Un juez admite a trámite la suspensión de pagos de Nozar

Cristina Caballero/ elmundo
Foto: Elena Ramón
Madrid

El titular del juzgado Mercantil número 2 de Madrid ha admitido a trámite la declaración de insolvencia presentada contra la inmobiliaria Nozar. El concurso de acreedores -antigua suspensión de pagos- ha sido instado por uno de sus acreedores, Avalatransa, que argumenta sucesivos impagos de facturas por parte de la inmobiliaria.

Nozar tiene ahora cinco días para oponerse a la solicitud de concurso. Después de que envíe sus alegaciones, se celebrará una vista oral con todos los interesados y se decretará el concurso de acreedores o, en caso de que Nozar pueda argumentar que puede pagar a los acreedores, el archivo. Si la inmobiliaria no alega nada en ese plazo, el concurso comenzará inmediatamente.

La deuda de la compañía controlada por la familia Nozaleda asciende, según el acreedor, a más de 4.000 millones de euros. Entre los impagados se encuentran principalmente entidades financieras, pero también todo tipo de pequeños proveedores que llevan meses sin cobrar.

De este modo, la insolvencia de Nozar se convierte en la segunda mayor de la historia en España, sólo superada por la de otra inmobiliaria, Martinsa-Fadesa, y por encima de la otra compañía del sector, Hábitat.

En su escrito, presentado ante el juez el pasado 24 de noviembre, Avalatransa se quejaba de que la "huida hacia adelante" que ha emprendido la inmobiliaria "provoca que la bola crediticia se acreciente día a día, de forma que cuando llegue el inevitable concurso nada quedará para los innumerables acreedores ordinarios". También denunció que Nozar estaba "liquidando ruinosamente su patrimonio" en beneficio de determinados acreedores.

Esta es la segunda vez que se solicita el concurso de acreedores de Nozar. El primer requerimiento se presentó, también por parte de Avalatransa, el pasado mes de marzo. En aquella ocasión, el juez Antonio Martínez-Romillo (que ahora trabaja en otro juzgado) consideró el concurso necesario "insuficientemente acreditado".

Richard Ellis dio por buena, sin comprobar, la valoración de Fadesa

Carmen Canfrán/ eleconomista

En el caso de Martinsa Fadesa aparece un nuevo protagonista en el escenario que se llama CB Richard Ellis y que es el encargado de realizar la valoración de los activos de la compañía. En el último informe, la consultora asegura que las propiedades de la promotora valían 10.804 millones de euros a 31 de diciembre de 2007, pero indica que para realizar esta valoración ha utilizado "información limitada o no comprobada".

De manera que la fiabilidad del informe, que cuantifica lo que valen esas propiedades, deja mucho que desear. Lo más sorprendente es que Martinsa Fadesa utiliza ese informe de valoración para justificar su solvencia patrimonial ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como se puede apreciar en el hecho relevante del 15 de julio, y ante el juez que lleva el proceso concursal de acreedores voluntario, como indica el auto.

Los detalles de la valoración

Pero vayamos por partes. Richard Ellis valora los activos de Martinsa Fadesa a 31 de diciembre de 2007, pero emite el informe de valoración el pasado 19 de junio para que se añada a las cuentas anuales de la sociedad. La firma señala que "han tenido en cuenta varias estimaciones" sobre la situación arrendaticia de los edificios, así como el estado urbanístico y de conservación de los terrenos de Martinsa Fadesa para llevar a cabo su valoración. En el siguiente párrafo, la consultora matiza esta ambigüedad, diciendo que de cara a la valoración se ha tenido en cuenta la información aportada por la sociedad sobre la titularidad y el estado urbanístico de la compañía.

Una declaración que remata la consultora cuando dice que "no han examinado" las copias de alquileres de los activos valorados, ni las cuentas de los gastos recuperables. Esa información la han conseguido de los datos que le ha dado la inmobiliaria, pero que no cuenta con "otra información legal" que le permita "confirmar la veracidad" de la información aportada por Martinsa Fadesa". Tampoco hay que obviar que dentro de la valoración se incluyen activos "que actualmente sean opciones de compra", es decir, que se han incluido terrenos que todavía no son titularidad de la inmobiliaria, aunque tienen una preferencia para adquirirlos.

Como se deja claro la subjetividad de la valoración, Richard Ellis se cubre las espaldas en el informe señalando que "si la información o las estimaciones sobre las que se basa la valoración se probasen incorrectas, las cifras de valor podrían ser, consecuentemente, erróneas". Una declaración que deja más en el aire los casi 11.000 millones que valen las propiedades de la sociedad. Para protegerse más y no asumir ninguna responsabilidad, la firma recomienda que antes de llevar a cabo cualquier transacción financiera basada en esa valoración, se deben verificar los datos y las estimaciones con las que ha hecho sus cálculos.

Un portavoz de la consultora señaló a este diario que el método de las valoraciones de activos se realiza de la misma manera en todos los mercados internacionales.

No existe regulación al respecto

Este tipo de informes se utilizan para demostrar lo que vale la compañía ante entidades financieras. Así, la empresa de Fernando Martín, al igual que el resto de sus colegas, utiliza estos documentos para justificar su solvencia patrimonial. "Martinsa Fadesa cuenta con recursos patrimoniales y organizativos suficientes (hace referencia a los casi 11.000 millones de euros) para afrontar en el medio plazo la coyuntura financiera negativa que le obliga a presentar una solicitud de concurso de acreedores voluntario", señala en el comunicado a la CNMV. Además, la compañía indica que su valoración recoge los criterios y riesgos de mercado a junio de 2008.

Lo que ocurre es que, ante el informe de valoración de Richard Ellis, un acreedor o un accionista se estará preguntando si realmente Martinsa Fadesa vale casi 11.000 millones y la siguiente duda que le vendría a la cabeza es si es legal el método que ha utilizado la consultora para valorar los inmuebles de la sociedad.

La respuesta es afirmativa, porque no hay una normativa jurídica que regule los métodos de valoración. Existe la institución Royal Institution of Chareted Surveyor (RICS) de Gran Bretaña, que creó un guión para valorar activos inmobiliarios, que se ha extendido por todo Europa, pero no tiene carácter sancionador. Richard Ellis realizó el informe de Martinsa Fadesa siguiendo las pautas que marca esa institución.

¿Es legal o ilegal?

El método RICS da por supuesto la titularidad de los terrenos, da por buenos lo datos de los estados urbanísticos de los suelos y las cifras de los alquileres que le aporte la compañía, explicó a este diario un consultor que cuenta con la titulación RICS.

Este mismo consultor indicó que cuando se hace la primera valoración de una compañía sí es obligatorio comprobar los datos. No obstante, explicó que verificar o no la información depende de la calidad que quiera darle el profesional al informe. De esta manera, se deduce que Richard Ellis no obró en desacuerdo con el RICS, que no cometió ninguna ilegalidad y que hay un vacío legal en este asunto. Por eso, el caso Martinsa-Fadesa no es aislado, sino que hay más ejemplos.

Por ejemplo, Jones Lang LaSalle valora los activos de Reyal Urbis en 10.500 millones de euros. En su informe señala que se ha dado por supuesto la titularidad de los terrenos. No hace referencias al hecho de comprobar los datos. El informe que realizó Richard Ellis sobre la valoración de Aisa contiene comentarios del mismo tipo, como comprobar los estados urbanísticos por vía telemática, no revisar contratos de propiedad y añade que es necesario que se verifiquen los datos para otras transacciones.

Martinsa-Fadesa: Más de la mitad de las casas no tienen licencia de obra

Susana Burgos/ lanacion

Más de la mitad de las 12.500 casas que Martinsa estaba construyendo carecían de licencia de obras. Es una de las graves irregularidades que han salido a la luz con la suspensión de pagos de la compañía presidida por Fernando Martín.

La fórmula a la que ha recurrido Fernando Martín no tiene precedentes en nuestro país; al menos en el caso de un empresario con su patrimonio, que otra cosa es que familias con pocos recursos se declaren judicialmente insolventes para evitar los embargos.

Los clientes de Martinsa-Fadesa creen conocer las razones que han llevado al presidente y primer accionista de la inmobiliaria a tomar esa decisión.

Según han contado a Intereconomía, a raíz de la presentación del concurso de acreedores el pasado 15 de julio, han descubierto que más de la mitad de las 12.500 casas que la compañía estaba construyendo carecían de licencia de obras.

Bien porque nunca se concedió, bien porque había transcurrido más de un año sin que las máquinas iniciaran los primeros trabajos de vaciado, lo que evidencia que 2007 no fue ni mucho menos un año de fuertes ventas para Martinsa-Fadesa.

De hecho, aunque sean 12.500 las viviendas inacabadas, entre las de precio libre y las VPO, los afectados apenas llegan a los 10.000 puesto que los 2.500 inmuebles restantes nunca llegaron a venderse.

El 80% de los contratos firmados, sin aval

Otra irregularidad con la que se ha topado buena parte de esos 10.000 afectados: los bancos se niegan ahora a ejecutar el aval por la entrada que dieron en su día -entre 20.000 y 80.000 euros, según la vivienda-.

El motivo es que la inmobiliaria de Fernando Martín nunca depositó el dinero en la cuenta corriente que figura en los contratos. Calculan las asociaciones que se han ido constituyendo en estas últimas semanas que el 80% de los contratos firmados no tiene aval.

Aunque están repartidas por toda la geografía española, las promociones inacabadas de Martinsa-Fadesa se ubican sobre todo en la Comunidad de Madrid, en Galicia, en Cataluña, Valencia y Andalucía.

Sólo quieren que les devuelvan el dinero

Muchas de las familias que habían comprado a un precio de entre 200.000 y 350.000 euros, ya no quieren el piso o el chalé; sólo que les devuelvan su dinero. Los que ven las obras más avanzadas, todavía albergan alguna esperanza.

El resto, la ha perdido, mas todos coinciden en el mismo diagnóstico: Fernando Martín ha suspendido pagos antes de que los administradores judiciales empiecen a tirar de la manta, a descubrir una irregularidad tras otra y decidan actuar contra el consejo de administración de la compañía con él a la cabeza.

Aisa se desploma

Reuters/ EP/ elpais
Madrid

Las acciones de la inmobiliaria caen en Bolsa tras la admisión del concurso de acreedores

Los títulos de Aisa han registrado hoy el mayor descenso del Mercado Continuo, un 9,4%, después de que un juzgado admitiese a trámite en la víspera la solicitud de situación concursal interpuesta contra la inmobiliaria por la aseguradora Asefa.

Las acciones de la inmobiliaria -que llegaron a cotizar a un precio mínimo histórico de 1,34 euros durante la mañana- han cerrado la sesión con un retroceso del 9,41% a 1,54 euros, en contraste con el alza del 1,58% que se ha anotado el índice general de la Bolsa de Madrid. El volumen de contratación de títulos de la compañía ha ascendido a 878.169 acciones, más de cinco veces la media de los últimos 90 días.

El mercado ha respondido así a la admisión a trámite, hecha pública ayer al cierre de mercado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la solicitud que Asefa presentó el pasado 14 de abril y que instaba a la inmobiliaria a declarar situación concursal (antigua suspensión de pagos).

La aseguradora requiere a Interlaken 2003 -participada del grupo inmobiliario- el cobro de un seguro firmado el pasado 29 de noviembre de 2005 de 1,3 millones de euros por el retraso en la entrega de unas viviendas.

Tras la admisión a trámite por parte de un Juzgado Mercantil de Barcelona de la solicitud de la acreedora, AISA dispone de cinco días hábiles para mostrar su conformidad. Fuentes de la compañía han indicado que de momento no iban a realizar ningún comentario al respecto.

El ladrillo retrasa los pagos

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• Inmobiliarias de todo tipo intentan alargar los plazos de su deuda, pero solo las que tienen más ingresos fijos, capacidad de venta o pueden convencer a la banca lo logran

El frenazo de las ventas de pisos, esperado por todos pero no con la fuerza con la que se ha producido, ha dejado casi sin liquidez a muchas empresas inmobiliarias españolas y sin capacidad de afrontar a su debido plazo los pagos de las grandes deudas contraídas con las entidades financieras.

Algunas inmobiliarias, y no precisamente las menos endeudadas, han conseguido que los bancos acepten refinanciar la deuda. Otras, como Colonial, además han visto cómo las entidades financieras incluso están dispuestas a entrar en el capital ejecutando las garantías que tenían por sus préstamos vinculadas a las acciones.

Ganar tiempo

Muchas otras han optado por presentar voluntariamente el procedimiento del concurso de acreedores para rebajar la presión de estos y, así, ganar tiempo para lograr vender las viviendas que habían previsto cuando se endeudaron y que ahora tardan más meses en colocar. Es una casuística muy amplia y variada en la que cada empresa es un caso. Así lo explican tanto bancos y cajas, como firmas de auditoría y consultoría, si se les pregunta por qué entidades financieras acuden al rescate de unas inmobiliarias y abandonan otras.

En los tres primeros meses del 2008 ha aumentado en un 87% la cifra de concursos de acreedores -equivalente a la antigua suspensión de pagos- pero el grueso de la subida se da en los sectores de construcción e inmobiliario. Solo en este trimestre se han presentado casi la mitad de concursos voluntarios que en todo el 2007, destaca un informe de Pricewaterhousecoopers.

Entre las insolvencias más sonadas del año pasado destacan las de empresas del grupo valenciano Llanera, con unos activos de 600 millones de euros. En este primer trimestre, las insolvencias en la construcción afectaron principalmente a las empresas de tamaño medio y grande. En la lista de las principales insolvencias figuran Seop (433 millones de euros de facturación), Cosmani y Labaro Grupo Inmobiliario (90 millones) o Jale (50 millones).

Una de las que se salvó de la quema in extremis fue la catalana Habitat, que logró renegociar una deuda de 1.500 millones de euros alargando dos años los plazos de pago. Dos grandes firmas catalanas como AISA y Fbex intentan renegociar a toda prisa su deuda, pero algunos acreedores ya han perdido la paciencia y amenazan con instar el concurso necesario para asegurarse que cobrarán al menos una parte.

"Los bancos apoyan a las empresas que presentan un plan de negocio creíble y realista con capacidad de devolver la deuda en un plazo más largo. Si transmiten esa credibilidad a la banca, esta les apoyará, porque prefiere que venda los activos la propia compañía que entrar en un proceso concursal y tener que hacerlo ella", explica un abogado especializado en el sector.

Las inmobiliarias que tienen activos en patrimonio con rentas que les generan ingresos tienen más facilidades para renegociar. Las que dependen casi exclusivamente del negocio residencial lo tienen peor que las que han diversificado su negocio en oficinas, comercios o VPO. También logran más comprensión bancaria los que disponen de suelo bien situado y listo para construir, frente a los que se han endeudado para pagar terrenos en los que se tardará mucho en poder edificar, o para financiar adquisiciones.

Las grandes constructoras puras tienen menos riesgo porque están menos expuestas al negocio residencial y disponen de fuentes de ingresos constantes, como las concesiones de servicios públicos. Analistas y consultores coinciden en que la banca actúa ahora con más flexibilidad que hace unos meses, cuando exigía cobrar de inmediato, porque se ha extendido el problema y no quieren convertirse en "gestores de piedras" de la noche a la mañana.

Más flexibilidad

"Prefieren preservar el valor del que lo tenga y cobrar más tarde", afirma un consultor. Otro añade: "Los bancos no siempre pueden salir, porque si cortan el grifo se quedan solo con piedras y este no es su negocio".

En el negocio inmobiliario el promotor capta dinero del banco, inicia las viviendas y le traspasa la financiación al comprador y crea así clientes para el banco. Con la crisis de agosto, se cerró el crédito para el promotor y para el comprador. Pero si no hay financiación, tampoco hay nuevos clientes para el banco. "En el fondo es un problema de crisis financiera", asegura un especialista en insolvencias.

Las firmas auditoras reconocen que la banca española salió bastante bien parada de la crisis en el 2007 y vaticinan que lo hará también este año gracias al mecanismo de estabilización puesto en marcha por el Banco de España que les obligó a incrementar mucho en los últimos años las reservas por impagos. Este fondo evitará ahora que las insolvencias afecten en exceso a sus balances.

Las valencianas Encoval y Temple suspenden pagos y dejan 2.500 viviendas sin terminar

F.M./ cotizalia

La sangría del ladrillo no para. Tras el concurso de acreedores de Grupo Lábaro, reconocido ayer, este martes son promotora Nou Temple y la constructora Encoval, ambas valencianas, las que se ven incapaces de afrontar sus pagos, dejando más de 2.500 viviendas sin terminar. Nou Temple cuenta con 23 promociones entre las que se cuentan alrededor de 1.500 viviendas mientras que Encoval roza las 1.000 viviendas en obra.

En un comunicado, Nou Temple, alega que “en las últimas semanas” no ha podido pagar a sus proveedores debido a una falta de liquidez, que está determinada por la “notoria crisis” de ventas del sector inmobiliario y por las “restricciones crediticias adicionales” de las entidades financieras.

La compañía ha destacado que ha optado por el concurso voluntario -presentado el pasado día 25 de marzo-, y no a instancias de sus acreedores, lo que le proporciona “más operatividad” en su gestión empresarial para poder entregar en plazo las 500 viviendas que tiene vendidas de un total de 1.500 en promoción.

Los administradores de la compañía confían, según la propia empresa, en poder subsanar esta situación “en un plazo de meses”, dado que el activo supera las deudas contraídas. En los próximos días, prevé comenzar las gestiones con los subcontratistas afectados, para que no se interrumpan las obras en curso.

En Valencia, Nou Temple tiene una trayectoria de más de 10 años y en este periodo ha entregado cerca de 5.000 viviendas. Sus previsiones, según su página web, eran duplicar esta cartera en 3 años con la puesta en el mercado de unas 5.000 viviendas entre la Comunitat Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares. Con una plantilla directa de más de 110 trabajadores, sus proyectos estrella son la urbanización Nou Castellnovo, en la provincia de Castellón y Nou Calicanto en la de Valencia.

"La actividad comercial de Nou Temple y sus formas agresivas de comercialización con regalos a la venta de la promoción y bajas cuotas mensuales había provocado una guerra con promotores históricos del negocio en la Comunidad Valenciana", asegura la prensa local.

Por su parte, Encoval construye 957 viviendas y 857 plazas de garaje, en las localidades Chiva, Alzira, Puzol, Picassent, El Puig, Gilet y Valencia. También en Alicante, en las localidades de Denia, Altea, Calpe, Alfaz del Pí, Villajoyosa. En la provincia de Castellón, en la localidad de Vinaroz. Encoval asimismo, desarrolla proyectos de obra civil en las islas Baleares y proyectos inmobiliarios en Tarragona.

Censo provisional de promotoras-constructoras en quiebra

burbuja.info

1. ASTROC (Valencia).
2. LLANERA (Valencia).
3. TECPROGESA (Valladolid)
4. Inversiones Urbanas Mallorquinas S.L.
5.- Hábitat Urbano Inmobiliario, Alcoy (Alicante)
6. Grupo Erre Ingeniería (GRI) (Comunidad Valenciana)
7.- Constructora Mazotti (Canarias)
8. Ayuntamiento de León
9. Rehabilitaciones Graman (Valencia)
10. Ayuntamiento de Lorca
11. Acis (León) (2007)
12. Constructora CHC. Murcia
13.- Aplicer (Murcia)
14. Seguí Munar e Hijos S.L. (Sa Pobla, Mallorca)
15. Grupo Rya (Valencia)
16. Ayuntamiento de "El Álamo" (Madrid)
17. IBB Llanera
18. Urvitel (Telde)
19. Armafer (Murcia)
20. Ozio S.L. (Donostia)
21.- Climocubierta (Cádiz)
22.- Ereaga (País Vasco)
22. Colonial (pendiente hundimiento total - ver comentarios al final del hilo)
23. Urbancasa (http://www.burbuja.info/inmobiliaria...ad.php?t=43395). San Sebastian
24. Viva Estates (http://news.independent.co.uk/busine...cle3324488.ece). (Ex-multinacional de ladrillo operando en España).
25. Edificaciones Marbar, Granitos Tebra, Granite 99 y Promociones Marbar 04 (ver comentarios).
26. Gesypro (VITORIA) (POST 68)
27. Plaza Amurrio, S.A. (PROVINCIA NO CONOCIDA) (POST 69)
28. Obras Públicas Tranchil (PROVINCIA NO CONOCIDA) (POST 69)
29. Climalia (PROVINCIA NO CONOCIDA) (POST 69)
30. Aurelio Pérez (BURGOS) (POST 70)
31. Construcciones Juanes S.A. (SABADELL) (POST 73)
32. Fivesur (JEREZ DE LA FRONTERA) (POST 74)
33. Pitsburg Trade S.L. (BARCELONA) (POST 79).
34. Jerecom, S.L. (JEREZ DE LA FRONTERA) (POST 80)
35. Contsa (SEVILLA) (POST 89 Y 91).
36. Vanguard Investment (ALICANTE) (POST 94)
37. Novain (VALENCIA) (POST 96)
38. Lovipro (BARCELONA) (POST 98) (Administrador en busca y captura)
39. Perfil Bahía (CÁDIZ) (POST 100)
40. Twin falls (MADRID) (POST 101)
41. Pinturas Meldorf (LA CORUÑA) (POST 106)
42. Jale Construcciones (CADIZ) (POST 116)
43. Inmobiliaria Amuerga (CADIZ)(POST 116)
44. Lena (MADRID) (POST 124)
45. Lalin (PONTEVEDRA)(POST 134)
46. Seop (MADRID)(POST 142)
47. Garbene 2000 Promociones S.L. (CÁDIZ)(POST 143)
48. Grupo Sánchez. (post 149) BARCELONA
49. Sergio Fernández Canarias (LAS PALMAS) (POST 150)
50. Cosmani (MADRID) (POST 153) (LLEGAMOS A LAS BODAS DE PLATA DEL HILO)
51. Prasi (MADRID) (POST 156)

La dimensión del ajuste inmobiliario

CINCODÍAS

Las señales que hace unos meses anticipaban que se había producido una fuerte contracción en el mercado inmobiliario se han confirmado en las últimas semanas con datos tan tozudos como pesimistas, ya se trate de precios de los inmuebles, número de transacciones, contratación de hipotecas, visados de obra nueva o evolución del empleo en la construcción residencial. Además, el pesimismo anunciado por los augurios contractivos empieza a poner nombres, desde las empresas que pasan agobios financieros hasta las que terminan directamente bajo la tutela judicial por incapacidad de pago.

La luz tardará en aparecer en el túnel de la desaceleración y, mientras los agentes económicos buscan alternativas a un modelo de crecimiento que da síntomas inequívocos de agotamiento, el Gobierno, el flamante Ejecutivo que tome las riendas en los primeros días de abril, tendrá que poner en marcha unas cuantas propuestas claras para frenar la sangría de actividad inmobiliaria, y cambiar la expectativa pesimista instalada en la ciudadanía. El equipo que seguirá al frente de la economía, encabezado por Pedro Solbes, tiene experiencia y solvencia sobrada para generar la credibilidad precisa. Pero el calendario apremia.

Estadística confirmó ayer que la compra de casas se mueve en unos volúmenes un 27% inferiores a los de hace un año, mientras que la superficie a construir visada en estos meses revela un descenso de más del 35%, lo que supone un perfil más contractivo para el futuro, y configura la construcción de no más de 250.000 viviendas anuales en 2008 o 2009. Se trata de una cantidad llamativamente alejada del objetivo de las 450.000 estimadas por los expertos o de las 800.000 que se han iniciado en alguno de los últimos ejercicios de locura inmobiliaria. Los datos sobre evolución del crédito al sector privado residente no se resiente aún en tales proporciones, ni siquiera el relativo a la financiación con garantías reales; pero las sensaciones recogidas por el sistema financiero sobre la demanda final son cada vez más pesimistas.

Lo que es un ajuste del mercado propio tras un boom exagerado y coherente con la dimensión de los excesos compradores se ha complicado con una crisis financiera global que aprieta más de la cuenta a las compañías promotoras. La docena de pequeñas empresas inmobiliarias que han entrado en concurso de acreedores y las atropelladas peripecias de otras corporaciones para evitarlo y refinanciar su endeudamiento amenazan con generar un clima de creciente desconfianza en el sector que prolongue el ajuste más allá de lo razonable.

El Gobierno tiene que poner medios para evitar efectos sobre la variable del empleo, siempre que no incurra en el riesgo moral de rescatar proyectos con nulo sentido financiero actual y un indisimulado interés especulativo en el pasado reciente. Debe esquivar las demandas de nuevas ayudas fiscales por la compra de vivienda, auxilio recurrente en estos momentos, y debe practicar un keynesianismo inteligente con la capacidad de maniobra que proporciona el saldo fiscal, con el acento en la inversión más multiplicadora de la productividad y del crecimiento potencial de la economía.

La inmobiliara Cosmani solicita concurso de acreedores ahogada por la deuda

invertia

El grupo inmobiliario Cosmani ha presentado ante un juzgado de guardia de Madrid la solicitud del proceso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos mensuales de su deuda financiera, que asciende a 350 millones de euros, según publica hoy el diario Expansión.

El proceso concursal, encaminado a evitar una sucesión de ejecuciones judiciales que pueda poner en peligro la viabilidad del grupo, ha sido emprendido por Cosmani Inmobiliaria, la matriz de la corporación, además de por otras cuatro de las 22 empresas que la conforman (Cosmani Domus, Cosmani Munit, Cosmani Gesco y Locum 3000).

El resto de las divisiones, que agrupan actividades diversas, desde las artes gráficas a la energía fotovoltaica, es ajeno a esta situación. Según el rotativo salmón, el grupo ha iniciado conversaciones con una veintena de bancos acreedores para negociar preacuerdos antes del convenio de acreedores.

Según explican fuentes cercanas al proceso, la compañía busca una moratoria y una quita parcial de la deuda. Fuentes oficiales de Cosmani confirmaron la información.

De estsa forma Cosmani se une a la lista de inmobiliaras españolas que no han podido asimilar la nueva situación de parón que afronta el sector inmobiliario español. Anteriormente, le había tocado el turno a la constructora Seop y Llanera, que también se encuentran en negociaciones con sus acreedores para salir del bache.

En bolsa, los pesos pesados Astroc y Colonial se han visto también envueltos en un proceso de crisis tras su brillante boom de los últimos años. Astroc, que ha pasado a denominarse Afirma, se vio abocada a una reestructuración accionarial que supuso la salida de la presidencia de su presidente Enrique Bañuelos y un mayor peso de Rayet en tanto que Luis Portillo y Luis Nozaleda buscan una solución tras fracaso de oferta de Dubai.

Además, otros grupos como Tremon, que tenían previsto cotizar en bolsa, se han visto obligados a retrasar su decisión por la mala racha que atraviesa el sector inmobiliario.

Grupo Sánchez suspende pagos con deudas de 97 millones

elpais

La inmobiliaria catalana Grupo Sánchez presentó el pasado jueves el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) en los juzgados de Barcelona. La medida afecta a la sociedad matriz, con sede en Manresa, y a dos de sus principales filiales, que acumulan deudas de 97 millones de euros, según publicó La Vanguardia.

El grupo, que empezó promoviendo primera vivienda en Cataluña, se especializó luego en segunda residencia en Levante y la Costa del Sol. Sin embargo, a raíz de la crisis de la vivienda vacacional en España, el grupo planeó un complejo de 3.200 casas y apartamentos en Natal (Brasil).

La crisis crediticia y del mercado inmobiliario han acabado por abocar a la suspensión de pagos a un grupo que llevaba construyendo y comercializando viviendas más de 20 años.

Los impagos de Nozar, Lábaro y Dico llevan a Seop a la suspensión de pagos

F. Ruiz Antón/ Gaceta de los Negocios

La tensión inmobiliaria empieza a llevarse por delante a empresas de otros sectores. Ahora le toca el turno a las constructoras

Era cuestión de tiempo. Como en esos espectáculos en los que una ficha de dominó empuja a otra y ésta a otra, y así se tumban miles, la crisis inmobiliaria provocada por el endurecimiento del crédito alcanza ya de lleno al sector de la construcción. La primera en sacar la bandera blanca ha sido Seop Obras y Proyectos, filial del grupo Silver Eagle, que soporta una deuda superior a los 400 millones. Su dedo acusador apunta a Grupo Lábaro, Dico y Nozar, entre otras.

Seop, controlada por la familia Montalvo y que se encuentra entre las quince grandes constructoras de nuestro país, se vio obligada el pasado lunes a presentar la solicitud de concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) ante un juzgado Mercantil de Madrid. La compañía, presidida desde hace poco por Jacobo de Montalvo Vijande, hijo del fundador, Javier de Montalvo Correa, cuenta con 1.100 trabajadores repartidos en nueve delegaciones y fue creada hace quince años.

El consejo de la constructora envió ayer un documento a los empleados en el que explica que atraviesa “un problema de liquidez”, y que no ha podido hacer frente a sus compromisos de pago a “consecuencia tanto de los recientes impagos de clientes del sector inmobiliario como del endurecimiento del sistema financiero en las operaciones de descuento de la cartera de efectos”. Los gestores de Seop dicen que la suspensión de pagos era “la única salida para garantizar la continuidad y regularizar el pago de sus obligaciones con los acreedores ante una situación de verdadero riesgo para la viabilidad de la constructora.”

Con una facturación prevista de 550 millones para 2007 (aunque finalmente podría haber sido de 450), Seop se ha visto atrapada por su excesiva dependencia de la promoción residencial. El 75% de su facturación proviene de los encargos de empresas del sector inmobiliario.

Y esa dependencia, como han justificado ante el juez de lo Mercantil, es lo que le ha forzado a presentar la suspensión de pagos. Es más, fuentes de la propia compañía señalan con el dedo a inmobiliarias en claras dificultades financieras como Grupo Lábaro, Nozar, Dico o Nireo, como las culpables de llevarle a esta delicada situación. Pero los culpables no sólo hay que buscarlos fuera, ya que otras filiales del grupo Silver Eagle, como Alcalá 120 o Seif Residencial, también adeudan importantes cantidades a la constructora.

El intento llegó tarde

El director general de Seop, Javier García Alvarez, que se incorporó a la constructora en agosto de 2005 tras su paso por Ferrovial y Ploder, detectó el problema de la excesiva dependencia del ladrillo de inmediato pero no sólo quiso arreglarlo a cañonazos sino que, además, llegó tarde. García diseñó un ambicioso Plan Estratégico que pretendía duplicar los ingresos en cinco años, es decir, alcanzar los 1.000 millones de facturación en 2011.

Para ello la única salida era la diversificación y lanzó personalmente el mensaje de que Seop buscaba socios financieros (fondos de capital riesgo o banca de inversión) para lanzar una filial de concesiones de infraestructuras que siempre han sido coto privado de las grandes constructoras. La compañía de la familia Montalvo no encontró en todo el año 2007 esos compañeros de viaje.

Precisamente el boom de la vivienda en los últimos años, y la excesiva dependencia de Seop de ese negocio, fue lo que le hizo crecer mucho más rápido que sus más directos competidores como Comsa, Bruesa, Azvi, Aldesa, Sando o Ploder, compañías en las que la obra civil pesaba más que el negocio de la edificación. Entre 2001 y 2006, Seop multiplicó su tamaño por trece, pasando de unas ventas de 35,9 millones a 434 millones. En 2007, y a la espera de conocer oficialmente sus cuentas, la constructora esperaba facturar 550 millones, pero su deuda superaba también los 400 millones de euros. Los bancos con los que trabaja son el Sabadell, el Popular y Caixa de Cataluña. Es más, con esta última tiene una joint venture denominada Alcalá 120 dedicada también al negocio inmobiliario. La entidad financiera catalana participa ahí a través de su filial Procam.

Se da la circunstancia de que, por los orígenes cántabros de la familia propietaria, Seop es el principal accionista del Rácing de Santander, del que controla el 80%, y además patrocina el equipo. Desde el club se aseguraba ayer que la delicada situación de la constructora no afectará para nada al equipo.

Una inmobiliaria declara suspensión de pagos y deja en el aire los ahorros de mil accionistas

EP/ elpais
Sevilla

La empresa sevillana Contsa atribuye la medida al parón en la venta y a las restricciones de crédito

El grupo andaluz Contsa, centrado en la actividad inversora inmobiliaria, se ha declarado en suspensión de pagos ante la caída del mercado inmobiliario unida a las fuertes restricciones del crédito existentes, por lo que ha solicitado a la jurisdicción mercantil competente la incoación de un concurso voluntario de acreedores que establezca las bases de un convenio que permita satisfacer sus obligaciones económicas respecto a sus más de 1.000 socios e inversores -la mayoría pequeños ahorradores- así como su continuidad en el sector.

Según un comunicado de la empresa, el presidente del grupo, José Salas Burzón, ha explicado que esta situación ha tenido lugar como consecuencia de "la fuerte presión y exigencia de ciertos sectores de inversores y su negativa a aceptar ningún tipo de moratoria que pudiera permitir el relanzamiento de la actividad económica cuando las circunstancias del mercado lo permitieran".

Salas Burzón ha señalado que como consecuencia de la caída del mercado inmobiliario unido a las fuertes restricciones del crédito existentes en la actualidad, tanto la actividad como los beneficios de Contsa han sufrido una fuerte caída que ha impedido "un puntual reparto de aquéllos a sus inversores, lo que ha caracterizado el extraordinario comportamiento de la compañía desde hace casi 20 años".

Además, la empresa ha solicitado a los socios e inversores comprensión y confianza y apoyo a la compañía, de forma que se va a citar a los más de 1.000 inversores el próximo tres de marzo en el hotel Al Andalus para dar a conocer las razones de la suspensión de pagos.

La constructora CHC da la cara ante sus acreedores tras un mes de protestas, y se declara en suspensión de pagos

Daniel Vidal/ laverdad
Murcia

Representantes de la firma, que aseguran haber recibido amenazas, achacan las deudas de la empresa al «retraso administrativo» provocado por las elecciones y a la denegación de un crédito

Ayer sí que contestaron al teléfono. Aunque para poco más que anunciar «un proceso concursal en el juzgado». Es decir, suspensión de pagos. Un «apoderado» de la empresa CHC, que se negó a facilitar su identidad o la del propietario actual de la marca, atendió por teléfono durante toda la jornada a los acreedores que, en agosto, han protestado por los impagos que la constructora mantiene con decenas de empresas subcontratadas y autónomos del sector. Eso sí, lo hizo grabando todas y cada una de las conversaciones «por seguridad».

Estos afectados, que ayer volvieron a acudir a la sede de la firma, en Molina de Segura, se encontraron en la puerta de la compañía un cartel que explicaba que «ante las amenazas sufridas por el personal de CHC, la empresa ha decidido mantener cerrada las oficinas centrales». Además, «para mantener informados a los empleados, proveedores y clientes», se ruega «ponerse en contacto con esta compañía llamando al teléfono 618 346 494».

La Verdad, a través de ese número, pudo contactar con un portavoz de la firma que confirmó la presentación de ese procedimiento concursal. Ese apoderado explicó que las primeras deudas contraídas, por las que se inició «la falsa situación de alarma actual», se debieron a que los ayuntamientos y comunidades autónoma se retrasaron en el pago del 50% de las facturas «por las elecciones», además de a la denegación de un crédito hipotecario. Fue precisamente esa decisión de una caja de ahorros la que llevó a la empresa a varias negociaciones para solucionar los problemas de liquidez, «negociaciones que se fueron al traste como consecuencia de la alarma generada por los medios de comunicación».

«Ningún delito»

Asimismo, las mismas fuentes negaron que no se haya dado la cara ante los acreedores y calificaron de «incierto» el que haya habido algún pagaré devuelto antes de finales de julio, una versión opuesta a las quejas de los afectados, que reclaman deudas desde enero. El apoderado quiso dejar claro que «aquí no ha habido ningún delito» y aseguró que las nóminas se han pagado «sin problemas». También hizo un pequeño balance de la caja de la empresa que, a tenor de las cifras, sigue siendo una casa con beneficios. «Actualmente tenemos más activo que pasivo. Se nos deben más de 20 millones de euros, y el patrimonio de la firma está calculado en 57. ¿Deber? Debemos mucho menos de esos 20 millones», afirmó el portavoz. Una cifra que está lejos de los 40 millones de euros que, fuentes consultadas por La Verdad, engrosan las deudas que tiene la constructora.

Sobre la paralización de las obras que CHC tiene contratadas en diferentes provincias, las mismas fuentes contestaron que «no se pararon de motu propio (sic)», y culparon a los retrasos de las administraciones en los pagos el haber tenido que colgar el cartel de «cerrado por vacaciones» en la mayoría de las oficinas y de obras que, hasta junio, estaban cumpliendo con los plazos estimados. Una de esas obras es la que CHC ejecutaba en Elche, en el barrio de El Toscar. 42 viviendas de protección oficial contratadas por Pimesa, la empresa municipal de vivienda de la localidad ilicitana, que deberían estar listas el 30 de septiembre.

Abogado

Hasta la sede de CHC se acercó ayer también el abogado Antonio Faura, que será la voz de estos acreedores en el juzgado. Faura pidió a todos los afectados que presenten todos los justificantes de deudas para empezar a trabajar sobre la denuncia a la empresa. Otra de las provincias donde CHC tiene bastantes acreedores es Málaga. «En mi empresa, en mayo éramos 40. Ahora tengo 20 trabajadores menos». Ernesto asegura que «muchos afectados no vienen porque ya tienen sus propios abogados». Manuel Gómez, trabajador autónomo contratado por CHC en Sevilla, viajó ayer hasta Murcia acompañado por su madre. «Desde enero, cuando me venció el primer pagaré, me deben más de 62.000 euros, y no le veo solución». Otro de los que ayer hizo un largo viaje sólo para estar hoy en la sede fue Manuel Santana, a quien CHC le debe unos 200.000 euros. «En Canarias hay mucha gente que, evidentemente, no se ha podido desplazar. Allí han denunciado hasta el Cabildo». Nicolás Correa, propietario de una empresa de estructuras y albañilería de Tenerife, asegura que en las islas «hay entre 30 y 40 empresas afectadas por estos impagos». Ayer mismo volvía a Tenerife «sin los 800.000 euros que me deben».