CiU y PP condicionan su apoyo al Pacto Nacional de la Vivienda a la supresión del alquiler forzoso

Agencias/ lavanguardia
Barcelona

El tripartito anuncia que modificará el controvertido artículo pero que no lo suprimirá

Los grupos parlamentarios que apoyan al Govern anunciaron hoy que el artículo 42.6 del proyecto de ley del derecho a la vivienda -que permite la expropiación del usufructo de pisos vacíos para incorporarlos al mercado de alquiler- será modificado atendiendo a las apreciaciones del dictamen del Consell Consultiu, pero no se suprimirá la medida.

Este posicionamiento hace prever que CiU y PP permanezcan fuera del Pacto Nacional de la Vivienda, en tanto que las dos formaciones anunciaron hoy que no aceptarán otra salida que no sea la supresión del artículo 42.6 del proyecto. Ciu apuntó que podría aceptar una "modificación significativa" del texto.

Mientras CiU y PP consideran "inequívoco" que el dictamen del Consultiu "declara inconstitucional" la expropiación forzosa de pisos vacíos, los socios del tripartito interpretan, en cambio, que este organismo jurídico sólo cuestiona la "metodología" prevista para definir los casos en que se puede expropiar.

El Govern ha negado la nueva ley de vivienda quede "desnaturalizada" pese a la modificación anunciada. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el conseller de Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura ha afirmado que el dictamen del Consultiu "en ningún caso cuestiona la esencia y el grueso político" de la nueva ley, una de las "más avanzadas" de Europa.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aseguró incluso que el dictamen "no supone ningún correctivo" al proyecto de ley porque "no cuestiona la constitucionalidad" de la medida concreta del alquiler forzoso, sino que sólo "advierte de la discrecionalidad" que introduce la ley al establecer esta medida para casos de una "demanda residencial fuerte y acreditada", concepto que se considera ambiguo.

Mañana mismo, Ridao entregará a la secretaria general de Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, su propia propuesta de modificación del artículo, en la que -explicó- introduce ciertos "parámetros" para definir esta demanda y concreta la "metodología" de "inspección" para determinar qué viviendas vacías deben incorporarse al mercado de alquiler.

El portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, consideró que el dictamen "no cuestiona el alquiler forzoso", y anunció también que se adaptará el redactado del artículo 42.6 a través de una enmienda conjunta entre PSC, ERC e ICV-EUiA con las "garantías que el Consell Consultiu especifica". "Corrección no es eliminación", zanjó Bosch.

El diputado del PSC Roberto Labandera abogó también por "modificar" la ley para "dar las máximas garantías" jurídicas, de acuerdo con que "se mantenga" el artículo concreto. Destacó que el informe del Consultiu "valida la constitucionalidad de la ley" en su conjunto y "sólo hace referencias a dos puntos de un artículo concreto".

CiU acusa a Montilla

En cambio, el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, expresó la "satisfacción" de su federación por que el dictamen haya "dado la razón" a sus tesis, y reclamó al conseller de Medi Ambiente i Habitatge, Francesc Baltasar, que "lidere la supresión del artículo 42.6 del proyecto" para poder sumar a CiU al acuerdo para esta ley y para el pacto nacional.

Pujol acusó a los tres socios del Govern de "haber perdido dos meses" con la tramitación de este proyecto para dejar "que sus discrepancias internas las resolviese el Consell Consultiu". Para él, "ante una incomodidad manifiesta" del presidente de la Generalitat, José Montilla, con la medida del alquiler forzoso introducida en el proyecto de ley por el conseller de ICV-EUiA, el presidente "prefirió doblegarse y acogerse a lo que pudiera decir el Consultiu".

"Serio correctivo", según PP

La portavoz parlamentaria del PP, Carina Mejías, advirtió también de que no aceptarán otra salida que no sea suprimir el artículo 42.6 para sumarse al acuerdo para esta ley y para el pacto de Vivienda. Al contrario que Ridao, consideró que el dictamen supone "un serio correctivo a la conselleria" al "declarar inconstitucional" el alquiler forzoso, porque vulnera "el artículo 33 de la Constitución, sobre el derecho a la propiedad", dijo.

Mejías interpretó que el Consultiu denuncia que el proyecto de ley "vulnera el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad y el juicio de necesidad" que hace la ley sobre esta medida, por lo que confió en que "el Govern haga caso" a la institución jurídica. Para ella, el dictamen "es un toque de atención" al Govern para "apelarle a elaborar sus normas de forma rigurosa" sin necesidad de "acudir siempre al Consultiu" para juzgar su constitucionalidad.

El diputado de C's José Domingo condicionó el voto de su grupo a la ley a que se retire la medida de la expropiación forzosa "o la modificación significativa de este precepto", de forma que "sea compatible con la propiedad privada y los valores constitucionales".