Nozar, primera inmobiliaria que se acoge a la reforma de la Ley Concursal

EP/ diariodenavarra
Madrid

Nozar anunció ayer que se ha acogido a la reforma de la Ley Concursal para iniciar la negociación de una propuesta de convenio de pago a acreedores ante la posibilidad de que no pueda alcanzar un acuerdo de refinanciación de la deuda de 700 millones de euros que actualmente soporta.

Se trata de la primera gran empresa que pide utilizar una de las principales novedades incluidas en la reforma de la Ley, recientemente aprobada por el Gobierno, la que favorece la refinanciación de las empresas mediante la negociación de un calendario de pagos a acreedores antes de tener que declararse en concurso.

Nozar, que la pasada semana superó en los tribunales una solicitud de concurso interpuesta por un acreedor, rechazó que esta medida suponga que actualmente esté en concurso.

Atribuyó su decisión a los "problemas e inconvenientes" surgidos en la renegociación de la deuda de 700 millones con los bancos y a su intención de salvaguardar los intereses de la empresa, de sus acreedores, trabajadores, clientes y entidades financieras.

Nozar, propiedad de la familia Nozaleda, es uno de los mayores grupos inmobiliarios españoles. Hasta hace poco, los Nozaleda dirigían un brillante grupo empresarial con firmas como colchones Flex, Galerías Primero, el balneario de Panticosa, la estación de esquí de Boí Taull o las bodegas Enate. Sin embargo, Nozar ha tenido que hipotecar o poner a la venta la mayor parte de su holding. El motivo ha sido una desacertada estrategia inversora en bolsa, con participaciones en Colonial, Aisa y Astroc, entre otros.

La hipoteca no admite suspensión de pagos

V.Z. / Público.es - Madrid - 28/07/2008

Cada vez es mayor el número de familias que suspenden pagos o, mejor dicho, declaran concurso de acreedores. En el primer trimestre lo hicieron 66 particulares y se prevé que en el año ronden los 250. Los autónomos y hogares pueden acogerse a este procedimiento cuando son insolventes para pagar sus deudas y tienen más de un acreedor.

Pero no sirve para evitar el pago de la hipoteca, salvo que financie el inmueble donde se desarrolla una actividad empresarial. Lo habitual es que las deudas sean de créditos al consumo, la comunidad de vecinos o las tarjetas de crédito.

A simple vista, puede parecer un modo fácil de solucionar la incapacidad de pagar, pero no lo es. Inés Landín, directora del Refor, un órgano especializado del Colegio de Economistas, explica que es un proceso largo y muy caro (para una deuda de 30.000 euros puede costar 10.000 euros), aunque reconoce que en ocasiones no hay otra salida.

Durante el proceso, un juez nombra a un administrador concursal que vigila los movimientos económicos del hogar o bien los gestiona directamente. Lo normal es que entregue a la familia unos 500 euros al mes para alimentación y vestimenta, y el resto lo gestione él para intentar que los acreedores cobren lo más posible.

Tras unos meses de análisis, presenta un informe con el que se acuerda un convenio de acreedores con una quita de hasta el 50% de las deudas y un retraso de hasta cinco años en el pago, o bien se decide liquidar el patrimonio y repartir en proporción.

El grupo inmobiliario Drac convoca concurso de acreedores con un pasivo de 600 millones

Efe/ cincodias
Palma

El grupo de empresas del sector inmobiliario Drac, propiedad del empresario y presidente del Mallorca Vicente Grande, ha presentado hoy en los juzgados de Palma un concurso de acreedores voluntario (antigua suspensión de pagos) por un pasivo de 600 millones de euros, según han confirmado fuentes judiciales.

El concurso voluntario afecta a catorce empresas del Grupo Drac, y también a Vicente Grande, que a título individual y como persona física, también se ha declarado en suspensión de pagos.

El Mallorca, club del que Grande posee el 93 por ciento del capital social, ha quedado al margen de esa posibilidad contemplada en la Ley Concursal desde 2003.

Las dificultades financieras por las que estaba atravesando el promotor inmobiliario eran bien conocidas en Palma, ya que además del apremio de los bancos, Grande había anunciado su intención de poner a la venta el Mallorca por un precio que oscilaba entre los 40 y 60 millones de euros.

Grande, asimismo, está inmerso en un proceso judicial en calidad de imputado en el denominado "caso Plan Territorial de Mallorca" al vender una finca que pasó de rústica a urbanizable por casi 60 millones de euros, obteniendo plusvalías millonarias que son investigadas por el juez.

Un juzgado declara el concurso de acreedores de la inmobiliaria Lábaro

Efe/ cincodias
Madrid

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ha declarado el concurso voluntario de acreedores del grupo inmobiliario Lábaro, con lo que se abre el plazo para que los proveedores y acreedores comuniquen las cantidades que se les adeudan.

Según el auto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Lábaro conservará la facultad de administración y disposición de su patrimonio, como contempla la nueva Ley Concursal para aquellas empresas que presenten una declaración voluntaria de insolvencia, si bien cualquier decisión estará sometida al visto bueno de la administración concursal.

En su auto del 14 de abril, el juez Miguel María Rodríguez San Vicente también designa como administradores concursales a los letrados José Eusebio Seco y Luis Pérez Gil, así como a Caja Duero por su calidad de acreedor.

Los acreedores dispondrán de un mes desde la última publicación del auto del juez para comunicar los créditos contraídos con Lábaro, que solicitó el concurso voluntario de acreedores el pasado 31 de marzo por la falta de liquidez.

La solicitud de concurso afecta sólo a la sociedad matriz, Lábaro Grupo Inmobiliario, que concentra la mayor parte del negocio. La intención de Lábaro es negociar con sus acreedores en el marco del procedimiento concursal, con el fin de alcanzar un convenio que le permita revisar su modelo de negocio y adaptar el pago de la deuda a la nueva situación del mercado, para evitar que la actual falta de liquidez deteriore el valor de sus activos.

Lábaro, que controla el 12% de la inmobiliaria Parquesol, se ha visto arrastrada a una situación de falta de liquidez como consecuencia de “la crisis que afecta al sector inmobiliario” desde la segunda mitad del pasado año, según adujo la compañía el pasado mes de marzo.

Declararse insolvente para no pagar la hipoteca

EP/ adn

Se disparan las solicitudes de insolvencia de familias endeudadas que así logran suspender los pagos de las cuotas a la espera de que mejore su situación económica

La situación económica ha disparado las declaraciones de insolvencias individuales y de sociedades familiares ante los juzgados por el crecimiento del endeudamiento doméstico. En los tres primeros meses de 2008, los siete Juzgados de lo Mercantil de Madrid admitieron a trámite las 19 declaraciones de concurso solicitadas, frente a un total de 23 procedimientos de este tipo tramitados durante 2007, según datos del juzgado consultados por Europa Press.

"Si la crisis sigue adelante numerosos usuarios de hipotecas podrían declararse en concurso", explican desde el juzgado después de constatar que los datos "reflejan una mayor insolvencia en las familias".

Desde la puesta en marcha de la nueva Ley Concursal en 2003, que sustituyó a la antigua suspensión de pagos, los juzgados de Madrid registraron una petición de concurso individual en 2004, cinco en 2005 de las que dos fueron inadmitidos, -ocho en 2006- con otras dos inadmisiones - y las 23 tramitadas en 2007.

La Ley Concursal contempla la posibilidad de suspender la ejecución de la hipoteca durante un año, por lo que cada vez más familias o personas endeudadas en situación precaria utilizan este procedimiento para paralizar los pagos de las cuotas a la espera de que mejore su situación económica.

El concurso individual no impide el pago final de la hipoteca, pero sirve para renegociar la deuda con el banco mientras cambian las circunstancias económicas de la persona insolvente. "Los procedimientos suelen finalizar con convenios anticipados pactados con los acreedores", destaca Juan Ignacio Fernández Aguado, socio del departamento procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo y especialista en Ley Concursal.

Gastos en trámites

Sin embargo, fuentes del juzgado advierten que el inicio del procedimiento concursal "no es la panacea" porque genera gastos en honorarios para los procuradores, abogados y administradores. "Puede ser mejor acudir a la negociación extrajudicial con el banco", afirman.

La Ley Concursal contempla que, tras el acuerdo con los acreedores, el deudor pague la mitad de la deuda 'ordinaria' en un plazo máximo de cinco años. Sin embargo, las deudas hipotecarias están consideradas como 'privilegiadas' dentro del procedimiento concursal, por lo que no se reduce su importe a la mitad para su pago en el plazo de cinco años.

Los procesos concursales de personas físicas son "la manifestación máxima de la insolvencia", ya que conllevan la intervención del patrimonio personal del afectado. Por esta razón, los especialistas estudian caso a caso antes de recomendar la declaración de concurso. "El reflejo exterior tiene una connotación negativa pero en muchos casos no hay otra alternativa", concluye el abogado.

Nueve hogares asturianos suspendieron pagos desde que suben las hipotecas

L. G./ lanuevaespaña
Oviedo

Aumentan este año los casos de particulares o familias que recurren a la ley Concursal a causa de sus deudas

La acumulación de deudas imposibles de abordar de otro modo ha llevado a 177 españoles a presentarse ante los jueces mercantiles para declarar su insolvencia y recurrir a un procedimiento concursal que hasta 2004 estaba en la práctica reservado para las empresas. Entre esos individuos o familias «quebradas» hay trece casos de Asturias, nueve de ellos ocurridos desde que, hace dos años, las subidas de los tipos de interés pusieron más cuesta arriba el pago de los préstamos. Y 2007 ha sido hasta ahora el peor ejercicio, con siete insolvencias domésticas.

«Son pocos casos, de personas que se encuentran totalmente bloqueadas después de meterse en un atolladero económico», explicó el letrado ovetense Pelayo F. Mijares. ¿Cuál es el perfil de los españoles y los asturianos que han tomado el camino del concurso de acreedores para encontrar una salida a su acumulación de deudas? A decir de Inés Landín, del Registro de Economistas Forenses, que reúne a los profesionales facultados para intervenir como expertos económicos en los procesos judiciales, las «personas físicas sin actividad empresarial» que se acogen a la ley Concursal son en ocasiones trabajadores con hipotecas y otros compromisos financieros que han perdido sus trabajos. Se dan casos también de individuos o familias que se embarcan en alguna aventura financiera para poner en marcha negocios no declarados como tales.

El deudor busca entonces una salida en los mecanismos -quitas y esperas, en la jerga jurídica- que les permita afrontar sus compromisos económicos manteniendo a salvo al menos un mínimo ingreso para cubrir las necesidades más básicas de la familia. «En ciertos casos, el concursado puede conseguir una rebaja de las deudas de hasta el 50 por ciento; al iniciar el proceso, además, consigue frenar la acumulación de intereses», explicó el abogado Pelayo Mijares.

Ahora bien, esa posibilidad de aligerar las deudas no debe dar a entender que la declaración de insolvencia deje de ser un proceso penoso para la persona o el hogar. «Consigues esas rebajas, pero durante cinco años no puedes administrar ninguno de tus ingresos, ni siquiera pagar por ti mismo el recibo de la luz», explicó la economista Inés Landín.

El procedimiento es análogo a la antigua suspensión de pagos de las empresas. El deudor que no puede atender todas sus obligaciones íntegra y regularmente tiene la potestad de ir a un concurso voluntario, solicitándolo al juez mercantil en el plazo de los dos meses siguientes a tener conocimiento de su situación de insolvencia. El Juzgado nombrará entonces un administrador y comienza un trámite para poner de acuerdo a los acreedores acerca de un plan para liquidar las deudas con los ingresos y el patrimonio del afectado, flexibilizando algunas de las condiciones de cuantía y plazos. Si tal acuerdo no llega a producirse, el juez abrirá de oficio la fase de liquidación. La persona o la familia concursada recibirá durante un tiempo una cantidad limitada («derecho de alimentos») para su manutención básica, con cargo a la masa del concurso.

Asturias no está entre las comunidades con más situaciones de personas u hogares que dan en quiebra, pero los trece procedimientos que se produjeron desde septiembre de 2004 suponen más del 7 por ciento de todos los del país. Después de que en 2006 sólo se registrara un caso, el Principado ha sumado siete en lo que va de este año. El encarecimiento de las hipotecas y el desempleo están a menudo detrás de los problemas. Lo diagnostica Inés Landín: «La gente se queda sin recursos y recurre a acumular deuda con las tarjetas de créditos y a las ofertas de créditos de consumo con intereses del 20 por ciento».