La FEMP augura que la demanda de VPO nueva quedará 'insatisfecha' el próximo año

EP/ suvivienda
Foto: Efe

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) asegura que la demanda de vivienda protegida de nueva construcción quedará "claramente insatisfecha" en 2009, según indica en el informe remitido a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, como parte del itinerario a seguir para cumplir con la promesa electoral de construir 150.000 viviendas al año.

Según argumenta el estudio, las razones son varias, y entre ellas se encuentran el bajo ritmo de iniciación de este tipo de viviendas desde mediados de 2007 y el hecho de que las iniciadas en 2008 y 2009, no se adjudicarán hasta 2010 y 2011, respectivamente. Por ello, la FEMP recomienda al ministerio que la oferta de vivienda nueva protegida se complete bien activando el 'stock' de inmuebles vacíos o a través de acuerdos con los promotores con vivienda libre disponible, algo que ya ha quedado plasmado en el borrador del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012.

De hecho, las circunstancias deberían favorecer estos acuerdos. Primero porque, según la FEMP, los factores económicos y la previsible reducción del ritmo de creación de hogares "hacen pensar" que el mercado de la vivienda libre registrará una "atonía" y "algunas reducciones de precios reales" entre 2009 y 2010, mientras permanecerá un 'stock' de vivienda libre "al que paulatinamente se le irá dando salida".

No hay suelo suficiente

El informe señala además que el suelo en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos permitiría construir 225.000 viviendas protegidas (VPO) durante los próximos cuatro años, un volumen inferior a la demanda prevista de 760.000 VPO en el mismo periodo.

Concretamente, los ayuntamientos y agentes municipales disponen de suelos para levantar 150.000 viviendas protegidas, y las comunidades autónomas para otras 75.000 hasta 2012. Sin embargo, la demanda efectiva podría rondar 190.000 viviendas protegidas al año, "con una presión relativamente más intensa en los grandes núcleos urbanos".

El estudio subraya que esta cifras de superficie disponible corresponden exclusivamente a "suelo realizable", es decir, los terrenos que, dada su situación o grado de desarrollo, podría acoger la edificación de VPO durante el periodo previsto. Así, apunta que si se tomase en consideración el patrimonio de suelo total disponible, la cifra sería superior.

No obstante, aunque las previsiones y los planes de vivienda y suelo elaborados por estas administraciones permitieran la obtención de suelos para la edificación de, al menos, 400.000 viviendas protegidas, como espera la FEMP, ambas partidas sumarían 625.000 nuevos inmuebles protegidos, con lo que aún quedarían 175.000 VPO demandadas sin cubrir. El informe es algo más optimista en este cálculo y precisa que el exceso de demanda es algo menor, de 160.000 viviendas.

El informe titulado 'Demanda de Vivienda Social en España y Suelo disponible para la promoción de viviendas sociales' y elaborado a través de la empresa IKEI, ya ha sido remitido al Ministerio de Vivienda como parte del itinerario a seguir para cumplir con la promesa electoral de construir 150.000 viviendas al año.

La crisis condiciona a los municipios

J. G./ Gaceta de los Negocios

Educación, sanidad, seguridad, protección civil, asistencia social, son algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos. Pese a que originariamente se trataba de transferencias propias de las comunidades, ahora, son una amplia mayoría de municipios los que a través de sus concejalías desempeñan esta labor. Se trata de las llamadas competencias impropias, cuya gestión de los últimos años está dejando en muy buena posición a los ayuntamientos. Sin embargo, la crisis económica puede poner contra las cuerdas este modelo. Las comunidades están remisas a ceder la financiación necesaria para estos servicios, lo que deja abierta la puerta a una subida de la presión fiscal municipal si no se quiere que se deterioren los servicios.

La próxima semana la comisión técnica de la FEMP tiene previsto elaborar un informe que contendrá la propuesta que presentarán los ayuntamientos para la negociación del nuevo modelo de financiación. De aquí tendrá que salir el sistema por el que se regirán las arcas de los más de 8.000 municipios españoles. Será un modelo que se negociará a tres bandas: Gobierno central, CCAA y ayuntamientos y, por tanto, en paralelo con la financiación autonómica.

La Federación Española de Municipios y Provincias cuantificó en 7.000 millones de euros estas competencias impropias, cifra que será la base de la negociación del nuevo modelo. Para el presidente de la FEMP, Pedro Castro, esta cantidad debería financiarse en un 33% por cada una de las administraciones, es decir a partes iguales entre Estado, comunidades y municipios, de forma que se mejore la redistribución de los recursos.

Este importante ramillete de “competencias impropias” delegadas en su mayor parte por las autonomías, se ha hecho sin financiación adecuada, lo que se ha convertido en un “dardo envenenado” cada vez más complicado de financiar. De no obtener la financiación adecuada, los municipios españoles no tendrán más remedio que hacer uso de su capacidad normativa y subir impuestos o, de no hacerlo, reducir la calidad de los servicios que prestan al ciudadano. El Impuesto de Bienes Inmuebles jugará un papel fundamental. El IBI es el tributo municipal por excelencia que en 2009 presentará un lavado de cara. Tendrá elementos de progresividad en función del nivel de rentas del contribuyente, al tiempo que podría bajar para familias numerosas o si hay parados de larga duración.

También podrían pagar más aquellos propietarios que no residan habitualmente en un inmueble o incluso aproximar el valor catastral y de mercado. Todo ello se traduciría en un incremento de la recaudación por este impuesto.

Pese a estas reducciones la amplia mayoría de los ciudadanos tendría que pagar más, lo que se traduciría en un importante aumento de la presión fiscal municipal.

Municipios, promotores y sindicatos piden pisos sociales

elperiodico
Barcelona

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), promotores públicos y privados y los sindicatos CCOO y UGT firmaron ayer una declaración para impulsar un pacto nacional por la vivienda con el objetivo de garantizar la actividad en la construcción, el mantenimiento del empleo y el acceso de los colectivos más desfavorecidos a viviendas de protección oficial.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, indicó que el acuerdo garantizará la construcción de 150.000 viviendas protegidas en el 2008, que podrían ampliarse hasta las 200.000. Esta oferta vendría a sumarse al promedio de 100.000 viviendas que se han venido construyendo en los últimos años, con lo que la oferta final podría situarse entre las 250.000 y las 300.000 viviendas protegidas.

Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores, advirtió de que si la vivienda protegida "no alcanza un mínimo umbral de rentabilidad", no la podrán llevar a cabo.

Los ayuntamientos impulsarán unas 200.000 VPO anuales para atender a la demanda

EP/ elmundo, sv
Foto: Efe

* Buscan facilitar el acceso a la vivienda y garantizar la actividad en el sector inmobiliario
* Pedro Castro: 'La crisis del sector puede empezar a ver la luz al final del túnel'
* El convenio buscel primer eslabón hacia un gran acuerdo nacional


La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometió con las inmobiliarias a que los ayuntamientos pongan suelo en el mercado para la construcción de unos 200.000 pisos de protección oficial (VPO) anuales. Persigue el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y garantizar la actividad y el mantenimiento del empleo en el sector ante la crisis que atraviesa.

Así se establece en la declaración de intenciones suscrita entre Fernando Martín, presidente del G-14, el grupo de las principales inmobiliarias, y el presidente de la FEMP, Pedro Castro. El número de viviendas protegidas que los ayuntamientos impulsarán coincide con las que actualmente se demandan, según el G-14. En virtud de sus cálculos, de la actual demanda potencial de unas 450.000 viviendas anuales, entre 200.00 y 250.000 corresponden a VPO.

Para el también presidente y primer accionista de Martinsa-Fadesa, el acuerdo con la FEMP supone un "paso adelante" en el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, pero también un elemento "importante" en materia económica y de empleo para "dinamizar" el sector en un momento "especialmente sensible".

"Se atraviesan los momentos menos brillantes de los últimos años", según dijo. "En momentos de desaceleración, las reformas que ya eran necesarias y se planteaban en el pasado cobran ahora especial urgencia", añadió en referencia a la necesidad de promover pisos protegidos. En esta línea, el presidente de la FEMP consideró que si los ayuntamientos son capaces de cumplir con la promoción de este suelo "la crisis del sector puede empezar a ver la luz al final del túnel". Para ello, la Federación difundirá el acuerdo entre los ayuntamientos y les invitará a sumarse ya a adaptar al mismo sus políticas de vivienda y suelo.

Las dos instituciones pretenden además que este convenio constituya el primer eslabón en la consecución de un gran acuerdo nacional por la vivienda. Trabajarán para integrar en el mismo al Ministerio de Vivienda, al resto de patronales, asociaciones, sindicatos e instituciones relacionadas con el sector, e incluso al sector financiero.

En este punto, Fernando Martín aseguró que la banca no ha fijado ningún tipo de restricción financiera para el sector de la vivienda protegida, sino que, al contrario, "apuesta claramente" por este segmento, por lo que estima que no será difícil un acuerdo con ella.
Agilizar los trámites urbanísticos

En el convenio suscrito, la FEMP se compromete también a atender una de las históricas reivindicaciones del sector, esto es, fomentar la transparencia, flexibilidad y agilidad de las tramitaciones urbanísticas.

El G-14 advirtió recientemente de una eventual nueva escalada de los precios de los pisos en caso de que ayuntamientos y administraciones autonómicas no pusieran suficiente suelo en el mercado mediante la agilización de los trámites urbanísticos.

Asimismo, asumen la necesidad de construir las viviendas que la sociedad actualmente demanda flexibilizando los planes urbanísticos. Los firmantes apuntaron la posibilidad de hacer un mayor número de viviendas de menor tamaño, más asequibles y acordes con la demanda de este tipo de pisos. En virtud del convenio se creará una comisión paritaria de seguimiento para abordar los puntos del acuerdo y asignar el número de viviendas a promover en cada región y municipio.

Experiencia piloto

DENUNCIAS POR VIVIENDA

Tecleando en google ABUELAS DEL VENTORRILLO te aparecen unas 1.250 citas en la red, y entre ellas, este blog, El 7 de Ventorrillo, donde las abuelas denuncian el 'mobbing' inmobiliario que llevan años sufriendo por parte de la empresa Sistemas 23. Es un ejemplo, sólo uno, de los muchos abusos que se dan en el país, en Madrid y, como en este caso, en el barrio de Lavapiés contra colectivos, generalmente indefensos, como este grupo de abuelas.

Esta semana Carme Chacón, ministra de Vivienda, y Pedro Castro, presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y alcalde socialista de Getafe, han anunciado la creación de un teléfono para denuciar este tipo de acoso, dentro de una 'experiencia piloto' en diez municipios. De momento, se dan 60 días de plazo para poner en marcha el servicio.

El economista John Kenneth Galbraith, que fuera asesor económico de distintos presidentes de Estados Unidos -de Franklin Delano Roosvelt a JFK o Jimmy Carter, pasando por el que él considera mejor, Lyndon Johnson- revela en "Un viaje por la economía de nuestro tiempo" (Ariel), mitad autobiografía intelectual, mitad ensayo ameno sobre los hechos sobresalientes de la economía mundial durante el siglo XX vistos por un contemporáneo esencial -discípulo de John Maynard Keynes, catedrático en Harvard, embajador norteamericano en India, etcétera-, que cuando un político te cuenta que va poner en marcha una 'experiencia piloto' es que la iniciativa ya ha nacido muerta.

Ojalá se equivocara en su medio broma el viejo sabio canadiense, pese a su larga y escéptica experiencia con la clase política, porque el 'mobbing' inmobiliario en España no está mal visto socialmente, y nuestros políticos deben reforzar las leyes que ahuyenten esta práctica mafiosa, y estrechar el cerco a los acosadores que, en numerosos casos, pueden ser empresas tapadera dedicadas a este tipo de delito.

Vivienda habilitará un teléfono gratuito para los casos de acoso inmobiliario

Efe/ elpais
Madrid

La ministra Chacón explica que el acoso inmobiliario es "un delito tipificado en el Código Penal que no va a quedar impune"

El Ministerio de Vivienda habilitará un teléfono gratuito para atender a los afectados por prácticas de acoso inmobiliario, según ha informado hoy la titular del departamento, Carmen Chacón, tras la firma de un protocolo de colaboración contra este acoso con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Chacón ha explicado que el acoso inmobiliario es "un delito tipificado en el Código Penal que no va a quedar impune" y ha añadido que el protocolo de colaboración con la FEMP establece una primera experiencia piloto, en un plazo de 60 días, que tendrá lugar en diez ayuntamientos, tras lo cual se extenderá a todo el territorio nacional.

La ministra ha afirmado que el teléfono será atendido por personal especializado del Ministerio que facilitará toda la información a los afectados sobre sus derechos y sobre cómo hacerlos valer ante los acosadores.

Las víctimas de acoso inmobiliario recibirán tres tipos de actuaciones mínimas: información, asesoría legal y asistencia social.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha indicado que el acoso lo sufren, sobre todo, las personas mayores que viven en los cascos urbanos de las ciudades y que a veces no saben siquiera que sufren acoso.

Este servicio, según Castro, va a permitir que los ayuntamientos cuenten con una información reglada sobre estos casos de acoso, que padecen en muchas ocasiones los inquilinos de rentas antiguas que llevan toda su vida en un inmueble y a quienes les hacen cortes ilegales de luz y agua, e incluso tretas como el decirles que no paguen el alquiler en seis meses para poder actuar contra ellos.

También se ha firmado otro convenio de colaboración para divulgar el plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler.

Los ayuntamientos liberarán terrenos para construir VPO

Carlos Molina/ cincodias

La Federación Española de Municipios y el Ministerio de Vivienda ultiman un acuerdo, que se firmará el 18 de diciembre, para que los ayuntamientos cedan suelo con el objetivo de aumentar el parque de viviendas de protección oficial.

El Ejecutivo busca aliados en otras administraciones para lograr que el parque de viviendas de protección oficial (VPO) crezca al ritmo previsto en el último plan cuatrienal. Es decir, que se inicien unas 100.000 casas protegidas cada año.

Con ese objetivo ultima un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se firmará el 18 de diciembre, en el que los ayuntamientos se comprometerán a poner terrenos a disposición de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, para la construcción de VPO.

Así lo aseguró ayer el nuevo presidente de la FEMP y alcalde de Getafe (Madrid), Pedro Castro, a la salida de la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de este organismo, en la que estuvo presente Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas. 'El convenio pretende hacer un análisis de las necesidades de VPO por comunidades autónomas para facilitar el acceso a una vivienda a las rentas más bajas y a los jóvenes', señaló Castro. Preguntado por quién promoverá estas viviendas, Castro precisó que se va a dar entrada a la iniciativa privada. 'Pero, allí dónde no quieran los promotores privados, lo harán los ayuntamientos', dijo.

El presidente de la FEMP avanzó que se intentará alcanzar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos, pero no descartó recurrir a expropiaciones de suelo si no se logran los consensos necesarios. En la reunión, Salgado instó a los servicios sociales y jurídicos municipales a que tramiten los casos de acoso inmobiliario. Castro mostró su disposición, siempre que 'reciban una compensación económica'.

Pedro Castro defiende que los desarrollos urbanísticos destinen un 50% a VPO

Efe/ suvivienda
Fotos: Efe
Madrid

Vecinos de Getafe protestan contra la especulación urbanística y contra su alcalde

El nuevo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha expresado su deseo de que los grandes desarrollos urbanísticos contemplen como mínimo el 50% de viviendas de protección oficial. Un centenar de vecinos de Getafe se manifestaron en las puertas del IFEMA contra la especulación urbanística que, según ellos, se lleva a cabo en su ciudad, de donde es alcalde Pedro Castro.

Castro, que compareció en rueda de prensa tras ser elegido presidente de la FEMP en la IX Asamblea de este órgano municipal, comentó que éste será uno de los retos que tendrá el nuevo equipo de gobierno en los próximos cuatro años. "Mi deseo es que los grandes desarrollos urbanísticos contemplen al menos del 50% de viviendas de protección oficial", dijo el nuevo dirigente de la FEMP, también alcalde de Getafe (Madrid).

En este sentido, insistió en que el gran objetivo es que el porcentaje de desarrollos urbanísticos oscilen entre el 80% de protección oficial y un mínimo del 50%. Otro de los retos que el nuevo presidente de la FEMP se ha marcado para los próximos cuatro años es intentar que las administraciones locales sean consideradas Estados.

"Ahora no lo somos y no formamos parte del Presupuesto del Estado", recordó Castro, para quien es necesario sentarse en la mesa con la Administración central para aclarar qué parte de los presupuestos corresponde a las comunidades y qué a los ayuntamientos. El alcalde de Getafe insistió en que el municipalismo en España no quiere ser un problema, sino la solución de los gobiernos locales, por ser estos la administración más cercana.

Recordó que las administraciones locales son las que solucionan los problemas de vivienda de los jóvenes. Preguntado por la protesta de vecinos de Getafe por una actuación urbanística en este municipio madrileño, dijo que el centenar de cooperativistas que se había manifestado, en representación de 1.800 familias, habían comprado viviendas en terreno ya expropiado por el ayuntamiento y la comunidad, por lo que todas las sentencias le dan la razón.

Protestas vecinales

Un centenar de vecinos de Getafe se manifestaron, con una pitada, en los aledaños del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se celebró la IX Asamblea de la FEMP que eligió como presidente al alcalde de la ciudad getafense, Pedro Castro. Se concentraron para denunciar especulación urbanística en este municipio.

Los manifestantes representaban a 1.800 familias que en el 2004 compraron suelo para vivienda protegida, en unos terrenos ubicados en los sectores Los Molinos y Buenavista, a las cooperativas Getafe Capital Sur y Cuna de la aviación española. Posteriormente fueron expropiados y adjudicado por el Ayuntamiento de Getafe "a dedo" a cooperativas vinculadas al Gobierno municipal, según denunció el portavoz de los cooperativistas, Jorge Ignacio Martín.

Martín informó de que la manifestación no responde a ningún partido político y que los cooperativistas fueron convocados a través de SMS y por el foro que tienen abierto en internet. Este portavoz consideró que el proceso es ilegal, más cuando se expropian unos terrenos destinados a vivienda protegida para destinarlos al mismo fin pero bajo la tutela de otra cooperativa, afín al Ayuntamiento y a la Empresa Municipal de la Vivienda.