Baltasar logra la adhesión de los promotores al Pacte d'Habitatge

Salvador Sabrià/ elperiodico
Foto: Álvaro Monge
Barcelona

• La Generalitat rebaja la obligación de edificar pisos sociales en los centros urbanos
• El 30% de la vivienda protegida podrá ser vendida sin sorteo por los constructores

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, y el presidente de la Federació Catalana de Promotors Constructors d'Edificis, Enric Reyna, llegaron finalmente ayer a un acuerdo por el que estos últimos se suman al Pacte Nacional per l'Habitatge, que prevé la construcción o el inicio de 160.000 viviendas de protección oficial (VPO) en 10 años.

Para ello, la conselleria ha rebajado considerablemente algunos de sus planteamientos, básicamente el que preveía que todas las nuevas construcciones o rehabilitaciones en suelo consolidado (los centros urbanos) de más de 2.000 metros cuadrados deberían disponer de un 20% de la edificación destinado a pisos sociales. Con el acuerdo alcanzado ayer, la obligación se inicia a partir de los 5.000 metros cuadrados, y además se permite a los promotores sustituir este 20% por suelo en otras zonas de la ciudad e incluso abonar el equivalente económico a la Administración y esta los construirá, según explicaron los promotores.

Para valorar el efecto de esta variación vale la pena tener en cuenta que más de la mitad de las viviendas que se estaban construyendo en Catalunya en el 2005, cuando se empezó a redactar la ley, formaban parte de edificios de más de 2.000 metros cuadrados y que más del 40% de toda la actividad constructora se ubicaba en suelo consolidado.

Otra cesión es que los constructores privados podrán reservarse hasta un 30% de las promociones de viviendas de protección oficial que construyan sobre suelos de reserva urbanística para adjudicarlos directamente, sin un sorteo público.

Solidaridad urbana

También varía la cuantificación del principio de solidaridad urbana previsto en el plan, que establecía que en un periodo de 20 años todos los municipios de Catalunya de más de 3.000 habitantes deberían disponer de un parque mínimo del 15% de su parque de viviendas principales destinado a políticas sociales. Tras el acuerdo con los promotores, este principio afectará solo a los municipios de más de 5.000 habitantes y además se tendrán en cuenta las circunstancias propias de cada localidad.

El acuerdo prevé que la Administración dará un trato igualitario a todos los promotores, tanto si se dedican en exclusiva a vivienda protegida como si no, al aplicar los programas de vivienda protegida, lo que incluye beneficios fiscales y acceso a suelos públicos.

La Generalitat se compromete a garantizar el cobro de las cuotas a los promotores de viviendas sociales de alquiler, incluso con la posibilidad de hacerse cargo del arrendamiento de estos pisos.

Baltasar vaticinó que, tras el apoyo de los promotores, la firma del pacto es inminente, aunque recalcó que buscará hasta el último momento el apoyo de todos los partidos.