ley promueve censos y planes de inspección de los inmuebles vacíos

La posibilidad de la Administración de expropiar temporalmente un piso permanentemente desocupado en zonas de alta demanda de vivienda para ponerlo en alquiler forzoso durante cinco años se mantendrá en el proyecto de ley de acceso a la vivienda en Catalunya. Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Govern presentaron ayer siete enmiendas que modifican cuatro artículos del proyecto para adaptarlo a las exigencias del Consell Consultiu y asegurar que la medida sea constitucional.

La diputada de ICV y ponente del proyecto, Dolors Clavell, recalcó ayer que el Consultiu no consideró inconstitucional la medida del alquiler forzoso, sino la forma de aplicarla, por falta de garantías jurídicas y por atentar contra el criterio de igualdad ante la ley de los propietarios afectados al no existir criterios claros que determinen en qué zonas y en qué condiciones se aplicará.

Lista de criterios

Las enmiendas del tripartito añaden un nuevo artículo con los criterios que se utilizarán para delimitar las áreas que pueden ser declaradas como de demanda residencial fuerte y acreditada: "La proporción de personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial y el número de viviendas disponibles o el suelo urbanizable disponible; la densidad demográfica de la zona; la necesidad de vivienda derivada de su situación geográfica y económica y los precios de alquiler".

Para superar la falta de igualdad entre propietarios, el nuevo artículo añade que en estas áreas se harán inspecciones para detectar las viviendas desocupadas y se elaborará un censo de las posibles propiedades afectadas por el alquiler forzoso.

Entre las garantías jurídicas que se añaden, se modifica y divide el polémico artículo 42.6. En la primera parte se deja claro que antes del alquiler forzoso tiene lugar la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad, que incluye un "expediente contradictorio" (en el que el propietario puede alegar en contra). La segunda parte concreta más el procedimiento de expropiación temporal y las fórmulas para valorar la indemnización que le corresponde al propietario por el derecho de usufructo, como proponía el Consultiu.

En definitiva, el tripartito se mantiene en su posición inicial y no da el brazo a torcer en este tema, que cuenta con el rechazo frontal de PP y CiU. El primero ya ha presentado una nueva enmienda que exige la supresión del 42.6. CiU esperará hasta el lunes para fijar su posición definitiva, pero ayer su portavoz parlamentario, Oriol Pujol, ya calificó la decisión del tripartito de "posición ideológica", aseguró que en ningún momento la mayoría ha pretendido negociar con su grupo y añadió que "la complejidad de las enmiendas" es otra demostración de que esta medida "será inaplicable".