Las advertencias del Banco de España

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Decir que si la economía española crece menos el año que viene hay que tomarlo como un dato positivo es una veleidad que solo puede permitirse el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, genuino representante del ala liberal del PSOE que ha ocupado todo tipo de cargos públicos en las administraciones de Felipe González y Rodríguez Zapatero. Su última intervención pública fue el viernes pasado en el Senado, con motivo del debate de los presupuestos del 2008. Del discurso del gobernador sobresale una descalificación política, sin señalar a nadie, pero de fácil concreción, a quienes proponen alegres rebajas de impuestos con la excusa de que el Estado tiene superávit. Un torpedo directo a la propuesta de Rajoy de reducir, sin cálculo meditado, el IRPF en caso de ganar las elecciones. Pero también hubo especial insistencia en que ahora es tiempo de mantener el superávit público como previsión de un posible cambio de ciclo económico. Lo cual es la confirmación de que se da por descontado que ese cambio ya está en marcha.

Antes del verano, Fernández Ordóñez advertía de que la pujanza inmobiliaria tocaba a su fin. Acertó. También aseguraba no estar preocupado en exceso por la inflación, que esperaba que cerrara el año en el 2,7%. Se equivocó. Tanto, que ha renovado parte del discurso del banco emisor, que tendrá su peso equitativo en el que hace el Banco Central Europeo. Si hay repunte de precios en España y en el resto de las economías del euro, los tipos de interés deben mantenerse o incluso retocarse al alza. Contribuye a ello que los grandes bancos europeos --excepto, todavía, los españoles-- siguen tocados por la crisis de los préstamos basura iniciada en Estados Unidos y que no ceja, como lo demuestra que el pasado jueves el mercado de bonos europeo, donde los bancos del continente piden y se prestan dinero, cerró antes de hora porque nadie pactaba operaciones.

Si la economía española reduce su velocidad de crucero en el 2008 al 3% desde el 3,7% actual será, según la nueva doctrina de Fernández Ordóñez, un buen dato. Lo que ahora se teme es que haya una inflación sostenida demasiado superior a la media europea que haga perder competitividad y acabe creando paro, un dato mucho más peligroso para las familias españolas y sus ingresos que el que supone el aumento circunstancial del euríbor al que tienen referenciadas sus hipotecas.

Mercados financieros y pinchazo inmobiliario

EXPANSIÓN

Si las condiciones crediticias y financieras no dan un giro de 180 grados en las próximas semanas, el mercado de las titulizaciones hipotecarias en Europa quedará cerrado por lo que queda de año. En el sector se descartan emisiones en las próximas semanas.

En los últimos días, el proceso por el cual los bancos emiten deuda respaldada por un paquete de hipotecas se ha topado con un muro: los precios que ofrecen los inversores por dichos títulos están muy por debajo del precio que los bancos están dispuestos a admitir. Todo ello ha obligado a posponer hasta el año que viene varias operaciones en cartera y probablemente forzará a retrasar las que estaban previstas a corto plazo.

Estas dudas de los inversores se han traducido en un incremento vertiginoso de los diferenciales de rentabilidad de las titulizaciones respecto a la deuda pública de calidad. Esto quiere decir que los inversores exigen una rentabilidad extra que compense lo que ellos perciben como un mayor riesgo. Esta percepción de riesgo se produce a pesar de que en Europa no hay un segmento de hipotecas basura como el mercado estadounidense.

Sin embargo, la onda expansiva subprime se ha extendido a los mercados inmobiliarios europeos, donde los inversores temen que un descenso brusco de los precios de la vivienda dispare la morosidad y lastre los rendimientos de las titulizaciones, que al fin y al cabo son bonos garantizados por hipotecas. Y como suele suceder cuando se habla de burbujas inmobiliarias, el mercado español suele ser el que acapara la mayor atención. Sin embargo, ese riesgo es matizable. Si bien es cierto que la situación del mercado inmobiliario español es frágil, todavía no se ha producido una caída abrupta de los precios. Y si éste se produce, la salud financiera de la banca española es de las mejores de Europa.

En estos momentos, la morosidad es muy inferior al 1% y los bancos tienen provisiones que superan entre 2,5 y 3 veces los activos con riesgo de impago. En cualquier caso, la congelación del mercado de las titulizaciones va a tener un impacto en la salud financiera de los bancos.

El BCE ya advertía en su último informe de estabilidad financiera de que una paralización de este mercado era uno de los principales riesgos del sector. De momento, hay razones para pensar que el mercado se reanudará con relativa normalidad en enero. Sin embargo, si esto no sucede, la situación podría comenzar a complicarse. Y, en estos momentos, España es uno de los mercados europeos en los que los inversores, que al fin y al cabo son los que ponen el dinero, detectan más riesgo.

Limpieza en los ayuntamientos

GACETA DE LOS NEGOCIOS
(16/11/07)

El denominado Caso Guateque de corrupción, destapado en la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, vuelve a poner de relieve uno de los males endémicos al que están expuestas las administraciones locales de nuestro país. Aun cuando nuestra burocracia funciona bien por regla general, es verdad que en ocasiones —en especial para los administrados afectados, como ha ocurrido con el tiempo de concesión de licencias en el caso mencionado— puede resultar excesivamente compleja y prolongarse sine die; con lo que se da pie al ciudadano para recurrir al "engrase de la maquinaria" mediante la consabida comisión, especialmente cuando se le oferta desde la propia Administración; baste citar al respecto precedentes como el «caso catalán del 3%» o los surgidos a comienzos de 2006, de comisiones cobradas a inmigrantes por miembros de Cuerpos de Seguridad del Estado.

El boom inmobiliario que ha vivido España en los últimos años ha dejado patente que casi todas las gestiones relacionadas con el urbanismo y la promoción inmobiliaria han sido el mayor caldo de cultivo de actuaciones ilícitas por parte de las administraciones. Estándares bajos de corrupción son sinónimo de niveles altos de confianza política, económica y social. España necesita imperiosamente conservar ambos, planteándose una verdadera limpieza en las administraciones empezando por los ayuntamientos. A fin de cuentas, unos y otros son a la vez exponentes, pero sobre todo fundamentos, de prosperidad. Cuánto más en un país como el nuestro, que ya en anteriores ocasiones fue capaz de reaccionar con éxito frente a algunas otras variedades de este problema.

Costas sin cemento

EL PAÍS

El Gobierno tiene argumentos para limpiar el litoral de ladrillo. Pese a todas las resistencias

Hay varias razones de fondo para defender el plan del Gobierno para recuperar el uso público de las costas españolas, salvajemente urbanizadas -sobre todo la mediterránea- durante décadas hasta quedar asfixiadas por un cordón de cemento. La más importante es que la construcción desbocada en primera línea de playa vulnera de forma flagrante la Ley de Costas y, por tanto, el carácter público de la franja de litoral debe ser recuperado y, en adelante, respetado. Además, es útil transmitir el mensaje de que existe la voluntad política de combatir la especulación salvaje perpetrada en muchas ocasiones con la colaboración activa de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y siempre con la vista gorda de los Gobiernos. Hay razones ecológicas, por supuesto, y en algunos casos de pura prudencia, como es el caso del riesgo que supone para las construcciones en la Manga del Mar Menor la subida esperada del nivel del mar.

Un plan tan ambicioso suscita evidentes temores de orden práctico. El Ministerio de Medio Ambiente se propone en un primer esfuerzo recuperar 770 kilómetros de costa por el procedimiento político de un pacto con las comunidades autónomas, conocido como Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y con un coste estimado de 5.000 millones de euros, destinado a compensar la demolición de viviendas, chalés, hoteles, piscinas y otras modalidades de asfaltado costero. El ministerio no quiere recurrir a las expropiaciones, por motivos prácticos. Pero debe ser consciente de que encontrará grandes resistencias políticas para consensuar este plan y probablemente muchas más para aplicarlo. Ya se sabe que la playa es el atractivo turístico principal de la mayoría de las zonas costeras, y alejar del mar las masas de ladrillo se interpretará probablemente como un ataque a las rentas municipales. Además, existe el riesgo de que el Gobierno se enfangue en conflictos políticos o legales con los ayuntamientos o autonomías más reticentes a devolver la costa.

Pero la magnitud de los obstáculos que se adivinan no justifica que se abandone el esfuerzo para dignificar las costas españolas. Hay que suponer que Medio Ambiente ha calculado bien las dificultades de la tarea y está dispuesto a aplicar todos los medios legales para llevarla a buen puerto. Aunque es una decisión pragmática y plausible descartar las expropiaciones -se evita así la animadversión generalizada contra la propuesta-, conviene tener a mano los recursos legales necesarios para imponer la ley. Porque, en último extremo, indemnizar por construcciones que han ignorado la Ley de Costas equivale a transmitir el mensaje perverso de que el quebrantamiento de las leyes concede derechos a quienes la vulneran. Los interlocutores del Gobierno deben entender que si no se alcanza un acuerdo negociado sobre el plan, hay muchas razones para imponerlo por la fuerza de la ley.

¿Alquiler o expropiación?

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS

El Gobierno de la Generalitat, junto con 34 organizaciones de diverso cariz (sindicatos, constructores, promotores, colegios profesionales, entidades financieras y sociales), ha firmado un Pacto Nacional por la Vivienda para 2007-2012 que, tanto CiU, PPC y algunos miembros del tripartito, vinculan al proyecto de Ley de la Vivienda que se discute en el Parlament y que recoge dos actuaciones fundamentales: construcción de vivienda social o protegida y medidas de fomento del alquiler.

No es casualidad que la ministra de Vivienda, Carme Chacón, haya alabado tanto este pacto como la ley que se tramita en el Parlament, coincidiendo con las medidas para forzar el alquiler de viviendas vacías porque, señala, hay muchas y la media de alquiler en España apenas llega al 11%, mientras que en Europa es del 35%-40%. Puede que el Gobierno esté pensando en extender ese tipo de expropiación forzosa propuesta por el Gobierno de la Generalitat. Y no es casualidad que esto ocurra en Cataluña, donde los tics absolutistas y el apuntalamiento de las oligarquías políticas a costa de la libertad de los ciudadanos han quedado plasmados en el nuevo Estatut, que otorga a la Generalitat todo el control, vigilancia e intervención sobre los ciudadanos.

Construcción de vivienda social y fomento del alquiler parecen, o pueden ser, objetivos loables. La cuestión es que el Estado o los organismos que representan el poder no están para construir y distribuir viviendas porque, en todo caso, lo harán sin criterios de justicia, equidad y eficiencia, pese a que vendan lo contrario. Un reparto discrecional o arbitrario (sorteo) generará desigualdades e injusticias (lo que suele achacarse al mercado).

¿Por qué no poner en manos públicas, de la Administración, la construcción y distribución de viviendas para todos? Supuestamente se generarían muchos puestos de trabajo. Pero ese invento ya ha sido probado largamente con resultados desastrosos para la humanidad. Por supuesto que los organismos públicos deben proveer de suelo y definir las barreras en la actividad de la construcción, así como los impedimentos que obligan a muchos propietarios a mantener un activo inerte y con pérdidas. Pero obligar a los propietarios a alquilar o hacer con su propiedad lo que no quieren, e incluso marcar el precio que debe tener el alquiler, es una intromisión inaceptable. El desprecio y ataque hacia la propiedad privada es típico de tiranías y los sistemas que desmembran las sociedades.