CiU y PP condicionan su apoyo al Pacto Nacional de la Vivienda a la supresión del alquiler forzoso

Agencias/ lavanguardia
Barcelona

El tripartito anuncia que modificará el controvertido artículo pero que no lo suprimirá

Los grupos parlamentarios que apoyan al Govern anunciaron hoy que el artículo 42.6 del proyecto de ley del derecho a la vivienda -que permite la expropiación del usufructo de pisos vacíos para incorporarlos al mercado de alquiler- será modificado atendiendo a las apreciaciones del dictamen del Consell Consultiu, pero no se suprimirá la medida.

Este posicionamiento hace prever que CiU y PP permanezcan fuera del Pacto Nacional de la Vivienda, en tanto que las dos formaciones anunciaron hoy que no aceptarán otra salida que no sea la supresión del artículo 42.6 del proyecto. Ciu apuntó que podría aceptar una "modificación significativa" del texto.

Mientras CiU y PP consideran "inequívoco" que el dictamen del Consultiu "declara inconstitucional" la expropiación forzosa de pisos vacíos, los socios del tripartito interpretan, en cambio, que este organismo jurídico sólo cuestiona la "metodología" prevista para definir los casos en que se puede expropiar.

El Govern ha negado la nueva ley de vivienda quede "desnaturalizada" pese a la modificación anunciada. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el conseller de Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura ha afirmado que el dictamen del Consultiu "en ningún caso cuestiona la esencia y el grueso político" de la nueva ley, una de las "más avanzadas" de Europa.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aseguró incluso que el dictamen "no supone ningún correctivo" al proyecto de ley porque "no cuestiona la constitucionalidad" de la medida concreta del alquiler forzoso, sino que sólo "advierte de la discrecionalidad" que introduce la ley al establecer esta medida para casos de una "demanda residencial fuerte y acreditada", concepto que se considera ambiguo.

Mañana mismo, Ridao entregará a la secretaria general de Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, su propia propuesta de modificación del artículo, en la que -explicó- introduce ciertos "parámetros" para definir esta demanda y concreta la "metodología" de "inspección" para determinar qué viviendas vacías deben incorporarse al mercado de alquiler.

El portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, consideró que el dictamen "no cuestiona el alquiler forzoso", y anunció también que se adaptará el redactado del artículo 42.6 a través de una enmienda conjunta entre PSC, ERC e ICV-EUiA con las "garantías que el Consell Consultiu especifica". "Corrección no es eliminación", zanjó Bosch.

El diputado del PSC Roberto Labandera abogó también por "modificar" la ley para "dar las máximas garantías" jurídicas, de acuerdo con que "se mantenga" el artículo concreto. Destacó que el informe del Consultiu "valida la constitucionalidad de la ley" en su conjunto y "sólo hace referencias a dos puntos de un artículo concreto".

CiU acusa a Montilla

En cambio, el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, expresó la "satisfacción" de su federación por que el dictamen haya "dado la razón" a sus tesis, y reclamó al conseller de Medi Ambiente i Habitatge, Francesc Baltasar, que "lidere la supresión del artículo 42.6 del proyecto" para poder sumar a CiU al acuerdo para esta ley y para el pacto nacional.

Pujol acusó a los tres socios del Govern de "haber perdido dos meses" con la tramitación de este proyecto para dejar "que sus discrepancias internas las resolviese el Consell Consultiu". Para él, "ante una incomodidad manifiesta" del presidente de la Generalitat, José Montilla, con la medida del alquiler forzoso introducida en el proyecto de ley por el conseller de ICV-EUiA, el presidente "prefirió doblegarse y acogerse a lo que pudiera decir el Consultiu".

"Serio correctivo", según PP

La portavoz parlamentaria del PP, Carina Mejías, advirtió también de que no aceptarán otra salida que no sea suprimir el artículo 42.6 para sumarse al acuerdo para esta ley y para el pacto de Vivienda. Al contrario que Ridao, consideró que el dictamen supone "un serio correctivo a la conselleria" al "declarar inconstitucional" el alquiler forzoso, porque vulnera "el artículo 33 de la Constitución, sobre el derecho a la propiedad", dijo.

Mejías interpretó que el Consultiu denuncia que el proyecto de ley "vulnera el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y el juicio de necesidad" que hace la ley sobre esta medida, por lo que confió en que "el Govern haga caso" a la institución jurídica. Para ella, el dictamen "es un toque de atención" al Govern para "apelarle a elaborar sus normas de forma rigurosa" sin necesidad de "acudir siempre al Consultiu" para juzgar su constitucionalidad.

El diputado de C's José Domingo condicionó el voto de su grupo a la ley a que se retire la medida de la expropiación forzosa "o la modificación significativa de este precepto", de forma que "sea compatible con la propiedad privada y los valores constitucionales".

Los aparejadores constatan "recesión" en la construcción

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• Por quinto mes, los pisos acabados en Barcelona superan a los iniciados
• El 20% de los agentes inmobiliarios sostienen que los precios bajarán

Los últimos datos de octubre del Col.legi d'Aparelladors de Barcelona (que agrupa la mitad de la producción del sector) constatan que se está produciendo "una recesión profunda" en la construcción residencial catalana. El efecto de la subida de los tipos de interés sobre los precios de unos pisos situados en el nivel más alto de su historia y cada vez más alejados de las posibilidades de financiación de amplios sectores de la población, unido al temor de muchos promotores de no poder vender sus pisos a corto plazo, han acelerado el parón de la actividad en la construcción residencial.

Según el informe semestral de la Secretaria d'Habitatge, el número de viviendas iniciadas en Catalunya se redujo el 12% en la primera mitad del año. Pero los últimos datos relativos a la provincia de Barcelona (donde se levantan la mitad de los pisos de Catalunya), correspondientes al periodo de enero a octubre, elevan esta caída hasta una tasa del 31,2%. El porcentaje es ligeramente inferior al registrado hasta septiembre, un mes que alteró todas las estadísticas porque a finales del mismo mes del 2006 entró en vigor parte del nuevo código de la edificación y los promotores visaron muchos proyectos para acogerse todavía a la norma antigua.

Más finales de obras

Pero, al margen de las oscilaciones debidas a hechos concretos, la tendencia es de clara caída de la producción residencial. El servicio de estadísticas del Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona informa que en octubre el número de viviendas acabadas aumentó el 5,8% respecto a los del mismo mes del año anterior y destaca que ya es el quinto mes consecutivo en el que el número de viviendas acabadas supera al de iniciadas, "un hecho que históricamente solo se ha dado en periodos de recesión pronunciada en el sector", interpreta.

En estos 10 meses del 2007, la caída de producción más fuerte se ha registrado en las viviendas unifamiliares, tanto en las adosadas como en las aisladas, con descensos superiores al 38% en ambos casos.

La Secretaria d'Habitatge apunta en su informe semestral que se está produciendo "un freno deliberado en el proceso de construcción" ante el incremento de viviendas acabadas en un momento en el que el mercado absorbe con muchas dificultades el estoc existente.

Crece el estoc en Barcelona

Un caso ejemplar es el de la ciudad de Barcelona. Según los datos de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, en el primer semestre del 2007 la cifra total de viviendas nuevas en venta en la capital catalana llegó a 5.130 unidades, casi el 14% más respecto al estoc existente a finales del 2006 "y un 32,6% superior al de 12 meses antes".

La contención de la demanda se nota en el descenso mensual de ventas, con un plazo medio de comercialización de una promoción que se había situado el pasado junio en 24 meses, casi medio año más que a mediados del 2006. "Estos plazos tan largos de comercialización no se daban en Barcelona desde 1998", destaca el informe.

Respecto a los precios, las previsiones de los agentes de propiedad inmobiliaria hasta final de año apuntan mayoritariamente hacia una estabilidad, aunque por primera vez hay un porcentaje importante de vendedores encuestados, el 20,8%, que se muestran convencidos de que los precios pueden disminuir. Esta opinión sobre posibles rebajas se incrementa hasta el 41% cuando los encuestados trabajan en la zona sur del área metropolitana de Barcelona.

El informe de Economia y el BBVA critica la política de vivienda

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

El informe sobre la economía catalana, coeditado por el BBVA y la Conselleria d'Economia i Finances, y que hoy presentará el presidente de la Generalitat, José Montilla, contiene una dura crítica a la política de vivienda del Govern y cuestiona la bondad del proyecto de ley de derecho a la vivienda.

El capítulo dedicado al mercado inmobiliario y políticas públicas afirma que es "muy probable" que el alquiler forzoso sea "inconstitucional"; advierte de que la gestión del registro de viviendas protegidas y el control de los precios de sus segundas ventas será muy caro y difícil de ejecutar, y concluye que hay medidas menos "radicales y arriesgadas" pero más efectivas para facilitar el acceso a la vivienda. Entre estas, el autor, José García-Montalvo, destaca que "no se han de construir más viviendas de protección oficial en propiedad, todas han de ser de alquiler".

La secretaria general de Habitatge, Carme Trilla, se mostró "sorprendida" por el contenido del informe, lo atribuyó a la posición personal del autor y recordó que el Pacto Nacional para la Vivienda, firmado por los agentes sociales, incluye, por consenso de todos, tanto la apuesta por la VPO en propiedad como que el 40% de los 160.000 nuevos pisos protegidos deberá ser de alquiler. También se adoptan otras medidas a favor del arrendamiento que, en conjunto, acaparan más del 60% de los recursos previstos.

Ni falsas promesas ni especulación: la vivenda fuera del mercado

En Lucha/ nodo50

El G-14, el grupo de las catorce inmobiliarias mas grandes del Estado español, ha pasado a la acción. Ante la abundancia de noticias y titulares anunciando el fin del ciclo de crecimiento de la última década, Antonio Marín, presidente de Fadesa y miembro destacado del G-14 amenaza con una subida vertiginosa del precio de la vivienda e implora al gobierno ayudas para salvar de la crisis a las grandes constructoras.

Las recientes iniciativas legislativas, la reforma de la Ley del Suelo, la nueva Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía o el reciente Pacte Nacional per l’Habitatge firmado en Catalunya, forman parte de una batería de medidas electoralistas que han copado la atención de los principales medios de comunicación y que están destinadas a reforzar la posición del PSOE ante su electorado de cara a las elecciones generales de marzo del año próximo.

A pesar del intento de adueñarse del discurso promovido desde los movimientos sociales, las medidas propuestas, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, darán continuidad a la actual situación mediante la transferencia millonaria de fondos públicos a los que llevan años enriqueciéndose con el negocio de la vivienda, para que puedan seguir haciéndolo. Así, por ejemplo, se prima la compra de vivienda protegida frente al alquiler público, se deja en la estacada a los hipotecados atrapados por el euríbor, se deja que los promotores controlen un 30% de la VPO que promuevan todo ello a cambio de llegar al 15% de viviendas protegidas en el lejanísimo 2020.

Además es necesario considerar que el precio de la VPO no lo marca el salrio mínimo si no que es un porcentaje menor al del precio de mercado, hecho que provoca que a mucha gente “agraciada” en los infames sorteos deba renunciar ala vivienda al no poder pagar ni la entrada. En definitiva no se emprenden acciones decididas para garantizar la función social de los tres millones de pisos vacíos que hay en el Estado español., ni en Catalunya ni en el resto del Estado. En el fondo no se pretende universalizar un derecho si no que se opta por la doctrina neoliberal del “toma un talón y haz lo que puedas”.

Mientras la vivienda siga siendo una mercancía más, el derecho a una vivienda digna siempre quedará por detrás de los intereses de bancos, constructoras, inmobiliarias y especuladores.

A pesar de que las medidas propuestas no servirán para garantizar el acceso a una vivienda digna, están teniendo un efecto desmovilizador que se nota al salir a la calle. De ahí que las movilizaciones del pasado 6 de octubre tuvieron una asistencia menor a la de pasadas convocatorias. Sin embargo, la reivindicación por una vivienda digna sigue siendo una de las luchas sociales que en la actualidad muestra una mayor capacidad de interpelar tanto a la sociedad cómo a los gobiernos.

El dinamismo del movimiento en el momento de generar y comunicar su discurso propio, en oposición a las políticas continuistas y de mercado impulsadas desde las administraciones, ha quedado más que demostrado durante el último año y medio de movilizaciones. Ahora más que nunca el reto es hacer visibles las respuestas y propuestas. En este sentido, la movilización sigue siendo la clave.

Continuar impulsando el trabajo de coordinación entre las diversas asambleas locales por una vivienda digna nos permitirá no sólo incidir de forma más efectiva en las luchas locales, sino también afrontar con más fuerza las movilizaciones futuras con las elecciones generales como próximo horizonte.

Ferreres. "Con un poco de buena voluntad por parte de todos..."

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Los ayuntamientos catalanes perseguirán el 'mobbing' inmobiliario

Glòria Ayuso/ publico

Los ayuntamientos catalanes o, en su defecto, la Generalitat, tendrán potestad para perseguir y sancionar a los propietarios que practiquen mobbing inmobiliario o que promuevan la sobreocupación de una vivienda. La Ley del Derecho a la Vivienda, que la comisión parlamentaria aprobará mañana, se propone erradicar estas actividades con multas de hasta 900.000 euros.

El alza de los precios del mercado inmobiliario han conducido a casos de propietarios que intentan echar de forma ilegal a inquilinos que pagan una renta baja, o que alquilan un piso a más personas de las que caben, mayoritariamente inmigrantes, para extraer un mayor beneficio económico. Más allá del alquiler forzoso, la medida más polémica que incluye la Ley, la normativa intenta solucionar los problemas de infravivienda y asedio.

El asediador responderá

La Ley catalana define por primera vez el asedio inmobiliario como una discriminación. El documento lo asimila al mobbing laboral y acoge las directrices europeas sobre cómo tratar este tipo de asedio trasladándolas a los acosos inmobiliarios. La novedad es que se invierte la carga de la prueba: si hay indicios de conflicto, no deberá ser la víctima de mobbing la que tenga que probar esta situación, sino que deberá ser el presunto asediador el que deberá demostrar que no está provocándola.

A la práctica, un informe de la Policía Local según el cual una vivienda no cuenta con agua ni con luz puede motivar la apertura de un expediente. El ayuntamiento investigará si el propietario ha provocado la disfunción y podrá sancionarlo. La Ley considera el mobbing inmobiliario como una infracción grave o muy grave, lo que puede conducir a multas de 90.000 hasta 900.000 euros. "La normativa deberá aplicarse bien, de lo contrario podría desprestigiarse", advirtió ayer la presidenta de la comisión parlamentaria que ha trabajado en la Ley, Dolors Clavell (ICV-EUiA).
La sobreocupación de una vivienda, hasta ahora no tipificada, también está considerada por la Ley como falta grave o muy grave y será sancionable por parte de los ayuntameintos.

En los casos más flagrantes, se podrá incluso expropiar la vivienda. Antes, sin embargo, deberá aprobarse un decreto que se está elaborando y que prevé ver la luz a finales de año, según la directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla. Esta nueva norma estipulará el número de personas que pueden habitar por metros cuadrados de vivienda. Habrá tratamiento diferenciado según cada caso: no será punible si se trata de una sola familia. En cambio se perseguirá "la existencia de contratos ilegales, el mal uso de la vivienda y si se causa molestais a los vecinos de la comunidad", explicó Trilla.

CiU decide no firmar el pacto de la vivienda

Antonia De la Fuente/ lavanguardia
Premià de Mar

Convergència i Unió se opone a la cláusula de expropiación forzosa para alquileres de los pisos vacíos

El Pacto Nacional para la Vivienda - uno de los cuatro grandes acuerdos anunciados por Montilla para esta legislatura- no contará con el apoyo del primer partido de la oposición, Convergència i Unió. Felip Puig, el flamante secretario general adjunto de CDC, anunció ayer en Premià de Mar que su formación no firmará este pacto mientras no "se elimine" la cláusula de expropiación (del usufructo) de viviendas vacías para dedicarlas al alquiler forzoso. "Mañana - por hoy- no habrá un pacto nacional para la vivienda, sino más bien un acuerdo sectorial entre el Govern y algunos agentes económicos y sociales", dijo Puig. El líder de CiU lamentó que "la obsesión de radicalidad ideológica de ICV, que ha situado en la ley la obligación de expropiación forzosa de viviendas vacías para dedicarlas a alquileres forzosos, no haya permitido un gran pacto político entre PSC y CiU".

Puig descalificó con contundencia esta medida, que consideró impropia de un país "democrático y moderno". "Nosotros - dijo- lucharemos jurídica y políticamente por eliminar esta obsesión enfermiza más propia de un régimen comunista que de un país moderno". Asimismo, insistió en que "en el momento en que se elimine este punto de la ley", CiU se adherirá al pacto. "Es una pena - añadió- que una vez más el país salga perjudicado por la comodidad de mantener un gobierno a cualquier precio". Puig insistió en que "cualquier partido moderno no puede aceptar" esta medida y aseguró que "los socialistas dicen con la boca pequeña que no están de acuerdo pero no tienen el coraje suficiente para poner en riesgo la estabilidad del gobierno a cambio de eliminar un precepto legal que no tiene ningún precedente en Catalunya".

El alquiler forzoso del usufructo de aquellas viviendas desocupadas durante dos años es el principal escollo entre el Govern y la oposición en la nueva ley de Derecho a la Vivienda que se está tramitando en el Parlament. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, se mostró hace un mes confiado en llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición sobre el tema, aunque tampoco descartó entonces firmar el pacto sin CiU y el PP. Baltasar señaló que su intención era lograr el máximo consenso y buscar "una solución sobre este punto del articulado que contente a todos". Pero a la vista del anuncio de Puig ayer, tal acuerdo no se ha alcanzado.

El alquiler forzoso es la última medida tras agotar el resto de vías encaminadas a convencer al propietario de la conveniencia de alquilar su vivienda. No podrá ser superior a seis años, tras los cuales éste podrá recuperar el uso de su propiedad.

Baltasar logra la adhesión de los promotores al Pacte d'Habitatge

Salvador Sabrià/ elperiodico
Foto: Álvaro Monge
Barcelona

• La Generalitat rebaja la obligación de edificar pisos sociales en los centros urbanos
• El 30% de la vivienda protegida podrá ser vendida sin sorteo por los constructores

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, y el presidente de la Federació Catalana de Promotors Constructors d'Edificis, Enric Reyna, llegaron finalmente ayer a un acuerdo por el que estos últimos se suman al Pacte Nacional per l'Habitatge, que prevé la construcción o el inicio de 160.000 viviendas de protección oficial (VPO) en 10 años.

Para ello, la conselleria ha rebajado considerablemente algunos de sus planteamientos, básicamente el que preveía que todas las nuevas construcciones o rehabilitaciones en suelo consolidado (los centros urbanos) de más de 2.000 metros cuadrados deberían disponer de un 20% de la edificación destinado a pisos sociales. Con el acuerdo alcanzado ayer, la obligación se inicia a partir de los 5.000 metros cuadrados, y además se permite a los promotores sustituir este 20% por suelo en otras zonas de la ciudad e incluso abonar el equivalente económico a la Administración y esta los construirá, según explicaron los promotores.

Para valorar el efecto de esta variación vale la pena tener en cuenta que más de la mitad de las viviendas que se estaban construyendo en Catalunya en el 2005, cuando se empezó a redactar la ley, formaban parte de edificios de más de 2.000 metros cuadrados y que más del 40% de toda la actividad constructora se ubicaba en suelo consolidado.

Otra cesión es que los constructores privados podrán reservarse hasta un 30% de las promociones de viviendas de protección oficial que construyan sobre suelos de reserva urbanística para adjudicarlos directamente, sin un sorteo público.

Solidaridad urbana

También varía la cuantificación del principio de solidaridad urbana previsto en el plan, que establecía que en un periodo de 20 años todos los municipios de Catalunya de más de 3.000 habitantes deberían disponer de un parque mínimo del 15% de su parque de viviendas principales destinado a políticas sociales. Tras el acuerdo con los promotores, este principio afectará solo a los municipios de más de 5.000 habitantes y además se tendrán en cuenta las circunstancias propias de cada localidad.

El acuerdo prevé que la Administración dará un trato igualitario a todos los promotores, tanto si se dedican en exclusiva a vivienda protegida como si no, al aplicar los programas de vivienda protegida, lo que incluye beneficios fiscales y acceso a suelos públicos.

La Generalitat se compromete a garantizar el cobro de las cuotas a los promotores de viviendas sociales de alquiler, incluso con la posibilidad de hacerse cargo del arrendamiento de estos pisos.

Baltasar vaticinó que, tras el apoyo de los promotores, la firma del pacto es inminente, aunque recalcó que buscará hasta el último momento el apoyo de todos los partidos.