CiU propone en el Congreso crear un parque público de pisos baratos en alquiler

Marta Belver/ suvivienda
Foto: Efe
Madrid

El acceso a una vivienda a precios asequibles y la viabilidad empresarial de los promotores de pisos pueden ser objetivos compatibles incluso en una situación de fuerte ajuste como la que vive el sector. El alquiler social es la solución o, al menos, esa es la apuesta de CiU. Pere Macías, su portavoz en el Congreso de los Diputados, ha defendido una proposición no de ley por la que insta a la creación de un parque estable de viviendas en alquiler gracias a la colaboración de entidades públicas y promotoras privadas.

La propuesta, presentada hoy bajo el extenso título de "Proposición no de Ley para impulsar la creación de un gran parque de alquiler a precios asequibles mediante sistemas de colaboración público-privado", prevé que puedan construirse viviendas destinadas al alquiler 'low cost' sobre suelo mayormente público mediante una fórmula mixta por la cual sería la propia constructora la que gestionaría dichos alquileres y, a la vez, una entidad pública garantizaría el cobro de las rentas.

Una vez en marcha el plan, CiU estima que podrían construirse hasta 100.000 viviendas al año, de entre 50 y 90 metros cuadrados, a precios para los arrendatarios de entre 250 y 375 euros mensuales.

Para hacer viable la construcción de estas viviendas y los precios de los arrendamientos, CiU propone que el promotor no tenga que comprar el suelo, sino que los propietarios -públicos o privados- cedan el derecho de uso durante un periodo de 10 a 25 años.

Además, la fórmula de colaboración entre entidades públicas y privadas, por la que las promotoras se convertirían en "gestoras de concesiones" de alquileres, permitiría a éstas acceder a la financiación para nuevos proyectos, superando así el grave problema de bloqueo crediticio que viven actualmente.

Para dar forma a esta proposición no de Ley, el grupo parlamentario catalán ha mantenido contactos con expertos del sector, como entidades financieras y promotores inmobiliarios. CIU calcula que la rentabilidad de las operaciones podría ser del 6,5% para las cesiones de suelo a 25 años y considera que no sería necesaria una fiscalidad especial ni ayudas públicas.

El Congreso pide al Gobierno que obligue a la banca a "abrir el grifo" de las hipotecas

EP/ cincodias

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy con el voto en contra del PSOE una proposición no de ley del PP pactada con CiU por la que insta al Gobierno a "adoptar con urgencia" las medidas necesarias para que el plan de apoyo que dota de liquidez al sector financiero aprobado a finales de 2008 se traduzca en un aumento de la oferta de crédito hipotecario.

La iniciativa, aprobada por 19 votos a favor, 18 en contra y una abstención, plantea que esta agilización en la concesión de créditos beneficie, además de a las familias, a los "operadores públicos o privados" que se dediquen a la construcción de parques de vivienda en régimen de alquiler.

El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, recordó que los dos decretos ley aprobados por el Gobierno en octubre de 2008 y convalidados por el Pleno de la Cámara, con el apoyo del PP, tenían la finalidad última de apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares.

Las ayudas a la banca deben llegar a los ciudadanos

No obstante, este compromiso contrasta para el PP con la "caída espectacular" en la concesión de créditos hipotecarios, de compraventa de viviendas y de inicio de nuevas construcciones, en especial de VPO.

La proposición no de ley reclama al Gobierno que el Ejecutivo garantice que los instrumentos del Fondo de Adquisición de Activos (FAAF), dotado con hasta 50.000 millones de euros, y los avales a las emisiones de las entidades por 100.000 millones de euros "lleguen a las familias españolas que deseen acceder a una vivienda".

Movilizar el 'stock' de las promotoras

Hoy también se ha aprobadao en la Comisión de Vivienda una proposición de ley de CiU, pactada con el PSOE y el PP, que insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a elaborar un "programa específico" de acceso a la vivienda "movilizando" el 'stock' en venta en manos de las promotoras, en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012.

La iniciativa reclama que el Ejecutivo apruebe los instrumentos "económicos y financieros" que posibiliten la incorporación de este 'stock' al mercado dando, "en su caso", lugar a la construcción de un parque público de viviendas en régimen de alquiler.

La Ley pone trabas a la ampliación de las hipotecas

Virginia Zafra/ publico
Madrid

El trámite por el Senado de la Ley hipotecaria ha puesto trabas a algunas de sus principales novedades

El paso por el Senado le ha costado caro a la Ley Hipotecaria y, sobre todo, a los ciudadanos. La Cámara Alta no incluyó muchas enmiendas -apenas una veintena- pero las que añadió han provocado cambios muy sustanciales en el espíritu de la normativa.

Uno de los que más sufrirán los hogares, si no lo resuelve el Congreso mañana, es la imposibilidad de ampliar la cuantía de sus hipotecas sin cancelar el préstamo y constituir uno nuevo. Hasta la llegada al Senado, la Ley preveía que se pudiera aumentar el importe de la deuda y cambiar cualquiera de sus características (plazo, tipo de interés, forma de amortización, etc.) sin tener que realizar esos costosos trámites.

De esa manera, se daba una salida a las familias más endeudadas y se evitaba que cayeran en el impago, al facilitarles la reestructuración de su deuda con su entidad de siempre. Con la nueva redacción de la Ley, se les empuja hacia las refinanciadoras, según el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Gregorio Mayayo. En su intervención en una jornada organizada por Adicae, aseguró que esa modificación del Senado ha sido "negativa" porque dificulta las posibilidades de recomponer las deudas de las familias más agobiadas tras la subida de tipos de interés y, además, les obliga a pagar aranceles "innecesarios".

El Pleno del Congreso debatirá mañana la Ley Hipotecaria y tendrá en sus manos revocar las enmiendas más perjudiciales del Senado.