Más de 300.000 casas, en riesgo de expropiación por la Ley de Costas

Carlos Molina/ cincodias
Madrid

El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la expropiación de más de 300.000 casas en los últimos años al encontrarse situadas en los primeros cien metros del litoral y vulnerar lo establecido por la Ley de Costas. Los afectados, que aún ocupan sus casas, amenazan con dejar de pagar las hipotecas y ya han elevado una queja formal al Parlamento Europeo ante la actitud 'arbitraria y abusiva' de Medio Ambiente.

Tener una casa a pie de playa es el sueño de muchos españoles. Pero si esa vivienda se encuentra dentro de la zona de protección del litoral (el denominado dominio público marítimo terrestre), fijada en la Ley de Costas, puede ser expropiada y el sueño puede convertirse en pesadilla.

En esa situación se encuentran en la actualidad más de 300.000 familias, según los cálculos realizados por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que agrupa a 20.000 personas que han perdido la propiedad de su domicilio al encontrarse a menos de 100 metros de la línea de mar.

El primer paso para llevar a cabo la expropiación lo realiza el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, que abre un expediente de deslinde, normalmente de oficio, sin necesidad de que medie una denuncia. De esta forma, el Estado recupera la titularidad del suelo en el que se asienta la vivienda, ya que ese terreno es considerado zona protegida. A cambio, se otorga al propietario una concesión administrativa para que ocupe la casa durante 30 años, prorrogables otros 30. Sin embargo, esa concesión puede ser revocada en cualquier momento sin previo aviso, tal y como denuncia Carmen del Amo, portavoz de la Plataforma. "Esa decisión crea una inseguridad jurídica para los propietarios, que ven como se les despoja de su casa y en muchos casos acaban en la calle con una deuda millonaria", señala. Fuentes de la administración reconocen que la falta de ingresos es lo que provoca en muchos casos, el retraso en el desalojo de las familias, ya que es en ese momento cuando hay que indemnizarlas.

Los expedientes habían permanecido paralizados hasta 2004, fecha en la que llegó Cristina Narbona a Medio Ambiente. La lucha contra la presión urbanística se convirtió en una prioridad y el deslinde del litoral se aceleró. "Quiso hacer en cuatro años lo que no se había hecho en los 15 anteriores", recalca Del Amo. En tres años (2005- 2007) se alcanzó un récord al deslindarse 1.500 kilómetros de costa.

En este escenario, los miembros de la Plataforma han intentado, sin éxito, alcanzar un acuerdo con bancos y cajas para lograr condiciones especiales que les permitieran alargar los créditos. "No hemos obtenido ninguna respuesta y hemos amenazado con no pagar las hipotecas. No tiene sentido seguir haciéndolo, si van a derribar las casas", apunta Del Amo.

El siguiente paso ha sido presentar un escrito ante el Parlamento Europeo por la aplicación "retroactiva, arbitraria y abusiva" que, a su juicio, Medio Ambiente hace de esa norma. "La aplicación de la ley podría vulnerar la libre circulación de capitales. Hay muchos extranjeros que vendieron su patrimonio y vinieron a España para jubilarse", apunta Del Amo. "Si ahora se les expropia la casa, ¿qué les queda?", dice.

Centrados en las viviendas iniciadas en los 60 y 70

Una de las principales reivindicaciones de los afectados por los expedientes de deslinde es la arbitrariedad con la que actúa el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costas. "El trabajo de expropiación se ha centrado en abrir expedientes de deslinde, con carácter retroactivo, sobre edificaciones que fueron iniciadas en los años 60 ó 70, muchos años antes de 1988, cuando fue aprobada la ley de Costas, y se ha dejado de lado a todas las casas que se comenzaron en los años del boom inmobiliario", apunta Del Amo.

De hecho, la explosión urbanística se produjo a finales de la década de los 90, con la ley de Costas ya en vigor. Entonces, la presión de promotores y ayuntamientos permitió introducir modificaciones en dicha norma para eludir la prohibición de construir cerca del mar.

Así lo denuncian desde Greenpeace, donde señalan que en 2002 se introdujo un cambio en la legislación, que, a su juicio, ha sido el principal responsable del crecimiento de la presión urbanística en el litoral.

Esa modificación fue la que permitió, según la organización ecologista, que se pudiera construir en suelo urbano a menos de veinte metros de la línea del mar, siempre y cuando existiera otro conjunto de edificaciones que se encontraran a esa distancia.

La Plataforma ya ha solicitado una reunión con la nueva directora general de Costas, Alicia Paz, cuyo nombramiento se hizo oficial el 4 de julio, con la que esperan tener mejor sintonía que con su antecesor en el cargo, José Fernández.

LEGISLACIÓN: Distancia mínima de cien metros al mar

¿Cuándo se aprobó la Ley de Costas y cuáles eran sus principales objetivos?

La Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988 y sus principales objetivos eran proteger al litoral español del crecimiento de la población y de la intensificación de usos agrícolas, turísticos o industriales.

¿Qué distancia mínima establece para la construcción de una vivienda?

El espacio mínimo es de 100 metros entre la vivienda y la línea de costa. La ley faculta a la Administración del Estado, siempre que alcance un acuerdo con las comunidades autónomas y los entes locales, a ampliar esa distancia mínima otros 100 metros cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la protección.

¿Qué ocurre cuando una casa no respeta la distancia establecida por la ley?

La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, puede abrir de oficio un expediente de deslinde sobre cualquier propiedad que se encuentre en el dominio público. De esta forma, la propiedad del suelo pasa directamente al Estado.

Una vez resuelto el expediente, ¿cuáles son las posibilidades que le quedan al propietario de la casa?

Finalizado el expediente, Medio Ambiente otorga una concesión de ocupación por 30 años, ampliable a otros 30. No obstante, desde la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas advierten que esa concesión puede verse anulada de forma discrecional en cualquier momento, "lo que eleva la incertidumbre sobre miles de hogares endeudados con hipotecas".

Si se anula la concesión de ocupación, ¿se recibe algún tipo de indemnización?

Sí. Medio Ambiente realiza una valoración de la casa sin tener en cuenta el suelo e indemniza al dueño. Las cuantías suelen oscilar entre los 10.000 y 15.000 euros, según los afectados.

Corrupciones naturales

José María Marco/ larazon

Lo propio del socialismo es impedir el desarrollo y el progreso. ¿Cómo? Coartando la libertad de las personas para seguir su propio proyecto de vida, lo que la Declaración de Independencia de Estados Unidos llamaba «el derecho a la búsqueda de la felicidad». Por cierto, que en el primer borrador de la famosa Declaración no figuraba esa expresión sino otra más práctica: el «derecho a la propiedad privada». Ahora el Gobierno socialista, como informaba ayer La Razón, se ha lanzado a una cruzada para recuperar -es un decir- el esplendor del litoral español perjudicado por el exceso de construcción, en particular por la construcción a pie de costa. Y yo me pregunto: salvo en algún caso de belleza natural particularmente notable, ¿qué tiene de malo construir en la costa? Siempre se ha hecho para beneficio de todos. De los que construyen, de los dueños de los terrenos sobre los que se edifica, de los que compran o alquilan, e incluso del litoral, que de otro modo acabaría abandonado en manos de municipios que carecen de medios para preservar unas supuestas bellezas naturales que pocas veces lo son. ¿Es preferible un vertedero que una buena urbanización? ¿Por qué hay que sacrificar a la superstición progresista de lo «natural»? El mejor ejemplo de los nefastos efectos de la hiperregulación es Marbella. Bajo mandato socialista, a punto estuvo de convertirse en una ruina, lo que explica casi todo lo que pasó después. La muy ambigua ley de Costas de 1988 tropieza además en su aplicación con las competencias atribuidas a los ayuntamientos en la gestión del suelo. Éstas han contribuido como pocas normas al encarecimiento del precio de la vivienda y a la corrupción, incluida la corrupción política. Así se explica que mientras se están expropiando edificios levantados antes de la famosa ley -algo manifiestamente inconstitucional- José Blanco se esté construyendo una dacha, quiero decir un ático, a veinte metros de la costa. Liberalícese el suelo, redáctese una ley clara y sencilla, y todos saldremos ganando. Pero eso es justamente lo que los socialistas no quieren.

Costas sin cemento

EL PAÍS

El Gobierno tiene argumentos para limpiar el litoral de ladrillo. Pese a todas las resistencias

Hay varias razones de fondo para defender el plan del Gobierno para recuperar el uso público de las costas españolas, salvajemente urbanizadas -sobre todo la mediterránea- durante décadas hasta quedar asfixiadas por un cordón de cemento. La más importante es que la construcción desbocada en primera línea de playa vulnera de forma flagrante la Ley de Costas y, por tanto, el carácter público de la franja de litoral debe ser recuperado y, en adelante, respetado. Además, es útil transmitir el mensaje de que existe la voluntad política de combatir la especulación salvaje perpetrada en muchas ocasiones con la colaboración activa de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y siempre con la vista gorda de los Gobiernos. Hay razones ecológicas, por supuesto, y en algunos casos de pura prudencia, como es el caso del riesgo que supone para las construcciones en la Manga del Mar Menor la subida esperada del nivel del mar.

Un plan tan ambicioso suscita evidentes temores de orden práctico. El Ministerio de Medio Ambiente se propone en un primer esfuerzo recuperar 770 kilómetros de costa por el procedimiento político de un pacto con las comunidades autónomas, conocido como Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y con un coste estimado de 5.000 millones de euros, destinado a compensar la demolición de viviendas, chalés, hoteles, piscinas y otras modalidades de asfaltado costero. El ministerio no quiere recurrir a las expropiaciones, por motivos prácticos. Pero debe ser consciente de que encontrará grandes resistencias políticas para consensuar este plan y probablemente muchas más para aplicarlo. Ya se sabe que la playa es el atractivo turístico principal de la mayoría de las zonas costeras, y alejar del mar las masas de ladrillo se interpretará probablemente como un ataque a las rentas municipales. Además, existe el riesgo de que el Gobierno se enfangue en conflictos políticos o legales con los ayuntamientos o autonomías más reticentes a devolver la costa.

Pero la magnitud de los obstáculos que se adivinan no justifica que se abandone el esfuerzo para dignificar las costas españolas. Hay que suponer que Medio Ambiente ha calculado bien las dificultades de la tarea y está dispuesto a aplicar todos los medios legales para llevarla a buen puerto. Aunque es una decisión pragmática y plausible descartar las expropiaciones -se evita así la animadversión generalizada contra la propuesta-, conviene tener a mano los recursos legales necesarios para imponer la ley. Porque, en último extremo, indemnizar por construcciones que han ignorado la Ley de Costas equivale a transmitir el mensaje perverso de que el quebrantamiento de las leyes concede derechos a quienes la vulneran. Los interlocutores del Gobierno deben entender que si no se alcanza un acuerdo negociado sobre el plan, hay muchas razones para imponerlo por la fuerza de la ley.

Terapia de choque para la costa

El Gobierno ofrece a las autonomías un pacto contra el urbanismo salvaje - El plan quiere recuperar 776 kilómetros de Mediterráneo ocupados por casas

J. M. ROMERO / R. MÉNDEZ. El País - Madrid - 29/10/2007

En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas.

Liberar de casas el litoral mediterráneo costaría 5.000 millones El cumplimiento de la ley de 1988 que declaró pública la costa es deficiente

Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pupí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...

Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.

Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.

Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.

"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.

El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.

Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.

Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.

Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.

La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.

Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.

Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.

El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.