Miguel Ángel Noceda/ elpaisDavid Taguas (Madrid, 1954) preside la asociación de grandes constructoras, Seopan, desde mayo del año pasado, y es miembro de la junta directiva de la CEOE.
Pregunta. Hace un año se armó la marimorena al asumir la presidencia de Seopan tras haber sido director de la Oficina Económica. ¿Se desmadró el asunto?Respuesta. Todavía estoy sorprendido ante la reacción que suscitó en algunos ámbitos mi vuelta al sector privado después de un año y medio en el público. En todo caso, ha sido un inmenso honor para mí. La función de asesoramiento económico al presidente colmaría las aspiraciones de cualquier economista. Lógicamente, siempre se deben satisfacer algunas condiciones para evitar conflictos de intereses. En mi caso, se cumplieron plenamente.
P. Dicen que usted es uno de los gurús del presidente.R. Mi relación con el presidente es excelente. Le gusta mucho la economía y debatir sobre política económica. Considero un privilegio hablar con él de ello. Pero no se puede imaginar lo difícil que resulta a veces analizar la coyuntura, ya que está perfectamente enterado de cada dato.
P. ¿Cree que ha habido demasiada dependencia del sector de la construcción?R. Si la construcción ha ganado peso en los últimos años ha sido por las decisiones, en principio racionales, de familias y empresas. En obra civil, las más importantes empresas españolas han afrontado con éxito la diversificación, han incorporado tecnología muy avanzada y se han internacionalizado, convirtiéndose en líderes mundiales.
En residencial, es cierto que se han cometido excesos por unas expectativas de aumentos de precios que no podían cumplirse indefinidamente. El efecto fue una burbuja inmobiliaria que ahora se ha transformado en la situación contraria: una congelación inmobiliaria. Tan absurdo era esperar que los precios siguieran subiendo continuamente como esperar ahora que disminuyan de forma indefinida.
P. ¿Se podría haber evitado la fuerte decadencia del sector?R. Sin burbuja inmobiliaria, no habría habido decadencia y los recursos productivos se habrían orientado hacia otros sectores. Sin embargo, distintos factores institucionales y económicos dieron lugar a esa burbuja. El primero fue la oferta inelástica de suelo y las preferencias de los ayuntamientos a financiarse mediante planes urbanísticos en lugar de hacerlo vía impuestos más elevados. El segundo, la existencia de las deducciones fiscales por inversión en vivienda habitual. Y el tercero, la abundante y barata liquidez que ha caracterizado los primeros años de este siglo, que incentivaba tanto la demanda como la oferta de crédito.
P. ¿Considera, por tanto, adecuada la supresión de la desgravación por compra de vivienda?R. La eliminación de esa desgravación fiscal ha sido demandada desde hace años. Por un lado, por sus efectos distorsionadores en el mercado de la vivienda y las decisiones de ahorro de las familias. Por otro, porque
su existencia resultaba difícil de justificar en un sector en el que el exceso de demanda y los problemas inherentes al suelo urbanizable propiciaban que el precio se incrementara el 8%. Por lo demás, la medida tiene un efecto estabilizador ya que estimula transitoriamente la demanda reduciendo el stock de viviendas terminadas y suaviza el ajuste de la oferta que, de no tomarse, podría ser muy duradero, con efectos negativos en la actividad y el empleo.
P. ¿No cree que es discriminatoria?R.
La existencia de esta deducción fiscal tiene un claro carácter regresivo en el IRPF, ya que los contribuyentes de rentas más elevadas son los que más se benefician. Por ello, su eliminación conlleva una mayor progresividad del impuesto. La eliminación afecta sólo al 26% de los contribuyentes, que son los que declaran una renta superior a 24.000 euros anuales, aunque acumulan el 40% de las deducciones. Los declarantes con renta inferior a 17.000 euros (el 56,6%), conservarán la deducción y ésta se reducirá linealmente para las rentas entre 17.000 y 24.000 euros (17,6%).
P. Al margen de ésta, ¿qué le parecen las medidas del Gobierno para reactivar la economía?R. Mi opinión es positiva. En particular por el relevante papel que asumió el presidente en los momentos más críticos de la crisis financiera, impulsando la coordinación europea y el plan español. El principal interrogante radica en la duración de la fase recesiva y en la efectividad de las medidas adoptadas para impulsar la recuperación y el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento sostenido.
P. ¿Cree que deberían adoptarse otras medidas?R. Existe margen para aplicar una combinación suficientemente audaz de políticas de demanda y oferta para reactivar la economía y el empleo, facilitando el necesario ajuste del déficit exterior. Así, debería culminarse la estabilización del sector financiero; impulsar un ambicioso plan de inversión en infraestructuras, por sus efectos estructurales para impulsar la productividad y la renta per cápita, y acordar reformas en el mercado laboral.
P. ¿Cree necesario el cambio de modelo de crecimiento?R. Considero que es muy oportuno y necesario cambiar el modelo económico. Los agentes económicos responden a incentivos. Si están bien diseñados, es posible potenciar actividades que generan externalidades positivas, como el capital humano y la inversión en I+D. También es posible reducir las negativas, como la contaminación o el deterioro del medio ambiente, estableciendo impuestos que obliguen a internalizar sus costes.
P. ¿Cómo se debe abordar el plan de reestructuración financiera?R. Las entidades financieras españolas afrontan la necesidad de sanear una parte importante de su activo y la perspectiva de un débil crecimiento de su negocio. La consecuencia es un exceso de capacidad instalada.
Algunas entidades no van a poder sobrevivir y otras, aun siendo viables, van a experimentar una escasez de capital, cuando los mercados exigen entidades más capitalizadas. A esto se une que la mitad del sector, las cajas, no puede emitir acciones, y eso dificulta su recapitalización.
P. ¿El Estado debe recapitalizar, entonces?R. El Estado debe intervenir, pero con condiciones. Primero, no debe capitalizar a todas las entidades, sino sólo a las viables; el resto deberán ser intervenidas y vendidas. Segundo, la contrapartida para inyectar capital deberían ser planes de negocio definidos, con reducciones de costes de explotación y mejoras de la gestión de riesgos. Y tercero, debería fomentarse la concentración entre entidades, para optimizar el sector. Quizá lo más sencillo sea inyectar capital en forma de acciones preferentes.
P. ¿Es verdad que aparecen brotes verdes?R. Es bastante probable que la actividad mejore en EE UU en la segunda parte del año, y que la mejoría se pueda observar en Europa con un retardo de dos o tres trimestres. La economía española ya ha tocado fondo en términos de crecimiento el primer trimestre de 2009. Aunque la actividad continuará contrayéndose los próximos trimestres y aumentando la tasa de paro, lo hará con una intensidad significativamente menor. Los indicadores de consumo privado se han estabilizado. Las matriculaciones de turismos o la confianza del consumidor muestran repuntes inequívocos.
P. ¿Y la reforma laboral?R. España cuenta con tasas de desempleo y de temporalidad muy elevadas por la dualidad existente entre trabajadores fijos y temporales; la existencia de mecanismos de determinación salarial inadecuados y la fuerte imposición que soporta el trabajo.
La elevada temporalidad afecta muy negativamente a la productividad de las empresas, al consumo e inversión de las familias y también a la equidad. Una solución sería la implantación de un único y nuevo contrato de trabajo, con costes de despido suavemente crecientes en el tiempo, respetando los contratos vigentes.
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