Rajoy: "El 'caso Guateque' ni beneficia ni perjudica a Gallardón"

Agencias/ elpais
Foto: Efe
Madrid

Pasan a disposición judicial los cinco detenidos en la segunda fase de la operación

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el caso Guateque "ni perjudica ni beneficia" a las posibilidades del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de integrar, o no, las listas electorales de su partido. En rueda de prensa para hacer un balance de la labor del Gobierno durante la legislatura, Rajoy se ha referido así, a preguntas de los periodistas, sobre si dicha operación puede afectar al alcalde en su deseo de acompañar al presidente del PP en la lista por Madrid.

El líder del PP ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto "al frente" de esta operación para "terminar" con los presuntos casos de corrupción en la concesión de licencias municipales y ha recordado que no hay dirigentes políticos afectados.

Mariano Rajoy también ha sido interrogado por la composición de las listas electorales de su partido y ha insistido en que será en enero cuando se conocerán, como ya había anunciado. Sobre lo que hará el 10 de marzo si pierde las elecciones, el presidente del PP ha afirmado que no se lo ha planteado y lo ve "muy lejano", pero ha insistido en que cuenta con unos principios en los que cree, conoce los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, tiene unos objetivos políticos y se presentará con un programa para conseguir dichos objetivos.

22 detenidos

Mientras tanto, los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos ayer en la segunda fase de la operación Guateque prestarán declaración hoy ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que se encuentra de guardia este viernes. Según fuentes jurídicas, el juez de guardia les tomará declaración en las próximas horas y deberá decidir sobre su puesta en libertad o ingreso en prisión para posteriormente remitir las diligencias, declaradas secretas, al juez instructor del caso, Santiago Torres, titular del juzgado de Instrucción número 32.

Los cinco detenidos, que se encuentran en las dependencias policiales de los juzgados de Plaza de Castilla a la espera de prestar declaración ante el juez, fueron arrestados ayer por la Guardia Civil en la segunda fase de la llamada operación Guateque que ha destapado en el Ayuntamiento de Madrid una red de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales en la capital.

Las detenciones se practicaron en la Gerencia de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las Juntas Municipales de los distritos de Salamanca, Chamartín y Carabanchel, donde también se practicaron nuevos registros en los que los investigadores se incautaron de material informático y diversa documentación. En la primera fase de esta operación, iniciada el pasado 14 de noviembre fueron detenidas otras 17 personas (16 funcionarios y un empresario). Los detenidos fueron acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa por formar supuestamente parte de una trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales comerciales y de ocio. El 23 de noviembre el juez Santiago Torres ratificó las ordenes de prisión para cinco de esos detenidos.

Búsqueda y captura para empresarios relacionados con la trama

El juez Santiago Torres ha dictado órdenes de búsqueda y captura para dos empresarios relacionados con la Operación Guateque, que investiga una presunta trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, y mantiene en los calabozos de Plaza de Castilla a los cinco detenidos en la segunda fase, después de tomarles hoy declaración, según fuentes de la investigación. La Guardia Civil está a la espera de detener en los próximos días a otro funcionario que se encuentra actualmente de vacaciones, sobre el que no existe riesgo de fuga. Torres ha interrogado a los detenidos ayer en la segunda fase de la operación, que aún permanece abierta, con la intención de emitir un auto de prisión contra todos ellos.

Concejales y cargos ordenaron acelerar expedientes de licencias en Madrid

José Antonio Hernández/ elpais
Madrid

La base de datos de la Concejalía de Medio Ambiente recoge recomendaciones por escrito para dar "prioridad" y "adelantar" más de 100 permisos

La Operación Guateque, el mayor caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, sigue bajo secreto sumarial. EL PAÍS ha tenido acceso a la base de datos de la concejalía de la que partieron las principales irregularidades para agilizar licencias de bares, restaurantes y salas de fiesta

Numerosas recomendaciones de altos cargos y concejales a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para agilizar determinados expedientes figuran recogidas por escrito en la documentación -más de 3.390 historiales administrativos- sobre la que ha puesto una lupa la investigación judicial del caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en la capital en toda su historia democrática.

EL PAÍS ha tenido acceso a una documentación que permite analizar pormenorizadamente los expedientes tramitados, en la Concejalía de Medio Ambiente, cuartel general desde el que se organizaron la mayoría de las irregularidades destapadas por la investigación policial y judicial. Fuentes cercanas a Medio Ambiente señalan: "Había hosteleros que se hacían tan pesados que se les adelantaba el expediente para no oírlos más. Pero, en otros casos, se les daba prioridad porque llegaban instrucciones de arriba, sin más", admiten.

En el Departamento de Medio Ambiente se produjo entre 2005 y 2007 -periodo que comprende la documentación a la que ha tenido acceso este periódico- un goteo de llamadas y avisos de varios concejales y altos cargos municipales pidiendo que se diese "prioridad" o se "adelantasen" expedientes de bares, restaurantes y salas de fiestas. Así lo revelan anotaciones hechas por los propios funcionarios de Medio Ambiente en la base de datos de los 3.390 expedientes que tramitó este departamento entre el 1 de enero de 2005 y el pasado 13 de noviembre. "Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal..."; "prioridad gerente JM [junta municipal] Salamanca"... Al menos en 131 expedientes analizados figura ese tipo de recomendaciones, y en al menos 11 casos son los concejales los que supuestamente dan la orden de priorizar o adelantar un expediente. En la mayoría de los casos, el técnico encargado de la tramitación de la licencia es Victoriano Ceballos, un funcionario al que colocó a dedo el PSOE -es cuñado de un ex concejal socialista- y que está encarcelado como supuesto cabecilla de la trama.

La base de datos no acredita que las órdenes de los superiores sean fruto de intereses ilícitos, matizan fuentes cercanas a Medio Ambiente. "Pero lo cierto es que llamaban o pasaban notas: una veces justificadas; y otras, no", señalan.

Las diligencias que instruye el juez de Madrid Santiago Torres sobre la trama de corrupción continúan secretas. El juez investiga, de momento, 187 expedientes. Básicamente, se ha centrado, por ahora, en aquellos que son mencionados por los implicados de la Operación Guateque en las conversaciones telefónicas que les interceptó la Guardia Civil.

Pero no es descartable, al hilo de las decenas de denuncias de empresarios hosteleros que han empezado a llegar a su juzgado, que Torres solicite todas las licencias del periodo investigado: desde enero de 2005 hasta el pasado noviembre.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, indicó al estallar este escándalo que, con los datos que había en la causa en ese momento, no cabía hablar de "conexiones políticas". Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PP, que gobierna el municipio, han aprobado la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades sobre lo ocurrido. Casi todos los encausados están presos porque sus nombres son mencionados en conversaciones en las que se oye a funcionarios -principalmente, al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández- hablar del cobro de comisiones a cambio de acelerar o retrasar informes medioambientales, necesarios para lograr una licencia.

Un análisis de los 3.390 expedientes revela cómo algunas licencias se tramitaban en cuestión de semanas y otros tardaban más de un año. Con una precisión: adelantar un expediente supone una alteración en los turnos y saltarse otros más antiguos.

"Yo soy Medio Ambiente"

Este periódico ha constatado, de entre las 3.390 licencias tramitadas en los últimos dos años, que lo que se indica en la base de datos es falso en al menos tres casos. Tres hosteleros consultados al azar han reconocido que pagaron comisiones a Victoriano Ceballos. Uno le dio 2.000 euros; otro, 6.000, y el tercero, 2.500. No han querido facilitar sus nombres. Se observa que sus expedientes han sido aprobados sin pegas pese a que ellos admiten que sus negocios no cumplen la "estricta normativa para nuevos locales".Coinciden, además, en que sus expedientes, a partir del momento en que pagaron a Ceballos, se resolvieron con gran celeridad. En uno de los casos, el hostelero tardó apenas una semana en obtener la luz verde medioambiental; en los otros, algo más de un mes. Lo habitual es que se tarde más de un año.Los funcionarios de Medio Ambiente, entre ellos los tres encarcelados, se repartían las áreas: locales de hostelería y salas de fiesta, demoliciones de edificios... Lo concerniente a restauración lo tramitaba Ceballos, que figura en casi todas las licencias relacionadas con esta actividad. "Yo soy Medio Ambiente", era la frase preferida de Ceballos cuando algún hostelero le planteaba problemas medioambientales para abrir su establecimiento. Ceballos era un especialista en resolver licencias. Veía el local, comprobaba que no reunía los requisitos y comentaba: "No cumples esto, ni esto ni esto. Pero, tranquilo, se puede resolver. Cuesta 3.000 euros". No decía que el dinero fuese para él: insinuaba que era para otro funcionario. De la noche a la mañana solventaba problemas que constituían verdaderos quebraderos de cabeza para otros. Por ejemplo, la posibilidad de colocar más mesas de las permitidas fuera del local. Si el Ayuntamiento sólo permitía 20 mesas, él conseguía un papel oficial autorizando el doble o el triple.A estos hosteleros le asombra la tranquilidad con que un funcionario les pedía dinero. Es más, daba sin rubor tarjetas con su correo electrónico, fax y teléfonos en los que localizarle en su puesto de trabajo: el departamento de evaluaciones ambientales del Ayuntamiento.