La corrupción sin castigo

Arca (Asociación en Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria)

"Desgraciadamente nuestro sistema legal es tan imperfecto que ninguno de los defraudadores públicos ha sido, que se sepa, castigado y ello a pesar del empobrecimiento de la mayoría a costa de enriquecer a una minoría"

Una de las mejores definiciones de la corrupción política la describe como aquella situación en la que el gobernante antepone intereses particulares al interés general.

No hay que ser muy listo para darse cuenta de que cuando el que administra nuestro patrimonio no lo hace pensando en el beneficio de los contribuyentes sino en el de algún amigo, socio o cómplice, nos está robando a todos: robando dinero, robando derechos, robando ilusiones y robando pasado y futuro. Todo eso nos han robado, por ejemplo, aquellos alcaldes que no planificaron el urbanismo de sus municipios a partir de los exigibles criterios de sostenibilidad, los únicos que habrían beneficiado a la generalidad de los ciudadanos. Así, hoy, la gran mayoría somos mucho más pobres porque aquéllos a quienes confiamos lo nuestro prefirieron enriquecer rápidamente a unos pocos, en ocasiones a ellos mismos, olvidando cuáles eran sus obligaciones de servicio público.

Desgraciadamente nuestro sistema legal es tan imperfecto que ninguno de estos defraudadores públicos ha sido, que se sepa, castigado. Al parecer da igual que algunos de nuestros mejores paisajes costeros hayan sido machacados para enriquecer a alcaldes, constructores y, en el colmo del desparpajo, alcaldes constructores. Da igual que se tiren a la mar los residuos de más de setenta mil personas “saneados” por depuradoras diseñadas para poblaciones con un máximo de quince mil habitantes. Da igual que las excavadoras se coman un monte en las narices de todos o que se permita edificar en espacios protegidos. Da igual. Y da asco. Y nos hace un daño enorme. Sólo si por fin se redactaran leyes que responsabilizaran objetivamente de las consecuencias de sus actos a estos personajes, podríamos dejar de temer que sus atropellos continuasen.

Pongamos un ejemplo a futuro: si el Código Penal garantizara efectivamente nuestro derecho a disfrutar de un entorno bien conservado castigando a quien fuera responsable de su deterioro, el Alcalde de Noja no pretendería construir un puerto deportivo en uno de los últimos reductos naturales de su municipio. Siendo notorio que él conoce el enorme valor medioambiental del espacio costero que se vería afectado (basta con ver cómo lo describe la página web del propio Ayuntamiento, para mayor guasa llamada www.nojaatodacosta.com), si su destrucción acarreara consecuencias jurídicas nunca promovería semejante desatino. Pero este gran responsable del desastre urbanístico de Noja sabe perfectamente que no le pasaría nada ni siquiera, por imaginar la mayor de las desvergüenzas, aunque se demostrara que el principal beneficiario económico de la operación fuera él mismo.

La tristísima conclusión es que en nuestro actual marco jurídico hay muchas formas de corrupción que resultan impunes. Y nada cambiará hasta que los legisladores decidan, ellos también, que por encima del interés de sus partidos políticos está el interés general, y que es imprescindible cambiar las leyes para impedir estos atropellos. Hasta entonces seguirá el despojo.