Fernando Muguruza (alcalde de Castro Urdiales): «El auto judicial es escandaloso, no hay por dónde cogerlo»

Elixabet Ruiz/ Mario Cerro/ eldiariomontañes
Foto: Abel Verano

«Me parece escandaloso, no hay por donde cogerlo». Son palabras del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, en la entrevista que ayer concedió a Punto Radio Castro y El Diario Montañés para valorar el auto que el juez Luis Acayro Sánchez emitió el pasado viernes sobre el 'caso Mioño', que incluye el procedimiento sobre el ascensor del mercado municipal.

Tras admitir que tenía «verdadero temor y miedo a expresarme, porque vivimos en un mundo muy extraño» (también está imputado por injurias y calumnias contra el juez que instruye el caso), Muguruza confirmó que recurrirá el auto en el que el Luis Acayro Sánchez ha encontrado indicios de delito en las once personas implicadas en la presunta adjudicación 'a dedo' de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño.

«Entender que haya podido haber prevaricación o un intento injustificado por parte de los políticos o de la administración en conjunto de beneficiar a alguien, es absolutamente absurdo», apuntó el regidor que volvió a insistir en que en ambas obras lo que se hizo fue «intentar resolver un problema dando respuesta a unas inundaciones en unas viviendas, en la zona del túnel de Mioño y la accesibilidad de la Plaza del Mercado». Además, destacó el escaso margen de beneficio industrial que ambas obras supusieron, unos 3.000 euros, «lo que está muy por debajo de los márgenes comerciales que habitualmente tienen las ingenierías».

Desorden

Tampoco entiende Muguruza que el juez intente buscar delito, «máxime cuando incluso reconoce que lo que había en el Ayuntamiento era un desorden administrativo». Desorden que Muguruza admite «que pueda existir ahora mismo», pero que en 2003, cuando accedió al cargo, «era colosal».

Eso sí, quiso dejar claro que, «a la vista del desorden imperante en aquel momento, el que pueda haber algún error administrativo, que habría que demostrarlo, creo que tiene que ser contemplado a la luz del propio desorden». «Una irregularidad administrativa no es un asunto penal, del mismo modo que desorden no es prevaricación. ¿Qué puede dar a errores graves?, desde luego; ¿Qué hay que resolver el desorden de los ayuntamientos?, por su puesto, en eso estamos; pero que se pueda deducir que ha habido mala fe por parte del Ayuntamiento en la resolución del problema del túnel de Mioño, no se sostiene».

Los jueces

Incluso, Muguruza, hablando de desordenes, se atrevió a mencionar el que existe en el Poder Judicial. «Qué pueden decir los jueces que dejan salir a los violadores libres por el desorden que tienen dentro de los juzgados». En este sentido, volvió a incidir en que «el desorden no es prevaricación» y que «es absolutamente inverosímil e inexplicable que pueda haber un juez que esté empeñado en continuar en esa línea y que además esté suponiendo para el erario público muchos millones de las antiguas pesetas». «Sólo el peritaje que hizo en el túnel de Mioño el técnico que mandó el juzgado vale mucho más que los 3.000 euros que el Ayuntamiento pagó de beneficio industrial a la empresa. Además, el informe del perito dice que las obras se hicieron conforme a lo propuesto y a plena satisfacción de todas las partes. Tendría que explicar el señor juez a todos los ciudadanos castreños por qué se está gastando el dinero de todos los españoles en este asunto, dejando además otros muchos pendientes de resolución», dijo Muguruza.

Pero Muguruza va más lejos e insiste en su inocencia. «Si hubiera realmente indicios de que ha habido un intento de beneficiar a una empresa y de darle dinero, evidentemente el juez lo debería perseguir. Pero, el juez en su auto se dedica a irse por los cerros de Úbeda y empieza a hablar de asuntos que no tienen nada que ver con el túnel de Mioño».

«Como realmente no tiene argumentación sólida para poder imputar a nadie en este caso, entonces empieza a hablar de mil cosas distintas que debieran de ser causa de otras diferente denuncias». El regidor castreño calificó de «absolutamente lamentable, reprobable totalmente ,lo que está sucediendo con el juzgado de Castro».

Cabeza alta

Por último, Muguruza reconoció que «si llega el caso» y esto le supone la inhabilitación, «desde luego, me iré con la cabeza muy alta, porque tengo la absoluta convicción de que las cosas se han hecho por el bien del pueblo y sin cometer delito alguno, aunque lo termine diciendo el juez».

Con respecto a la imputación del ex alcalde, Rufino Díaz Helguera, Muguruza dejó claro que lo que hay que perseguir «es el delito y no a las personas». «Lo que no sería aceptable es que el juez estuviera recibiendo alguna orden de alguien para cargarse a Díaz Helguera, esto sería para condenarlo públicamente», concluyó el alcalde.

La corrupción sin castigo

Arca (Asociación en Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria)

"Desgraciadamente nuestro sistema legal es tan imperfecto que ninguno de los defraudadores públicos ha sido, que se sepa, castigado y ello a pesar del empobrecimiento de la mayoría a costa de enriquecer a una minoría"

Una de las mejores definiciones de la corrupción política la describe como aquella situación en la que el gobernante antepone intereses particulares al interés general.

No hay que ser muy listo para darse cuenta de que cuando el que administra nuestro patrimonio no lo hace pensando en el beneficio de los contribuyentes sino en el de algún amigo, socio o cómplice, nos está robando a todos: robando dinero, robando derechos, robando ilusiones y robando pasado y futuro. Todo eso nos han robado, por ejemplo, aquellos alcaldes que no planificaron el urbanismo de sus municipios a partir de los exigibles criterios de sostenibilidad, los únicos que habrían beneficiado a la generalidad de los ciudadanos. Así, hoy, la gran mayoría somos mucho más pobres porque aquéllos a quienes confiamos lo nuestro prefirieron enriquecer rápidamente a unos pocos, en ocasiones a ellos mismos, olvidando cuáles eran sus obligaciones de servicio público.

Desgraciadamente nuestro sistema legal es tan imperfecto que ninguno de estos defraudadores públicos ha sido, que se sepa, castigado. Al parecer da igual que algunos de nuestros mejores paisajes costeros hayan sido machacados para enriquecer a alcaldes, constructores y, en el colmo del desparpajo, alcaldes constructores. Da igual que se tiren a la mar los residuos de más de setenta mil personas “saneados” por depuradoras diseñadas para poblaciones con un máximo de quince mil habitantes. Da igual que las excavadoras se coman un monte en las narices de todos o que se permita edificar en espacios protegidos. Da igual. Y da asco. Y nos hace un daño enorme. Sólo si por fin se redactaran leyes que responsabilizaran objetivamente de las consecuencias de sus actos a estos personajes, podríamos dejar de temer que sus atropellos continuasen.

Pongamos un ejemplo a futuro: si el Código Penal garantizara efectivamente nuestro derecho a disfrutar de un entorno bien conservado castigando a quien fuera responsable de su deterioro, el Alcalde de Noja no pretendería construir un puerto deportivo en uno de los últimos reductos naturales de su municipio. Siendo notorio que él conoce el enorme valor medioambiental del espacio costero que se vería afectado (basta con ver cómo lo describe la página web del propio Ayuntamiento, para mayor guasa llamada www.nojaatodacosta.com), si su destrucción acarreara consecuencias jurídicas nunca promovería semejante desatino. Pero este gran responsable del desastre urbanístico de Noja sabe perfectamente que no le pasaría nada ni siquiera, por imaginar la mayor de las desvergüenzas, aunque se demostrara que el principal beneficiario económico de la operación fuera él mismo.

La tristísima conclusión es que en nuestro actual marco jurídico hay muchas formas de corrupción que resultan impunes. Y nada cambiará hasta que los legisladores decidan, ellos también, que por encima del interés de sus partidos políticos está el interés general, y que es imprescindible cambiar las leyes para impedir estos atropellos. Hasta entonces seguirá el despojo.

Medina. "No me negarán que..."

Público

Los defensores del ladrillo recuperan la alcaldía de Dénia

Arturo Ruiz/ elpais
Foto: Natxo Francés
Dénia

Un tránsfuga otorga el poder al PP entre gritos de "especuladores"

Los defensores del ladrillo recuperaron ayer la alcaldía de Dénia. Gracias al apoyo de un tránsfuga socialista, la popular Ana Kringe recibió a la una del mediodía la vara de mando entre gritos de "usurpadora", "mafiosos" y "especuladores". Kringe, que ni siquiera pudo acabar su discurso de investidura por culpa de los abucheos del público, había recibido minutos antes el apoyo del concejal tránsfuga socialista Juan Collado y de los ediles de Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD, cuyos votos en el pleno sirvieron para aprobar la moción de censura que derroca al anterior gobierno de PSPV y el Bloc, encabezado por la socialista Paqui Viciano. De esta manera, vuelve al gobierno municipal el equipo que entre 1999 y 2003 planificó la construcción de 20.000 viviendas en la costa norte de Dénia. Un plan que abortó la alcaldesa socialista Paqui Viciano, que se proponía la protección de cuatro millones de metros cuadrados en la localidad. Protección que estaría incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción no pudo concluir y que ahora está en manos del nuevo equipo de gobierno local. Tanto Kringe como Pepa Font, de Centre Unificat, formaron parte del equipo que impulsó los planes que paró Viciano.

Fue sin duda el pleno más tenso de la historia democrática de Dénia. El público abarrotó tanto el salón de plenos como la escalinata exterior del edificio consistorial, donde fue necesario colocar una pantalla de televisión. La mayoría de los asistentes eran partidarios del PSPV y el Bloc e interrumpieron con sus gritos los diferentes discursos de los portavoces que habían firmado la moción de censura y que prácticamente no pudieron escucharse.

Las iras del público, que en numerosas ocasiones mostró su temor por los intereses urbanísticos que escondería el nuevo gobierno, se concentraron sobre todo en la nueva alcaldesa, contra la que clamaron "Kringe, el pueblo no te admite" y a quien compararon con Zaplana por haber alcanzado el poder gracias al apoyo de un tránsfuga: A este último le espetaron "Collado, traidor" y "Collado, Judas".El público desplegó en la sala una pancarta contra el transfuguismo en la que podía leerse "Contra la traición, escuchar a la voluntad popular". No obstante, y aunque en clara minoría, también hubo partidarios de la moción de censura que aplaudieron cuando pudieron las intervenciones de Kringe y de sus aliados. Destacó la presencia de conocidos promotores de Dénia, cuya presencia no era baladí: en juego está el futuro de una de las costas más emblemáticas del Mediterráneo, cuyo Plan General ha de redactarse en apenas un año.

El urbanismo de Dénia y la ruptura del pacto antitransfuguismo centraron las diferentes alocuciones. Viciano definió el día de ayer "como el más triste de la historia democrática de la ciudad", acusó a los partidos votantes de la censura de cometer un "atentado contra la soberanía del pueblo" (instante en que el público gritó "manos arriba, esto es un atraco") y dijo que el gobierno de Kringe quiere redactar un nuevo PGOU "basado en intereses particulares".

El portavoz socialista, Vicent Grimalt, acusó a Collado de "traicionar a su partido" y advirtió de que el gobierno de Kringe "llenará la costa de hormigón". Y el del Bloc, Pau Reig, indicó: "La amalgama de partidos que nos van a gobernar no son tan distintos, porque constituyen la derecha de siempre".

Por su parte, los partidos que arropan a Kringe incidieron en las presuntas irregularidades urbanísticas que habrían cometido PSPV y Bloc. Cansado ya de que el público le tildara de "especulador", el edil tránsfuga advirtió de que "quien ha especulado aquí ha sido Viciano, quien debería explicar sus relaciones mercantiles con las empresas Realia y Conca", que han desarrollado varios planes parciales en Dénia. Collado aseguró haber recibido "amenazas telefónicas y por e-mail" contra su familia y anunció que liderará una comisión anticorrupción sobre asuntos urbanísticos. La nueva alcaldesa también anunció que realizará una auditoría urbanística, si bien quiso hacer un guiño a la nueva oposición y le ofreció consensuar el futuro Plan General.

Kringe prometió una política económica "seria y restrictiva" y reducir los ediles liberados de ocho a tres. Kringe se aprestaba al cierre de esta edición a firmar las nuevas delegaciones de su Corporación, cuya distribución demuestra que todos los partidos van a tener voz y voto en la gestión del urbanismo. Las principales carteras de esta última área recaerán en la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font, quien en su día fue la principal precursora del plan de las 20.000 casas en Les Marines y que asumirá Planeamiento; en el portavoz del PP, Vicent Chelet, que gestionará Grandes Proyectos; en el de GD, Miguel Llobell, con licencias; y en el propio Collado, que llevará Aguas y Medio Ambiente. Chelet también será el responsable de Hacienda y Llobell de Gobernación, mientras que, significativamente, el ex presidente de los promotores, Juan Sancho, sea el portavoz más alejado de las competiciones urbanísticas, al asumir Cultura y Juventud. Turismo recaerá en Toni Sentí, el número dos de CU.

Al pleno acudieron numerosos responsables de ambos partidos. Por el PP, asistió la zaplanista Mónica Lorente, así como el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando. También estuvo el presidente del PSD de Alicante, Antoni Romera, quien, paradójicamente, mantiene en Calp un pacto con socialistas y nacionalistas.

La derrota unió a las diferentes familias socialistas. Junto al candidato a la secretaría general del PSPV, Jorge Alarte y a varios miembros de la actual gestora del PSPV, estaba el secretario general de La Marina Alta, Paco Carrió. También acudió el secretario general de los socialistas alicantinos, Roque Moreno, que mantuvo una amplia discusión con Collado. El PSOE responsabilizó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de romper el pacto antitransfuguismo y avalar la moción de Dénia.

Rajoy: "El PP arreglará lo de Estepona, como en Marbella"

D. N./ elpais
Málaga

El presidente del PP, Mariano Rajoy, lamentó ayer que en el congreso federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana "nadie ha hablado de Estepona", en alusión a la trama de corrupción municipal destapada en el caso Astapa por la que fue encarcelado el alcalde ya dimitido, el socialista Antonio Barrientos, y vaticinó: "Lo de Estepona lo vamos a arreglar nosotros, aplicando la misma fórmula que en Marbella". El PP ha solicitado la disolución del Ayuntamiento de Estepona y la convocatoria de elecciones municipales anticipadas.

En un acto público en Torremolinos, el presidente regional del PP, Javier Arenas, anunció que en los próximos días visitará Estepona la portavoz de la formación en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para presentar un paquete de iniciativas contra la corrupción urbanística. Arenas volvió a arremeter contra la política urbanística de la Junta de Andalucía y dijo que a Chaves "se le ha visto el plumero como se le vio en Marbella", porque hasta 2003 no se produjo ninguna denuncia de la administración autonómica cuando dijo que desde 1997 el Tribunal de Cuentas ya había detectado irregularidades. "Su modelo urbanístico consiste en perseguir a alcaldes del PP y mirar para otro lado donde gobiernan los suyos", afirmó Arenas.

En el primer acto en Andalucía tras ser reelegido presidente del PP, hizo profesión de optimismo y aseguró que es "perfectamente conseguible que el PP gane las elecciones autonómicas en Andalucía" si ya lo hace en Málaga y Almería. "Es cuestión de creérselo, trabajar, dedicarle tiempo y hablar con la gente", explicó.

Destituidos cuatro ediles acusados en el caso de Estepona

Juana Viúdez/ elpais
Málaga

Por las malas. Los cuatro concejales socialistas detenidos en el caso contra la corrupción urbanística destapado en Estepona (Málaga) hace dos semanas fueron destituidos ayer de sus cargos al frente de las concejalías de Hacienda y Personal, Educación, Playas y Cultura.

Los ediles Francisco Zamorano, Asunción López, Mariví López y María Luisa Rodríguez están imputados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y se encuentran en libertad bajo fianzas que oscilan entre los 30.000 y los 50.000 euros. Los cuatro se reincorporaron a sus delegaciones horas después de prestar declaración en los juzgados en los que se investiga su actuación como concejales de área, y se resistían a abandonar sus puestos.

El alcalde accidental, Rafael Montesinos (PA), les notificó el cese de forma verbal cerca de las tres de la tarde tras saber que los otros seis concejales socialistas que forman parte del equipo de gobierno estaban dispuestos a dimitir si los cuatro imputados permanecían en sus puestos. En la mañana de ayer, el presidente provincial del PSOE, Juan Paniagua, notificó por escrito al alcalde accidental que los cuatro concejales han sido expulsados del partido. El equipo de gobierno de Estepona está formado por PSOE (11 concejales), PA (2), Estepona 2007 (1) e IU (1).
Enfrentamientos

Durante la mañana de ayer, los concejales socialistas de Estepona trataron de convencer a los imputados para que dejaran las concejalías voluntariamente. Ninguno de los cuatro aceptó. La notificación formal del cese de los concejales debe realizarse por carta y es previsible que se haga efectiva hoy.

Los enfrentamientos de los últimos días entre el edil de Hacienda, Francisco Zamorano, y el de Urbanismo Rafael Duarte, agotaron la paciencia de los órganos regional y federal del PSOE.

El responsable de Urbanismo alertó de un posible riesgo de manipulación de pruebas y pidió a Zamorano, como responsable de Personal, que apartase a los jefes de los servicios técnicos y jurídicos, Ignacio de la Hoz y Andrés Flores, imputados en el caso por corrupción urbanística. Zamorano se negó alegando que no existía ninguna orden judicial al respecto.

Duarte ha declarado como imputado en comisaría, pero no fue detenido ni se han establecido medidas cautelares contra él. El PSOE le apoya como futuro alcalde.

Una inmobiliaria valenciana quiere crear una isla artificial frente a la Malvarrosa

adn

La promotora reconoce que no cuenta con ningún permiso -el mar territorial es terreno público- | El anuncio sirve para llamar la atención justo antes de una feria inmobiliaria

La promotora inmobiliaria Grupo Redis ha ideado una isla artificial a un kilómetro de la playa de la Malvarrosa de Valencia con viviendas sociales y de renta libre, zona de ocio con servicios y marinas para embarcaciones. Algo en principio imposible, puesto que el mar territorial es terreno enteramente público.

En la presentación del proyecto, el director general del grupo valenciano, Óscar López, ha afirmado que existen más de 300 islas artificiales en todo el mundo y ha indicado que todavía no se han mantenido contactos con ninguna administración para la obtención de las licencias necesarias para su construcción que, según ha admitido, podría incumplir la actual Ley de Costas, aunque cree que en este caso primaría el interés general por ser una zona pública.

López ha reconocido que en el momento actual de desaceleración y pesimismo en el sector inmobiliario este proyecto se presenta "para alegrar el panorama". Como "reclamo para millones de turistas", la isla artificial, de 1,6 millones de metros cuadrados, es una "solución tangible y previsora de las necesidades y deseos de una ciudad como Valencia", que sería autosuficiente en suministros y servicios, según López.

Globo sonda

El proyecto "Isla Luna" se presentará el próximo jueves en la feria Urbe Desarrollo, con el ánimo de "testar" la opinión de los visitantes sobre un complejo urbano en el mar que podría acoger a mil familias y que costaría 5.000 millones de euros, inversión que López asegura que dispondría mediante capital de inversores españoles.

Preguntado por la viabilidad de la construcción, teniendo en cuenta las exigencias medioambientales en esta zona, sometida al proyecto de ampliación del puerto de Valencia, el portavoz de la promotora considera que tendría "los mismos perjuicios" que la nueva marina prevista en el puerto.

La Fiscalía del Estado alerta de la propagación del 'efecto Marbella' por el urbanismo andaluz

Juana Viúdez/ elpais
Foto: Julián Rojas
Marbella

Uno de cada cinco alcaldes de la provincia de Málaga tiene denuncias por delito urbanístico

Recalificaciones irregulares de parcelas, permutas de terrenos municipales a la baja, licencias de obras en fincas no urbanizables. El desorden urbanístico que ha caracterizado a Marbella se ha extendido a otras localidades costeras y del interior de Málaga, según la Fiscalía General del Estado, hasta el punto de que 20 alcaldes malagueños tienen al menos una denuncia por delitos contra la ordenación territorial. La última memoria del ministerio público alerta de que el "efecto Marbella" se ha extendido a otras provincias como Cádiz, donde las casas ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico y donde se ha constatado un "significativo aumento" de los delitos de prevaricación urbanística por parte de autoridades y funcionarios municipales.

En los despachos de los fiscales de Málaga se amontonan carpetas sobre irregularidades que siguen "más o menos la forma de operar que es conocida en Marbella" y que implican "una importante variedad de sujetos delictivos", según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. Estas causas se refieren principalmente a localidades costeras en las que el turismo es la principal fuente de ingresos.

La Fiscalía de Málaga tramitó en 2006 un total de 243 denuncias por delitos urbanísticos. El ministerio público subraya el protagonismo de la administración local en el desorden urbanístico. Veinte de los 100 alcaldes de la provincia de Málaga han sido denunciados al menos una vez por infracciones contra la ordenación del territorio. Además, de las 243 denuncias presentadas en 2006 en Málaga, 66 se dirigían contra Ayuntamientos, según la Fiscalía. Manilva, la última localidad costera, limítrofe con Cádiz, encabeza esta clasificación con diez denuncias, seguida de Marbella, con siete. También figuran otras localidades costeras como Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria o la propia Málaga capital, que suma tres denuncias. La mayoría de estas denuncias se refieren a supuestos casos de prevaricación urbanística.

Los casos de localidades del interior están ligados a particulares que construyen viviendas unifamiliares en zonas no urbanizables, normalmente en pleno monte. En estos supuestos la Fiscalía malagueña tiene la impresión de que los Ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras a nivel urbanístico". De esta apreciación se libra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, del que la Fiscalía destaca "la cantidad de denuncias realizadas"

Además, en numerosas poblaciones se han producido denuncias contra corporaciones municipales enteras por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de sus propios técnicos y por el acuerdo entre responsables políticos y técnicos. La Fiscalía destaca los casos de Archidona, Villanueva del Trabuco, Istán, Alhaurín de la Torre, Casares o Tolox. En este último municipio, de 2.336 habitantes, el juez ha paralizado la construcción de 15 promociones con 2.000 viviendas y ha imputado un delito contra la ordenación del territorio a su alcalde, el andalucista Juan Vera.

"Son pocos los municipios que por un motivo u otro no han sido denunciados, lo que da una idea de la magnitud y complejidad del problema que está desarrollando el problema urbanístico, en particular en la provincia de Málaga", concluye la memoria. Una de las razones que se esgrimen para explicar estos comportamientos es que "el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios".

La Fiscalía de Cádiz, que el año pasado abrió 77 diligencias de investigación, siete más que en 2005, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, también vislumbra el efecto Marbella en su provincia. De hecho, en todos los partidos judiciales gaditanos se han registrado denuncias por delitos contra la ordenación territorial. En 2006 ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico, confiados en que estas conductas queden impunes. Otra forma de delincuencia detectada en Cádiz ha sido la entrada en juego de algunos arquitectos técnicos y peritos que han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.

En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006. Pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur, también por construcción en suelo no urbanizable.

En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en la turística costa de Almuñécar y en el partido judicial de Motril.