M. Antonia Sánchez-Vallejo/ elpaisLos divorciados de la era de la vivienda más cara se hunden en la precariedad - Ni pueden comprar, ni alquilar, ni pedir piso socialLos separados de la era del boom inmobiliario están quedando en la ruina: si no hay un buen acuerdo y macrosueldo, la imposibilidad de encontrar vivienda ha convertido a muchos en ciudadanos sin techo. Sólo en País Vasco y Madrid comienzan a tomarse tímidas medidas para que puedan aspirar a pisos sociales.
El casado casa quiere, reza un refrán formulado cuando el matrimonio era para toda la vida. Pero, ¿y el separado? Tras la disolución del vínculo, y el pago de la pensión alimenticia, a veces acompañada de otra compensatoria, muchos ex cónyuges se ven abocados a una economía de crisis, a la mera subsistencia. La vivienda se convierte en problema, y en algunos casos contenedores, caravanas en cámpings o pensiones, son la primera opción; luego, la solución del piso compartido o la vuelta al hogar de los padres. Sólo que el regreso se hace, entonces, con medio hogar a cuestas: con la compañía temporal y regular de unos hijos que se hacen presentes en fines de semana o vacaciones.
Un separado o divorciado destina alrededor de un 35% de sus ingresos líquidos al pago de la pensión de alimentos (en torno al 20%) y de la compensatoria (un 15% de promedio), si la hubiera, pero el porcentaje puede ser aún mayor, rondando en algunos casos el 50%. La pensión compensatoria se decide si el otro cónyuge resulta perjudicado en su nivel de vida por el cese de la convivencia.
Pero otro desembolso, mucho más difícil de cuantificar, es el de la segunda vivienda, lo que en teoría debería ser el otro hogar resultante de la separación, ya que en el 95% de los casos el cónyuge que se queda con la custodia de los hijos lo hace en la casa común. Si sobre esa primera vivienda pesa una hipoteca, los juzgados de familia suelen dictaminar que la carga se satisfaga por mitades; así, al debe de la ruptura el cónyuge que se va de casa ha de sumar el pago de la mitad de aquélla.
Bruno Murillo, de 41 años, lleva seis separado. Con un hijo de dos años y una casa recién estrenada, tras la demanda de separación presentada por su mujer se vio de pronto en una pensión "porque no podía afrontar un alquiler si quería pagar la manutención". Pero la factura de la fonda también resultaba gravosa y, alguna noche, llegó a dormir en su coche, en la calle. "Entonces era viajante, y así me ahorraba las dietas, con las que podía pagar la pensión de alimentos y la mitad de la hipoteca". Al año de dar tumbos se fue a casa de sus padres. Una vida de okupa que a duras penas conseguía crear el ambiente de hogar indispensable para las convivencias con su hijo. Por eso, su familia le paga desde hace meses el alquiler de un piso en Canet de Mar (Barcelona), donde residen su ex mujer y su hijo. "Vivo de alquiler gracias a mi familia", afirma Murillo, que hoy trabaja como técnico teatral. "Mi sueldo es de 1.200 euros, paso a mi ex 600 entre pensión e hipoteca, y gasto 100 euros más al mes en transporte. De los 500 euros limpios, se me irían 450 en alquiler, así que sin ayuda no podría. Una vivienda independiente hace que la relación con mi hijo sea más normal, más fluida", concluye. Y en cuanto a la custodia compartida, principal caballo de batalla de muchos divorciados, habría resultado impensable solicitarla "a 60 kilómetros de distancia del domicilio familiar, la distancia a la que viven mis padres, de ahí la necesidad del alquiler".
Otros corren peor suerte. Eufemiano de Céspedes tiene 69 años. Los últimos siete los ha pasado, divorciado, en un contenedor habilitado como casa en la madrileña sierra de Guadarrama. "Si uno tiene la desgracia de separarse es la ruina total, y no sólo económicamente hablando. Tenía régimen de gananciales, mi mujer no ha trabajado nunca, pero como el patrimonio estaba a su nombre, me vi en la calle, con 13,30 euros para pasar el mes. ¿Cómo va a vivir alguien con ese dinero?".
Eufemiano tiene dos hijos, que eran ya mayores de edad cuando se separó. Con la ley del divorcio de 1981 vigente, el juez sentenció que el padre debía pasar una pensión de 100.000 pesetas de la época al menor, a la sazón de 30 años de edad. "Yo me reí en su cara. ¿A alguien de 30 años? No me tome el pelo, señor juez, le dije. Y me desalojaron de la sala". "Me pusieron dos multas y recibí tres sentencias con errores, la Justicia me ha tratado muy mal", se queja. Antes de ocupar el contenedor, rodó por unas cuantas pensiones. "He pasado mucha hambre y frío estos últimos años", clama mientras aprovecha para atacar una ley, la del divorcio, que, dice, "está hecha en contra del hombre".
"Es una ley absolutamente indiscriminada", contraataca Altamira Gonzalo Valgañón, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, contraria a la custodia compartida y favorable a una responsable, correlato de la corresponsabilidad previa en el cuidado de los hijos. "El problema es que no se habla claro: la mayoría de estos hombres lo que plantean es dejar de pagar la pensión a los hijos y que la madre no se quede con la casa, que ésta se venda o reparta. En el núcleo de su preocupación no está el cuidado filial".
El presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Isidro Niñerola, constata la merma de nivel de vida que acarrea una separación para uno de los cónyuges, sino para ambos. "Uno de ellos, el obligado al pago , que es en la mayoría de los casos el hombre, queda en situación de inferioridad económica, llegando a ser ésta a menudo penosa. Las pensiones que se imponen [de alimentación y compensatoria] son elevadas, pueden llegar al 35% de los ingresos líquidos del progenitor obligado a pagarlas. En cualquier caso, ese debería ser el tope máximo", sostiene Niñerola.
En el material de agravios que esgrimen los padres separados -no sin recordar, algunos, que en su situación se hallan también muchas mujeres-, la fiscalidad ocupa también espacio en la diana. "Fiscalmente no pertenecemos a la unidad familiar, en nuestra declaración de la Renta no podemos deducir por los hijos, sólo quien tiene la custodia". De nuevo la custodia como catalizador de todos los rencores. "A la hora de cumplir con Hacienda, desaparecemos de la familia, pero a efectos reales somos sus principales sostenedores", apunta Paco Rodríguez, de 46 años, padre de una niña de 10. "Yo mantengo dos unidades familiares: la de mi ex y mi hija, y la de mis padres, en cuya casa me he visto obligado a instalarme como si fuera un okupa, viviendo de prestado", dice; "todas mis cosas están en un guardamuebles".
Pese a su condición de funcionario, afrontar el pago de la pensión de alimentos más la mitad de la hipoteca del piso que compró con su pareja se le hace cuesta arriba. Su ex, cuenta, ha tenido un hijo con otro hombre, con el que convive en el hogar que Paco contribuye a pagar. "El nuevo novio de mi ex no colabora en los gastos domésticos, así que pago yo, por imperativo legal", se queja. Situaciones como ésta, denuncia el presidente de la Asociación de Abogados de Familia, "deberían ser motivo de la extinción del uso por parte del cónyuge custodio".
Similar petición hace la Confederación Estatal de Padres y Madres Separados Conpapaymamá a los partidos políticos: la modificación del artículo 96 del Código Civil, es decir, que se reconsidere el derecho al usufructo del domicilio familiar si el usufructuario convive en él con otra pareja. Cabe recordar, no obstante, que la vivienda no se adjudica a uno de los cónyuges, sino para servir de hogar a los hijos.
Paco Rodríguez, con su sueldo de funcionario de nivel medio, se ve excluido del mercado inmobiliario. "No tengo acceso a pisos de protección oficial, porque son para gente que gana 800 euros al mes, pero tampoco puedo recurrir al mercado libre. Por eso no es de extrañar que la mayoría de los divorciados acabe compartiendo piso", afirma.
El déficit de viviendas ha encontrado respuesta en un par de Gobiernos autonómicos. El Ministerio de Vivienda, en su Plan Estatal, no destina ningún cupo de viviendas de protección oficial (VPO) a separados; el Gobierno Vasco o la Comunidad de Madrid, sí, aunque con cuentagotas. La Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (Kidetza) suscribió en 2006 con el Gobierno de Vitoria unos acuerdos para facilitar el acceso a VPO de separados y divorciados. El principal logro consiste en eliminar el plazo de dos años que un separado debía aguardar para optar al sorteo de una de estas plazas. Etxebide, el Instituto Vasco de la Vivienda, se convierte así en pionero de una medida que allana el camino a la equiparación, en términos inmobiliarios, entre los dos hogares resultantes del divorcio.
En la Comunidad de Madrid, la avanzadilla es una tímida promoción de 202 pisos de protección oficial en alquiler. Pero, como lamenta Paco Rodríguez, la desproporción en el reparto resulta discriminatoria. "En el primer paquete, consistente en 40 viviendas, 38 han ido a parar a mujeres y sólo 2 a hombres", dice. Algo que, sostiene, no sucedería -ni se convertiría en un casus belli más- si, como proponen las asociaciones de divorciados, se disuelve automáticamente el régimen de gananciales -si ése fuera el del matrimonio- en el mismo acto del divorcio.
En los comedores sociales de las grandes ciudades no es infrecuente la figura del padre separado. "No es un fenómeno nuevo. Tampoco resultan extraños en la calle, entre las filas de los sin techo. Por decirlo de alguna manera, la situación que sigue a una ruptura familiar puede derivar en una transitoriedad precaria", explica Sergio Barciela, responsable del programa Personas sin Hogar de Cáritas. "Los hombres separados que acuden a nuestros comedores no son el perfil habitual del sin techo; la suya es una situación coyuntural", añade.
Last, but not least, la pugna por la custodia compartida, que las asociaciones de divorciados -imposible averiguar el número total de afiliados- reclaman como norma automática en todo proceso, salvo cuando uno de los cónyuges renuncie expresamente a ella o bien concurran "causas suficientes". En el entrecomillado se agazapa otro de los puntos más peliagudos de la batalla por lograr las mejores condiciones posibles posdivorcio: las presuntas denuncias falsas por maltrato. Basta una sola para que la posibilidad de optar a la custodia compartida se volatilice para el progenitor acusado. Bruno Murillo ha pasado por ello. "Mi ex interpuso contra mí denuncias falsas, que el juez desestimó. Pero, en lugar de probar la culpabilidad, lo que resulta más difícil en estos casos es demostrar la inocencia. Yo obtuve una sentencia absolutoria, pero la vista por la custodia compartida no se llegó a celebrar".
"Las denuncias por maltrato, sobre todo si son falsas, constituyen un tema gravísimo, que se hace eco de la alarma generada por la violencia doméstica", expone Isidro Niñerola. "Los juzgados de violencia doméstica están viendo no sólo causas penales, sino también civiles: disputas en torno al régimen de visitas, etcétera. Denuncias que intentan propiciar la exclusión de la custodia compartida. Los juzgados [de violencia de género] están colapsados, y haría falta una profunda reforma para eliminar de ellos toda la jurisdicción civil que ven a diario".
Altamira Gonzalo, de Themis, niega la mayor: "Es mentira que se utilicen denuncias falsas para acelerar el proceso. Con nueve mujeres asesinadas en lo que va de año, resulta terrible oír eso. Un estudio de la Audiencia Provincial de Barcelona estima en un 4% el porcentaje de denuncias falsas, similar al de cualquier otro tipo de denuncias".
"Se está siguiendo una política de discriminación positiva hacia las mujeres, y es políticamente incorrecto no secundar ese discurso", replica Rodríguez, secretario de la Unión de Separad@s de Madrid. Rodríguez recalca que la asociación que representa "es mixta, de padres y madres". El símbolo de la arroba como una vuelta de tuerca más, en insondable espiral, a un drama cotidiano que se enquista en el tiempo y en el espacio.
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