¿Alquiler o expropiación?

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS

El Gobierno de la Generalitat, junto con 34 organizaciones de diverso cariz (sindicatos, constructores, promotores, colegios profesionales, entidades financieras y sociales), ha firmado un Pacto Nacional por la Vivienda para 2007-2012 que, tanto CiU, PPC y algunos miembros del tripartito, vinculan al proyecto de Ley de la Vivienda que se discute en el Parlament y que recoge dos actuaciones fundamentales: construcción de vivienda social o protegida y medidas de fomento del alquiler.

No es casualidad que la ministra de Vivienda, Carme Chacón, haya alabado tanto este pacto como la ley que se tramita en el Parlament, coincidiendo con las medidas para forzar el alquiler de viviendas vacías porque, señala, hay muchas y la media de alquiler en España apenas llega al 11%, mientras que en Europa es del 35%-40%. Puede que el Gobierno esté pensando en extender ese tipo de expropiación forzosa propuesta por el Gobierno de la Generalitat. Y no es casualidad que esto ocurra en Cataluña, donde los tics absolutistas y el apuntalamiento de las oligarquías políticas a costa de la libertad de los ciudadanos han quedado plasmados en el nuevo Estatut, que otorga a la Generalitat todo el control, vigilancia e intervención sobre los ciudadanos.

Construcción de vivienda social y fomento del alquiler parecen, o pueden ser, objetivos loables. La cuestión es que el Estado o los organismos que representan el poder no están para construir y distribuir viviendas porque, en todo caso, lo harán sin criterios de justicia, equidad y eficiencia, pese a que vendan lo contrario. Un reparto discrecional o arbitrario (sorteo) generará desigualdades e injusticias (lo que suele achacarse al mercado).

¿Por qué no poner en manos públicas, de la Administración, la construcción y distribución de viviendas para todos? Supuestamente se generarían muchos puestos de trabajo. Pero ese invento ya ha sido probado largamente con resultados desastrosos para la humanidad. Por supuesto que los organismos públicos deben proveer de suelo y definir las barreras en la actividad de la construcción, así como los impedimentos que obligan a muchos propietarios a mantener un activo inerte y con pérdidas. Pero obligar a los propietarios a alquilar o hacer con su propiedad lo que no quieren, e incluso marcar el precio que debe tener el alquiler, es una intromisión inaceptable. El desprecio y ataque hacia la propiedad privada es típico de tiranías y los sistemas que desmembran las sociedades.