Sobrevivir en un piso patera

Jorge Valero
Gaceta de los Negocios
Madrid


En España, más de 200.000 inmigrantes residen en uno de los 10.000 micropisos que hay, en los que se ven obligados a vivir en malas condiciones hasta 10 personas en apenas 20 metros cuadrados.

“Es muy peligroso y asqueroso. A veces la Policía no se atreve a entrar y, cuando lo hace, llevan guantes”, asegura José, dueño de una droguería, frente al número 20 de la céntrica calle Almansa de Madrid. “Sobre todo no entres solo, vete siempre acompañado. No es una broma, es muy peligroso”, sentencia en el umbral de su negocio como un oráculo en busca de creyentes.

Pero detrás de ese demonizado portal no se huele el peligro ni se escucha un solo ruido. La corrala descansa durante el letargo de la mañana, y los tendederos llenos de ropa y los juguetes tirados por los pasillos son la única pista del hacinamiento.

Todo cambia con los primeros pasos del crepúsculo. Al término de la jornada laboral, este portal se agita con la vida de los 20 pisos patera que se apiñan. Son una muestra de las más de 10.000 viviendas de nuestro país en las que la Policía calcula que malviven hasta 20 personas en apenas 25 metros cuadrados.

Para María Ángeles, la única española que queda en los cuatro pisos del bloque, la realidad que le achucha cada día a escasos metros de su puerta le hace ignorar con desdén el resto de casos que pueda haber en nuestro país o las circunstancias que obligan a sus vecinos extranjeros a vivir en esas condiciones. “El trasiego y los gritos son constantes. La Policía tiene que venir cada semana”, protesta. “No es ir en contra de la inmigración, hay algunos que son normales, pero éstos no deberían vivir aquí”, se queja dejando el paso libre a una mirada de repulsa animal.

Agustina, una uruguaya que apenas lleva un mes en España, desoye los ataques con sobrada naturalidad. Se puede considerar afortunada porque vive sólo con sus tíos y sus dos primos en un piso de algo más de 20 metros cuadrados. Su tío Dionisio, que lleva ya cinco años en España, paga 600 euros por el alquiler de un habitáculo con dos habitaciones en las que el deterioro hace tiempo que ha ganado la batalla. “Nos gustaría vivir en un lugar mejor pero no tienes los avales que te exigen presentar”, lamenta el hombre.

Un piso más arriba vive Delaida. Esta boliviana se ha visto obligada a compartir su vida con una familia entera de ecuatorianos que le es extraña. La convivencia con otras ocho personas ha reducido a dos metros y medio su reserva vital en la que intenta proteger palabras como intimidad o descanso. Para tener este derecho, tiene que pagar 150 euros cada mes, la renta que paga María Ángeles por toda la vivienda. “Es complicado, pero así son las cosas. También podría ser peor”, sonríe.

A pesar de las malas condiciones de algunas de estas viviendas, todas las administraciones se ven atadas de pies y manos. Responsables de inmigración delegan en los ayuntamientos. Los consistorios, más allá de cosméticos observatorios locales, no terminan de meter la mano a un problema al que no le encuentran los asideros, y las organizaciones que trabajan con inmigrantes, como Cruz Roja, reconocen que estos lugares quedan lejos de su ámbito de actuación.

Cerrar la puerta

El miedo a la Policía o a un inesperado interés del extraño cierra las puertas, con adornos navideños perpetuos y pegatinas de banderas de países suramericanos que mantienen viva la hogera del patriotismo.

Doris se asoma a través de una púdica rendija. “Esto es vivir como en una lata de sardinas”, confiesa esta peruana, tras evitar en un primer momento hablar del asunto. Ella no tiene tanta suerte de poder presumir de su casa, ya que lo único que puede alquilar es una cama por unos 6 euros, que dejará en algunos días.

“¿Cuántos estáis?” Cuando va a responder se escuchan pasos en la escalera. “No puedo”, cierra la puerta. Poco después llega el casero, un extranjero que se interesa por los detalles de la conversación. Las paredes amortiguan la bronca: “¿Por qué has hablado con ese hombre? ¿No sabes que ahora mismo puede estar llamando a la Policía?”, le grita el propietrio. El silencio de Doris es toda su respuesta.

Los ayuntamientos catalanes perseguirán el 'mobbing' inmobiliario

Glòria Ayuso/ publico

Los ayuntamientos catalanes o, en su defecto, la Generalitat, tendrán potestad para perseguir y sancionar a los propietarios que practiquen mobbing inmobiliario o que promuevan la sobreocupación de una vivienda. La Ley del Derecho a la Vivienda, que la comisión parlamentaria aprobará mañana, se propone erradicar estas actividades con multas de hasta 900.000 euros.

El alza de los precios del mercado inmobiliario han conducido a casos de propietarios que intentan echar de forma ilegal a inquilinos que pagan una renta baja, o que alquilan un piso a más personas de las que caben, mayoritariamente inmigrantes, para extraer un mayor beneficio económico. Más allá del alquiler forzoso, la medida más polémica que incluye la Ley, la normativa intenta solucionar los problemas de infravivienda y asedio.

El asediador responderá

La Ley catalana define por primera vez el asedio inmobiliario como una discriminación. El documento lo asimila al mobbing laboral y acoge las directrices europeas sobre cómo tratar este tipo de asedio trasladándolas a los acosos inmobiliarios. La novedad es que se invierte la carga de la prueba: si hay indicios de conflicto, no deberá ser la víctima de mobbing la que tenga que probar esta situación, sino que deberá ser el presunto asediador el que deberá demostrar que no está provocándola.

A la práctica, un informe de la Policía Local según el cual una vivienda no cuenta con agua ni con luz puede motivar la apertura de un expediente. El ayuntamiento investigará si el propietario ha provocado la disfunción y podrá sancionarlo. La Ley considera el mobbing inmobiliario como una infracción grave o muy grave, lo que puede conducir a multas de 90.000 hasta 900.000 euros. "La normativa deberá aplicarse bien, de lo contrario podría desprestigiarse", advirtió ayer la presidenta de la comisión parlamentaria que ha trabajado en la Ley, Dolors Clavell (ICV-EUiA).
La sobreocupación de una vivienda, hasta ahora no tipificada, también está considerada por la Ley como falta grave o muy grave y será sancionable por parte de los ayuntameintos.

En los casos más flagrantes, se podrá incluso expropiar la vivienda. Antes, sin embargo, deberá aprobarse un decreto que se está elaborando y que prevé ver la luz a finales de año, según la directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla. Esta nueva norma estipulará el número de personas que pueden habitar por metros cuadrados de vivienda. Habrá tratamiento diferenciado según cada caso: no será punible si se trata de una sola familia. En cambio se perseguirá "la existencia de contratos ilegales, el mal uso de la vivienda y si se causa molestais a los vecinos de la comunidad", explicó Trilla.