Denuncias por vivienda

Contra la vivienda indigna. V de Vivienda. Todos juntos podemos.

lunes, abril 20, 2009

Una media de 10 familias de Barcelona son desahuciadas cada día por impago del alquiler o la hipoteca

EP/ elperiodico
Barcelona


Una media de 10 familias son desahuciadas de sus viviendas cada día en Barcelona por la imposibilidad de pagar el coste del alquiler o de la hipoteca, según ha revelado hoy la abogada e impulsora de la nueva Associació d'Afectades por Mobbing Immobiliari, Laia Serra.

La letrada ha asegurado que la crisis tiene un efecto directo sobre los desahucios, que, según la directora del Observatorio de Derechos Sociales DESC, Vanesa Valiño, podrían llegar a la docena en algunos días.

Serra ha dicho no tener constancia de un efecto directo de la crisis sobre el acoso inmobiliario, pero sí de situaciones paradójicas como una subida de los precios del alquiler por la bajada del precio de la vivienda.

Recursos a los afectados

La promotora de la asociación ha explicado que la entidad, constituida inicialmente por mujeres pero abierta a todos, nace para facilitar la interlocución con el Fiscal Antimobbing y la Administración.

La asociación encuentra sus orígenes en la Asamblea contra la Violencia Inmobiliaria en Barcelona, creada hace un año por afectados por el acoso inmobiliario, varios colectivos y activistas y asociaciones de vecinos.

La nueva entidad pretende coordinar acciones contra el acoso inmobiliario y ofrecer recursos prácticos a personas afectadas por esta situación, a las que quieren dar visibilidad, más allá de casos extremos.

Una veintena de causas abiertas

Uno de sus primeros frutos es la creación de un protocolo de buenas prácticas dirigido a asistentes sociales y colegios de administradores de fincas, entre otras instituciones que inciden en el derecho a la vivienda digna, que sintetiza las situaciones y los agravios que pueden sufrir los afectados, explicó Serra, que destacó la poca receptividad judicial, al menos penal, sobre el mobbing inmobiliario.

La Asociación de Afectadas por Mobbing Inmobiliario, de la que ya forman parte aproximadamente una veintena de afectados con causas abiertas, actuará como acusación popular en este tipo de causas, según Serra.

Respecto al título femenino de la asociación, Serra ha argumentado que detrás de la mayoría de problemas de acoso inmobiliario hay una mujer que es víctima, y, a su juicio, estos problemas tienen "cara de mujer". No obstante, ha añadido que son las mujeres quienes sacan más fuerza para superar el mobbing del que son víctimas.

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jueves, enero 22, 2009

El Ventorrillo gana una batalla

P. Álvarez/ E. G. Sevillano/ elpais
Madrid


Las abuelas del Ventorrillo, un grupo de vecinas que pleitea contra una inmobiliaria para que no las echen de la corrala donde viven, tienen algo que celebrar. Llevan casi dos años entre puntales y escombros, con una malla verde de obra que cubre la fachada y varias casas del edificio clausuradas. Pero un juez acaba de darles un respiro.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 25 de Madrid, en un auto del 20 de enero, autoriza al Ayuntamiento a inspeccionar las viviendas vacías que la propietaria del edificio, la inmobiliaria Sistemas 23, tiene cerradas a cal y canto. Urbanismo reclamó hace un año que le dejaran pasar a los pisos clausurados para acometer por ejecución sustitutoria las obras que necesita la corrala. Eso significa que el Ayuntamiento arregla y la empresa paga.

Urbanismo tomó la decisión después de reclamar a la propietaria en cuatro ocasiones, según el auto, que solucionara los desperfectos. En 2001, el Ayuntamiento avisó de deficiencias en el saneamiento de la finca por humedades y trozos podridos de muro. Tras varios requerimientos fallidos, volvieron a reclamar medidas de seguridad en 2007 sin éxito. En enero de 2008, el Ayuntamiento aprobó un decreto para que entraran los técnicos municipales a arreglar la corrala, construida en 1900. La empresa, que ayer declinó atender a este periódico, no les dejó pasar. Ahora el Ayuntamiento dispone de un mes y medio para entrar en la corrala, que de momento no amenaza ruina, según Urbanismo.

El auto "supone un éxito y un precedente por la gran cantidad de viviendas que hay en la misma situación en Madrid", según David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. Para las abuelas es la primera victoria en una lucha que empezaron hace dos años. En 2007, la inmobiliaria les reclamó por carta que abandonaran la corrala, en la que algunas llevan casi 80 años con contratos de renta antigua. La mayoría se negó y empezó a pleitear. Como Adela Salas, de 83 años, que paga 31 euros por un piso de 20 metros cuadrados en el que su familia vive desde 1930. "Tengo muchas esperanzas de que se acabe este quebradero de cabeza", aseguraba ayer.

Desde que se conoció su caso se han hecho famosas. Tienen su propio blog en Internet, han salido en varias televisiones y han recibido visitas de políticos como la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Otra de las abuelas, Luisa Martín (83), espera "que la pesadilla se acabe". Esa pesadilla incluye varias visitas al juzgado. Su abogado ha recurrido a la Audiencia Provincial para evitar que desahucien a la anciana. Aún no sabe si podrá quedarse en la corrala, rehabilitada o no. Pero ya ha decidido que, tras ganar esta batalla, organizará una fiesta con sus vecinas.

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miércoles, diciembre 05, 2007

Experiencia piloto

DENUNCIAS POR VIVIENDA

Tecleando en google ABUELAS DEL VENTORRILLO te aparecen unas 1.250 citas en la red, y entre ellas, este blog, El 7 de Ventorrillo, donde las abuelas denuncian el 'mobbing' inmobiliario que llevan años sufriendo por parte de la empresa Sistemas 23. Es un ejemplo, sólo uno, de los muchos abusos que se dan en el país, en Madrid y, como en este caso, en el barrio de Lavapiés contra colectivos, generalmente indefensos, como este grupo de abuelas.

Esta semana Carme Chacón, ministra de Vivienda, y Pedro Castro, presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y alcalde socialista de Getafe, han anunciado la creación de un teléfono para denuciar este tipo de acoso, dentro de una 'experiencia piloto' en diez municipios. De momento, se dan 60 días de plazo para poner en marcha el servicio.

El economista John Kenneth Galbraith, que fuera asesor económico de distintos presidentes de Estados Unidos -de Franklin Delano Roosvelt a JFK o Jimmy Carter, pasando por el que él considera mejor, Lyndon Johnson- revela en "Un viaje por la economía de nuestro tiempo" (Ariel), mitad autobiografía intelectual, mitad ensayo ameno sobre los hechos sobresalientes de la economía mundial durante el siglo XX vistos por un contemporáneo esencial -discípulo de John Maynard Keynes, catedrático en Harvard, embajador norteamericano en India, etcétera-, que cuando un político te cuenta que va poner en marcha una 'experiencia piloto' es que la iniciativa ya ha nacido muerta.

Ojalá se equivocara en su medio broma el viejo sabio canadiense, pese a su larga y escéptica experiencia con la clase política, porque el 'mobbing' inmobiliario en España no está mal visto socialmente, y nuestros políticos deben reforzar las leyes que ahuyenten esta práctica mafiosa, y estrechar el cerco a los acosadores que, en numerosos casos, pueden ser empresas tapadera dedicadas a este tipo de delito.

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domingo, noviembre 04, 2007

Trece abuelas se atrincheran contra el desalojo de su corrala en Embajadores

O. Fraile

* Las inquilinas del número 7 de la calle Ventorrillo se resisten a abandonar sus viviendas ante el acoso de una inmobiliaria

Los vecinos de Embajadores las llaman las abuelas de Ventorrillo, y en el barrio son famosas por la lucha que sostienen contra una inmobiliaria que pretende desalojarlas de la corrala en la que llevan toda su vida con un alquiler de renta antigua.

La corrala, que se levanta en el número 7 de la calle Ventorrillo, está formada por 40 viviendas de apenas 20 metros cuadrados cada una, con una cocina y una ducha que ha de ser compartida por varios vecinos.

Sin alternativas

Los propietarios reclaman la ruinosidad del edificio. Pero las abuelas dicen que no les ofrecen otra alternativa y se niegan a irse: "He vivido hasta una guerra, y no le tengo miedo a un desalojo", afirma Luisa, de 85 años.

El portavoz municipal del PSOE, David Lucas, visitó este miércoles a las vecinas para exigir al Ayuntamiento que se haga cargo de las obras del inmueble y garantizar la permanencia de las ancianas, que han montado hasta una página web de resistencia: el7deventorrilo.wordpress.com.



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sábado, octubre 06, 2007

Mobbing inmobiliario: ¡No nos echarán!

nodo50http://www.nodo50.org

Amenazas, averías misteriosas, extrañas plagas… Todo vale con tal de que los vecinos desalojen el edificio. La ONU sitúa a España a la cabeza del acoso inmobiliario. Aquí se acuñó el término `asustaviejas´, pero con la especulación el fenómeno se ha desbordado. Hemos estado en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga…

Bloque `con bichos´. Así se conoce en la jerga inmobiliaria a los edificios con inquilinos de renta antigua en el centro histórico de las ciudades. Los `bichos´ son los vecinos. Sus viviendas ocupan solares que valen cada metro cuadrado en oro y que hay que `fumigar´, esto es, vaciar, antes de sacarlas al mercado. Así surgió en España el fenómeno de los `asustaviejas´. La palabra fue acuñada en Cádiz para designar a los especuladores inmobiliarios más agresivos. Son los que se dedican a comprar los edificios antiguos para luego, valiéndose de abogados y matones, expulsar a los inquilinos. Por lo general, sus víctimas son personas de edad avanzada que malviven solas en pisos por los que pagan rentas bajísimas. Pero de un tiempo a esta parte el fenómeno se ha extendido a casi todas las ciudades con cascos antiguos deteriorados o barrios populares cercanos al centro. Pero algunos `bichos´ han salido respondones y están plantando cara a los acosadores. Es una reedición de la lucha entre David y Goliat que, poco a poco, está calando en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga…

ONU

El problema es de tal envergadura que la ONU sitúa a España a la cabeza del mobbing o acoso inmobiliario. Un relator especial de las Naciones Unidas, Miloon Kothari, de gira por nuestro país, no daba crédito. «La situación es muy grave. Una auténtica vergüenza. No he visto nada igual en otras partes del mundo desarrollado. En España se vulneran los tratados de derechos humanos en cuestión de vivienda.» Sólo el Ayuntamiento de Barcelona registró un centenar de denuncias confirmadas de acoso inmobiliario el año pasado, aunque algunas asociaciones vecinales catalanas cifran en unos 3.000 los casos que se registran en la Ciudad Condal anualmente.

El acoso ha alcanzado tal grado de refinamiento que se distinguen varias etapas. En la primera, buenas palabras. El dueño dialoga, engatusa y anima a la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. Si la amabilidad no da resultado, se recurre a la coacción. Si el arrendatario tiene algún otro piso en el bloque, permitirá la entrada de okupas para perturbar la convivencia. O incluso matones. Los mismos clanes familiares que extorsionan a los empresarios de la construcción para ser contratados como falsos vigilantes de obras se están especializando ahora en el vaciado, bajo amenazas y agresiones, de los pisos de arrendatarios. La Policía ha actuado en el Barrio Gótico de Barcelona, donde un par de pisos vacíos fueron ocupados por traficantes de drogas.

Cortes

Una situación que provocó la devaluación de los alquileres y la huida de casi todos los vecinos. Las tácticas de hostigamiento suelen ser más disimuladas, pero igual de efectivas. Se descuida el mantenimiento del edificio. Se producen averías misteriosas. Cortes del suministro de agua, luz, gas o teléfono… O aparecen plagas de pulgas, como en Sevilla. Además, las inmobiliarias disponen de abogados que juegan al despiste con la gente mayor, a la que lían para que firmen los papeles que los autorizan a abandonar el inmueble. O no les pasan el recibo del alquiler para denunciarlos luego por impago. Pero esas tácticas ya están siendo contestadas por los vecinos. Y la guerra es ahora un cuerpo a cuerpo de incierto resultado.

La geografía del problema se extiende como una mancha de aceite a la mayoría de los núcleos urbanos de más de 150.000 habitantes. ¿Qué dice la ley? Según el Código Penal, el acoso inmobiliario puede encuadrarse como un delito o falta de coacciones, con penas de prisión de seis meses a tres años o multa de seis a 24 meses.

Pero los ancianos, inmigrantes y jóvenes con pocos recursos, incapaces de luchar en solitario y desamparados ante la burocracia municipal, están pidiendo ayuda a las asociaciones de vecinos. Éstas advierten de que lo más importante es aportar pruebas de que se está sufriendo acoso: formularios enviados mediante burofax al propietario para que restablezca las condiciones de habitabilidad, contratos y recibos que acrediten el derecho a ocupar la vivienda, declaraciones de testigos, actas notariales de algún hecho en concreto, por ejemplo, si hay desprendimientos. Y la visita de un perito para que emita un informe sobre alguna cuestión técnica, como el estado de las vigas. Si necesita obras de conservación, lo mejor es acudir a un arquitecto o aparejador para que las justifiquen.

Asusta

La lucha no ha hecho más que empezar. Pero ya está dando algunos resultados. Miguel Macías, de la Liga de Inquilinos Amenazados de Sevilla, explica: «El 80 por ciento de las denuncias tiene solución. Son engaños. Antes había `asustaviejas´, ahora hay `asustajóvenes´, `asustaamasdecasa´…

El perfil de la gente a la que ofrecemos asesoramiento gratuito va desde jóvenes mileuristas hasta inquilinos de renta antigua a los que están masacrando. Lo más duro es la presión con la que viven, el miedo. Les afecta física y psicológicamente. Pero en Sevilla o Cádiz, de un tiempo a esta parte, es mucho más difícil que el Ayuntamiento declare una finca en ruina, cuando antes se declaraban como churros. Eso es un avance. Porque la declaración de ruina conlleva el desalojo de los vecinos sin percibir indemnización».

Estas primeras victorias tienen nombres propios. Como el de Cecilio Hipólito, un octogenario del barrio barcelonés de Sants que ha vencido en los tribunales a los que pretendían echarlo del piso donde vive de alquiler. El anciano había sido denunciado por instalar una bañera, hace 18 años. Hipólito ha sufrido cortes en los suministros de agua y gas, ruidos a media noche; basuras acumuladas en el vestíbulo y otros sobresaltos que iban minando su salud, hasta el punto de sufrir varios infartos. Y en el barrio granadino del Zaidín han sido detenidas seis personas como presuntos responsables de las coacciones que sufrieron los inquilinos de un bloque, entre ellas, dos abogados y dos delincuentes rumanos.

Casos

Estas primeras victorias han propiciado que el acoso sea ahora menos descarado. Las asociaciones vecinales de Cádiz apuntan a que se está dando un giro, «quizá porque las coacciones se disimulan más, pero lo cierto es que nos llegan menos quejas». Para Antonio Gómez, presidente de la Federación Cinco de Abril, a partir de la firma de un código ético que les permite actuar como intermediarios entre el inquilino y la propiedad para alcanzar una solución sin ir a juicio, los casos han bajado. También la ley se pone, en ocasiones y con razón, de parte de los arrendadores. La Generalitat prepara medidas para acelerar la salida al mercado de miles de pisos vacíos cuyos propietarios no se atreven a arrendarlos por temor a los impagos, avalando el cobro de seis mensualidades.

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jueves, septiembre 13, 2007

El Senado aprueba una Proposición de Ley de CiU para agilizar los procesos de desahucio por impago

EUROPA PRESS/ Finanzas.com, 13/9/2007

El Pleno del Senado aprobó hoy por unanimidad una Proposición de Ley Orgánica de CiU para agilizar los procesos de desahucio por impago para fomentar el alquiler y para proteger a las víctimas del 'mobbing' inmobiliario y reforzar el mercado de la vivienda.

Concretamente, el portavoz de CiU en el Senado, Pere Macias, solicitó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, medidas serias como la moción aprobada y no demagógicas como la "sociedad pública de alquiler" que el senador calificó de "fracaso espectacular".

Esta iniciativa pretende, según el Grupo Parlamentario Catalán, descartar el modelo de la amenaza y dar más seguridad a los arrendadores agilizando los casos de impago de la renta a través de la agilización judicial del proceso de desalojo.

Igualmente, persigue proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad que no disponen de los recursos necesarios y se ven desalojados e, incluso, son víctimas de acoso o del llamado 'mobbing' inmobiliario.

"No funcionan los mecanismos que deberían generar confianza y seguridad a ambas partes, arrendadores y arrendatarios, en lo que se refiere al mercado de alquiler", insistió Macias, quien consideró necesario que el Gobierno incentive una cultura del alquiler que otorgue más protección al arrendador, cuando tiene dificultades para cobrar, y al arrendatario, cuando sufre el llamado 'mobbing' inmobiliario.

"Debemos procurar que haya más alquiler no mediante la amenaza, sino mediante la garantía", afirmó Macias, al tiempo que lamentó que, en casos como el de Cataluña, se opte por la vía de la amenaza a través de la expropiación frente a la vía de más garantías como persigue la iniciativa de CiU.

La Proposición de Ley Orgánica de CiU prevé también protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad que no disponen de recursos económicos y se ven desahuciados.
Para ello insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales, en el plazo de seis meses, un proyecto de Ley por el que se cree el fondo de ayudas destinadas a subvenir el impago de las rentas del alquiler de vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social y víctimas de acoso inmobiliario.

Además, la iniciativa de CiU persigue agilizar los plazos en materia de desahucio para evitar picarescas en esta materia. Otra de las medidas que incluye moción aprobada hoy es la referente a los procedimientos de enervación que, en cuyo caso, se establece como plazo máximo de fijación de alzamiento preventivo de un mes y, además permite la actuación, de forma excepcional, de la policía judicial, para actuar en los procedimientos de desahucio.

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