Multa a Fadesa por no controlar el blanqueo

Julián Rodríguez/ elpais
A Coruña

El concurso de acreedores no es la única batalla que libra en los tribunales Martinsa-Fadesa, en suspensión de pagos desde julio de 2008. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acaba de fallar un recurso de casación presentado por la compañía, declarando su inadmisión, contra una sentencia de la Audiencia Nacional en la que daba la razón al Ministerio de Economía tras haber impuesto diversas sanciones a la compañía inmobiliaria como autora de "infracciones graves" en materia de prevención de blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo ratifica así una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en la que declaraba probado que Martinsa-Fadesa eludió los controles del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales en diversas operaciones y durante varios años, antes de que la inmobiliaria coruñesa fuera comprada por el empresario Fernando Martín y, obviamente, antes de la crisis financiera que la llevó a la suspensión de pagos.

La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado mes de noviembre, considera probadas y ajustadas a derecho las infracciones detectadas y las sanciones impuestas a Martinsa-Fadesa, e invalida a la vez los argumentos de su recurso de casación en relación con cuatro conceptos legales distintos, todos ellos relacionados con sus mecanismos internos de prevención de blanqueo de dinero y la falta de datos requeridos por los servicios de inspección del Banco de España y del Ministerio de Economía.

La resolución de dicho departamento del Gobierno, que impuso sanciones a la inmobiliaria por importe de 275.000 euros, data de 2004, cuando la compañía todavía estaba en manos del empresario Manuel Jove. Las sanciones y amonestaciones aluden específicamente a "la negligencia de la compañía en el cumplimiento del deber de examen especial de operaciones", y al "incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos de control interno", así como haber eludido "la obligación de identificar a sus clientes y conservar durante un período de seis años los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones" señaladas.

Los servicios de inspección requirieron a la inmobiliaria determinados datos relativos a operaciones de transferencia de fondos y la entrega física de dinero en metálico, e incluso información sobre transacciones realizadas desde las oficinas que la compañía tenía en países como Marruecos, Portugal y Gran Bretaña. También solicitaron justificación de las operaciones de importe superior a 500.000 euros anuales, "o las que se hubieran analizado como potencialmente sospechosas".

La sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada ahora por el Tribunal Supremo, consideraba probado que la empresa no había aportado ni un solo documento de los requeridos y que no había comunicado ninguna operación sospechosa de las que realizó entre los ejercicios del 2000 al 2003.

"Los órganos de control eran insuficientes", señala la sentencia, "tampoco había establecido ningún procedimiento para análisis de operaciones de riesgo, ni catálogo previo de algunas que tenían características que exigían un examen especial que no se había realizado". Una vez sancionada por la inspección, Martinsa-Fadesa decidió impugnar la decisión administrativa por entender que la persona que elaboró e instruyó el expediente carecía de la condición de funcionario público, aunque posteriormente el Banco de España acreditó su pertenencia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Ante el fallo del Supremo, desde Martinsa-Fadesa aseguran que las sanciones "hacen referencia a cuestiones y procedimientos administrativos, que tienen su origen en una inspección de 2004 y que, a partir de ahí, se tomaron en ejercicios posteriores las medidas oportunas para establecer los mecanismos de control a los que alude la sentencia". También señalan que el importe de las sanciones está provisionado en las cuentas de la inmobiliaria.

Desde el entorno de Manuel Jove, presidente de la compañía inmobiliaria cuando se realizó la inspección, antes de su venta al empresario Fernando Martín, restan relevancia a la sentencia y no entran en su valoración, ya que ha tenido un recorrido judicial posterior a la venta de la compañía.

Actualmente, la Audiencia Nacional y el Tribunal Económico-Administrativo Central dirimen procesos abiertos por deudas fiscales de la compañía que se reparten durante los últimos años, incluso antes de que se llevara a cabo su venta, cerrada en septiembre de 2006.

La inmobiliaria provisionó en sus cuentas de 2008 un total de 31,8 millones de euros para hacer frente a las sentencias en contra de los litigios fiscales que arrastra, que en algunos casos se remontan a 1996. A las demandas, reclamaciones laborales y la treintena larga de procedimientos civiles interpuestos por diversas comunidades de propietarios, tanto en Galicia como en otras ciudades españolas, se suma un frente tributario que ha acabado en los tribunales.

Los actuales gestores de la compañía inmobiliaria mantienen recurridas en la Audiencia Nacional actas de inspección fiscal, firmadas en disconformidad, correspondientes a cuatro ejercicios que se remontan a los años comprendidos entre 1996 y 1999.

El fruto de una inmoderada política crediticia

Vicente Clavero/ del blog 'Con negritas'
publico

La banca española, a fuerza de exprimirla, acabará matando la gallina de los huevos de oro que durante años han sido las inmobiliarias para ella. Una gallina que la propia banca cebó a base de créditos, con el exclusivo propósito de sacar tajada de lo que hasta hace poco parecía un inagotable negocio. Ese dinero, concedido en su día a manos llenas, es hoy el mayor lastre de un sector que aún deberá esperar mucho tiempo antes de levantar definitivamente cabeza.

Martinsa Fadesa, Astroc, Llanera, Grupo Lábaro, Habitat, Aifos, Tremón, Nozar… jalonan un rápido proceso de descomposición que comenzó durante 2007 y que se ha llevado por delante centenares de inmobiliarias en toda España. La mayoría de las más importantes se han hundido bajo el peso de las cuantiosas deudas contraídas para financiar su crecimiento con la inestimable complicidad de la banca. Miles de millones de euros que los prestamistas sólo podrán recuperar en parte y siempre que la administración concursal no les sea demasiado adversa.

A la oprobiosa nómina de las suspensiones de pagos va a sumarse pronto, si nadie lo impide, otro gigante, Reyal Urbis, que arrastra serias dificultades para satisfacer las exigencias de los bancos. Les debe 4.800 millones en números redondos, para cuya renegociación no está encontrando el necesario apoyo, a pesar de los esfuerzos realizados. Reyal Urbis, haciendo de tripas corazón, ha puesto en venta algunas joyas de su corona, si bien el resultado de esta desinversión es incierto, habida cuenta la ya larga atonía del mercado.

Dos terceras partes de la deuda responden al crédito sindicado que sirvió a Reyal para adquirir Urbis previamente a su fusión, poco antes de que estallara estrepitosamente la burbuja inmobiliaria. Esta operación permitió a Banesto desprenderse de un activo que pronto iba a ser de alto riesgo y por el que se embolsó 1.200 millones de euros en plusvalías. Banesto, paradójicamente, figura hoy entre los principales acreedores de Reyal Urbis, junto con Banco Santander.

La fatal tentación

La compra de Urbis, que dio lugar a uno de los mayores grupos del sector, fue un bocado excesivo para las posibilidades de Reyal. Su presidente, Rafael Santamaría, sucumbió a la misma tentación que otros reyes del ladrillo y puede correr también su misma suerte. A Fernando Martín se le indigestó Fadesa y Bruno Figueras no fue capaz de digerir Ferrovial Inmobiliaria. En los tres casos quedó de manifiesto la dificultad de que al pez grande se lo coma el chico.

De cabeza al desastre

El abrupto advenimiento de la crisis hizo trizas sin duda los planes que seguro que unos y otros habían trazado concienzudamente para el día después de tan enjundiosas compras. Pero es muy probable que Rafael Santamaría, Fernando Martín y Bruno Figueras, como muchos empresarios más, se lo hubieran pensado dos veces si la banca no llega a regar con abundante dinero sus ambiciones, a la espera de un prometedor negocio.

Deshojando la margarita

Reyal Urbis está apurando al máximo todas las opciones antes de solicitar ante los tribunales de justicia la suspensión de pagos, sin perder de vista lo que le ocurrió hace nada a Nozar. El grupo controlado por la familia Nozaleda accedió a vender todo lo vendible para tapar agujeros, como la banca le pidió, y al final ha llegado al concurso de acreedores totalmente descremada y con escasas posibilidades de pagar la deuda que le queda.

Las promociones inmobiliarias faraónicas, paradas por la crisis

Rocío Ruiz/ expansion
Foto: Efe/ Jaro Muñoz

La caída radical de la demanda y los problemas de liquidez de los promotores han hecho fracasar varias de las macrourbanizaciones planeadas al calor del auge residencial. En muchos casos, acaban en manos de los bancos.

La carta remitida la semana pasada por el promotor Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, donde comunicaba el abandono de su macroproyecto residencial en Seseña, pone fin a uno de los proyectos más ambiciosos surgidos en el auge inmobiliario.

A pesar de que el anuncio de Hernando no parece ser el último capítulo de Seseña, el proyecto inicial de construir más de 13.000 viviendas ha quedado desfasado ante la actual coyuntura. La historia del residencial Francisco Hernando no es un caso aislado. Fruto del boom vivido durante casi una década en el negocio inmobiliario, el sector ha visto crecer de la nada nuevos desarrollos urbanísticos incapaces de ser asimilados hoy día por el mercado.

Seseña es uno de los ejemplos. Esta localidad toledana pasó de ser un pequeño municipio de 16.000 habitantes a ser la ubicación escogida para proyectar una urbanización con 13.500 viviendas. Según los datos del Ayuntamiento de Seseña, en el plan de actuación urbanístico El Quiñón, hay edificados o a punto de terminarse 5.096 pisos, de los que 2.800 tienen licencia de ocupación.

De los cinco mil inmuebles construidos, más de 2.000 están actualmente en manos de las entidades acreedoras de Onde 2000 (empresa de Francisco Hernando), Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caixa Nova, Santander y Caja Duero. Este canje de deuda ha hecho que bancos y cajas comercialicen en las propias sucursales del PAU de Seseña estos pisos. Desde Onde 2000, aseguran que se terminará la urbanización del residencial, aunque no fijan una fecha para su finalización, ya que, en la actualidad, "no hay mercado y por lo tanto, hay que esperar".

Otro caso destacable es Ciudad de Valdeluz, un proyecto de actuación urbanística (PAU) ubicado en el término municipal de Yebes, en Guadalajara. Tras el anuncio de la creación de una parada del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona en dicha localidad, Reyal Urbis escogió esta ubicación para presentar su proyecto estrella: una macrourbanización donde se preveía la construcción de 9.500, además de dos campos de golf de 18 hoyos, un centro comercial y varios colegios.

El proyecto, que recibió en 2006 la Mención Especial de los premios a las Mejores Promociones Inmobiliarias en España, apenas es una sombra de lo ideado. Según la web de Ciudad de Valdeluz, la urbanización cuenta con un centro médico y un supermercado "fruto de un acuerdo cerrado, ambos de carácter provisional, y un colegio, de carácter concertado o privado", según el curso.

Casas por deuda

Reyal Urbis, la promotora presidida por Rafael Santamaría, no ha tenido más remedio que deshacerse de parte de sus viviendas ubicadas en Valdeluz, para hacer frente a su elevado pasivo.

Desde finales de mayo, Santander, a través de su filial inmobiliaria Altamira Real Estate, comercializa más de un centenar de las viviendas que se ha adjudicado. La urgencia por vender estas viviendas ha llevado a Reyal a ofrecer rebajas de casi 100.000 euros en los inmuebles ubicados en Valdeluz. Por ejemplo, un piso de dos dormitorios, de la promoción Corona de Valdeluz (de Reyal Urbis), ha pasado de 246.644 euros a 136.000, que cuesta en la actualidad. Altamira va más allá y ofrece un inmueble de la misma promoción de características similares por 108.101 euros.

El exceso de producción de los últimos años tiene su máximo exponente en la segunda residencia. El litoral, principalmente levantino y andaluz, se llenó de promociones y voluminosos proyectos, en una vorágine que no parecía tener fin. Sin embargo, el elevado endeudamiento de sus artífices llevó a frenar el número de viviendas proyectadas e, incluso, a terminar los inmuebles en manos de entidades financieras.

Segunda residencia

Un ejemplo es Polaris World, un desarrollo urbanístico situado en la localidad murciana de Torre Pacheco, ideado por los constructores locales Facundo Armero y Pedro García Meroño en 2001 para una demanda fundamentalmente extranjera. Armero se deshizo de su participación (50%) y dio entrada a varias sociedades y fondos de entidades financieras como Credit Suisse (16%) y Banco de Valencia (10%). Desde 2007, en las cuentas de resultados del hólding formado por una veintena de compañías de Polaris World, aparece como presidente una sociedad denominada Roswell Capital.

El parón de ventas de segunda residencia del mercado inglés (principal perfil de Polaris) ha complicado las finanzas de la firma que, según la prensa Murcia, se vería obligada a desprenderse de parte de su patrimonio (suelo y viviendas) a cambio de reducir 900 millones de deuda.

Martinsa Fadesa

Otro de los grandes desarrollos se encuentran en Huelva. Fadesa planeó en Ayamonte un lujoso proyecto, Costa Esuri. El desarrollo contemplaba la creación de 6.000 casas de diversas tipologías, hoteles, centro comerciales, así como dos campos de golf. Finalmente, el proyecto ha quedado en 2.500 viviendas, algunas de las cuales ya están en manos de la banca acreedora.

La suspensión de pagos de la promotora dejó el proyecto sin terminar, a la espera de su aprobación. El paisaje dejado el verano pasado era una promoción de más de dos mil viviendas, listas para su entrega, pero sin poderse efectuar. Costa Esuri fue objeto de una novedosa iniciativa, meses antes de la entrada en proceso concursal. En abril de 2008, la compañía anunció un acuerdo con el Ayuntamiento de Ayamonte y la CAM, por el que destinaría 47 viviendas de la urbanización de lujo a jóvenes y familias que no pudiesen optar a viviendas de protección oficial, a través de un alquiler con opción a compra.

Ésta no es la única gran promoción paralizada por el concurso de Martinsa. En el municipio de Torre de Cabdella, en el Pirineo Leridano, la empresa planeaba la construcción de un complejo invernal con 900 viviendas, ocho hoteles, un campo de golf y un 'spa'.

La debacle inmobiliaria de la sobrina de Ortega: Hábitat, Martinsa... y ahora Realia

E. Segovia/ N. Cardero/ cotizalia

Dolores Ortega, sobrina del hombre más rico de España, Amancio Ortega, va de desastre en desastre con sus inversiones inmobiliarias. Después de salir trasquilada de las dos grandes quiebras del sector, Hábitat y Martinsa-Fadesa, ahora se acaba de pegar otro batacazo en Realia. Concretamente, en su filial francesa SIIC de París, una de las joyas de la corona de la inmobiliaria que controlan FCC y Caja Madrid. De momento, pierde la mitad de los 33,7 millones de euros que invirtió en esta sociedad en 2007. Y además, va a tener que poner otros 7 millones en una ampliación de capital que prepara la filial francesa para poder devolver un crédito a su matriz. Total: 24 millones grosso modo.

Mandolan, el vehículo de inversión de Dolores Ortega y su marido, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, compró el 5% de SIIC de París en julio de 2007, cuando Realia dio entrada en su filial a varias familias adineradas españolas. Entonces pagó un precio de 345,7 euros por acción, que viene a coincidir con el máximo histórico de una acción que, desde entonces, no ha hecho más que bajar. Ayer cerró en la Bolsa de París a 180 euros, su mínimo histórico. La caída desde el precio de entrada de Ortega es del 47,9%.

Según fuentes conocedoras de la operación, ahora Realia está preparando una ampliación de capital de 150 millones de euros en la filial francesa que preside Ignacio Bayón. Este importe supone un 42,7% de su capitalización, de 351 millones al cierre de ayer. El objetivo de esta ampliación es devolver a Realia un préstamo que concedió en su día a la filial gala. El problema para los inversores pillados en SIIC de París es que tienen que acudir para no diluir su participación porque, en caso contrario, la sociedad puede perder los beneficios fiscales de que goza en el país vecino (donde tiene una consideración equivalente a los REIT anglosajones, que ahora van a implantarse en España con el nombre de Socimis).

De esto se deduce que Ortega no está nada contenta con la marcha de su inversión en la filial de Realia. En especial, por la pésima evolución del valor en bolsa, ya que se suponía que, con su escaso fee float, iba a ser fácil para los poderosos accionistas de la inmobiliaria española mantener la cotización sin grandes altibajos. Según datos de Euronext, Realia controla el 78,97% de SIIC de París, los inversores españoles (incluyendo a Ortega) poseen otro 15% y Calyon, el 2%, lo que deja un capital flotante en bolsa inferior al 5%.

Lío en Martinsa y en Hábitat

Lo peor es que llueve sobre mojado. En julio de 2006, el matrimonio Ortega-Rodríguez Cebrián invirtió parte del patrimonio amasado en Inditex en la compra del 8,7% de Martinsa-Fadesa por 150 millones de euros. Iban a acompañar en su aventura a Fernando Martín, que acababa de hacerse con la histórica inmobiliaria de Manuel Jove. Como es sabido, esta inmobiliaria ha protagonizado la mayor suspensión de pagos de la historia de España.

Y sigue dando disgustos al matrimonio: ayer mismo, Rodríguez Cebrián comunicó a la CNMV que abandona el consejo de administración de la empresa por discrepancias sobre la propuesta de convenio de acreedores. Anteriormente, se había negado a firmar las cuentas de 2008 por no haber podido comprobar su veracidad.

No contentos con esta inversión, el tándem adquirió poco después (diciembre de 2006) el 9% de Hábitat, que acababa de hacerse con Ferrovial Inmobiliaria por la estratosférica cantidad de 2.200 millones de euros; una compra que costó a la sobrina de Amancio Ortega y a su marido 54 millones de euros. Y la historia se ha repetido: Hábitat también ha acabado en concurso de acreedores y con lío interno, puesto que Ortega ha hecho frente común con el también gallego José Antonio Castro (Hesperia) para llevar a los tribunales a las familias Figueras y Suñol, principales accionistas de la inmobiliaria catalana.

Nuevo rumbo en Martinsa Fadesa

EXPANSIÓN

Una vez lograda la refinanciación de la deuda financiera de la compañía, la constructora ha aprovechado la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid para desvelar algunos de sus planes de futuro.

Y pasan por una recurrente vuelta a la vivienda protegida, en un momento en el que el Gobierno socialista apuesta por compensar la caída del sector residencial con la puesta en marcha de un millón y medio de VPO en los próximos diez años. No obstante, ya ha dispuesto avales por valor de 3.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para nuevas promociones de vivienda protegida, al tiempo que admite la posibilidad de poner en marcha otra línea específica de financiación para el rescate de las inmobiliarias.

El recurso a este valor refugio por parte Martinsa Fadesa se basa, según la compañía, en su amplia disponibilidad de suelo adquirido a precios más bajos que los actuales y la posibilidad de convertir el 90% de éste en terreno para VPO, lo que unido al incremento de los precios máximos fijados por las comunidades autónomas para la vivienda protegida hace vislumbrar un escenario de rentabilidad suficiente para los próximos ejercicios. Si bien se trata de una alternativa factible para el sector, las empresas deben extraer lecciones de la difícil travesía actual y apostar por la diversificación y el saneamiento financiero.

Martinsa Fadesa alcanza un acuerdo con las entidades acreedoras para aplazar el pago de parte de su deuda

Agencias/ eleconomista

Martinsa-Fadesa ha alcanzado "un principio de acuerdo" con las entidades coordinadoras de la financiación que solicitó para la compra de Fadesa para reestructurar el contrato de financiación, alargando plazos de amortización y periodos de interés, lo que incluye atrasar hasta el próximo día 26 de marzo el pago de unos 362 millones de euros cuya amortización estaba prevista para hoy.

La compañía ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que todas las entidades participantes en el sindicato bancario que le concedió financiación han aceptado que se retrase dicha amortización, excepto un gestor internacional de fondos, que representa un 1,33% de la deuda.

Negociaciones abiertas

Por otro lado, la inmobiliaria indicó que el principio de acuerdo alcanzado deberá plasmarse en los contratos de la totalidad de las entidades participantes, aunque ya ha sido aprobado por las entidades coordinadoras y prácticamente por la totalidad de las entidades nacionales y extranjeras que operan en España.

De esta forma, sólo falta la adhesión a los mismos de las entidades internacionales, -fondos participantes en el sindicato que no tienen presencia en España-, que se espera obtener "no más tarde del 26 de marzo de 2008", explicó la compañía.

Adicionalmente, Martinsa Fadesa afirmó que "está en negociaciones" con las entidades de crédito con financiación otrogada a la compañía, con el objeto de "acomodar también sus vencimientos a medio y largo plazo".

Deuda

La inmobiliaria cerró el pasado ejercicio con una deuda de 5.153 millones y ya había manifestado que esperaba cerrar durante el primer trimestre de este año su refinanciación, tras mantener negociaciones desde el pasado mes de enero.

Este endeudamiento equivale a alrededor de un 40% del valor total de los activos del grupo, estimado en unos 13.000 millones de euros. Parte de la demanda corresponde a la financiación que Martinsa solicitó para abordar la compra de Fadesa a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).

Durante los últimos meses del pasado año la compañía redujo en unos 600 millones de euros su endeudamiento, de los que 420 millones correspondían al crédito de la OPA y el resto, a financiación asociada al desarrollo del negocio.

Los títulos de la inmobiliaria cerraron el viernes pasado con una subida del 1,1%, hasta situarse a un precio de 17,30 euros por acción.

Fernando Martín: "Si los bancos se ponen duros se convertirán en los principales inmobiliarios del país"

F. Martín/ C. Ribagorda/ C. Hernanz/ cotizalia

La situación del sector es muy mala y todo depende de que los bancos tengan paciencia y colaboren a mantener financieramente a las inmobiliarias. Estos son los dos mensajes que ha querido lanzar Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa y del G-14, en un desayuno informativo con El Confidencial. “Es cierto que la situación es muy mala, sería absurdo negarlo. Mejorarla depende de los bancos acreedores: si ellos no quieren, aquí no se salva nadie”, ha asegurado el empresario vallisoletano.

Para el ex presidente del Real Madrid, el parón en el mercado inmobiliario español es un hecho evidente, algo más que una obviedad. “Tan evidente que en el último trimestre de 2007 se han iniciado un 72% menos de viviendas que el año anterior y la previsión para este año es que no se superen las 250.000”, señala de manera resignada, convencido en sus propias carnes de la desaceleración que atraviesa su sector.

Aunque puede que no sea la principal preocupación a la que deben hacer frente. El otro problema de los inmobiliarios es su relación de dependencia con los bancos acreedores, a los que Martín ha pedido que colaboren en la salida de esta situación y que, al menos, “si no quieren prestar más dinero, que por lo menos no nos quiten el que nos dejaron”. En su opinión, los bancos deberían diferenciar entre empresas, porque no todos los proyectos tienen la misma solvencia.

Tras una época expansiva, la contracción era un efecto a esperar. "La tarta se va a reducir, aunque eso no tiene porque significar que algunas inmobiliarias vayan a construir menos. El ajuste hará desaparecer a compañías, de modo que aquellos que permanezcan se llevarán una porción mayor del negocio". En este escenario de menor actividad, propicio para las fusiones y absorciones, Martín no lo ve tan convencido, ya que "1+1 no suman ahora dos. Hay demasiada concertación de riesgo".

Dos problemas que, según Martín, no afectan a su empresa, Martinsa-Fadesa. “Nosotros hemos vendido este año 2007 casi 7.000 viviendas, la mayoría fuera de España. Eso no es fácil conseguirlo”, admite, al tiempo que reconoce el acierto de Manuel jove en ser de los primeros en salir al extranjero. Además, la inmobiliaria de origen gallego tiene uno de los stocks de suelo más baratos del mercado. “Y eso es lo importante", subraya. "Tener el suelo barato como lo tenemos nosotros, además de que sólo el 4% de nuestra bolsa es rústico”.

Respecto a la deuda de Fadesa, Martín también se ha mostrado convencido de superar ese escollo, 5.000 millones de euros en total. “El pago de marzo ya lo tenemos asumido y antes del siguiente plazo, en septiembre, quiero tener refinanciada toda la deuda a entre cinco y siete años y a un interés menor del 10%”, explica con cara de alivio, después de varias semanas de reuniones con bancos. "Es importante abrirles los números de la compañía y que entiendan todo".

Ayuda del Gobierno

Además de pedir paciencia a la banca, el también presidente e impulsor del G-14, el lobby que agrupa a las empresas inmobiliarias más importantes del país, ha reconocido que han pedido sesnsibilidad al Gobierno. “Es cierto que hemos presentado un proyecto al Ejecutivo, pero es totalmente falso que ese proyecto incluya una línea de créditos blandos por parte del ICO”, negando así la existencia de un plan de salvación para la industria del ladrillo.

En su condición de presidente del G-14, Grupo de Inmobiliarias por la Excelencia, que agrupa a las mayores promotoras del país, Martín ha reconocido la buena acogida que han tenido sus propuestas en el Ministerio de Vivienda ante la difícil coyuntura que atraviesa el sector. “Carme Chacón ha sido muy receptiva y esperemos que siga siéndolo, si sigue de ministra", afirma de manera diplomática. "Ha estado poco tiempo en esta cartera y no ha tenido tiempo material para abordar el problema de acceso a la vivienda. Todos sabemos que con una ayuda de 210 euros no se soluciona ese problema”.

“Entre otras cosas, hemos firmado el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para facilitar suelo público a las inmobiliarias para construir 200.000 viviendas protegidas al año”. Martín ha señalado la vivienda de protección oficial como la nueva apuesta de los promotores. ¿Por qué no se han interesado por la VPO en los tiempos del boom? “Si hay boom, no hay VPO”, sentencia categórico. Han cambiado los tiempos.

Los ayuntamientos impulsarán unas 200.000 VPO anuales para atender a la demanda

EP/ elmundo, sv
Foto: Efe

* Buscan facilitar el acceso a la vivienda y garantizar la actividad en el sector inmobiliario
* Pedro Castro: 'La crisis del sector puede empezar a ver la luz al final del túnel'
* El convenio buscel primer eslabón hacia un gran acuerdo nacional


La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se comprometió con las inmobiliarias a que los ayuntamientos pongan suelo en el mercado para la construcción de unos 200.000 pisos de protección oficial (VPO) anuales. Persigue el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y garantizar la actividad y el mantenimiento del empleo en el sector ante la crisis que atraviesa.

Así se establece en la declaración de intenciones suscrita entre Fernando Martín, presidente del G-14, el grupo de las principales inmobiliarias, y el presidente de la FEMP, Pedro Castro. El número de viviendas protegidas que los ayuntamientos impulsarán coincide con las que actualmente se demandan, según el G-14. En virtud de sus cálculos, de la actual demanda potencial de unas 450.000 viviendas anuales, entre 200.00 y 250.000 corresponden a VPO.

Para el también presidente y primer accionista de Martinsa-Fadesa, el acuerdo con la FEMP supone un "paso adelante" en el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, pero también un elemento "importante" en materia económica y de empleo para "dinamizar" el sector en un momento "especialmente sensible".

"Se atraviesan los momentos menos brillantes de los últimos años", según dijo. "En momentos de desaceleración, las reformas que ya eran necesarias y se planteaban en el pasado cobran ahora especial urgencia", añadió en referencia a la necesidad de promover pisos protegidos. En esta línea, el presidente de la FEMP consideró que si los ayuntamientos son capaces de cumplir con la promoción de este suelo "la crisis del sector puede empezar a ver la luz al final del túnel". Para ello, la Federación difundirá el acuerdo entre los ayuntamientos y les invitará a sumarse ya a adaptar al mismo sus políticas de vivienda y suelo.

Las dos instituciones pretenden además que este convenio constituya el primer eslabón en la consecución de un gran acuerdo nacional por la vivienda. Trabajarán para integrar en el mismo al Ministerio de Vivienda, al resto de patronales, asociaciones, sindicatos e instituciones relacionadas con el sector, e incluso al sector financiero.

En este punto, Fernando Martín aseguró que la banca no ha fijado ningún tipo de restricción financiera para el sector de la vivienda protegida, sino que, al contrario, "apuesta claramente" por este segmento, por lo que estima que no será difícil un acuerdo con ella.
Agilizar los trámites urbanísticos

En el convenio suscrito, la FEMP se compromete también a atender una de las históricas reivindicaciones del sector, esto es, fomentar la transparencia, flexibilidad y agilidad de las tramitaciones urbanísticas.

El G-14 advirtió recientemente de una eventual nueva escalada de los precios de los pisos en caso de que ayuntamientos y administraciones autonómicas no pusieran suficiente suelo en el mercado mediante la agilización de los trámites urbanísticos.

Asimismo, asumen la necesidad de construir las viviendas que la sociedad actualmente demanda flexibilizando los planes urbanísticos. Los firmantes apuntaron la posibilidad de hacer un mayor número de viviendas de menor tamaño, más asequibles y acordes con la demanda de este tipo de pisos. En virtud del convenio se creará una comisión paritaria de seguimiento para abordar los puntos del acuerdo y asignar el número de viviendas a promover en cada región y municipio.

Martinsa Fadesa reducirá un 13% sus ventas de pisos en 2007, pese a retirar "muchos" del mercado

EP/ invertia
Madrid

Martinsa Fadesa prevé cerrar el año con una reducción del 13% en el número de viviendas vendidas, que se situará sobre las 6.500 unidades, pese a haber retirado "muchas" de ellas del mercado, informó hoy el primer accionista y presidente de la compañía, Fernando Martín.

El grupo calcula no obstante que la parte de las ventas realizadas en el exterior se multiplique por más de dos (+120%), en comparación con las cifras de 2006 de las dos empresas hoy fusionadas.

El negocio internacional cuenta con un peso importante en la compañía, dado que estima que en el conjunto del año la actividad en los 15 países (además de España) en los que está presente aporte el 70% del total de preventas y el 30% de los ingresos. Martinsa Fadesa prevé facturar un total de 1.600 millones en 2007 (+11%).

Así, Fernando Martín aseguró que su grupo "soportará mejor la crisis" que otras empresas del sector. En este sentido, apeló a tener "determinación para remar contra la corriente" y no "quejarse" de los problemas, sino "analizarlos y solucionarlos".

Martín presidió hoy el estreno en bolsa de Martinsa Fadesa, acto que supone la constitución de la empresa como nuevo grupo inmobiliario fusionado, coincidiendo con el actual momento de desaceleración del sector.

Duplicarse en 5 años, apuesta por la VPO

Tras el tradicional toque de campana, avanzó que, pese a la actual coyuntura, la nueva Martinsa Fadesa duplicará su dimensión y sus resultados en un periodo de cinco años, y sin, en principio, participar o realizar operaciones corporativas. "Siempre dije que en Martinsa y Fadesa uno más uno no serán dos, sino más de dos, y en los primeros resultados ya lo van a ver", destacó Martín.

Para ello, Fernando Martín estableció como objetivo de su compañía promover viviendas que la gente pueda comprar "tanto por su precio, como por las necesidades de todos los sectores de la demanda".

En esta línea, apuntó a la vivienda protegida en todas sus modalidades, incluido el alquiler, como uno de los objetivos estratégicos del nuevo grupo que, según su presidente, actualmente cuenta con suelo para desarrollar 20.000 VPO.

"El desarrollo de VPO hoy es un elemento básico para inmobiliarias, sobre todo para Martinsa-Fadesa, que construye sus propias viviendas, con el consiguiente valor añadido para la sociedad", subrayó el presidente.

La gestión y promoción de suelo será, pese a la actual situación del mercado, la principal actividad de Martinsa-Fadesa, que también contará con una rama de patrimonio (centros comerciales, hoteles, viviendas, entre otros activos) y otra de servicios.

Continuar con su proceso de internacionalización será el otro gran reto del nuevo grupo inmobiliario, que ya tiene en el exterior 12 millones de metros cuadrados de suelo, el 42% del total.

En cuanto a su situación financiera, Fernando Martín destacó la "solvencia" de la empresa, y aseguró que están cómodos con la deuda de unos 5.000 millones de euros que actualmente soportan, dado que cuenta con activos valorados en 13.000 millones.