Dos décadas esperando el inminente derribo

D. Borasteros/ elpais
Madrid

José Manuel López vive en un continuo sobresalto. No come desde hace casi una semana. Y eso que su madre le persigue con un bocadillo de jamón de York y un zumo de naranja por todo el edificio. José Manuel, superada la cuarentena e ingeniero, está inquieto porque su casa se va a demoler. Un edificio propiedad del Empresa Municipal de la Vivienda en el que vivió con sus padres desde 1958.

"Esto es muy indignante", dice mientras se pasa el dorso de la mano por la cabeza y enumera lo que es tan indignante: "¡El Ayuntamiento se ha comportado como un casero que hace mobbing a sus inquilinos para que desalojen!", exclama y entonces, junto a otra vecina, Pilar Jiménez, enumera los delitos del Consistorio: "Metieron aposta población marginal y han dejado que el edificio acabe en ruinas".

La casa, en la avenida de San Diego, en Puente de Vallecas, tiene una placa en uno de sus costados que data de 1991. Allí ya se advierte de que el inmueble se va a derruir. Pero la Administración ha ido dilatando la "inminente" demolición. Ha ido tan despacio, que hasta 19 años después no se han planteado apuntalar los bloques, que se levantan en medio de lo que el Ayuntamiento aspira a que sea un "ecobarrio".

El gerente de la EMVS, Juan José de Gracia, describe con mucha sencillez su enfoque: "El edificio está en ruinas y hay que tirarlo. Quienes tienen derecho a piso y quienes no lo tienen viene dado por una serie de parámetros objetivos". Sin embargo, José Manuel, a quien el Ayuntamiento ya le ha advertido que no le toca piso, acusa al Consistorio de haberle rechazado el último pago de alquiler tras 40 años amortizando su vivienda. "Nosotros entramos con derecho a compra si pagábamos las mensualidades durante cuatro décadas y así lo hicimos", insiste López. En el Ayuntamiento dicen que no saben de qué habla.

Ahora, las casas están adornadas con vigas metálicas y todas sus ventanas y puertas están tapiadas con cemento. Bueno, no todas. Un pequeño hueco interior permite a los viejos vecinos y a los numerosos okupas introducirse en los pisos. La fachada, a pesar de las nubes grises de cemento que intentan convertirlo en un cubo estanco, está llena de ropa secándose al aire.

No es la única que ofrece ese aspecto en la calle y las vías cercanas. Al menos media decena están en idéntica situación y muestran la misma plaquita añeja que advertía de su inminente derribo... hace 19 años. También de su reciente caída en desgracia. Esta vez, parece que definitiva, aunque su desahucio estaba marcado para el pasado 13 de enero y por el momento vuelve a estar paralizado en espera de que se resuelvan otros trámites administrativos.

Unas trabas que quedarían resueltas si hubiese una resolución de ruina inminente, que es en opinión de los vecinos lo que persigue el Ayuntamiento. Además, las obras del ecobarrio avanzan a pocos metros de las casas y ya se levantan bloques nuevos.

Carta de un lector: "Vivo en una habitación por 450 € al mes y me quieren echar"

Luis Fernando Sierra (Barcelona)
elperiodico

Vivo en una habitación con mi mujer desde hace más de un año por 450 euros al mes. Hace unas semanas, conocí al señor a quien pagamos el arriendo. Su nombre es Gil Lossada. Vino a hablar con todos los inquilinos y nos dio un contrato en blanco que debíamos firmar para poder permanecer en el piso; de lo contrario, teníamos que irnos. El fin de semana pasado, nos exigieron desocupar el piso antes del 2 de julio pese a que siempre hemos pagado el alquiler cumplidamente. Este señor nos dijo que si íbamos al ayuntamiento o a solicitar información o a divulgar estos hechos nos iba a demandar, y aseguró que él tenía 38 abogados muy poderosos.

Gil Lossada tiene, al parecer, a gente importante asociada en su oenegé Global Infantil. Esta oenegé está justo en la puerta de enfrente del piso en el que vivo. Escribo esta carta porque otros compañeros de piso no saben qué hacer y están muy asustados porque dicen que este señor puede ser muy peligroso.

'Mobbing', un perverso efecto colateral

C. Blanchar/ S. López Letón/ elpais
Foto: Edu Bayer


El viacrucis de Rosa Talón, vecina y botiguera del Clot-Camp de l'Arpa de Barcelona, comenzó hace 15 años. El mobbing afecta a su vivienda y a su negocio -en una finca que hace esquina y de la que saldrían una docena de pisos nuevos- y es de manual. "El dueño comenzó por no arreglar desperfectos, luego no cobró el alquiler, siguieron las amenazas, dejaron que ocuparan los pisos de arriba, me cortaron el agua... Lo tengo todo en papeles", explica carpeta en mano. Tres lustros de acoso duelen. "Pero lo peor es la indefensión ante la Administración. El Ayuntamiento tendría que obligar al dueño a arreglar la finca [su mal estado es más que evidente] y en cambio me multa si cuelgo una cesta al lado de la puerta", afirma. Pero, "la gente tiene mucho miedo y no denuncia".

Más casos. En más barrios de más ciudades. También en municipios medianos. Y con perfiles de acosados cada vez más variados. El mobbing o asedio inmobiliario se extiende. El acoso a inquilinos por parte de propietarios o administradores para que abandonen sus pisos de renta antigua y sacarles mayor rendimiento se revela como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana en España. Barrios con parques de vivienda y población envejecidos adquieren de la noche a la mañana -y a menudo gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos. Los expertos reclaman que las administraciones tomen medidas preventivas para que el mobbing no se llegue a producir.

Mientras, el fenómeno se da en las corralas de Madrid; en los barrios antiguos de Barcelona; en palacios y patios de Triana y el casco viejo de Sevilla; en los barrios también históricos de Granada o Cádiz, en El Cabanyal de Valencia, en El Postigo de Oviedo... Lo han documentado en el Observatorio del Mobbing de Barcelona, un grupo de estudio vinculado al Instituto Catalán de Antropología, que considera esta práctica una forma de violencia como el acoso escolar o el laboral. En España quedan 300.000 rentas antiguas, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Los inquilinos son el grueso de las víctimas potenciales, pero también comienza a haber dueños que molestan y que están siendo acosados.

"No hay datos oficiales de afectados, porque la mayoría de los casos están ocultos. Los que conocemos son la punta del iceberg", explica Nydia Tremoleda, coordinadora del Observatorio. "Pero el esquema se repite", subraya: "El mobbing está vinculado a operaciones de transformación urbana que conllevan expectativas de mejora y las víctimas son los vecinos que han dado vida a estos barrios". Tras estudiar decenas de casos, Temoleda denuncia que "se ha llegado a una profesionalización del acoso. Los promotores compran edificios donde hay inquilinos o incluso propietarios a sabiendas de que acabarán haciendo mobbing para echarles".

"Primero", enumera, "los dueños aplican mecanismos legales como rescindir los contratos de menos de cinco años; luego intentan echar a los inquilinos con contratos indefinidos con todo tipo de artimañas; llegan a contratar detectives para que controlen si pasan noches fuera, si tienen segundas residencias... auténticas intrusiones en la vida privada". "Y si todo esto no funciona", remacha, "comienzan con los clásicos del mobbing: no cobrar el alquiler, no reparar goteras, dejar que la escalera se caiga a trozos, cortar los suministros, apuntalar, comenzar obras eternas...".

Estudios previos

Los expertos del Observatorio reivindican que "cualquier administración que vaya a intervenir en un tejido urbano incorpore en el proyecto un estudio sobre el impacto que las mejoras tendrán sobre los vecinos, igual que cuando se proyecta una infraestructura se analiza su impacto ambiental". De momento -y exceptuando el convenio piloto entre el Ministerio de Vivienda y 10 ayuntamientos para atender a los afectados- cada ciudad afronta el mobbing por su cuenta. Mientras unos ayuntamientos esquivan el fenómeno, otros ponen en marcha iniciativas bienintencionadas pero cuestionadas por los afectados, y otros han atajado el problema sin oficina antimobbing pero con el papeleo urbanístico como arma.

En Madrid no existe ninguna oficina que atienda a los afectados. Y eso que el20%de las viviendas en alquiler son de renta antigua y susceptibles de sufrir acoso, señalan en el Colegio de Administradores de Fincas. En la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, asociación sin ánimo de lucro, sólo el abogado Fernando Veiga tramita 150 casos en la región. El Ayuntamiento argumenta que carece de competencias en "un tema entre particulares", y que "la oficina de vivienda deriva a los afectados a otros cauces".

En Barcelona, hace tres años se creó un servicio que atiende a las víctimas, ubicado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Su vinculación al área de consumo y no a la de urbanismo o vivienda es criticada desde múltiples frentes, comenzando por los afectados o la Federación de Asociaciones de Vecinos. Su presidenta, Eva Fernández, reclama que el asedio se trate "de forma transversal" entre áreas como los servicios técnicos de los distritos, los servicios sociales, vivienda o urbanismo.

En 2007, la oficina detectó el doble de casos de "posible mobbing" (202) que en 2006 (101). Y los datos muestran cómo el fenómeno afecta cada vez más a los barrios. Pese a ello, el director de Comercio y Consumo, Albert González, afirma que "no aumenta".

Declaraciones de ruina

Otros consistorios, como los de Cádiz o Granada, se valen de los instrumentos del área de Urbanismo para tratar de impedir el fenómeno, que en Andalucía se conoce como asustaviejas. La delegada de urbanismo de Granada, Isabel Nieto, se alarmó al observar cómo por sus manos pasaban expedientes de solicitud de ruina de edificios de la zona que enlaza el casco viejo con el Albaicín, cuyos propietarios habían sido requeridos reiteradamente por el Ayuntamiento por falta de mantenimiento. "Si hubieramos declarado ruinas nos habríamos hecho cómplices de estas situaciones", señala.

¿Qué hicieron? "Valernos de los mecanismos que prevé la Ley: declarar el incumplimiento del deber de conservación e iniciar expedientes de venta forzosa". O el propietario arreglaba la finca o se sacaba a subasta. Por ahora han sido "cinco o seis" ocasiones, y los inquilinos han conservado sus derechos. "Las ventas forzosas han dado ejemplo y otros tantos propietarios han acometido obras que llevaban años sin hacer", dice Nieto.

La actitud del Ayuntamiento de Cádiz es parecida. A partir de las medidas emprendidas en 2006, cuando se creó un Servicio de Atención al Inquilino, "se han abierto 150 expedientes de expropiación de fincas cuyos propietarios hacían dejadez de la obligación de conservación", y "no se ha declarado ningún expediente de ruina", explican fuentes municipales. El Ayuntamiento se niega para no dar facilidades al dueño que busque la especulación inmobiliaria", señalan.

En Sevilla, la lucha contra el mobbing la inició la Liga de Inquilinos, un colectivo que con su nombre rinde homenaje a otra asociación que en 1912 consiguió detener una subida del precio de los alquileres. Su vicepresidente, Miguel Macías, explica que "el mobbing sigue existiendo, pero se ha logrado parar el desalojo masivo e impune que se produjo después de la Expo, con el salto que pegó la ciudad". Macías, cuyo colectivo ha conseguido parar el acoso en una casa palacio del siglo XVIII de la zona de Pumarejo, aplaude la creación de la oficina municipal de Atención al Inquilino en Situación de Abuso, pero recuerda que la lucha comenzó "desde abajo".

"El Ayuntamiento se ha puesto las pilas y en el centro de Sevilla veremos cada vez menos casos, porque cada vez hay menos casas libres. Por contra, atendemos a afectados más y más jóvenes y asistimos a la extensión del fenómeno a pueblos como los de la Ruta de la Plata, plagados de ventas y edificios históricos", explican.

Mobbing: cuando el enemigo entra en casa

Andrea de Pablo/ nodo 50/ diagonal
Madrid

Amenazas y chantajes, averías provocadas o invasiones son algunas de las tretas que los propietarios y las constructoras utilizan para deshacerse de los inquilinos más molestos, es decir, aquellos que no suponen un buen negocio. Se trata del fenómeno del mobbing o acoso inmobiliario, una practica bastante frecuente en el país de la especulación, y que afecta especialmente a inquilinos con alquileres de renta antigua que suelen pagar bastante menos de la mitad de un alquiler normal en zonas de renovado interés urbanístico. La iniciativa del Ministerio de Vivienda se ve como insuficiente por las plataformas por la vivienda.

Buena parte de los afectados por el mobbing -que según algunas estimaciones podrían superar las 10.000 familias sólo en Cataluña- son personas de avanzada edad que se encuentran en situación de desprotección y desamparo al no tener recursos económicos que les permitan afrontar una batalla legal, además de resultar bastante difícil probar el acoso o la negligencia de los propietarios. En muchas ocasiones se trata de una estrategia a medio y largo plazo, donde se unen las coacciones directas y otras artimañas, como abandonar el mantenimiento del edificio, llenarlo de basura, de agujeros en el suelo, romper la cerradura del portal o provocar averías en las cañerías y el sistema eléctrico esperando a que los inquilinos se marchen por pura desesperación, o a que la administración lo declare en ruinas y obligue a su desalojo. Es el caso de muchos inmuebles que en los últimos años han sido derruidos en el emblemático Raval de Barcelona. Pero algunos vecinos de este barrio no se han rendido y continúan su lucha. En el número 29 de la calle Robadors permanecen cuatro viviendas habitadas pese a llevar desde el año 2003 sufriendo un acoso continuo por parte de las inmobiliarias propietarias del edificio, las empresas Taravas 8086 SL y Mancia SL, que pretenden construir nuevos pisos de lujo. El pasado 28 de noviembre los inquilinos debían ser desalojados, pero una juez ha suspendido la orden de manera cautelar atendiendo a la petición de varias asociaciones que alegan que el caso se encuentra en manos del Tribunal Supremo y que éste aún no se ha pronunciado. Estas mismas entidades, entre las que se encuentran la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Comisión de Defensa del Col.legi d’Advocats, Arquitectes sense Fronteras y el Taller contra la Violencia Inmobiliária, han presentado una querella criminal por acoso, a la que se unirá la Junta del distrito de Ciutat Vella.

No se trata de la primera acción judicial de este tipo. La admisión a trámite en los últimos años de varios casos de mobbing inmobiliario demuestra que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema muy extendido. De hecho, la ONU sitúa a España a la cabeza en este tipo de prácticas. El año pasado Miloon Kothari, relator especial de asuntos de Vivienda de las Naciones Unidas, visitó varios de los barrios que se encuentran en pleno proceso de renovación en Madrid, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Barcelona y Zaragoza, tras lo cual concluyó que la situación es “particularmente grave y una vergüenza para el país” ya que, según sus palabras, no ha observado “casos tan graves de acoso inmobiliario en otras partes del mundo desarrollado”, e instó al Gobierno a cumplir con su deber porque tanto en la Constitución española como en diversos tratados sobre derechos humanos internacionales se establece el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

Pero cada vez más la vivienda es una mera mercancía, muy lejos de ser un derecho social básico. El Gobierno propuso hace más de un año un proyecto de reforma del Código Penal que planteaba el endurecimiento, entre otros, de los delitos relacionados con la violencia y corrupción inmobiliaria, pero que enmienda tras enmienda nunca ha llegado a ser aprobado, con lo que de momento ni siquiera se puede hablar de que la ley esté llena de agujeros, sino de lo contrario: es por esos agujeros por donde algunos vecinos han podido iniciar un proceso judicial.

Primer precedente

El primer precedente legal en España contra el acoso inmobiliario data tan sólo de 2003, año en que una anciana de 75 años presentó una querella tras verse obligada a abandonar la casa en la que residía desde el año 1936, y por la que pagaba una renta de 40 euros al mes, ya que el edificio estaba lleno de basura, ratas y cucarachas, aparte de encontrarse en pésimas condiciones de mantenimiento y seguridad. La denuncia fue archivada hasta que un año más tarde la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso, que aún se encuentra en los tribunales.

La primera victoria legal, sin embargo, llegó desde Getxo (Vizcaya), donde un juez finalmente dio la razón a los inquilinos de la casa Tangora, que llevaban más de un año sufriendo el acoso de un empresario propietario de uno de los pisos y que pretendía hacerse con el edificio entero. Ante la negativa a vender de los vecinos, el empresario ideó un plan de ataque y le alquiló su vivienda, por un euro al mes, a una familia gitana de 30 miembros, que debían ahuyentar a los vecinos a base de amenazas, robos y de provocar desperfectos en el inmueble, como inundaciones. La sentencia, que sienta precedente en materia de mobbing inmobiliario al ser la primera en reconocer este tipo de coacciones, es un tanto insólita pues además de obligar al desalojo de los imputados, les condena a una suerte de destierro de Getxo, donde no podrán volver a residir. Sin embargo, en la mayoría de los casos las denuncias llevan años sin ser escuchadas. Ante esta situación, Carme Chacón, ministra de Vivienda, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, firmaron el pasado 3 de diciembre un acuerdo de colaboración para luchar contra el mobbing.

Se trata de establecer una línea de teléfono gratuita para recibir las denuncias, y que servirá para asesorar a los afectados y trasladar sus quejas a cada ayuntamiento. En dos meses el Ministerio de Vivienda iniciará un plan piloto en 10 ciudades. Se trata de un pequeño paso desde la administración para poner fin a una situación que requiere de soluciones legales drásticas e inmediatas. Sin embargo, como comenta Bruna, de El Refugio, “pretender que llamando a un teléfono se puede resolver la situación es no hacer nada”. El asesoramiento legal es imprescindible, pero se obvia que “la mayoría de casos de mobbing inmobiliario se producen en áreas de transformación urbanística propiciadas o promovidas por la propia administración”. Para muchos, poner en manos de los ayuntamientos la solución no es ningún avance vistos los altos índices de corrupción que se practican en temas de urbanismo y vivienda.

300.000 hogares están en riesgo de acoso inmobiliario

Susana R. Arenes/ publico

El Ministerio de Vivienda creará un teléfono para denuncias y pondrá en marcha un plan ‘anti-mobbing' en 10 ciudades

Se alquila piso en el centro histórico, inmejorables vistas, sin ninguna reforma... y con inquilinos mayores que pagan mucho menos de la mitad de un alquiler normal. Ése es el prototipo de inmueble que está luchando por conseguir cualquier especulador inmobiliario mediante tretas como cortar la luz o el agua a los arrendatarios. Actualmente, aún quedan en España en torno a 300.000 familias que pagan un alquiler de renta antigua, según los datos que maneja el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs). Todos ellos son potenciales víctimas del mobbing o acoso inmobiliario.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha anunciado otra iniciativa dentro del plan contra este acoso, que es delito. El ministerio creará una línea de teléfono gratuita para recibir denuncias de los afectados por esta situación y "las trasladará después a cada ayuntamiento para que reciban una atención personalizada". Así lo explicó Chacón tras firmar el acuerdo para luchar contra el mobbing inmobiliario con Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En dos meses, el ministerio quiere poner en marcha una experiencia piloto en diez ciudades -que ni Chacón ni Castro especificaron- para luego extenderlo al resto. En estos municipios habrá una campaña informativa sobre la línea de atención ciudadana y la asistencia legal y social que los afectados recibirán de los ayuntamientos. Este apoyo ya existe para las víctimas del acoso inmobiliario, pero Vivienda pretende detectar más casos. La idea es difundir un decálogo de situaciones que servirán para que una persona que no sabe que sufre mobbing se dé cuenta y lo denuncie.

Valencia, la primera autonomía del PP que apoya a Chacón

El contrapunto de estos alquileres de renta antigua está en los propietarios, "que tienen derecho a alquilar su piso a precio de mercado", defiende Jaime Cabrero, presidente del Consejo de APIs.

Por otra parte, la Comunidad Valenciana se convirtió ayer en la primera autonomía gobernada por el PP que firma el convenio con el ministerio para gestionar las ayudas al alquiler para jóvenes de 210 euros al mes. Mientras, Madrid niega un boicot a esta ayuda pero dice que los plazos son difíciles de cumplir.

Las tretas del acosador

Si el propietario del piso anuncia al inquilino que le cobrará la renta, por ejemplo, cada seis meses, es signo de posible acoso. En cuanto el arrendatario deja de pagar un mes, es denunciado. Otra triquiñuela consiste en cortar el agua o la electricidad al arrendatario para que se vaya.

También es muy habitual que el propietario impida hacer cualquier reparación en la casa. Otro truco más sofisticado consiste en incitar a colectivos marginales a habitar los pisos vecinos al del inquilino acosado.

Vivienda habilitará un teléfono gratuito para los casos de acoso inmobiliario

Efe/ elpais
Madrid

La ministra Chacón explica que el acoso inmobiliario es "un delito tipificado en el Código Penal que no va a quedar impune"

El Ministerio de Vivienda habilitará un teléfono gratuito para atender a los afectados por prácticas de acoso inmobiliario, según ha informado hoy la titular del departamento, Carmen Chacón, tras la firma de un protocolo de colaboración contra este acoso con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Chacón ha explicado que el acoso inmobiliario es "un delito tipificado en el Código Penal que no va a quedar impune" y ha añadido que el protocolo de colaboración con la FEMP establece una primera experiencia piloto, en un plazo de 60 días, que tendrá lugar en diez ayuntamientos, tras lo cual se extenderá a todo el territorio nacional.

La ministra ha afirmado que el teléfono será atendido por personal especializado del Ministerio que facilitará toda la información a los afectados sobre sus derechos y sobre cómo hacerlos valer ante los acosadores.

Las víctimas de acoso inmobiliario recibirán tres tipos de actuaciones mínimas: información, asesoría legal y asistencia social.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha indicado que el acoso lo sufren, sobre todo, las personas mayores que viven en los cascos urbanos de las ciudades y que a veces no saben siquiera que sufren acoso.

Este servicio, según Castro, va a permitir que los ayuntamientos cuenten con una información reglada sobre estos casos de acoso, que padecen en muchas ocasiones los inquilinos de rentas antiguas que llevan toda su vida en un inmueble y a quienes les hacen cortes ilegales de luz y agua, e incluso tretas como el decirles que no paguen el alquiler en seis meses para poder actuar contra ellos.

También se ha firmado otro convenio de colaboración para divulgar el plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler.

Dos jubilados logran que el juez frene un plan urbanístico

Rafael Méndez/ elpais
Madrid

La justicia paraliza la expropiación de una casa en la huerta murciana

Pedro Camacho Valencia desborda sensatez: "Si mi casa estorba, me voy, que la tiren. Pero que me den otra parecida. No me puedo ir a un piso a mi edad". Desde 1946, Pedro, de 89 años, vive en una modesta casa en la huerta de Murcia junto a su esposa, Violante Pardo, de 84. La casa interrumpe el trazado elegido por el ayuntamiento para una enorme avenida en Murcia.

Su casa era carne de derribo y Pedro y Violante estaban condenados a pasar sus días en un piso. Pero un juez les ha llevado la esperanza. Para preservar la salud del matrimonio, ha impedido cualquier realojo hasta que el ayuntamiento les garantice una casa en la huerta, donde puedan mantener sus conejos, sus limoneros, su vida.

El urbanismo salvaje parece haber perdido una batalla. La huerta de Murcia va camino de ser un reclamo publicitario. Decenas de grúas se alzan sobre el verde de los naranjos. Pero aún quedan huertanos, como Violante y Pedro, que viven rodeados de limones, acequias y animales. "La tierra era del amo. Hace 60 años yo tenía ahorradas 500 pesetas y a cambio de eso nos dejó hacer un cuerpo-casa para vivir", explicaba ayer Pedro. "Aquí hemos vivido y tenido cinco hijos", añadió. Pedro viste un jersey, una boina y una rebeca. Y lleva la azada en la mano.

Las máquinas han llegado al borde de su casa. La avenida Miguel Induráin, con tres carriles en cada sentido, un proyecto emblemático del Ayuntamiento de Murcia para servir de nuevo eje a la ciudad, ya se ha comido el resto de huertos.

El 26 de abril de 2006, el Ayuntamiento acordó definitivamente la expropiación para construir la avenida. A Pedro y Violante les afectaba porque su casa tiene 232,05 metros cuadrados (el terreno del huerto es de otro familiar, no está a su nombre), que al ser considerada de una calidad baja (la casa es modesta) fue tasada en 163.034 euros. Con ese dinero, deberían pagar un alquiler durante los 18 meses en los que la empresa Vallehermoso tiene que construir el edificio para los expropiados por el plan parcial Zarandona 2. Con el resto del dinero podrían optar a un piso de protección oficial. "Nos decían que íbamos a estar mejor en un piso, pero yo aquí me salgo al resol y estoy la mar de bien, para qué quiero un piso", explica Violanto. "Somos huertanos y queremos seguir siéndolo", añade.

El matrimonio buscó a Eduardo Salazar, letrado de ecologistas y causas perdidas. El 10 de mayo de 2007, dos técnicos municipales se presentaron en su casa y le entregaron a Pedro un papel dándole un plazo de cinco días para desalojar su finca. En el papel se decía que, o lo hacía así o sería desalojado por la fuerza. La amenaza era explícita.

En realidad, el trámite de expropiación había comenzado un año antes. "Desde entonces, la cabeza se me fue, no duermo bien. Qué hago yo en un piso ahora", clama. Violante recuerda que con la notificación "se le cayó la casa encima".

El 14 de septiembre pasado, la pareja de ancianos pidió la suspensión cautelar del realojo a no ser que el ayuntamiento les diese otra casa en la huerta.

Parecía una jugada desesperada. El derribo era inminente, porque la pareja ya ha cobrado la indemnización que le corresponde. Cuando las máquinas estaban a punto de entrar en su casa, el juez de Murcia Juan González Rodríguez accedió a la petición de Pedro y Violante de paralizar el realojo con la finalidad de "paliar las graves consecuencias que para la salud" del matrimonio de ancianos "podría conllevar su desalojo y no realojo en condiciones similares". En su auto, el juez impide el derribo "hasta tanto tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones en el entorno de la expropiada".