Arsénico en Benidorm

Manuel Martín Ferrand/ abc

AUNQUE mi dilecto vecino y admirado compañero Ignacio Camacho prefiera llamarles chaqueteros a los tránsfugas no puedo seguir su ejemplo. En México, la patria chica de mi madre, el verbo chaquetear se conjuga con la misma intención y uso que conjugamos aquí el verbo masturbar y, evidentemente, en casos como el de Benidorm hay mucho más de complicidad y coyunda, de ayuntamiento, que de onanismo solitario y resignado. Además, el pacto antitrans-fuguismo -tan pomposo, tan estéril- tiene mucho más interés como protección de los intereses de los partidos políticos que lo firmaron hace una década que como salvaguarda de la representación auténtica de los ciudadanos.

Nuestra Constitución establece que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato impe-rativo», y el principio, por extensión, es trasladable a los Parlamentos Autonómicos y a las Casas Consistoriales. El transfuguismo no es deseable por lo que tiene de ruptura del contrato tácito que se establece entre el elegido y sus electores; pero aquí, para nuestra desgracia y pobreza democráticas, no votamos personas, sino siglas y emblemas. Rosas y gaviotas. Lo serio sería combatir a quienes, por razones no siempre confesables -como las que impulsan el escándalo benidormense-, cambian de cabalgadura parti-dista en plena carrera con una ley electoral que nos permita a todos saber quién es nuestro representante. No en qué lote se encuadra.

El caso de Benidorm, una asociación de tránsfugas que muestra la escasa exigencia de los partidos -el PSOE y el PP- en la selección del personal que someten a nuestro voto, resulta especialmente ruidoso y divertido por la jacarandosa personalidad de Maite Iraola, una entre los trece conjurados y madre de Leire Pajín. Me trae a la memoria, salvando las infinitas distancias que las separan, a Lady Astor, de soltera Nancy Langhome, la primera mujer que, en 1919, tomó asiento en la Cámara de los Comunes como representante, por el Partido Conservador, de la circunscripción de Playmouth. En un debate, enfurecida con Winston Churchill, llegó a decirle: «Si yo fuera su esposa, pondría arsénico en el té de su desayuno». El que, seguramente, fue el político más importante de la primera mitad del siglo XX respondió al instante: «Si yo fuera su marido, lo tomaría con sumo gusto». Qué curiosas e inescrutables son las asociaciones de ideas que cruzan por nuestro cerebro...

El urbanismo admite agentes de la cordialidad

Diego Narváez/ elpais
Málaga

"La Junta de Andalucía gana el 85% de los pleitos en materia de urbanismo que plantea, pero eso no nos sirve para arreglar el mundo". La proclama resulta más llamativa en boca de quien la pronuncia, el director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Antonio Ortiz. Tener razón jurídica no basta ante la magnitud de lo que hay que arreglar, decenas de miles de viviendas ilegales repartidas por todo el territorio.

La función represiva no es el fin último del nuevo cuerpo de inspección urbanística cuyos primeros 25 componentes tomaron posesión el pasado día 6. Su labor tiene como objetivo reconducir el desorden territorial, para lo que resulta estratégica la colaboración con los ayuntamientos. "No podemos imponer un modelo a los municipios, ni quitarles su capacidad de ordenar el territorio, lo que podemos ofrecer es colaboración e incentivarlos a que se impliquen en el control urbanístico", explica Ortiz.

La Junta ha dado prioridad a áreas con más problemática de construcciones en suelo no urbanizable: Valle de Almanzora, Axarquía, costa de Vejer, Freilas, Medina Azahara, Sierra de Aracena y Quesada, en la sierra de Cazorla. En la comarca de La Axarquía, donde se estima que pueden existir unas 10.000 viviendas en suelo no urbanizable, ya han aceptado siete ayuntamientos.

Uno de los lugares donde el plan está más avanzado es Sayalonga, cuyo alcalde, José Luis Navas (PSOE), manifiesta la "voluntad inequívoca" que exige la Junta. "Se nos brinda la oportunidad de intentar regularizar lo que existe y darle cobertura legal. Ahora no sabemos lo que realmente hay. Yo no voy a ser quien diga que antes de demoler algo me voy del pueblo", afirma. Aunque recuerda el caso de Marbella, donde "al final se van a legalizar casi 18.000 viviendas".

El plan de inspección persigue la normalización. "Tendrá que haber demoliciones, de eso no cabe duda. Siempre debe primar el interés general y si hay intereses particulares que no vulneren los generales, trataremos de conciliarlos en la medida de lo posible", afirma Ortiz.

Lo primero de todo es el conocimiento exhaustivo de la realidad. Eso exige patearse el terreno, en el caso de Sayalonga para dejar de suponer que existen 750 viviendas en suelo no urbanizable, y conocer cuantas exactamente y todo detalle sobre cada una de ellas.

Por eso el trabajo se prepara minuciosamente. En una reunión antes de cada visita se trazan los itinerarios y "se establecen criterios de trabajo para que sea sistemático, recordamos que hay que poner en común cualquier cosa y que hay que seguir el inventario", relata Emilia García, jefa de planificación de la inspección.

Para hacer el inventario de edificaciones se elabora una ficha de cada una de ellas con datos de localización, promotor, fase de ejecución, año de construcción, si está habitada, si se trata de primera o segunda residencia, la situación jurídica, si existen impugnaciones, si cuenta con licencia y si en ese caso se ajusta al proyecto. cada ficha tiene una foto y un plano se situación.

"Miramos si hay contadores, postes de luz, o gomas de agua que indican que no llega la red", explica García tras visitar una vivienda. Y es que en lugares donde no ha habido planeamiento, como la inmensa mayoría de los pueblos, si hay suministros de servicios, se puede considerar el suelo urbanizable.

En una misma visita Teresa Molí ha llegado a tomar 100 fotografías, aunque en otras basta con dos o tres. "Permiten recordar detalles como un volumen de edificación por ejemplo o mil cosas", cuenta. De cada visita se levanta un acta muy detallada. Los datos se introducen en tres bases cruzadas y se vuelcan en mapas cartográficos y de ortofotos, hasta que se logra la identificación exacta de todas las construcciones. En Sayalonga ya se han completado 115 fichas. El viernes, antes de la visita, los inspectores se reunieron con la secretaria del Ayuntamiento. Le pidieron las licencias otorgadas antes de 2005. Esas no están informatizadas, por lo que hay que mirar los libros de acta de los plenos. Y la secretaria de un pueblo de 1.400 habitantes y dos millones de euros de presupuesto no tiene ayuda. Los inspectores le ofrecen personal para hacerlo. La colaboración es estratégica. Que haya 30 denuncias por irregularidades urbanísticas y seis licencias impugnadas no es en este momento lo esencial.

Costas sin cemento

EL PAÍS

El Gobierno tiene argumentos para limpiar el litoral de ladrillo. Pese a todas las resistencias

Hay varias razones de fondo para defender el plan del Gobierno para recuperar el uso público de las costas españolas, salvajemente urbanizadas -sobre todo la mediterránea- durante décadas hasta quedar asfixiadas por un cordón de cemento. La más importante es que la construcción desbocada en primera línea de playa vulnera de forma flagrante la Ley de Costas y, por tanto, el carácter público de la franja de litoral debe ser recuperado y, en adelante, respetado. Además, es útil transmitir el mensaje de que existe la voluntad política de combatir la especulación salvaje perpetrada en muchas ocasiones con la colaboración activa de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y siempre con la vista gorda de los Gobiernos. Hay razones ecológicas, por supuesto, y en algunos casos de pura prudencia, como es el caso del riesgo que supone para las construcciones en la Manga del Mar Menor la subida esperada del nivel del mar.

Un plan tan ambicioso suscita evidentes temores de orden práctico. El Ministerio de Medio Ambiente se propone en un primer esfuerzo recuperar 770 kilómetros de costa por el procedimiento político de un pacto con las comunidades autónomas, conocido como Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y con un coste estimado de 5.000 millones de euros, destinado a compensar la demolición de viviendas, chalés, hoteles, piscinas y otras modalidades de asfaltado costero. El ministerio no quiere recurrir a las expropiaciones, por motivos prácticos. Pero debe ser consciente de que encontrará grandes resistencias políticas para consensuar este plan y probablemente muchas más para aplicarlo. Ya se sabe que la playa es el atractivo turístico principal de la mayoría de las zonas costeras, y alejar del mar las masas de ladrillo se interpretará probablemente como un ataque a las rentas municipales. Además, existe el riesgo de que el Gobierno se enfangue en conflictos políticos o legales con los ayuntamientos o autonomías más reticentes a devolver la costa.

Pero la magnitud de los obstáculos que se adivinan no justifica que se abandone el esfuerzo para dignificar las costas españolas. Hay que suponer que Medio Ambiente ha calculado bien las dificultades de la tarea y está dispuesto a aplicar todos los medios legales para llevarla a buen puerto. Aunque es una decisión pragmática y plausible descartar las expropiaciones -se evita así la animadversión generalizada contra la propuesta-, conviene tener a mano los recursos legales necesarios para imponer la ley. Porque, en último extremo, indemnizar por construcciones que han ignorado la Ley de Costas equivale a transmitir el mensaje perverso de que el quebrantamiento de las leyes concede derechos a quienes la vulneran. Los interlocutores del Gobierno deben entender que si no se alcanza un acuerdo negociado sobre el plan, hay muchas razones para imponerlo por la fuerza de la ley.

Agua y cemento

EL PAÍS

Octubre es la época en la que la climatología causa los mayores desastres naturales en la costa mediterránea. Gotas frías que provocan lluvias torrenciales que, a su vez, acaban en devastadoras riadas. El domingo pasado se cumplieron 50 años de la crecida del río Turia que anegó el centro histórico de Valencia, cobrándose la vida de 81 personas, de acuerdo con la optimista versión oficial de la época. El próximo sábado la comarca de La Ribera recordará el 25º aniversario de la rotura de la presa de Tous, laminada por el repentino aumento del cauce del Júcar a causa de la lluvia, con un balance de ocho personas muertas. Precipitaciones de este calibre no son infrecuentes en la Comunidad Valenciana: ocurren en intervalos de entre 7 y 10 años, según los expertos del Instituto Nacional de Meteorología. La última, el pasado viernes en la comarca de La Marina Alta, registró una víctima mortal y 1.200 casas destrozadas.

Las últimas lluvias torrenciales han puesto en evidencia el modelo de urbanismo salvaje consentido, cuando no amparado, por las administraciones locales y autonómicas valencianas, que han tolerado que se construyera en los cauces de ríos y barrancos y sus zonas de influencia, impidiendo el drenaje y la salida natural del agua hacia el mar. Esta pésima ordenación del territorio, y no la predicción meteorológica ni la gestión de las emergencias, es la responsable de que se inunden viviendas y bajos comerciales. Muchas veces, sin necesidad de precipitaciones torrenciales.

Para nadie en la Comunidad Valenciana es un secreto que los intereses del cemento van muy por delante de una ordenación del territorio responsable que tenga en cuenta el hecho constante y reiterado de unas lluvias otoñales que, habitualmente en octubre, siembran el caos y la destrucción. El hipócrita esfuerzo de los miembros del Consell valenciano por desviar sus responsabilidades hacia el Gobierno central, haciendo ver que la culpa es suya porque los cauces de los ríos no estaban suficientemente limpios, se compadece mal con la realidad. El hecho tozudo es que el litoral valenciano se ha llenado de cemento sin sus correspondientes servicios, incluida una canalización suficiente para las aguas de lluvia. Raimon cantó y dejó escrito que "al meu país la pluja no sap ploure" ("en mi país, la lluvia no sabe llover"). Ni sus políticos, cabría añadir, gobernar sin buscar un enemigo externo al que cargarle la responsabilidad cada vez que surge un contratiempo o se produce una catástrofe.