Denuncias por vivienda

Contra la vivienda indigna. V de Vivienda. Todos juntos podemos.

domingo, octubre 28, 2007

´Miles de economías familiares irán a la quiebra por la vivienda´

El presidente de Ausbanc afirma que se ha duplicado la morosidad por los créditos bancarios

MARIO MORALES / DIARIODEMALLORCA.ES, PALMA 28/10/2007


Defiende con pasión sus verdades, disparando argumentos sin cesar. No en vano ha debido aprender a defenderse de duras acusaciones, particularmente en los últimos tiempos. Luis Pineda fundó Ausbanc y hoy la ha convertido en una asociación de referencia.

-Ausbanc ya ha cumplido dos décadas de vida. ¿Como valora su trayectoria?

-Ya son 21 años, y esto es como descubrir América, nadie se la inventa, ya existía y nosotros no inventamos a los consumidores sino que los descubrimos. Es un grupo poderosísimo pero está desvertebrado y no se le quiere dar la fuerza que la Constitución exige que se le otorgue.

-¿Como fueron sus orígenes?

-Ausbanc nace como una decisión intelectual de un grupo de jóvenes universitarios que no les dolía nada en particular sino todo en general. No había un equilibrio correcto entre el poder bancario y de los clientes y ahora hay una etapa de respeto con los operadores. Al vertebrar este grupo económico y social y ocupar un espacio cierto, tal como en la historia del sindicalismo, hay temor a que existamos como grupo vertebrador y recibimos ataques desde la política cuando no de otros sectores.

-¿Quienes perpetran esos ataques?

-Hay empresas que quieren ocupar este espacio, y es inconcebible que una empresa cree una oficina de atención al empleado, para eso están los sindicatos y cualquier sindicato le prendería fuego a esa oficina. En este país hay defensores del cliente, con un único objetivo, que ese espacio no se llene por asociaciones de consumidores y principalmente por Ausbanc.

- Ausbanc está siendo acusada de extorsionar a los bancos para que les subvencionen. ¿Que alega en su defensa?

-Hay una contradicción en los términos, Dicen: "Ausbanc vive de la banca porque tienen publicaciones y los bancos colaboran con ustedes", y también: "ustedes extorsionan a la banca". Mire, o lo uno o lo otro. Cuando se dicen cosas tan opuestas significa que estamos en el lugar justo y adecuado. Nos relacionamos con los bancos pero no nos sobornamos con ellos.

-Además de esas acusaciones de extorsión, recientemente se señaló a Ausbanc por trabajar para las dos partes en litigio en el caso de Forum y Afinsa y finalmente el juez les expulsó del juicio.

-No, finalmente no. Estamos personados para representar a 10.000 personas en el juicio.

-Sí, de forma individual, pero la decisión judicial ha sido por la representación colectiva.

-Efectivamente, como acción popular en línea de continuidad con la tesis equivocada del juzgado de atacar a la empresa, nos han dicho que lo hacemos bien en el juicio pero como organización parece que defendemos a la empresa y esa ambigüedad es la que dicen que no es permisible.

-Ausbanc tiene precedentes en la defensa de empresas como el caso de Banesto.

-Ausbanc defendió a Banesto pero no a Mario Conde. Defendemos a Forum y Afinsa pero no a sus gestores.

-Y ahora se ha enfrentado a Credit Services.

-Con Credit Services llevamos un año y medio denunciando que son empresas usurarias, subasteros, falta de regulación, opacidad, y ahora sale el secretario de Estado diciendo que hay que regularlas por todo esto pero nosotros llevamos un año y medio diciéndolo.

-¿Está satisfecho con el crecimiento de Ausbanc en estos 21 años?

-Sí, con nuestro diseño de Ausbanc Consumo, nuestra estructura de Ausbanc Empresas protegiendo a las pymes y Ausbanc Internacional, es nuestro mejor diseño posible para atender a la demanda de los consumidores.

-Ha hecho inversiones en varios países comprando inmuebles, decisión que por cierto también ha recibido muchas críticas. ¿Va a seguir por el mismo camino expansivo?

-No hemos comprado inmuebles, lo que hemos hecho es crear Ausbanc Internacional, donde hay 19 países representados a través de despachos y de instituciones. Lo que tenemos en Florida, Texas, Venezuela, es un periódico global de los consumidores en español y pronto estaremos en México y Portugal.

-Durante la semana pasada se ha entrevistado usted en Palma con directivos de bancos. ¿Han sido provechosas esas conversaciones?

-Sí, porque estamos preocupados por las reunificadoras de créditos y están en paralelo al sistema bancario colándole operaciones imposibles e insultando al sector oficial bancario. Están intentando sobornar a los directores de sucursal ofreciéndoles comisiones, e incluso se dice que un porcentaje.

-¿Les ha planteado alguna reivindicación?

-Hay una gran morosidad por los recibos de las hipotecas, cheques letras y pagarés. Muchos asociados de Ausbanc a veces reciben una letra, gestionan su cobro y no se paga, y el banco no sólo no les paga sino que les cobra una comisión de denuncia de hasta un 5 por ciento y esto es ilegal. Esperemos que la gente reaccione y no lo pague.

-Con el elevado precio de la vivienda y los bajos salarios, ¿cree que habrá una quiebra masiva de las economías familiares?

-Habrá quiebras en algunas, hablamos de miles. El dato último que conocemos es que la morosidad bancaria se ha duplicado en los últimos meses. Ha sido de un 0,76 en agosto (venimos de un 0,30). Según nuestros datos, en noviembre superaremos el 1 por ciento.

-¿La subida de los precios inmobiliarios es imparable aunque se ralentice?

-Es un hecho que la vivienda está sobrevalorada, y pensamos que se acerca la tormenta perfecta. Este país es diabético y han duplicado el precio de la insulina, y todos tenemos hipotecas en España. Se une otro elemento aún peor y es que la leche sube exponencialmente, el petróleo roza los 90 dólares y la agricultura mediterránea está afectada por la especulación y por la producción de biocombustibles. Todos los componentes de la cesta de la compra aumentarán y no se puede mirar a otro lado.

-¿Durante su visita a Balears ha visto una situación especialmente difícil?

-En Balears el sector inmobiliario funcionó mucho y bien pero ahora como hay un deterioro de la economía se produce un deterioro en la entrega de las viviendas. Se entrega fuera de plazo o déficit de calidades. Es intolerable, no hay ningún elemento que justifique este incumplimiento, decimos a la gente que ni olvide ni perdone sino que reclame por el gasto ocasionado. El consumidor no es culpable de que hayan calculado mal ni que los materiales sean muy inferiores a los pactados.

-Ante estos consejos para reclamar, ¿Observa una respuesta positiva por parte de los asociados a Ausbanc?

-Esto es lo mismo que antes pero mejor. Antes la gente era temerosa y ahora menos, una sociedad abierta y eficiente ejerce sus derechos y no acepta que los tribunales de justicia sean el instrumento de poder de sólo los poderosos, que sean los mamporreros del statu quo. ¿Quién suele decir no vayas al juzgado que tardarán mucho? : el abogado de un banco que está todo el día ejecutando deudas. El que más utiliza los instrumentos del Estado es el que intenta que tú lo utilices menos. Es el que más usa sus contactos políticos para que las administraciones pierdan tiempo y recursos humanos te dice que ni lo intentes porque no sirve para nada.

-¿Estas relaciones rozan la corrupción política?

-Son personas que se pasan el día reunidos con alcaldes, concejales, diputados, convenciéndoles para que hagan normas que les beneficien. Acuden a los juzgados para que se paguen rápido sus deudas pero no para que se cumplan los contratos pactados, para esto los juzgados no interesan. Hay que pensar en clave de mantener el statu quo porque con el actual no hay trabajo ni riqueza suficiente para que prospere todo el pueblo español.

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jueves, octubre 18, 2007

Pla dimitirá esta tarde tras el escándalo por la financiación de la reforma de su casa

Cristina Vázquez y Ezequiel Molto/ elpais
Valencia/ Alicante


Fuentes de los socialistas valencianos barajan dos opciones para la etapa que abra la dimisión de Pla: una gestora que dirija el partido o un Congreso extraordinario antes de las elecciones

El secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, anunciará a las 17.30 su dimisión. La renuncia de Pla se producirá tras conocerse que encargó una reforma en su vivienda por importe de 104.000 euros. Cantidad que no pagó y que fue adelantada en su mayor parte por la constructora Villegas, que realizó los trabajos. La reforma, iniciada a finales de 2006, concluyó el pasado mes de mayo sin que Pla hubiese pagado nada hasta la fecha.

Pla reunió ayer a la Ejecutiva del PSPV-PSOE para recabar, sin éxito, su respaldo. Ante la situación creada, el dirigente del socialismo valenciano pidió 24 horas para reflexionar y se comprometió a convocar hoy nuevamente a la dirección.

Agradecimientos en las Cortes

"He sufrido un ataque personal muy duro", ha manifestado ya esta mañana Pla en el pleno de las Cortes Valencianas en el que ha agradecido el "tono" del PP tras las informaciones sobre la reforma de su casa. A la espera de que confirme su dimisión, fuentes socialistas consultadas en la Cámara barajan dos opciones para la nueva etapa: la formación de una gestora que asuma la dirección o la celebración de un Congreso extraordinario que nombre antes de los comicios a los nuevos dirigentes.

Según estas mismas fuentes y tras escuchar las palabras de Pla en las Cortes Valencianas, que a la espera de confirmación han sonado a una despedida, se prevé que el líder de los socialistas valencianos agote las 24 horas de reflexión que se dio ayer antes de comunicar su decisión.

"Zapatero tiene otras cosas que hacer"

Previamente, y en declaraciones a Onda Cero recogidas por la agencia EFE, Pla ha afirmado que el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, no le ha llamado para interesarse por la polémica de los últimos días y ha manifestado que el presidente "tiene otras cosas que hacer". Sin embargo, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, "ha estado cariñoso conmigo y me ha mostrado su respaldo, porque nadie duda en absoluto de mi honorabilidad", ha afirmado Pla, según un comunicado de la citada emisora.

"Yo tengo una trayectoria personal que no puede ponerse en duda de manera perversa omitiendo elementos fundamentales, y esto es lo que voy a intentar defender hasta el final", ha añadido Pla, quien ha reconocido que la noticia que ha generado la polémica "seguramente surge de mi entorno".

La decisión, en la Ejecutiva

Tras comparecer en las Cortes Valencianas, Pla se ha dirigido a la sede de su partido donde está en contacto con los miembros de su Ejecutiva y de su grupo parlamentario. Si agota las 24 horas de reflexión, se prevé que sea durante la reunión de la Ejecutiva de esta tarde (19 o 19.30) cuando aclare su futuro.

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miércoles, octubre 17, 2007

Pla califica de "montaje" la acusación de trato de favor por parte de una constructora

publico
Madrid


El secretario general del PSPV desmiente que la constructora Villegas haya pagado la reforma de su casa


El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, ha calificado hoy de "montaje" las informaciones que le acusan de haber recibido trato de favor de una constructora en la reforma de su casa y ha reconocido que no ha pagado las obras porque aún no ha recibido la "liquidación total" de las mismas.

Pla ha hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa después de que la Cadena SER haya informado de que la firma Villegas, un grupo con importantes intereses urbanísticos en la Comunitat Valenciana, ha financiado las facturas de la reforma de la vivienda de Pla por 78.000 euros, importe que el diario 'Levante' eleva a 104.000 euros.

Pla ha asegurado no entender los motivos de esta "noticia montada en falso" y ha afirmado que tiene la sensación de que hay gente que quiere que abandone el cargo, algo que, según ha manifestado, no hará, ya que eso es ser "poco respetuoso con lo decidido por los ciudadanos y por los órganos del partido".

El favor de la constructora

El grupo constructor valenciano Villegas adelantó el pago de las obras de reforma de la vivienda del secretario general del PSPV (Partido Socialista del País Valenciá), Joan Ignasi Pla. Según la información adelantada por la Cadena Ser, el líder del PSPV se gastó 78.000 euros.

Según los datos revelados por la cadena de radio, Pla invirtió 1.200 euros en la compra de una vinoteca, 6.700 euros en una encimera de mármol glaciar y casi 4.000 euros en carpintería. Las obras consistieron en la colocación de parqué y en la reforma de la cocina y el baño.

Pla ha reconocido que no ha pagado la reforma de su piso. No lo considera algo extraordinario, aunque han pasado 6 meses desde que finalizaron las obras. "Hasta el día de hoy yo no las he pagado. La empresa a la que encargué esas obras será la que habrá hecho frente a los distintos proveedores", ha admitido.

El secretario general del PSPV-PSOE se reúne en estos momentos con el grupo parlamentario del PSPV en la cámara regional y está previsto que a lo largo de la mañana dé explicaciones ante los medios de comunicación.

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El país de las mil 'marbellas' y la corrupción urbanística como emergencia social

Jesús García/ cotizalia

¿Es España un país de marbellas? ¿Hay muchas marbellas en España? La corrupción urbanística ha galopado al hilo del boom inmobiliario y el desmadre de los precios, así como del descontrol de las finanzas municipales.

El suelo ha subido en los últimos años un 500% y el precio de los pisos un 130%. El Gobierno de la nación no se plantea por ahora modificar la ley de financiación de las haciendas locales, así que la vía de especulación de los ayuntamientos como modo de suplir las necesidades de su población tiene visos de continuar. Otra cosa son los elementos de corrupción que anidan en las cercanías de algunos ayuntamientos.

Desde que a mediados de 2006 se instauró la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y Medioambientales, el problema de la corrupción urbanística muestra ramificaciones hasta ahora desconocidas, decía ayer el fiscal Antonio Vercher.

La delincuencia urbanística emplea diferentes modus operandi en ciudades costeras o de interior, con sofisticados sistemas para el uso de inversiones ilegales. Desde que se ha abierto la Fiscalía y se empiezan a coordinar, se han abierto por distintas fiscalías más de 1.500 diligencias relacionadas con el urbanismo. Se han cuadruplicado, según Vercher, las sentencias relacionadas con el ordenamiento urbanístico y territorial. Vercher se quejaba ayer amargamente de una jurisprudencia insuficiente para luchar contra la corrupción urbanística.

Si el Gobierno y las administraciones no observan el fenómeno de la corrupción urbanística como “situación de emergencia social estarán cometiendo un grave error”, decía ayer el notario José Ignacio Navas Oloriz en esas jornadas del Observatorio de la Vivienda sobre el suelo. Añadía que la actual Ley del Suelo, la Ley Antiblanqueo y Antifraude y la creación de la fiscalía van en ese camino.

La crisis crediticia, el cierre del grifo bancario, abre ahora un periodo de iliquidez para todos que puede ser aprovechada por esa delincuencia organizada que obtiene sus ingresos de vías no controladas y no suele sufrir problemas de liquidez.

La ralentización del sector inmobiliario está poniendo en el mercado una parte del suelo que había sido acaparado a precios mucho más asequibles, aunque el mercado está muy parado. Situaciones de estas características en las que la demanda se frena a la espera de mejores precios y momentos suelen desembocar en crisis empresariales y destape de escándalos por lo general debidos a valoraciones hinchadas y otras tropelías.

Los últimos datos de Transparencia Internacional sitúan a nuestro país, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción, en el puesto 23 del ranking mundial por detrás de Finlandia, Suecia, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos, pero por delante de Estonia, Portugal o Emiratos árabes. El nivel más elevado de corrupción, según la organización internacional, se produce entre las administraciones municipales.

Es tiempo de que los gobiernos y los partidos se ocupen de dotar a estas administraciones de la financiación suficiente para cubrir las necesidades de su población. El asunto no vende porque no es electoral y poner a todos de acuerdo es tan difícil como elaborar una nueva ley de financiación de partidos. Luego dicen que la corrupción anida donde no debe. Como dice el notario antes citado estamos ante una situación de “emergencia social” y cómo tal se debe tratar.

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martes, octubre 16, 2007

El juez acusa a altos cargos en la época de CiU de cobrar comisiones a constructores

Pere Ríos/ elpais
Barcelona


Un contratista pagó el 20% a una empresa de la Generalitat para poder rehabilitar viviendas

Pasqual Maragall se quedó muy corto cuando en febrero de 2005 acusó a CiU de cobrar comisiones del 3% en las obras públicas que contrataba. Un juez de Barcelona considera que en 2003 un constructor pagó comisiones del 20 % cuando trabajó para Adigsa, una empresa de la Generalitat de Cataluña que rehabilita viviendas sociales. Todos los directivos de Adigsa de aquella época están a un paso de sentarse en el banquillo después de que el juez les haya acusado de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.

El órdago que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU apenas duró unos minutos porque los nacionalistas amenazaron con romper la baraja para reformar el Estatuto. Sin embargo, ajeno a esos vaivenes políticos el fiscal jefe de Cataluña de la época, José María Mena, abrió diligencias al día siguiente. Solicitó del tripartito toda la documentación necesaria para verificar la acusación realizada por Maragall y recibió centenares de documentos intrascendentes. Al final, la investigación quedó limitada a la empresa pública Adigsa, que había pasado a manos de Iniciativa per Catalunya Verds con el cambio de Gobierno.

La fiscalía se querelló y ahora, al cabo de dos años, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha dado por concluida la investigación y ha dictado un auto en el que aprecia la existencia de indicios de diversos delitos. El juez responsabiliza a ocho personas, entre ellas los máximos responsables de Adigsa entre 2002 y 2004, cuando sucedieron los hechos.

Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, en aquella época presidente y consejero delegado de Adigsa, respectivamente, figuran entre esa relación de imputados. Falcó es actualmente primer teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Badalona. Del mismo modo, el juez imputa al arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa, así como al responsable económico de la compañía, Xavier Sala.

El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata numerosas irregularidades en el proceso administrativo de concesión de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa. En teoría debía elegirse entre tres ofertas posibles, pero en la práctica se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo necesario y legal.

El juez describe que José María Penin era "la persona alrededor de la que giraban todos los hechos objeto de investigación, así como las irregularidades que se producen en relación a los expedientes de contratación". Penin nunca estuvo contratado por Adigsa, pero era quien "contactaba con los empresarios" y simulaba tener "cierto poder" en la empresa, afirma el juez. Era Penin quien llevaba a los empresarios a ver los pisos a rehabilitar y quienes les entregaba las llaves para que se iniciasen las obras "sin realizar ningún tipo de expediente previo".

La resolución judicial explica que Penin hacía empezar las obras a los empresarios con carácter de urgencia dentro del marco del llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos por el partido en el Gobierno autónomo, Convergència i Unió". Cuando las obras se estaban acabando o ya estaban acabadas, sigue relatando el magistrado, "se hacía toda la documentación del expediente de forma ficticia, como si hubiera habido ofertas de varias empresas con la finalidad de darle apariencia legal". Siguiendo su relato de los hechos, el juez precisa que fue precisamente Penin quien le pidió al constructor autónomo Juan Antonio Salguero Sánchez "que cargue en las facturas que confeccione un 20% más de lo que correspondería". De esta manera, el juez asegura que Penin y su cuñado, el también imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero "comisiones por importe de 60.000 euros".

También asegura que Honrubia facturó 48.000 euros por una obra realizada por Salguero y que se intentó que el también constructor A. Jiménez abonase 3.000 euros en concepto de comisión por cada uno de los pisos que se le adjudicaban para rehabilitar.

Cuando la fiscalía abrió diligencias, Penin declaró que el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, ahora portavoz de CiU en el Parlamento catalán

estaban al corriente de lo que sucedía en Adigsa. También explicó que los hechos eran conocidos por Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat. Sin embargo, cuando meses después compareció ante el juez, Penin se desdijo y exculpó a Puig.

El juez considera probado que Penin cobró de Adigsa 28.895 euros entre los meses de abril y octubre de 2003 por tasaciones de viviendas no realizadas. Añade el magistrado que Penin era la persona que debía realizar las tasaciones de las obras que se tenían que realizar en las viviendas que gestiona Adigsa, pero no consta que se haya realizado ninguna de ellas.

La resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona está fechada el 28 de junio, pero no fue notificada a las partes hasta hace apenas unos días. Las defensas anunciaron ayer que presentarían recurso contra esa decisión y que reclamarán del juez que se practiquen nuevas pruebas. Primero, ante el propio juzgado y posteriormente ante la Audiencia de Barcelona. Mientras no se resuelvan esos recursos la tramitación judicial del caso quedará paralizada. Esa función de retraso en el proceso judicial es la que en la práctica comporta prácticamente siempre la presentación de esos recursos, que acaban siendo rechazados.

Si en esta ocasión vuelve a ocurrir lo mismo, la fiscalía tendría entonces despejado el camino para presentar escrito de acusación y pedir la apertura de juicio oral. El juez atenderá entonces la petición y los ocho acusados se sentarán en el banquillo para responder de su actuación.

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domingo, octubre 14, 2007

Segundo caso de cobro de sobreprecios en la venta de pisos protegidos en Vigo

El popular Telmo Martín, socio de la promotora, dice estar tranquilo y achaca la denuncia a causas políticas

E. V. Pita /lavozdegalicia.es, 9/10/2007

Un grupo de 22 propietarios vigueses que adquirieron una vivienda social en el número 25 de la calle Teixugueiras presentarán un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo para sumarse a la segunda causa abierta a constructores en el polígono de San Paio de Navia por cobro de sobreprecios. Las dos primeras denuncias ya están en trámite desde diciembre y cuentan con dos grabaciones realizadas por la policía con autorización del juez.

Los denunciantes declararán como testigos de las supuestas coacciones por parte de la promotora Construcuatro para pagar, a través de intermediarios, cantidades adicionales a cambio de ser admitidos en la lista de acceso a la vivienda social. Los sobreprecios oscilaban entre los 12.000 y los 42.000 euros.

También estudian exigir responsabilidades a la Consellería de Vivenda por la supuesta tardanza en abrir un expediente sancionador a una promotora pese a que la delegación provincial conocía las quejas con anterioridad al 23 de agosto. «Nos decían que lo que contábamos les parecía rarísimo; que esa promotora siempre cumplía», indican los afectados.

La Xunta cree que la multa a la empresa podría situarse en el millón de euros y la inhabilitación para construir vivienda protegida en seis años. Los denunciantes esperan que vaya a testificar Telmo Martín, representante de la promotora investigada y dirigente del PPdeG, y otros dos accionistas. Los afectados reclaman la devolución de 600.000 euros, aunque el montante total defraudado podría situarse entre los 3 y 4 millones.

Telmo Martín: «No hay nada»

El recién elegido presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, propietario del 33% de Construcuatro, indicó ayer con relación al expediente abierto por Vivenda: «Yo estoy muy tranquilo y no hay nada, pero la consellería tendrá que hacer su trabajo».

Tanto con respecto a las informaciones referidas al expediente como a la investigación del juzgado de Vigo por el cobro de dinero negro, Telmo Martín lamentó: «Es el precio que tengo que pagar por estar en política, porque estoy seguro de que si yo no fuera socio de Construcuatro no saldría nada de esto publicado».

En esta misma línea añadió: «Estamos en un país democrático y es cierto que hay unas investigaciones, pero parece ser que se está haciendo por otro lado un juicio paralelo en el que se dice qué es lo que va a ocurrir [...] En su momento, cuando tenga que hablar, hablaré, pero estoy preparado para cualquier cosa, y en este caso estoy muy tranquilo y muy seguro de que no hay nada de nada. Pero, bueno, ¡qué le vamos a hacer! Tengo que pasar este trance!».

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lunes, octubre 01, 2007

Anticorrupción se querella contra el ex jefe de Urbanismo de Esperanza Aguirre

Francisco Mercado
elpais
Madrid


El alcalde de Villanueva de la Cañada, del PP, implicado también en la trama corrupta de la Comunidad de Madrid


La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Enrique Porto Rey, ex jefe de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, por el supuesto enriquecimiento ilícito que obtuvo con el desbloqueo de terrenos de los que era en parte propietario. De esa trama corrupta, según la investigación de la Fiscalía, también participó el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, del PP, cuya mujer, Juana Manrique, arquitecta municipal, participó de los negocios de Porto. El ex jefe de Urbanismo dimitió el 3 de octubre de 2006, para "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", horas después de preguntarle EL PAÍS por este pelotazo urbanístico de 4.3 millones en Villanueva.

Los juzgados de Móstoles (Madrid) ha admitido hoy a trámite esta querella presentada contra Porto y otras cinco personas. La Fiscalía pidió, el pasado 20 de septiembre, la imputación de Porto, junto con José María Fernandez del Río, Juana María Manrique Larraza, Luis Manuel Partida Brunete, José Gil Granizo y Luis Francisco Arrabal Villalobos, como autores de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

Al parecer, el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid autorizó en 2004 un plan parcial para la localidad de Villanueva de la Cañada que incluía más de 20.000 metros cuadrados, parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Tras desbloquear las trabas urbanísticas que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias. También lograron grandes ganancias unos tíos de la presidenta regional, que habían comprado terrenos en la zona y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que ponían algunos funcionarios de la Comunidad.

15.000 habitantes en 2005

Antes de ejercer como director general de Urbanismo, Porto había estado asesorando como arquitecto privado al alcalde Luis Partida. Porto lo reconoció en una respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan general lo hice yo y algunos planes parciales".

Tras ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de la Cañada denominado Los Pocillos.

Dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento. El 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo documento rechazado un año antes. A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de 2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias. Porto participaba en tres parcelas incluidas en dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del Río, autor del plan parcial.

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