La crisis condiciona a los municipios

J. G./ Gaceta de los Negocios

Educación, sanidad, seguridad, protección civil, asistencia social, son algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos. Pese a que originariamente se trataba de transferencias propias de las comunidades, ahora, son una amplia mayoría de municipios los que a través de sus concejalías desempeñan esta labor. Se trata de las llamadas competencias impropias, cuya gestión de los últimos años está dejando en muy buena posición a los ayuntamientos. Sin embargo, la crisis económica puede poner contra las cuerdas este modelo. Las comunidades están remisas a ceder la financiación necesaria para estos servicios, lo que deja abierta la puerta a una subida de la presión fiscal municipal si no se quiere que se deterioren los servicios.

La próxima semana la comisión técnica de la FEMP tiene previsto elaborar un informe que contendrá la propuesta que presentarán los ayuntamientos para la negociación del nuevo modelo de financiación. De aquí tendrá que salir el sistema por el que se regirán las arcas de los más de 8.000 municipios españoles. Será un modelo que se negociará a tres bandas: Gobierno central, CCAA y ayuntamientos y, por tanto, en paralelo con la financiación autonómica.

La Federación Española de Municipios y Provincias cuantificó en 7.000 millones de euros estas competencias impropias, cifra que será la base de la negociación del nuevo modelo. Para el presidente de la FEMP, Pedro Castro, esta cantidad debería financiarse en un 33% por cada una de las administraciones, es decir a partes iguales entre Estado, comunidades y municipios, de forma que se mejore la redistribución de los recursos.

Este importante ramillete de “competencias impropias” delegadas en su mayor parte por las autonomías, se ha hecho sin financiación adecuada, lo que se ha convertido en un “dardo envenenado” cada vez más complicado de financiar. De no obtener la financiación adecuada, los municipios españoles no tendrán más remedio que hacer uso de su capacidad normativa y subir impuestos o, de no hacerlo, reducir la calidad de los servicios que prestan al ciudadano. El Impuesto de Bienes Inmuebles jugará un papel fundamental. El IBI es el tributo municipal por excelencia que en 2009 presentará un lavado de cara. Tendrá elementos de progresividad en función del nivel de rentas del contribuyente, al tiempo que podría bajar para familias numerosas o si hay parados de larga duración.

También podrían pagar más aquellos propietarios que no residan habitualmente en un inmueble o incluso aproximar el valor catastral y de mercado. Todo ello se traduciría en un incremento de la recaudación por este impuesto.

Pese a estas reducciones la amplia mayoría de los ciudadanos tendría que pagar más, lo que se traduciría en un importante aumento de la presión fiscal municipal.