La inmobiliara Cosmani solicita concurso de acreedores ahogada por la deuda

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El grupo inmobiliario Cosmani ha presentado ante un juzgado de guardia de Madrid la solicitud del proceso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos mensuales de su deuda financiera, que asciende a 350 millones de euros, según publica hoy el diario Expansión.

El proceso concursal, encaminado a evitar una sucesión de ejecuciones judiciales que pueda poner en peligro la viabilidad del grupo, ha sido emprendido por Cosmani Inmobiliaria, la matriz de la corporación, además de por otras cuatro de las 22 empresas que la conforman (Cosmani Domus, Cosmani Munit, Cosmani Gesco y Locum 3000).

El resto de las divisiones, que agrupan actividades diversas, desde las artes gráficas a la energía fotovoltaica, es ajeno a esta situación. Según el rotativo salmón, el grupo ha iniciado conversaciones con una veintena de bancos acreedores para negociar preacuerdos antes del convenio de acreedores.

Según explican fuentes cercanas al proceso, la compañía busca una moratoria y una quita parcial de la deuda. Fuentes oficiales de Cosmani confirmaron la información.

De estsa forma Cosmani se une a la lista de inmobiliaras españolas que no han podido asimilar la nueva situación de parón que afronta el sector inmobiliario español. Anteriormente, le había tocado el turno a la constructora Seop y Llanera, que también se encuentran en negociaciones con sus acreedores para salir del bache.

En bolsa, los pesos pesados Astroc y Colonial se han visto también envueltos en un proceso de crisis tras su brillante boom de los últimos años. Astroc, que ha pasado a denominarse Afirma, se vio abocada a una reestructuración accionarial que supuso la salida de la presidencia de su presidente Enrique Bañuelos y un mayor peso de Rayet en tanto que Luis Portillo y Luis Nozaleda buscan una solución tras fracaso de oferta de Dubai.

Además, otros grupos como Tremon, que tenían previsto cotizar en bolsa, se han visto obligados a retrasar su decisión por la mala racha que atraviesa el sector inmobiliario.

El ‘juego de las sillas’ de las inmobiliarias: más de la mitad de las preventas no se completarán

E. Segovia/ F. Martín/ cotizalia

En el debate sobre el crash inmobiliario, las empresas siguen defendiendo su tesis de que habrá desaceleración, pero no recesión en el sector ni caída de precios. Su principal argumento es la buena marcha de las preventas en las promociones iniciadas, que “garantizan el negocio en el próximo año”. Sin embargo, este argumento es muy endeble, puesto que un alto porcentaje de estas operaciones –más de la mitad- no se completará, según varios expertos en este mercado.

Las preventas son las señales que pagan los interesados para comprar un piso mediante los conocidos contratos de arras. El problema es que buena parte de estas preventas no tienen detrás la intención real de comprar la vivienda, sino una operativa muy típica del boom inmobiliario: darle el pase antes de que el piso esté terminado y escriturado para no tener que incurrir en más costes, y ganar así una plusvalía –que ha llegado a ser muy jugosa en los tiempos en que los precios subían de semana en semana- poniendo un capital muy pequeño.

El estallido de la burbuja ha terminado con esta operativa, puesto que ya no existe presión de la demanda, sino que hay es exceso de oferta y pisos de sobra para elegir. Los compradores lo que quieren es que les bajen el precio, y no tienen prisa para cerrar las operaciones hasta que eso ocurra (durante el boom, el miedo a quedarse sin el piso permitía este tipo de operaciones especulativas). Así que los que han dado la señal se encuentran con una serie de pisos cuya compra no pueden afrontar, por lo que buena parte de las preventas no se convertirán en ventas.

“La mayoría de los que han hecho estas operaciones perderán la señal que han pagado, pero es el mal menor frente a tener que comprarse el piso. En algún caso, intentarán quedarse con uno o dos inmuebles como mucho, pero para ponerlos inmediatamente a la venta antes de que empiecen a llegar los plazos de la hipoteca”, explica uno de los expertos consultados. “El impacto global es el mismo: más pisos en venta y más presión a la baja sobre los precios”, añade.

No estamos hablando de un tema menor. En un banco privado afirman que “tenemos clientes que han firmado 40 preventas de pisos, en muchos casos pidiendo créditos para ello. Ha sido una práctica absolutamente masiva, y ahora no saben qué hacer para salir del atolladero”.

La mayor amenaza

En todo caso, “el asunto de las preventas es la mayor amenaza que se cierne sobre el sector inmobiliario y nadie está hablando del tema. Es como el juego de las sillas: las promotoras están contando todas las preventas, pero, cuando pare la música, muchas se van a quedar sin silla porque en realidad sólo se va a materializar un porcentaje muy pequeño de estas operaciones”, asegura gráficamente otro analista del sector.

Esta situación puede provocar un grave deterioro de las cuentas de resultados de estas compañías, empezando por las más grandes. En el tercer trimestre anunciaron unas cifras de preventas que, a pesar de registrar fuertes caídas respecto al año anterior, siguen siendo muy importantes: Martinsa-Fadesa hablaba de 4.815 unidades por 759 millones de euros; Reyal Urbis anticipaba unas preventas totales de suelo y residencial de 1.772 millones; Realia señalaba 382 unidades por 105,8 millones, etcétera.

Los expertos consultados aseguran que la cifra fiable es la de compradores que han hecho un segundo pago para la vivienda. Pero ese dato no es público en ninguna de las empresas cotizadas.

Las constructoras piden paso en el negocio del agua

Conchi Lafraya/ lavanguardia
Madrid

FCC, presente en este mercado desde 1990, atiende a más de 13 millones de habitantes

El agua genera dinero, pero no sólo para las empresas embotelladoras. Pese a tratarse de un mercado que no está privatizado de manera absoluta y en el que los ayuntamientos todavía tienen mucho que decir, los grandes grupos constructores se están haciendo un hueco en un negocio que hegemonizan empresas como Aguas de Barcelona (Agbar), el Canal de Isabel II o Aguas de Valencia. Más recientemente, las principales constructoras han creado filiales específicas, excepto ACS, que toca este negocio en cada una de sus divisiones.

Los seis grandes grupos constructores facturaron ya el año pasado casi 2.000 millones de euros gracias a este mercado. Actualmente, tienen en cartera proyectos adjudicados en España y el exterior por más de 20.000 millones de euros para los próximos años y participan en varias adjudicaciones para futuras concesiones en distintos países.

Hasta ahora se trata de un negocio que no está totalmente privatizado, ya que la Ley de Bases de Régimen Local recoge que los servicios fundamentales tiene que darlos cada municipio. Después, este organismo decide la mejor fórmula.

Según José de Castro, gerente de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas (Aeas), un 48% del negocio - en abastecimiento a la población- se mantiene en manos del sector público, del que un 8% sigue controlado por los Ayuntamientos; un 16% del mercado es gestión mixta y el 36% restante de este negocio lo desarrollan empresas privadas.

Existen en España unas 150 empresas que ofrecen estos servicios, aunque Aguas de Barcelona, que tiene la concesión de la metrópoli barcelonesa, es la que posee mayor cuota de mercado. En Madrid, por el contrario, es una empresa municipal, el Canal de Isabel II, la que gestiona estos servicios.

Cada grupo constructor se ha especializado en una fase del proceso del agua y alguno de ellos, como FCC, interviene en el ciclo integral del agua, es decir, uso doméstico, agricola e industrial. Su filial Aqualia ha pasado de facturar 91,7 millones de euros hace diez años a los 859,4 millones previstos para este ejercicio. Está presente en más de 850 municipios y atiende a una población de más de 13 millones de habitantes. Su cartera en Catalunya supera los 60 millones de euros y entre sus principales referencias se puede destacar el servicio de distribución de agua potable en Lloret de Mar, Anglés, El Vendrell o Lleida.

Sadyt, la filial de Sacyr, se ha centrado en depuradas y desaladoras. En el municipio de Abrera (Barcelona) ha desarrollado una desaladora por electrodiálisis, que según la constructora, es la mayor del mundo con esta tecnología. Este grupo suministra agua potable a 2,6 millones de personas en España, Portugal y Brasil. La plantilla de Sadyt es de 1.018 personas. Acciona Agua se constituyó hace dos años, tras la fusión de dos de sus filiales: Pridesa e Infelco, que llevaban en el mercado treinta y cuarenta años, respectivamente. Actualmente, está división emplea a 1.700 personas y su proyecto estrella es la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), la mayor de Europa.

Inima, del grupo OHL, especializada en desalación y depuración de aguas, cuenta con concesiones en Chile, Estados Unidos, Brasil, México, Argelia, así como en España (Almeria, Cadiz y el municipio barcelonés de Besós). Ferrovial, a través de Cadagua, emplea a 376 personas en este negocio; mientras que en ACS es más difícil cuantificar sus cifras porque no tiene una unidad.