Urbanizaciones 'inurbanas'

Ramón Folch/ elperiodico
Viñeta: Martín Tognola

• La mayoría de zonas parceladas tienen poca calidad urbana y una baja pertenencia territorial

"Este hombre urbano se ve fácilmente embaucado por cualquier promotor sin escrúpulos que le vende una parcela empinada, mal orientada y sin agua donde, no por nada, el hombre rural nunca levantó edificación alguna. Por eso crecía en ella el bosque, y es por ese conjunto de desgraciadas circunstancias por lo que ahora el hombre urbano, codiciando el bosque, contribuye a destruirlo levantando una mala casita en un lugar bello para ver, pero incómodo para vivir".

Hice estas expeditivas consideraciones en un montaje audiovisual con guión conjunto de Manuel Cervera y Rafael Balada. Se llamaba L'home i la natura. Hoy tal vez se llamaría Les dones i els homes i la natura, aunque el nombre sensato seguramente debería haber sido Els humans a la natura. A la vista está, pues, que tiene años. Muchos, más de 30: es de 1977. Era uno de los materiales generados por la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural del Congrés de Cultura Catalana. Lo cito ahora porque, a pesar de su tono encendido, propio de la época y de mi edad de entonces, describe una realidad que bien poco ha cambiado tres décadas después.

Tan poco, que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya acaba de aprobar --ya era hora-- un anteproyecto de ley de mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos. Más claro, imposible. Si una urbanización tiene tantos déficits urbanísticos que precisa una ley correctora es que no es una urbanización. Pues en tales condiciones tenemos algunos centenares de ellas. Centenares de urbanizaciones inurbanas con 30, 40 y hasta 50 años de impávida trayectoria. Una vergüenza.

El anteproyecto de ley parte de la constatación de que en Catalunya hay unas 2.300 urbanizaciones, de las que 400 ocupan suelo legalmente no urbanizable. Digo legalmente, porque gran parte de las 1.900 legales ocupan suelo lógicamente no apto, tampoco, para la urbanización. Solo un par o tres de centenares, a lo sumo cuatro, están donde pueden estar, si aplicamos una buena lógica territorial y urbanística, atendiendo criterios de pendiente, cubierta vegetal, conectividad, orientación cardinal, etcétera. Baste pensar que hay unos 900 municipios en Catalunya: tocan a casi tres urbanizaciones por municipio, un despropósito.

Los promotores de la época compraban suelo rústico por hectáreas, le metían cuatro viales mal asfaltados y lo vendían a tanto el palmo cuadrado. Vendiendo a 50 tan solo la mitad del suelo que habían comprado a uno, los promotores se enriquecían, claro está. Un negocio redondo. Las acometidas de agua y electricidad, el alcantarillado, la depuración de aguas residuales, la recogida y tratamiento de residuos y otros componentes básicos del proceso urbanizador eran elementales, insuficientes o sencillamente inexistentes. Eso amén de lagunas oceánicas en la fisiología urbana básica: densidad mínima deseable, transporte público, accesibilidad, equipamientos comunitarios, etcétera. Por eso buena parte de esos espacios urbanizados permanecen sin edificar.

Llamamos intensidad energética a la relación entre la energía consumida por un sistema económico y el PIB generado. De igual modo, podríamos hablar de intensidad territorial. ¿Cuánto territorio urbanizado tenemos para generar el PIB que generamos? Nuestra intensidad energética es inquietantemente alta (demasiada energía para tan modesta producción) y aumenta, en tanto que la media europea es menor y sigue bajando. Con la intensidad territorial, más de lo mismo. En los 900 núcleos municipales compactos (en la práctica, en los 400 mínimamente grandes) viven 6,5 millones de personas; en las 2.300 urbanizaciones, solo 625.000. Una intensidad territorial demasiado alta.

Los conflictos territoriales que de ello se derivan son considerables porque, más aún que las clamorosas deficiencias en los servicios, las urbanizaciones adolecen de un grave problema de concepto. Su baja densidad y su alta dispersión distorsionan la movilidad: alta demanda viaria, muchos coches llevando poca gente y grandes consumos de gasolina (que inciden sobre la alta intensidad energética...). También generan serias dificultades de gestión municipal sobre un espacio urbanizado demasiado extenso (alumbrado público, recogida de residuos, etcétera). Podríamos seguir con la baja cohesión social, con la falta de identificación de los parcelistas con su municipio o con la problemática de los fuegos forestales, pues muchas de las parcelas, inadecuadamente inmersas en pleno espacio forestal, son un quebradero de cabeza cuando se declara un incendio.

Por todo ello pienso que el aspecto más interesante del anteproyecto de ley es la puerta que abre a una reducción del espacio urbanizado, al menos a costa de las parcelas aún no construidas. Creo que deberían plantearse reagrupamientos y compactaciones. La esencia del urbanismo, al fin y al cabo, es concebir y financiar mecanismos para hacer posible este tipo de cosas. Son las que lleva a cabo cualquier plan parcial reagrupando tenencias y repercutiendo costes y beneficios marginales. Me parece muy bien que los poderes públicos traten de ayudar a los parcelistas para que vean superadas las deficiencias en sus falsas urbanizaciones, pero más necesario todavía me parece reducir nuestra exagerada intensidad territorial. De lo contrario, no pasaremos de legitimar el despropósito y de subvencionar su mantenimiento.

El Govern precisa las zonas del alquiler forzoso de pisos

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• La ley promueve censos y planes de inspección de los inmuebles vacíos

La posibilidad de la Administración de expropiar temporalmente un piso permanentemente desocupado en zonas de alta demanda de vivienda para ponerlo en alquiler forzoso durante cinco años se mantendrá en el proyecto de ley de acceso a la vivienda en Catalunya. Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Govern presentaron ayer siete enmiendas que modifican cuatro artículos del proyecto para adaptarlo a las exigencias del Consell Consultiu y asegurar que la medida sea constitucional.

La diputada de ICV y ponente del proyecto, Dolors Clavell, recalcó ayer que el Consultiu no consideró inconstitucional la medida del alquiler forzoso, sino la forma de aplicarla, por falta de garantías jurídicas y por atentar contra el criterio de igualdad ante la ley de los propietarios afectados al no existir criterios claros que determinen en qué zonas y en qué condiciones se aplicará.

Lista de criterios

Las enmiendas del tripartito añaden un nuevo artículo con los criterios que se utilizarán para delimitar las áreas que pueden ser declaradas como de demanda residencial fuerte y acreditada: "La proporción de personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial y el número de viviendas disponibles o el suelo urbanizable disponible; la densidad demográfica de la zona; la necesidad de vivienda derivada de su situación geográfica y económica y los precios de alquiler".

Para superar la falta de igualdad entre propietarios, el nuevo artículo añade que en estas áreas se harán inspecciones para detectar las viviendas desocupadas y se elaborará un censo de las posibles propiedades afectadas por el alquiler forzoso.

Entre las garantías jurídicas que se añaden, se modifica y divide el polémico artículo 42.6. En la primera parte se deja claro que antes del alquiler forzoso tiene lugar la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad, que incluye un "expediente contradictorio" (en el que el propietario puede alegar en contra). La segunda parte concreta más el procedimiento de expropiación temporal y las fórmulas para valorar la indemnización que le corresponde al propietario por el derecho de usufructo, como proponía el Consultiu.

En definitiva, el tripartito se mantiene en su posición inicial y no da el brazo a torcer en este tema, que cuenta con el rechazo frontal de PP y CiU. El primero ya ha presentado una nueva enmienda que exige la supresión del 42.6. CiU esperará hasta el lunes para fijar su posición definitiva, pero ayer su portavoz parlamentario, Oriol Pujol, ya calificó la decisión del tripartito de "posición ideológica", aseguró que en ningún momento la mayoría ha pretendido negociar con su grupo y añadió que "la complejidad de las enmiendas" es otra demostración de que esta medida "será inaplicable".

Alquileres forzosos, debate estéril

Sandra Barneda/ elperiodico

Decir que tener acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional no es ninguna novedad. Debería ser cumplido, respetado y peleado como otros artículos de la Carta Magna que en los últimos tiempos han sembrado un abrasivo debate político. Tras la solicitud de CIU y PP, esta semana, el Consell Consultiu ha dictaminado como inconstitucional el artículo sobre la expropiación de pisos vacíos de la ley catalana de la vivienda por vulnerar el principio de igualdad. La mecha ha vuelto a prender.

Sin querer entrar en el debate y respetando el dictamen del Consell, me pregunto: ¿cómo es posible que países con una sobrada tradición democrática puedan estar aplicando medidas similares al polémico artículo? En Francia, por poner un ejemplo, la ley de exclusión social de 1998 contempla que los ayuntamientos pueden requisar viviendas en casos extremos si llevan más de 18 meses vacías. Durante la requisa, el propietario recibe una indemnización, cantidad menor a la que recibiría si lo pusiera él personalmente en alquiler. Italia, Reino Unido u Holanda cuentan con leyes similares para combatir la especulación.

Comprar un piso se ha convertido en una inversión de rentabilidad y seguridad mayor que la bolsa. Hay quien juega a las casitas como quien juega al Monopoly. Catalunya es la tercera comunidad con mayor número de pisos vacíos. Solo en Barcelona hay más de 30.000. ¿Qué sentido tiene un piso vacío y a quién beneficia? A menor oferta, mayor beneficio. El precio medio de un alquiler en Barcelona sobrepasa ya los 800 euros. El acoso inmobiliario, la descontrolada sobreocupación de las viviendas, los llamados pisos patera o los alquileres por días a turistas son un reflejo de que la vivienda en nuestro país ha olvidado su función social en pro del puro beneficio económico.

Espero que a partir de aquí se evite el debate estéril y el Parlament apruebe, antes de final de año y por unanimidad, la ley de derecho a la vivienda, pionera en España en medidas que se acercan mucho al espíritu constitucional del derecho a una vivienda digna.

CiU y PP condicionan su apoyo al Pacto Nacional de la Vivienda a la supresión del alquiler forzoso

Agencias/ lavanguardia
Barcelona

El tripartito anuncia que modificará el controvertido artículo pero que no lo suprimirá

Los grupos parlamentarios que apoyan al Govern anunciaron hoy que el artículo 42.6 del proyecto de ley del derecho a la vivienda -que permite la expropiación del usufructo de pisos vacíos para incorporarlos al mercado de alquiler- será modificado atendiendo a las apreciaciones del dictamen del Consell Consultiu, pero no se suprimirá la medida.

Este posicionamiento hace prever que CiU y PP permanezcan fuera del Pacto Nacional de la Vivienda, en tanto que las dos formaciones anunciaron hoy que no aceptarán otra salida que no sea la supresión del artículo 42.6 del proyecto. Ciu apuntó que podría aceptar una "modificación significativa" del texto.

Mientras CiU y PP consideran "inequívoco" que el dictamen del Consultiu "declara inconstitucional" la expropiación forzosa de pisos vacíos, los socios del tripartito interpretan, en cambio, que este organismo jurídico sólo cuestiona la "metodología" prevista para definir los casos en que se puede expropiar.

El Govern ha negado la nueva ley de vivienda quede "desnaturalizada" pese a la modificación anunciada. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el conseller de Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura ha afirmado que el dictamen del Consultiu "en ningún caso cuestiona la esencia y el grueso político" de la nueva ley, una de las "más avanzadas" de Europa.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aseguró incluso que el dictamen "no supone ningún correctivo" al proyecto de ley porque "no cuestiona la constitucionalidad" de la medida concreta del alquiler forzoso, sino que sólo "advierte de la discrecionalidad" que introduce la ley al establecer esta medida para casos de una "demanda residencial fuerte y acreditada", concepto que se considera ambiguo.

Mañana mismo, Ridao entregará a la secretaria general de Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, su propia propuesta de modificación del artículo, en la que -explicó- introduce ciertos "parámetros" para definir esta demanda y concreta la "metodología" de "inspección" para determinar qué viviendas vacías deben incorporarse al mercado de alquiler.

El portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, consideró que el dictamen "no cuestiona el alquiler forzoso", y anunció también que se adaptará el redactado del artículo 42.6 a través de una enmienda conjunta entre PSC, ERC e ICV-EUiA con las "garantías que el Consell Consultiu especifica". "Corrección no es eliminación", zanjó Bosch.

El diputado del PSC Roberto Labandera abogó también por "modificar" la ley para "dar las máximas garantías" jurídicas, de acuerdo con que "se mantenga" el artículo concreto. Destacó que el informe del Consultiu "valida la constitucionalidad de la ley" en su conjunto y "sólo hace referencias a dos puntos de un artículo concreto".

CiU acusa a Montilla

En cambio, el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, expresó la "satisfacción" de su federación por que el dictamen haya "dado la razón" a sus tesis, y reclamó al conseller de Medi Ambiente i Habitatge, Francesc Baltasar, que "lidere la supresión del artículo 42.6 del proyecto" para poder sumar a CiU al acuerdo para esta ley y para el pacto nacional.

Pujol acusó a los tres socios del Govern de "haber perdido dos meses" con la tramitación de este proyecto para dejar "que sus discrepancias internas las resolviese el Consell Consultiu". Para él, "ante una incomodidad manifiesta" del presidente de la Generalitat, José Montilla, con la medida del alquiler forzoso introducida en el proyecto de ley por el conseller de ICV-EUiA, el presidente "prefirió doblegarse y acogerse a lo que pudiera decir el Consultiu".

"Serio correctivo", según PP

La portavoz parlamentaria del PP, Carina Mejías, advirtió también de que no aceptarán otra salida que no sea suprimir el artículo 42.6 para sumarse al acuerdo para esta ley y para el pacto de Vivienda. Al contrario que Ridao, consideró que el dictamen supone "un serio correctivo a la conselleria" al "declarar inconstitucional" el alquiler forzoso, porque vulnera "el artículo 33 de la Constitución, sobre el derecho a la propiedad", dijo.

Mejías interpretó que el Consultiu denuncia que el proyecto de ley "vulnera el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y el juicio de necesidad" que hace la ley sobre esta medida, por lo que confió en que "el Govern haga caso" a la institución jurídica. Para ella, el dictamen "es un toque de atención" al Govern para "apelarle a elaborar sus normas de forma rigurosa" sin necesidad de "acudir siempre al Consultiu" para juzgar su constitucionalidad.

El diputado de C's José Domingo condicionó el voto de su grupo a la ley a que se retire la medida de la expropiación forzosa "o la modificación significativa de este precepto", de forma que "sea compatible con la propiedad privada y los valores constitucionales".