Las ayudas a jóvenes dan pie a subidas en los alquileres

Lluís Pellicer/ elpais
Barcelona

Consumidores e inquilinos denuncian aumentos abusivos

-A éstos, en vez de 700 euros, cóbrales 900, que son jóvenes y pueden pedir ayudas.

-¡Qué va!, tienen 35 años y dos hijos, no se la van a dar.

-Pues entonces búscame a uno menor de 30.

El profesor de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos presenció hace escasas semanas esta conversación entre un propietario y un administrador de fincas. Las ayudas para la emancipación, con una dotación de 210 euros y destinadas a jóvenes de entre 22 y 30 años que ingresen hasta 22.000 euros, están dando pie a abusos. Organizaciones de consumidores e inquilinos denuncian haber recibido numerosas consultas por subidas de alquiler injustificadas. "Se veía venir, si hay mucha demanda y poca oferta, cualquier subvención se traslada directamente al propietario. Sabe que le van a pagar más con el mismo esfuerzo", sostiene.

Marta P., de 26 años, vive en un piso de 40 metros cuadrados en el barrio barcelonés del Raval, por el que paga 650 euros. "La ayuda me venía muy bien, pero cuando intenté acogerme a la subvención resulta que no constaba ningún número de referencia catastral", explica. Se lo comentó al propietario, quien le dijo sin ruborizarse que el contrato era "de algún modo ilegal", pero que lo podían arreglar. Con una condición: "Ya que vas a pedir la ayuda, te subiré el alquiler 120 euros".

El presidente de la red de ventas de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona, Juan José Aguilera, lo admite. "Sí, hay propietarios que piden que sólo busques a un inquilino que esté dentro de la edad para recibir la ayuda. Los dueños piensan que le podrá pagar más o que será más solvente", asiente. Los API de Madrid, en cambio, prefieren no opinar. "Es indetectable", afirma el presidente de los agentes de la comunidad, Jaime Cabrero.

Varias organizaciones reconocen haber recibido consultas sobre esta práctica. En general, hay tres casos habituales: el joven que está viviendo en un piso sin contrato y pide formalizarlo; el chaval que estudia y va renovando su alquiler cada año y pide hacerlo por cinco para pedir la ayuda, y el que va a ver un piso y se encuentra con que le preguntan si va a solicitar la subvención.

"Hemos recibido bastantes consultas. La mayoría, de jóvenes a quienes el dueño les pregunta si van a pedir la ayuda y entonces les suben el alquiler, porque a partir de ese momento el propietario está localizable fiscalmente", explica la presidenta de la Cámara Oficial de Inquilinos de Madrid, Isabel Torralba.

También la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) explica que recibe quejas de jóvenes que quieren saber si las subidas son legales. "Les decimos que guarden la publicidad del piso, y que si les intentan subir el precio lo denuncien. El problema es cuando no hay anuncio", señala el vicepresidente de CECU, Fernando Moner. Y la mayoría, añade, no tiene la publicidad.

La asociación recuerda que los contratos de alquiler sólo pueden subir lo mismo que el índice de precios al consumo (IPC), por lo que cualquier intento de incremento por las ayudas sí puede ser denunciado. "Si no hay contrato, ya se puede denunciar directamente. Pero antes recomendamos que se pague a una cuenta bancaria o que se guarden recibos", añade Moner.

Fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que "en absoluto" este fenómeno está generalizado, y que tampoco les ha llegado ninguna preocupación al respecto por parte de los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Además, agregan que los datos de alquiler del Banco de España y del INE no muestran que éste se haya disparado.

No obstante, fuentes del mercado explican que la estadística recoge alquileres nuevos y antiguos. Y los que se firman ahora siguen subiendo. Prueba de ello es que los datos que arrojan las cámaras de propiedad, las empresas o las comunidades son mucho más altos que los del INE. "Cuando hay más demanda que oferta, cualquier ayuda es inflacionista", sostiene Aguilera. Vivienda explica que es denunciable cualquier intento de subir precios si hay contrato. Sin embargo, admite que el ministerio no puede intervenir si no lo hay.