Ni falsas promesas ni especulación: la vivenda fuera del mercado

En Lucha/ nodo50

El G-14, el grupo de las catorce inmobiliarias mas grandes del Estado español, ha pasado a la acción. Ante la abundancia de noticias y titulares anunciando el fin del ciclo de crecimiento de la última década, Antonio Marín, presidente de Fadesa y miembro destacado del G-14 amenaza con una subida vertiginosa del precio de la vivienda e implora al gobierno ayudas para salvar de la crisis a las grandes constructoras.

Las recientes iniciativas legislativas, la reforma de la Ley del Suelo, la nueva Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía o el reciente Pacte Nacional per l’Habitatge firmado en Catalunya, forman parte de una batería de medidas electoralistas que han copado la atención de los principales medios de comunicación y que están destinadas a reforzar la posición del PSOE ante su electorado de cara a las elecciones generales de marzo del año próximo.

A pesar del intento de adueñarse del discurso promovido desde los movimientos sociales, las medidas propuestas, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, darán continuidad a la actual situación mediante la transferencia millonaria de fondos públicos a los que llevan años enriqueciéndose con el negocio de la vivienda, para que puedan seguir haciéndolo. Así, por ejemplo, se prima la compra de vivienda protegida frente al alquiler público, se deja en la estacada a los hipotecados atrapados por el euríbor, se deja que los promotores controlen un 30% de la VPO que promuevan todo ello a cambio de llegar al 15% de viviendas protegidas en el lejanísimo 2020.

Además es necesario considerar que el precio de la VPO no lo marca el salrio mínimo si no que es un porcentaje menor al del precio de mercado, hecho que provoca que a mucha gente “agraciada” en los infames sorteos deba renunciar ala vivienda al no poder pagar ni la entrada. En definitiva no se emprenden acciones decididas para garantizar la función social de los tres millones de pisos vacíos que hay en el Estado español., ni en Catalunya ni en el resto del Estado. En el fondo no se pretende universalizar un derecho si no que se opta por la doctrina neoliberal del “toma un talón y haz lo que puedas”.

Mientras la vivienda siga siendo una mercancía más, el derecho a una vivienda digna siempre quedará por detrás de los intereses de bancos, constructoras, inmobiliarias y especuladores.

A pesar de que las medidas propuestas no servirán para garantizar el acceso a una vivienda digna, están teniendo un efecto desmovilizador que se nota al salir a la calle. De ahí que las movilizaciones del pasado 6 de octubre tuvieron una asistencia menor a la de pasadas convocatorias. Sin embargo, la reivindicación por una vivienda digna sigue siendo una de las luchas sociales que en la actualidad muestra una mayor capacidad de interpelar tanto a la sociedad cómo a los gobiernos.

El dinamismo del movimiento en el momento de generar y comunicar su discurso propio, en oposición a las políticas continuistas y de mercado impulsadas desde las administraciones, ha quedado más que demostrado durante el último año y medio de movilizaciones. Ahora más que nunca el reto es hacer visibles las respuestas y propuestas. En este sentido, la movilización sigue siendo la clave.

Continuar impulsando el trabajo de coordinación entre las diversas asambleas locales por una vivienda digna nos permitirá no sólo incidir de forma más efectiva en las luchas locales, sino también afrontar con más fuerza las movilizaciones futuras con las elecciones generales como próximo horizonte.

Vivienda ocultó los límites que rebajan la nueva deducción por alquiler

Luis Doncel/ elpais
Madrid

Los que ganen más de 12.000 euros tendrán un ahorro menor del previsto

El Grupo Socialista introdujo ayer una enmienda que establece dos tramos en las deducciones por alquiler. Los que cobren más de 12.000 euros se ahorrarán una cantidad menor de lo que pensaron el día que escucharon a la ministra de Vivienda, Carme Chacón, presentar el plan estrella del Gobierno para impulsar el alquiler.

Acompañada por el presidente del Gobierno, con el aire de las grandes ocasiones, y tras el trabajo de "70 días y 70 noches", presentó, entre otras medidas, una deducción fiscal destinada a los inquilinos con ingresos inferiores a los 24.000 euros anuales.

Una persona con un sueldo de 23.000 euros y un alquiler mensual de 750 estaría ese día frotándose las manos: la iniciativa del Gobierno iba a suponerle un ahorro de 906 euros al año. Pero si esa persona ayer hubiera oído lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados tendría que tragarse su alegría. Si finalmente se aprueba la enmienda introducida por el Grupo Socialista, esos 906 euros quedarán reducidos a sólo 77.

El día de la presentación, Chacón habló de una deducción con un máximo de 9.015 euros, "idéntica de la que rige por la compra de vivienda", que no contiene límites ni coeficientes reductores. Los documentos que el ministerio presentó ese día especificaban que afectaría a "todos los inquilinos con ingresos máximos de 24.000 euros". Ni palabra de los dos tramos que establece la enmienda de ayer.

La redacción final deja como se preveía a los que ganen menos de 12.000, pero introduce un coeficiente reductor para los ciudadanos con unos ingresos de entre 12.000 y 24.020. Así, los que estén en esta franja salarial tendrán una base máxima de deducción resultado de la siguiente fórmula: a 9.015 habrá que restar el resultado de multiplicar 0,75 por la diferencia entre la base imponible y 12.000 euros anuales.

Lo más llamativo es que esta medida, según reconocen fuentes de los ministerios de Economía y de Vivienda, ya estaba contemplada así desde el principio. No es una modificación de algo que ya existía, sino una puesta en papel de una medida presupuestaria así diseñada, pero cuyos detalles menos populares se mantuvieron ocultos hasta ayer.

La enmienda que reduce sustancialmente el ahorro para muchos españoles que viven de alquiler está pendiente de aprobación y, dado el precario apoyo con el que se aprobaron las cuentas del Estados, no es segura su aprobación en los términos actuales.

Una medida ya prevista

Fuentes de Vivienda responden que esta enmienda se ha preparado "totalmente de acuerdo" con el ministerio que dirige Pedro Solbes. Y reconocen que desde el principio estaban planeados estos dos tramos, aunque no se hiciera la menor alusión a los mismos en ningún de las notas y presentaciones elaboradas ni el día de su presentación (18 de septiembre) ni el día de su aprobación por el Consejo de Ministros (28 de septiembre).

La razón, según Vivienda, para que se establezcan estos dos tramos es que las deducciones han de cumplir dos condiciones: ser progresivas y no ser universales, pues en este caso su efecto sería el de causar inflación.

Los mayores perjudicados por la enmienda de los socialistas son los inquilinos que están más cerca de la barrera de los 24.000 de ingresos y para los que el alquiler es más caro. Así, el que gane 20.000 euros y pague 750 al mes o más por alquiler se ahorrará 303. Y si pudiera acceder a la deducción máxima dejaría de pagar a Hacienda 906. Es decir, que con la redacción de la ley tendrá que pagar 600 euros más.

Los que sí tuvieron una buena noticia ayer fueron los que inquilinos que reciben una pensión no contributiva. El Gobierno aprobó una ayuda para ellos de 350 euros mensuales.

Los solicitantes deberán tener reconocida una pensión de jubilación e invalidez no contributiva, carecer de vivienda en propiedad, ser arrendatario en la fecha de la solicitud, no tener una relación de parentesco de hasta el tercer grado con el arrendador y tener fijada su residencia habitual en el piso alquilado.

Chacón acuerda hoy con los gobiernos regionales su plan de ayuda al alquiler

Ep/ elpais
Madrid

Vivienda quiere tramitarlo cuanto antes para que el decreto pueda estar vigente en enero

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, tratará de acordar hoy con las comunidades autónomas el sistema por el que los gobiernos regionales se encargarán de gestionar y tramitar la ayuda al alquiler de 210 euros al mes que el Ministerio dará a jóvenes de entre 22 y 30 años que cumplan determinados requisitos. Vivienda quiere cerrar este asunto cuanto antes para incluirlo en el proyecto de Real Decreto que regula la ayuda y que ésta pueda ser efectiva a partir del próximo 1 de enero. La negociación se abordará en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda prevista para hoy, la segunda presidida por Chacón.

La medida estrella del ministerio de Vivienda llega a los Gobiernos regionales, que serán los encargados de facilitar los formularios para que los jóvenes la soliciten, así como de recoger sus peticiones y tramitarlas. Luego deberán verificarlas en función de los requisitos que se exigen para obtenerla y, en su caso, autorizarlas. Por último, las comunidades comunicarán al Ministerio todas las ayudas autorizadas para que proceda a efectuar los pagos.

El pago incluye 210 euros al mes para los jóvenes de entre 22 y 30 años que hayan optado al alquiler para acceder a su primera vivienda. Este colectivo deberá haber residido en España un mínimo de cuatro años, con contrato de trabajo e ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales. El proyecto de Real Decreto también incluye un aval público para el alquiler de un piso y préstamos de hasta 600 euros para la fianza.

Vivienda estima que unos 361.000 jóvenes se encuentran en esa situación y, por tanto, podrán beneficiarse de esta ayuda en 2008. El coste estima en unos 411 millones de euros también para 2008, importe que se eleva a 436 millones en caso de añadir el aval y la fianza. La ayuda se otorgará durante un máximo de cuatro años y se prorrateará si se trata de un alquiler compartido (más de un titular del contrato de alquiler).