El alcalde de Totana diseña desde la cárcel un folleto de los presupuestos de 2008

Agencias/ 20minutos

El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ha diseñado desde la prisión de Sangonera, donde se encuentra recluido desde hace hoy un mes, un folleto explicativo de los presupuestos municipales para 2008, que está ya en la imprenta y se distribuirá en breve a los totaneros.

El portavoz del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Totana, José Antonio Valverde Reina, aseguró que se trata de una muestra de la fortaleza de ánimo en que se encuentra el alcalde, único imputado en la investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Totana que se encuentra en prisión.

Según José Antonio Valverde, el alcalde está animado, fuerte, con ganas de salir en libertad para "mirar a los ojos" a los vecinos y dar explicaciones sobre lo ocurrido, y con especial optimismo a raíz de cambiar de abogado.

Los nuevos letrados que han asumido la defensa de Martínez Andreo, y que sustituyen al murciano José Antonio Ramos Calabria, son del despacho catalán González Franco, especialista en derecho penal, lo que ha acrecentado las expectativas del alcalde y de su mujer.

Valverde dijo que el alcalde es un "tigre político" que está "fuerte" y tiene "las ideas muy claras" sobre lo que desea para él y su municipio, lo que no impide -comentó- que sufra momentos de desánimo cuando piensa en su hijo de cinco años y en cómo le explicará su ausencia de casa, afirmó.

Mientras sus compañeros de corporación están trabajando con "normalidad" para "no defraudar" a Martínez Andreo y hacer que éste "se sienta orgulloso" de ellos a su salida de la cárcel.

De hecho, dijo, este fin de semana tienen previsto reunirse con la mujer del alcalde para conocer la estrategia legal diseñada por los nuevos abogados de Martínez Andreo, que llegan hoy a Murcia y que, tras acudir a la prisión, pretenden hablar con el fiscal y la jueza encargada de la investigación.

"Martínez Andreo estaba obsesionado con el futuro de Totana y había hecho millones de actuaciones", dijo Valverde.

Por otra parte, el portavoz popular negó que el ayuntamiento haya contratado al abogado Javier Cegarra para defender a la corporación en un contencioso de un vecino contrario a la aprobación provisional del Plan General, como aseguró ayer en un comunicado Izquierda Unida.

Según Valverde, Cegarra es el abogado del ayuntamiento y a raíz de su imputación en la operación Totem presentó su renuncia al cargo, aunque está a la espera de que se contrate un nuevo asesor legal.

Sobre Totana

Juan Goytisolo/ elpais

A fines de los cincuenta de la pasada centuria, escuché en una improvisada sesión de canto de los mineros de La Unión, no sé si por tarantas o por cartageneras, una letra que rezaba: "Los pícaros tartaneros / les robaron las manzanas / a los pobres arrieros / que venían de Totana". La villa murciana, entonces rudimentaria y bella, no tenía nada que ver con la que conocemos hoy. El progreso es, a menudo, un arma de doble filo.

Medio siglo después, a la luz de lo que leo en la prensa, sugiero a los responsables del Festival de las Minas que introduzcan en la letrilla la siguiente modificación: "Los pícaros urbanitas / asociaron a su trama / al alcalde y a sus listas / de corruptos de Totana". El público, sin duda, lo apreciará.

Encarcelan al alcalde de Totana por su implicación en la trama de corrupción

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La Sala de la Sección tres de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso interpuesto por la representación procesal del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, contra la resolución de tres de diciembre, por lo que confirma la prisión incondicional del edil por su implicación en el caso de corrupción urbanística.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en un comunicado de prensa, se considera que existen indicios racionales de la participación de José Martínez Andreo en la ejecución de la trama urbanística en la que está implicada del Consistorio, según se desprende de las pruebas que se refieren en el auto reservado.

En función de la gravedad de las penas, continúa el comunicado de prensa del TSJ, previstas para los delitos antes mencionados procede mantener la situación de prisión provisional, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, pues en el momento procesal en que se encuentra, en fase inicial de la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos, se considera dicha medida "proporcionada y justificada" en tanto que permiten cumplir los fines previstos en los preceptos aludidos.

Con ello se impide "que el recurrente interfiera, oculte o destruya las fuentes de prueba, al tiempo que se evita que pueda sustraerse a la acción de la justicia por la gravedad de los hechos. Contra el auto de la Audiencia no cabe recurso ordinario alguno".

Por el momento, el Gobierno regional no retirará las competencias en materia de Urbanismo al Ayuntamiento de Totana porque "no hay indicios suficientes para poder actuar de una forma tan contundente", ha señalado el consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, De Heras afirmó que a día de hoy y por lo que sabe y conoce del caso "no hay ninguna evidencia de que haya alguna irregularidad urbanística en el ayuntamiento de Totana", aunque el Gobierno "estará vigilante y no elude tomar decisiones cuando proceda pero no antes".

"Para intervenir competencias en un ayuntamiento hay que tener muy probados los hechos, y tienen que ser reiterados y graves", dijo de Heras, quien agregó que el Gobierno regional es "responsable con lo que hace" y es "prudente". Según el consejero, "las medidas tienen que ir a su tiempo y no al arbitrio de una presión por un interés partidista", y señaló que el Ejecutivo autonómico "no va a golpe de iniciativa, pensando en cual puede ser su repercusión, como otras formaciones políticas que tienen su interés fijado en otro tipo de rédito, como el desgaste del PP".

Con respecto a la desestimación, por parte de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, del recurso de apelación contra la prisión incondicional del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, indicó que el Gobierno regional es "respetuoso" con las actuaciones de la Administración de Justicia. "La obligación del Gobierno es garantizar a los ciudadanos de Totana la plena normalidad institucional", afirmó De Heras, quien señaló que no le corresponde al Gobierno regional pedir al alcalde que deje su cargo.

Añadió que "desde las instancias que proceda se tomarán las medidas que se deban tomar", y aseguró que tanto el Ejecutivo murciano como el PP están haciendo "lo que tienen que hacer con suma prontitud y diligencia, y sin evitación de tomar las decisiones que se deban tomar".

El peor ejemplo

EL PAÍS

El PP prefiere no actuar contra la corrupción en Totana. ¿Cuántos casos más hacen falta?

Dos operaciones contra la corrupción urbanística han provocado la detención del alcalde de la localidad murciana de Totana, José Martínez Andreo, del PP, y de otras 11 personas, entre ellas la secretaria municipal y el jefe de la Policía Local, acusadas de cohecho, falsificación de documento público, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de dinero. La gravedad de las acusaciones, sostenidas por la actuación de la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, tiene dos lecturas inmediatas. La primera recuerda las enormes proporciones que ha adquirido el delito urbanístico en los ayuntamientos y la consiguiente pérdida de credibilidad de las autoridades locales ante la opinión pública. Existe el riesgo evidente de que los ciudadanos identifiquen a los cargos locales con el latrocinio, el enriquecimiento ilegal y la destrucción del paisaje urbano. La segunda es más positiva, puesto que las instituciones públicas encargadas de fiscalizar el desempeño de comunidades y ayuntamientos están demostrando una notable eficacia.

Pero de nuevo aparece en el caso de Totana un elemento político perturbador. El Partido Popular no sólo no se escandalizó de que un afiliado suyo esté (presuntamente) implicado en una trama corrupta -actitud que hubiera llevado a la expulsión inmediata del partido-, sino que, por boca de Eduardo Zaplana, llegó a insinuar que la detención de sus militantes se debía a un perverso interés del Gobierno en desprestigiar al primer partido de la oposición. Como en los casos de Telde o Andratx, el PP niega la realidad bajo el falso principio de que sólo se debe actuar políticamente contra las personas con sentencia firme.

El PP se equivoca al confundir responsabilidad penal con responsabilidad política. Otros partidos que afrontaron y afrontan casos de corrupción -la delincuencia urbanística no es patrimonio de ningún grupo en particular- reaccionaron con la expulsión de los implicados y transmitieron el inequívoco mensaje de que los servidores públicos implicados judicialmente en casos delictivos deben abandonar la vida política, por respeto a los votantes. La doctrina de los populares no trasluce la misma firmeza y desdice su reiteradamente proclamado compromiso contra la corrupción.

El PP de Murcia acepta la baja de militancia del alcalde de Totana y del anterior primer edil

Javier Adán/ elmundo
Foto: Javier Adán
Murcia

La finalidad de esta medida es evitar que el caso se utilice como arma política

El Partido Popular de Murcia reunido en sesión extraordinaria de su Junta Directiva ha aceptado dar trámite a la solicitud de baja voluntaria de militancia presentada por José Martínez Andreo, alcalde de Totana, y de Juan Morales Cánovas, diputado Regional y ex alcalde de Totana.

José Martínez Andreo, alcalde de Totana, está recluido en prisión preventiva sin fianza. Así lo ha decretado la jueza titular, María Asunción Navarro, del Juzgado número uno de la localidad, tras tomarle declaración durante casi 14 horas sobre la supuesta trama urbanística de blanqueo de dinero y comisiones por recalificación, detectada por la Guardia Civil.

En el comunicado emitido por la Junta del PP murciano se afirma que también "Se acepta la baja cautelar en la militancia del Partido Popular de Juan Morales Cánovas, diputado Regional y ex alcalde de Totana, de tal forma que pueda emprender sus acciones legales de modo particular". El diputado Juan Morales está en el 'ojo del huracán' de las actuaciones policiales, según fuentes próximas a la investigación.

Según la Junta Directiva del Partido Popular de la Región de Murcia esta medida tiene como fin realizar una defensa independiente y ajena a cualquier tipo de estrategia política que trate de perjudicar el buen nombre del Partido Popular.

La dirección regional del Partido Popular asegura que se ha reunido con el equipo de Gobierno municipal a fin de garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento de Totana así como la normal organización interna del PP local, para lo que se pondrán en marcha los mecanismos estatutarios precisos.

Por otro lado, el Partido Popular "se reserva todo tipo de acciones incluidas las legales, en defensa de los intereses de la formación, de sus militantes y el buen nombre de la Región de Murcia".

"Además del establecimiento de estas medidas, el Partido Popular quiere manifestar su más profunda convicción de que sólo una Administración de Justicia libre, desprovista de presiones e injerencias externas, es capaz de garantizar plenamente los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, entre ellos el secreto de sumario y la presunción de inocencia.En este sentido, el Partido Popular reclama la misma defensa que aplica en la vigilancia por el cumplimiento de las leyes y por la independencia judicial".

Del embargo al 'ladrillazo'

Primitivo Carbajo/ elpais
Vigo

Las oficinas centrales de un constructor implicado en una de las tramas de Totana fueron sacadas a subasta en 2004

Manuel Núñez Arias, el propietario de la empresa que supuestamente pagó comisiones al anterior consistorio de Totana para que recalificara los terrenos donde construir unas 5.000 viviendas, se especializó durante la crisis económica de la Transición en asesorar como abogado a empresas en suspensión de pagos. Entonces acumuló los conocimientos que le permitieron, en 2004, continuar en sus oficinas de Vigo, pese a anunciarse su subasta, y seguir viviendo en su lujosa casa de A Ramallosa tras sendos embargos de 1998 y 1999.

Sólo dos años después de la aparente ruina que indicaba la salida a subasta de sus oficinas, en septiembre de 2006, su grupo de empresas, Nuar, anunció una inversión de 570 millones de euros para urbanizar en Totana 2,2 millones de metros cuadrados. Curiosamente, dos de sus principales empresas, Conycase, que explota tres aparcamientos subterráneos en Vigo, y Senga, de productos de alimentación, acumularon pérdidas en los ejercicios de 2005 y 2006 por más de 1,5 millones de euros, según sus datos de registro.

Ejerció de abogado, y temporalmente de administrador del patrimonio del empresario granitero David Fernández Grande, después de que en 1994 fuera asesinado éste, junto a su esposa, una hija y la chica del servicio doméstico. Encaró el declive profesional que le sucedió entonces con una incursión en la intermediación inmobiliaria. En 1997 creó la sociedad Mediación, Asesoramiento y Gestión (Mega) con el "proveedor de oportunidades" y gran tiburón del sector en Vigo durante la última década, Pedro Costas Gil.

Rompieron dos años después y Núñez fundó Inmonuar, que en 2002 compró Autocares de Tenerife, S.A., de cuyos solares habría obtenido, al parecer, las plusvalías necesarias para la operación de Totana.

Algunos abogados consultados por este diario afirman que Núñez Arias traspasó hace ya muchos años la línea roja. "Pensó que si obtenía dinero para otros, podía utilizar sus conocimientos para obtenerlo directamente para sí. Y cuando se da ese paso, ya no se puede volver atrás. Es un negociante antes que un abogado".