CiU propone en el Congreso crear un parque público de pisos baratos en alquiler

Marta Belver/ suvivienda
Foto: Efe
Madrid

El acceso a una vivienda a precios asequibles y la viabilidad empresarial de los promotores de pisos pueden ser objetivos compatibles incluso en una situación de fuerte ajuste como la que vive el sector. El alquiler social es la solución o, al menos, esa es la apuesta de CiU. Pere Macías, su portavoz en el Congreso de los Diputados, ha defendido una proposición no de ley por la que insta a la creación de un parque estable de viviendas en alquiler gracias a la colaboración de entidades públicas y promotoras privadas.

La propuesta, presentada hoy bajo el extenso título de "Proposición no de Ley para impulsar la creación de un gran parque de alquiler a precios asequibles mediante sistemas de colaboración público-privado", prevé que puedan construirse viviendas destinadas al alquiler 'low cost' sobre suelo mayormente público mediante una fórmula mixta por la cual sería la propia constructora la que gestionaría dichos alquileres y, a la vez, una entidad pública garantizaría el cobro de las rentas.

Una vez en marcha el plan, CiU estima que podrían construirse hasta 100.000 viviendas al año, de entre 50 y 90 metros cuadrados, a precios para los arrendatarios de entre 250 y 375 euros mensuales.

Para hacer viable la construcción de estas viviendas y los precios de los arrendamientos, CiU propone que el promotor no tenga que comprar el suelo, sino que los propietarios -públicos o privados- cedan el derecho de uso durante un periodo de 10 a 25 años.

Además, la fórmula de colaboración entre entidades públicas y privadas, por la que las promotoras se convertirían en "gestoras de concesiones" de alquileres, permitiría a éstas acceder a la financiación para nuevos proyectos, superando así el grave problema de bloqueo crediticio que viven actualmente.

Para dar forma a esta proposición no de Ley, el grupo parlamentario catalán ha mantenido contactos con expertos del sector, como entidades financieras y promotores inmobiliarios. CIU calcula que la rentabilidad de las operaciones podría ser del 6,5% para las cesiones de suelo a 25 años y considera que no sería necesaria una fiscalidad especial ni ayudas públicas.

El Govern precisa las zonas del alquiler forzoso de pisos

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• La ley promueve censos y planes de inspección de los inmuebles vacíos

La posibilidad de la Administración de expropiar temporalmente un piso permanentemente desocupado en zonas de alta demanda de vivienda para ponerlo en alquiler forzoso durante cinco años se mantendrá en el proyecto de ley de acceso a la vivienda en Catalunya. Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Govern presentaron ayer siete enmiendas que modifican cuatro artículos del proyecto para adaptarlo a las exigencias del Consell Consultiu y asegurar que la medida sea constitucional.

La diputada de ICV y ponente del proyecto, Dolors Clavell, recalcó ayer que el Consultiu no consideró inconstitucional la medida del alquiler forzoso, sino la forma de aplicarla, por falta de garantías jurídicas y por atentar contra el criterio de igualdad ante la ley de los propietarios afectados al no existir criterios claros que determinen en qué zonas y en qué condiciones se aplicará.

Lista de criterios

Las enmiendas del tripartito añaden un nuevo artículo con los criterios que se utilizarán para delimitar las áreas que pueden ser declaradas como de demanda residencial fuerte y acreditada: "La proporción de personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial y el número de viviendas disponibles o el suelo urbanizable disponible; la densidad demográfica de la zona; la necesidad de vivienda derivada de su situación geográfica y económica y los precios de alquiler".

Para superar la falta de igualdad entre propietarios, el nuevo artículo añade que en estas áreas se harán inspecciones para detectar las viviendas desocupadas y se elaborará un censo de las posibles propiedades afectadas por el alquiler forzoso.

Entre las garantías jurídicas que se añaden, se modifica y divide el polémico artículo 42.6. En la primera parte se deja claro que antes del alquiler forzoso tiene lugar la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad, que incluye un "expediente contradictorio" (en el que el propietario puede alegar en contra). La segunda parte concreta más el procedimiento de expropiación temporal y las fórmulas para valorar la indemnización que le corresponde al propietario por el derecho de usufructo, como proponía el Consultiu.

En definitiva, el tripartito se mantiene en su posición inicial y no da el brazo a torcer en este tema, que cuenta con el rechazo frontal de PP y CiU. El primero ya ha presentado una nueva enmienda que exige la supresión del 42.6. CiU esperará hasta el lunes para fijar su posición definitiva, pero ayer su portavoz parlamentario, Oriol Pujol, ya calificó la decisión del tripartito de "posición ideológica", aseguró que en ningún momento la mayoría ha pretendido negociar con su grupo y añadió que "la complejidad de las enmiendas" es otra demostración de que esta medida "será inaplicable".

Duro varapalo del Senado a Zapatero al vetar su última ley de Presupuestos

J. L. Llorente/ abc
Madrid

Mal se ponen las cosas al Gobierno socialista en este tramo final de la legislatura. El Senado dio ayer un duro varapalo al Gabinete de Zapatero al vetar el proyecto de ley más importante del año, el de Presupuestos Generales del Estado. El veto de la Cámara Alta pone de nuevo contra las cuerdas la estabilidad parlamentaria de los socialistas, que deberán recurrir de nuevo a la carrera a los diputados tránsfugas para salvar las cuentas públicas de 2008 a su vuelta al Congreso (previsiblemente el próximo día 20).

En esa votación, el PSOE necesitará de mayoría absoluta para levantar el veto del Senado, algo que ya no resulta nada fácil al partido mayoritario. Si no lo consigue, los Presupuestos para 2008 decaen y se prorrogan automáticamente los de 2007. Se vendría así abajo la estrategia de los socialistas, que contaban con las cuentas del Estado del año próximo para financiar buena parte de sus promesas electorales de los comicios de marzo. El Gobierno no tendría más remedio que habilitar unas líneas de crédito para dotar de dinero determinadas políticas, un laberinto administrativo en plena campaña electoral.

Devolución inmediata

La bomba informativa de la jornada de ayer estalló a media mañana, cuando el Pleno del Senado aprobó el veto a la sección de Vivienda de los Presupuestos para el 2008 presentado por CiU, lo que supone la devolución inmediata del texto presupuestario al Congreso sin ninguna de las enmiendas propuestas por la Cámara Alta. El veto de los nacionalistas catalanes contó con el apoyo de cinco grupos (122 senadores del Partido Popular, seis de CiU, cuatro de ERC, cuatro de CC y uno de EA), lo que sumó un total de 137 votos a favor frente a 117 votos en contra. La sección 27 -la de Vivienda- contaba con dos vetos, los correspondientes a los grupos de PP y CiU. El primero en votarse por orden reglamentario fue el de los nacionalistas catalanes y, como salió adelante, no hizo falta que la Cámara se pronunciase sobre el segundo.

No obstante, los senadores del PP se mostraban encantados con el resultado de la votación. El portavoz del Grupo Popular, Pío García-Escudero, sostuvo que «terminamos la legislatura como la empezamos, con un veto a la ley más importante del año en el Senado, con un Gobierno débil, con apoyos débiles y con una política económica que recibe la tarjeta roja en una Cámara parlamentaria». «En 2004 -explicó García-Escudero- vetamos los Presupuestos de 2005, en lo que fue la primera tarjeta amarilla a las cuentas de Zapatero; hoy (por ayer) le hemos enseñado la segunda y dos amarillas, como en el fútbol, es tarjeta roja».

Desde CiU, el senador Carles Gasoliba explicó que el veto responde al incumplimiento del Estatuto catalán en materia de vivienda. «El Gobierno y el Ministerio de Vivienda no hacen caso a la legalidad», indicó Gasoliba. Su compañero Pere Macias sostuvo que el Presupuesto del Ejecutivo socialista supone una invasión de competencias y recordó al Gobierno que el veto ha contado con el apoyo de cinco grupos parlamentarios. «No se puede culpar a CiU y al PP», subrayó.

Los socialistas catalanes no culpan a CiU ni al PP, sino a ERC. El coordinador de los diputados y senadores del PSC, Daniel Fernández, aseguró que Esquerra ha cometido un «error» al sumarse al veto «cínico» impulsado en el Senado por CiU y apoyado por el PP.

Por su parte, el vicepresidente Pedro Solbes -presente en la votación- descalificó el veto con el argumento de que «va en contra de los intereses de los ciudadanos y se debe a «la proximidad del periodo electoral». Mientras tanto, el secretario general del PP, Ángel Acebes, interpreta que la decisión del Senado demuestra que la legislatura va a finalizar con una perspectiva de «inestabilidad» en los apoyos del Gobierno, que se suma, aseguró, a la «falta de política y de modelo económico».

Difícil votación

De hecho, el PSOE no tendrá fácil esta vez ganar la votación del Congreso. El artículo 122 del Reglamento precisa que para levantar el veto es necesario el voto contrario de la mayoría absoluta, lo que supone 176 votos. Si no se alcanzase dicha mayoría, habría una segunda oportunidad a través de la mayoría simple en una nueva votación que debería celebrarse dos meses después de su interposición en el Senado, lo que en este caso no sería posible, ya que las Cortes se disuelven en enero por la convocatoria de las elecciones. En principio, el PSOE tiene seguros los apoyos del PNV, BNG y la Chunta Aragonesista, con los que suma 174 diputados. Para llegar a la mayoría absoluta necesitará, por lo tanto, a los diputados tránsfugas del PP -Joaquín Calomarde- y CC -Román Rodríguez-. Con esos votos, los socialistas salvaron «in extremis» (hace mes y medio) el primer debate sobre las cuentas públicas y la reprobación (hace quince días) de la ministra de Fomento. Pero ahora la situación es distinta -y más difícil, si cabe- para el PSOE, ya que hace falta la mayoría absoluta. Además de asegurarse los votos de esas minorías y los dos tránsfugas, el grupo mayoritario necesita que no falte ningún diputado que le pueda apoyar, tanto del PSOE como de sus aliados.

El juez acusa a altos cargos en la época de CiU de cobrar comisiones a constructores

Pere Ríos/ elpais
Barcelona

Un contratista pagó el 20% a una empresa de la Generalitat para poder rehabilitar viviendas

Pasqual Maragall se quedó muy corto cuando en febrero de 2005 acusó a CiU de cobrar comisiones del 3% en las obras públicas que contrataba. Un juez de Barcelona considera que en 2003 un constructor pagó comisiones del 20 % cuando trabajó para Adigsa, una empresa de la Generalitat de Cataluña que rehabilita viviendas sociales. Todos los directivos de Adigsa de aquella época están a un paso de sentarse en el banquillo después de que el juez les haya acusado de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.

El órdago que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU apenas duró unos minutos porque los nacionalistas amenazaron con romper la baraja para reformar el Estatuto. Sin embargo, ajeno a esos vaivenes políticos el fiscal jefe de Cataluña de la época, José María Mena, abrió diligencias al día siguiente. Solicitó del tripartito toda la documentación necesaria para verificar la acusación realizada por Maragall y recibió centenares de documentos intrascendentes. Al final, la investigación quedó limitada a la empresa pública Adigsa, que había pasado a manos de Iniciativa per Catalunya Verds con el cambio de Gobierno.

La fiscalía se querelló y ahora, al cabo de dos años, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha dado por concluida la investigación y ha dictado un auto en el que aprecia la existencia de indicios de diversos delitos. El juez responsabiliza a ocho personas, entre ellas los máximos responsables de Adigsa entre 2002 y 2004, cuando sucedieron los hechos.

Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, en aquella época presidente y consejero delegado de Adigsa, respectivamente, figuran entre esa relación de imputados. Falcó es actualmente primer teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Badalona. Del mismo modo, el juez imputa al arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa, así como al responsable económico de la compañía, Xavier Sala.

El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata numerosas irregularidades en el proceso administrativo de concesión de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa. En teoría debía elegirse entre tres ofertas posibles, pero en la práctica se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo necesario y legal.

El juez describe que José María Penin era "la persona alrededor de la que giraban todos los hechos objeto de investigación, así como las irregularidades que se producen en relación a los expedientes de contratación". Penin nunca estuvo contratado por Adigsa, pero era quien "contactaba con los empresarios" y simulaba tener "cierto poder" en la empresa, afirma el juez. Era Penin quien llevaba a los empresarios a ver los pisos a rehabilitar y quienes les entregaba las llaves para que se iniciasen las obras "sin realizar ningún tipo de expediente previo".

La resolución judicial explica que Penin hacía empezar las obras a los empresarios con carácter de urgencia dentro del marco del llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos por el partido en el Gobierno autónomo, Convergència i Unió". Cuando las obras se estaban acabando o ya estaban acabadas, sigue relatando el magistrado, "se hacía toda la documentación del expediente de forma ficticia, como si hubiera habido ofertas de varias empresas con la finalidad de darle apariencia legal". Siguiendo su relato de los hechos, el juez precisa que fue precisamente Penin quien le pidió al constructor autónomo Juan Antonio Salguero Sánchez "que cargue en las facturas que confeccione un 20% más de lo que correspondería". De esta manera, el juez asegura que Penin y su cuñado, el también imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero "comisiones por importe de 60.000 euros".

También asegura que Honrubia facturó 48.000 euros por una obra realizada por Salguero y que se intentó que el también constructor A. Jiménez abonase 3.000 euros en concepto de comisión por cada uno de los pisos que se le adjudicaban para rehabilitar.

Cuando la fiscalía abrió diligencias, Penin declaró que el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, ahora portavoz de CiU en el Parlamento catalán

estaban al corriente de lo que sucedía en Adigsa. También explicó que los hechos eran conocidos por Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat. Sin embargo, cuando meses después compareció ante el juez, Penin se desdijo y exculpó a Puig.

El juez considera probado que Penin cobró de Adigsa 28.895 euros entre los meses de abril y octubre de 2003 por tasaciones de viviendas no realizadas. Añade el magistrado que Penin era la persona que debía realizar las tasaciones de las obras que se tenían que realizar en las viviendas que gestiona Adigsa, pero no consta que se haya realizado ninguna de ellas.

La resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona está fechada el 28 de junio, pero no fue notificada a las partes hasta hace apenas unos días. Las defensas anunciaron ayer que presentarían recurso contra esa decisión y que reclamarán del juez que se practiquen nuevas pruebas. Primero, ante el propio juzgado y posteriormente ante la Audiencia de Barcelona. Mientras no se resuelvan esos recursos la tramitación judicial del caso quedará paralizada. Esa función de retraso en el proceso judicial es la que en la práctica comporta prácticamente siempre la presentación de esos recursos, que acaban siendo rechazados.

Si en esta ocasión vuelve a ocurrir lo mismo, la fiscalía tendría entonces despejado el camino para presentar escrito de acusación y pedir la apertura de juicio oral. El juez atenderá entonces la petición y los ocho acusados se sentarán en el banquillo para responder de su actuación.