Un juzgado declara el concurso de acreedores de la inmobiliaria Lábaro

Efe/ cincodias
Madrid

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ha declarado el concurso voluntario de acreedores del grupo inmobiliario Lábaro, con lo que se abre el plazo para que los proveedores y acreedores comuniquen las cantidades que se les adeudan.

Según el auto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Lábaro conservará la facultad de administración y disposición de su patrimonio, como contempla la nueva Ley Concursal para aquellas empresas que presenten una declaración voluntaria de insolvencia, si bien cualquier decisión estará sometida al visto bueno de la administración concursal.

En su auto del 14 de abril, el juez Miguel María Rodríguez San Vicente también designa como administradores concursales a los letrados José Eusebio Seco y Luis Pérez Gil, así como a Caja Duero por su calidad de acreedor.

Los acreedores dispondrán de un mes desde la última publicación del auto del juez para comunicar los créditos contraídos con Lábaro, que solicitó el concurso voluntario de acreedores el pasado 31 de marzo por la falta de liquidez.

La solicitud de concurso afecta sólo a la sociedad matriz, Lábaro Grupo Inmobiliario, que concentra la mayor parte del negocio. La intención de Lábaro es negociar con sus acreedores en el marco del procedimiento concursal, con el fin de alcanzar un convenio que le permita revisar su modelo de negocio y adaptar el pago de la deuda a la nueva situación del mercado, para evitar que la actual falta de liquidez deteriore el valor de sus activos.

Lábaro, que controla el 12% de la inmobiliaria Parquesol, se ha visto arrastrada a una situación de falta de liquidez como consecuencia de “la crisis que afecta al sector inmobiliario” desde la segunda mitad del pasado año, según adujo la compañía el pasado mes de marzo.

El ladrillo retrasa los pagos

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• Inmobiliarias de todo tipo intentan alargar los plazos de su deuda, pero solo las que tienen más ingresos fijos, capacidad de venta o pueden convencer a la banca lo logran

El frenazo de las ventas de pisos, esperado por todos pero no con la fuerza con la que se ha producido, ha dejado casi sin liquidez a muchas empresas inmobiliarias españolas y sin capacidad de afrontar a su debido plazo los pagos de las grandes deudas contraídas con las entidades financieras.

Algunas inmobiliarias, y no precisamente las menos endeudadas, han conseguido que los bancos acepten refinanciar la deuda. Otras, como Colonial, además han visto cómo las entidades financieras incluso están dispuestas a entrar en el capital ejecutando las garantías que tenían por sus préstamos vinculadas a las acciones.

Ganar tiempo

Muchas otras han optado por presentar voluntariamente el procedimiento del concurso de acreedores para rebajar la presión de estos y, así, ganar tiempo para lograr vender las viviendas que habían previsto cuando se endeudaron y que ahora tardan más meses en colocar. Es una casuística muy amplia y variada en la que cada empresa es un caso. Así lo explican tanto bancos y cajas, como firmas de auditoría y consultoría, si se les pregunta por qué entidades financieras acuden al rescate de unas inmobiliarias y abandonan otras.

En los tres primeros meses del 2008 ha aumentado en un 87% la cifra de concursos de acreedores -equivalente a la antigua suspensión de pagos- pero el grueso de la subida se da en los sectores de construcción e inmobiliario. Solo en este trimestre se han presentado casi la mitad de concursos voluntarios que en todo el 2007, destaca un informe de Pricewaterhousecoopers.

Entre las insolvencias más sonadas del año pasado destacan las de empresas del grupo valenciano Llanera, con unos activos de 600 millones de euros. En este primer trimestre, las insolvencias en la construcción afectaron principalmente a las empresas de tamaño medio y grande. En la lista de las principales insolvencias figuran Seop (433 millones de euros de facturación), Cosmani y Labaro Grupo Inmobiliario (90 millones) o Jale (50 millones).

Una de las que se salvó de la quema in extremis fue la catalana Habitat, que logró renegociar una deuda de 1.500 millones de euros alargando dos años los plazos de pago. Dos grandes firmas catalanas como AISA y Fbex intentan renegociar a toda prisa su deuda, pero algunos acreedores ya han perdido la paciencia y amenazan con instar el concurso necesario para asegurarse que cobrarán al menos una parte.

"Los bancos apoyan a las empresas que presentan un plan de negocio creíble y realista con capacidad de devolver la deuda en un plazo más largo. Si transmiten esa credibilidad a la banca, esta les apoyará, porque prefiere que venda los activos la propia compañía que entrar en un proceso concursal y tener que hacerlo ella", explica un abogado especializado en el sector.

Las inmobiliarias que tienen activos en patrimonio con rentas que les generan ingresos tienen más facilidades para renegociar. Las que dependen casi exclusivamente del negocio residencial lo tienen peor que las que han diversificado su negocio en oficinas, comercios o VPO. También logran más comprensión bancaria los que disponen de suelo bien situado y listo para construir, frente a los que se han endeudado para pagar terrenos en los que se tardará mucho en poder edificar, o para financiar adquisiciones.

Las grandes constructoras puras tienen menos riesgo porque están menos expuestas al negocio residencial y disponen de fuentes de ingresos constantes, como las concesiones de servicios públicos. Analistas y consultores coinciden en que la banca actúa ahora con más flexibilidad que hace unos meses, cuando exigía cobrar de inmediato, porque se ha extendido el problema y no quieren convertirse en "gestores de piedras" de la noche a la mañana.

Más flexibilidad

"Prefieren preservar el valor del que lo tenga y cobrar más tarde", afirma un consultor. Otro añade: "Los bancos no siempre pueden salir, porque si cortan el grifo se quedan solo con piedras y este no es su negocio".

En el negocio inmobiliario el promotor capta dinero del banco, inicia las viviendas y le traspasa la financiación al comprador y crea así clientes para el banco. Con la crisis de agosto, se cerró el crédito para el promotor y para el comprador. Pero si no hay financiación, tampoco hay nuevos clientes para el banco. "En el fondo es un problema de crisis financiera", asegura un especialista en insolvencias.

Las firmas auditoras reconocen que la banca española salió bastante bien parada de la crisis en el 2007 y vaticinan que lo hará también este año gracias al mecanismo de estabilización puesto en marcha por el Banco de España que les obligó a incrementar mucho en los últimos años las reservas por impagos. Este fondo evitará ahora que las insolvencias afecten en exceso a sus balances.

Las valencianas Encoval y Temple suspenden pagos y dejan 2.500 viviendas sin terminar

F.M./ cotizalia

La sangría del ladrillo no para. Tras el concurso de acreedores de Grupo Lábaro, reconocido ayer, este martes son promotora Nou Temple y la constructora Encoval, ambas valencianas, las que se ven incapaces de afrontar sus pagos, dejando más de 2.500 viviendas sin terminar. Nou Temple cuenta con 23 promociones entre las que se cuentan alrededor de 1.500 viviendas mientras que Encoval roza las 1.000 viviendas en obra.

En un comunicado, Nou Temple, alega que “en las últimas semanas” no ha podido pagar a sus proveedores debido a una falta de liquidez, que está determinada por la “notoria crisis” de ventas del sector inmobiliario y por las “restricciones crediticias adicionales” de las entidades financieras.

La compañía ha destacado que ha optado por el concurso voluntario -presentado el pasado día 25 de marzo-, y no a instancias de sus acreedores, lo que le proporciona “más operatividad” en su gestión empresarial para poder entregar en plazo las 500 viviendas que tiene vendidas de un total de 1.500 en promoción.

Los administradores de la compañía confían, según la propia empresa, en poder subsanar esta situación “en un plazo de meses”, dado que el activo supera las deudas contraídas. En los próximos días, prevé comenzar las gestiones con los subcontratistas afectados, para que no se interrumpan las obras en curso.

En Valencia, Nou Temple tiene una trayectoria de más de 10 años y en este periodo ha entregado cerca de 5.000 viviendas. Sus previsiones, según su página web, eran duplicar esta cartera en 3 años con la puesta en el mercado de unas 5.000 viviendas entre la Comunitat Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares. Con una plantilla directa de más de 110 trabajadores, sus proyectos estrella son la urbanización Nou Castellnovo, en la provincia de Castellón y Nou Calicanto en la de Valencia.

"La actividad comercial de Nou Temple y sus formas agresivas de comercialización con regalos a la venta de la promoción y bajas cuotas mensuales había provocado una guerra con promotores históricos del negocio en la Comunidad Valenciana", asegura la prensa local.

Por su parte, Encoval construye 957 viviendas y 857 plazas de garaje, en las localidades Chiva, Alzira, Puzol, Picassent, El Puig, Gilet y Valencia. También en Alicante, en las localidades de Denia, Altea, Calpe, Alfaz del Pí, Villajoyosa. En la provincia de Castellón, en la localidad de Vinaroz. Encoval asimismo, desarrolla proyectos de obra civil en las islas Baleares y proyectos inmobiliarios en Tarragona.

Lábaro se convierte en la mayor víctima de la crisis inmobiliaria

L. Doncel/ R. Muñoz/ elpais
Madrid

La compañía suspende pagos con una deuda superior a 600 millones

Ya hay otra víctima más. A una semana negra del ladrillo, le sigue otra que promete más de un susto. Después de que el pasado miércoles las inmobiliarias Cosmani y Prasi declararan el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos), ayer cayó otra. Se trata del grupo Lábaro, con más de dos décadas de historia, y con promociones en las provincias de Madrid, A Coruña, Huesca, Girona, Guadalajara, Ciudad Real, Málaga y Cádiz.

Aunque la cifra exacta no está disponible, diversas fuentes sitúan la deuda de Lábaro por encima de los 600 millones de euros. Esto la convierte en el mayor exponente de la crisis del ladrillo junto con Llanera, que tenía una deuda de 663 millones. Lábaro es una de las empresas con las que el grupo gallego San José había iniciado el proceso de fusión en diciembre del año pasado. La otra inmobiliaria que San José pensaba absorber era Parquesol.

Pero la crisis originada por el desplome en las ventas y las dificultades de las empresas del ladrillo para encontrar financiación ha frustrado estos planes. Y en lugar de acudir a la fusión para crear un gran grupo, Lábaro ha ido al Juzgado Mercantil número cuatro de Madrid para solicitar la declaración de concurso.

El efecto dominó comenzó en octubre del año pasado, cuando la valenciana Llanera se vino abajo. Le siguieron, además de las ya mencionadas, la andaluza Jale, la constructora madrileña Seop, el grupo catalán Sánchez y la vasca Ereaga.

Otras, como Hábitat, bordearon el precipicio, pero a última hora lograron un acuerdo con la banca acreedora que le salvó de la suspensión de pagos. Esto no evitó que la empresa catalana anunciara la semana pasada el despido de parte de sus 300 empleados.

Lábaro, que está especializado en la gestión de suelo y promoción de viviendas, ha centrado la construcción de pisos en España, aunque también tiene promociones en algunos países en Europa del Este.

La compañía está controlada por su presidente, Julio Mateo Cardiel, y Global Cartera de Valores, una sociedad de cartera en la que participan el empresario Ignacio Barco, la familia Sanahuja (primer accionista de Metrovacesa), Domingo Díaz de Mera (accionista de otra inmobiliaria en apuros, Colonial). Fuentes cercanas a la familia Sanahuja precisaron que su relación con Lábaro se limita a una participación indirecta y minoritaria en el capital.

En una nota, la inmobiliaria argumenta que el concurso afecta solamente a la sociedad matriz, la que concentra la mayor parte del negocio. "Salvo en casos aislados, no es previsible que afecte a otras sociedades del grupo o empresas asociadas que desarrollan su actividad de forma separada", añade.

La empresa dice que se ha visto "arrastrada" a esta situación por la "falta de liquidez consecuencia de la crisis que afecta al sector inmobiliario desde el segundo semestre de 2007". Fue entonces cuando "se inició la caída de la demanda de viviendas y se produjo una brusca contracción de la financiación, que tuvo su origen en la crisis de las hipotecas subprime y en la falta de liquidez en los mercados financieros internacionales", dice la empresa, que en 2006 tuvo unos ingresos de 95 millones de euros.

La sociedad asegura que, tras la declaración de concurso, continuará con su actividad bajo la supervisión de los administradores que designe el juzgado. "Lábaro se propone negociar con sus acreedores e intentará alcanzar un convenio que le permita revisar su modelo de negocio", concluye.

Los impagos de Nozar, Lábaro y Dico llevan a Seop a la suspensión de pagos

F. Ruiz Antón/ Gaceta de los Negocios

La tensión inmobiliaria empieza a llevarse por delante a empresas de otros sectores. Ahora le toca el turno a las constructoras

Era cuestión de tiempo. Como en esos espectáculos en los que una ficha de dominó empuja a otra y ésta a otra, y así se tumban miles, la crisis inmobiliaria provocada por el endurecimiento del crédito alcanza ya de lleno al sector de la construcción. La primera en sacar la bandera blanca ha sido Seop Obras y Proyectos, filial del grupo Silver Eagle, que soporta una deuda superior a los 400 millones. Su dedo acusador apunta a Grupo Lábaro, Dico y Nozar, entre otras.

Seop, controlada por la familia Montalvo y que se encuentra entre las quince grandes constructoras de nuestro país, se vio obligada el pasado lunes a presentar la solicitud de concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) ante un juzgado Mercantil de Madrid. La compañía, presidida desde hace poco por Jacobo de Montalvo Vijande, hijo del fundador, Javier de Montalvo Correa, cuenta con 1.100 trabajadores repartidos en nueve delegaciones y fue creada hace quince años.

El consejo de la constructora envió ayer un documento a los empleados en el que explica que atraviesa “un problema de liquidez”, y que no ha podido hacer frente a sus compromisos de pago a “consecuencia tanto de los recientes impagos de clientes del sector inmobiliario como del endurecimiento del sistema financiero en las operaciones de descuento de la cartera de efectos”. Los gestores de Seop dicen que la suspensión de pagos era “la única salida para garantizar la continuidad y regularizar el pago de sus obligaciones con los acreedores ante una situación de verdadero riesgo para la viabilidad de la constructora.”

Con una facturación prevista de 550 millones para 2007 (aunque finalmente podría haber sido de 450), Seop se ha visto atrapada por su excesiva dependencia de la promoción residencial. El 75% de su facturación proviene de los encargos de empresas del sector inmobiliario.

Y esa dependencia, como han justificado ante el juez de lo Mercantil, es lo que le ha forzado a presentar la suspensión de pagos. Es más, fuentes de la propia compañía señalan con el dedo a inmobiliarias en claras dificultades financieras como Grupo Lábaro, Nozar, Dico o Nireo, como las culpables de llevarle a esta delicada situación. Pero los culpables no sólo hay que buscarlos fuera, ya que otras filiales del grupo Silver Eagle, como Alcalá 120 o Seif Residencial, también adeudan importantes cantidades a la constructora.

El intento llegó tarde

El director general de Seop, Javier García Alvarez, que se incorporó a la constructora en agosto de 2005 tras su paso por Ferrovial y Ploder, detectó el problema de la excesiva dependencia del ladrillo de inmediato pero no sólo quiso arreglarlo a cañonazos sino que, además, llegó tarde. García diseñó un ambicioso Plan Estratégico que pretendía duplicar los ingresos en cinco años, es decir, alcanzar los 1.000 millones de facturación en 2011.

Para ello la única salida era la diversificación y lanzó personalmente el mensaje de que Seop buscaba socios financieros (fondos de capital riesgo o banca de inversión) para lanzar una filial de concesiones de infraestructuras que siempre han sido coto privado de las grandes constructoras. La compañía de la familia Montalvo no encontró en todo el año 2007 esos compañeros de viaje.

Precisamente el boom de la vivienda en los últimos años, y la excesiva dependencia de Seop de ese negocio, fue lo que le hizo crecer mucho más rápido que sus más directos competidores como Comsa, Bruesa, Azvi, Aldesa, Sando o Ploder, compañías en las que la obra civil pesaba más que el negocio de la edificación. Entre 2001 y 2006, Seop multiplicó su tamaño por trece, pasando de unas ventas de 35,9 millones a 434 millones. En 2007, y a la espera de conocer oficialmente sus cuentas, la constructora esperaba facturar 550 millones, pero su deuda superaba también los 400 millones de euros. Los bancos con los que trabaja son el Sabadell, el Popular y Caixa de Cataluña. Es más, con esta última tiene una joint venture denominada Alcalá 120 dedicada también al negocio inmobiliario. La entidad financiera catalana participa ahí a través de su filial Procam.

Se da la circunstancia de que, por los orígenes cántabros de la familia propietaria, Seop es el principal accionista del Rácing de Santander, del que controla el 80%, y además patrocina el equipo. Desde el club se aseguraba ayer que la delicada situación de la constructora no afectará para nada al equipo.

La inmobiliaria Lábaro negocia un plan de rescate

Susana R. Arenes/ publico
Madrid

Tiene impagos por 26 millones que cubrirá con ventas y discute con varios fondos una inyección de más de 300 millones

La inmobiliaria Grupo Lábaro quiere sortear la suspensión de pagos a toda costa y, para ello, está negociando un plan de rescate. La promotora que preside Julio Mateo Cardiel intentará cerrar en breve acuerdos con varios fondos de inversión para que aporten capital por más de 300 millones de euros. Grupo Lábaro ha acumulado impagos por 38,5 millones, han reconocido a Público fuentes de la empresa, pero asegura que ya ha pagado una parte y prevé abonar los 26 millones pendientes con la venta de varios terrenos.

Grupo Lábaro es una promotora de tamaño medio que se creó en 2000 y, como sus competidoras, ha tenido un crecimiento espectacular. Hace un año, la empresa se planteaba salir a bolsa y en diciembre, compró un 12% de Parquesol a la constructora San José para intentar una fusión a tres bandas que el grupo constructor no contempla ahora. El comienzo de año ha sido duro para la promotora que controlan Julio Mateo Cardiel (con un 33%), Ignacio Barco y Domingo Díaz de Mera (que tienen en torno al 46%). Estos dos últimos son accionistas de Colonial, otra inmobiliaria en apuros. Grupo Lábaro acaba de pagar 12 millones de euros que reclamaban varios acreedores. Pero aún quedan 26 millones por abonar a varios promotores por suelos que ha adquirido, principalmente, en Castilla-La Mancha y Aragón. El grupo cerró 2006 con unos fondos propios de 30 millones, según las últimas cuentas enviadas al Registro Mercantil.

La próxima semana será crucial para la compañía. Grupo Lábaro negocia contrarreloj. Por un lado, la empresa de Mateo Cardiel, Díaz de Mera y Barco prevé cerrar la venta de cuatro terrenos situados en Guadalajara, Málaga, Toledo y Tarragona a otros promotores que operan en las citadas zonas y, con ello, ingresaría en torno a 90 millones de euros. Una parte de esta cantidad iría a cubrir los 26 millones de euros pendientes de pago.

Menos deuda

Por otro lado, la inmobiliaria negocia con varios fondos de inversión extranjeros para que aporten capital convirtiéndose en socios de la empresa. La idea es inyectar más de 300 millones tanto al grupo como a la división internacional de la empresa, con una importante cartera en Polonia. Sólo en Gdanks, Lábaro tiene 800.000 metros cuadrados para construir 12.000 viviendas, con un valor bruto que asciende a unos 800 millones. Todos los activos de Lábaro valen 2.800 millones, según la valoración realizada por Jones Lang Lasalle en febrero.

Algunos de los fondos que negocian con Grupo Lábaro le ponen como condición que aligere el pago de la deuda que tiene. La exigencia pasa por que la inmobiliaria convenza a los bancos y cajas con los que tiene préstamos para que renegocien los 202 millones que debe pagar a corto plazo, en un año, y los conviertan en deuda a más largo plazo, a tres y cuatro años. En total, la compañía tiene un endeudamiento de 700 millones.

Del ladrillo al patrocinio de Dani Sordo

Grupo Lábaro ingresó 150 millones el año pasado, según las cifras provisionales, casi un 60% más . El beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones creció un 65%, hasta 29 millones, y el resultado antes de impuestos, cayó un 41%, a 9 millones, "por las pérdidas asociadas a su participación en Parquesol y por la financiación de la empresa con pólizas bancarias generales", según la promotora.

El negocio de la inmobiliaria se centra en terrenos y pisos en construcción, sobre todo, en la zona centro y en la costa andaluza y catalana. La imagen de la empresa, con sede en Madrid, siempre ha estado ligada al patrocinio deportivo, que ha tenido su máximo exponente en el del piloto de rallies Dani Sordo. Pero el grupo también patrocina al Lábaro Toledo Balonmano, además de haber apoyado a la federación española de este deporte y a la Federación Española de Fútbol.

Polonia y VPO para salvar las ventas

Centrarse en hacer pisos en Polonia y vivienda de protección oficial (VPO) en España es la única manera de salvar el parón de ventas que sufre Grupo Lábaro, al igual que todas las inmobiliarias, grandes y pequeñas. La crisis afecta a todos, insisten en la promotora. Para lograr liquidez del negocio de viviendas baratas, la empresa quiere dar entrada a un fondo que financie parte de esos inmuebles. De momento, negocia con el fondo Terra Firme para intentar concretar una inversión de más de 1.000 millones, según Grupo Lábaro.