Nueve hogares asturianos suspendieron pagos desde que suben las hipotecas

L. G./ lanuevaespaña
Oviedo

Aumentan este año los casos de particulares o familias que recurren a la ley Concursal a causa de sus deudas

La acumulación de deudas imposibles de abordar de otro modo ha llevado a 177 españoles a presentarse ante los jueces mercantiles para declarar su insolvencia y recurrir a un procedimiento concursal que hasta 2004 estaba en la práctica reservado para las empresas. Entre esos individuos o familias «quebradas» hay trece casos de Asturias, nueve de ellos ocurridos desde que, hace dos años, las subidas de los tipos de interés pusieron más cuesta arriba el pago de los préstamos. Y 2007 ha sido hasta ahora el peor ejercicio, con siete insolvencias domésticas.

«Son pocos casos, de personas que se encuentran totalmente bloqueadas después de meterse en un atolladero económico», explicó el letrado ovetense Pelayo F. Mijares. ¿Cuál es el perfil de los españoles y los asturianos que han tomado el camino del concurso de acreedores para encontrar una salida a su acumulación de deudas? A decir de Inés Landín, del Registro de Economistas Forenses, que reúne a los profesionales facultados para intervenir como expertos económicos en los procesos judiciales, las «personas físicas sin actividad empresarial» que se acogen a la ley Concursal son en ocasiones trabajadores con hipotecas y otros compromisos financieros que han perdido sus trabajos. Se dan casos también de individuos o familias que se embarcan en alguna aventura financiera para poner en marcha negocios no declarados como tales.

El deudor busca entonces una salida en los mecanismos -quitas y esperas, en la jerga jurídica- que les permita afrontar sus compromisos económicos manteniendo a salvo al menos un mínimo ingreso para cubrir las necesidades más básicas de la familia. «En ciertos casos, el concursado puede conseguir una rebaja de las deudas de hasta el 50 por ciento; al iniciar el proceso, además, consigue frenar la acumulación de intereses», explicó el abogado Pelayo Mijares.

Ahora bien, esa posibilidad de aligerar las deudas no debe dar a entender que la declaración de insolvencia deje de ser un proceso penoso para la persona o el hogar. «Consigues esas rebajas, pero durante cinco años no puedes administrar ninguno de tus ingresos, ni siquiera pagar por ti mismo el recibo de la luz», explicó la economista Inés Landín.

El procedimiento es análogo a la antigua suspensión de pagos de las empresas. El deudor que no puede atender todas sus obligaciones íntegra y regularmente tiene la potestad de ir a un concurso voluntario, solicitándolo al juez mercantil en el plazo de los dos meses siguientes a tener conocimiento de su situación de insolvencia. El Juzgado nombrará entonces un administrador y comienza un trámite para poner de acuerdo a los acreedores acerca de un plan para liquidar las deudas con los ingresos y el patrimonio del afectado, flexibilizando algunas de las condiciones de cuantía y plazos. Si tal acuerdo no llega a producirse, el juez abrirá de oficio la fase de liquidación. La persona o la familia concursada recibirá durante un tiempo una cantidad limitada («derecho de alimentos») para su manutención básica, con cargo a la masa del concurso.

Asturias no está entre las comunidades con más situaciones de personas u hogares que dan en quiebra, pero los trece procedimientos que se produjeron desde septiembre de 2004 suponen más del 7 por ciento de todos los del país. Después de que en 2006 sólo se registrara un caso, el Principado ha sumado siete en lo que va de este año. El encarecimiento de las hipotecas y el desempleo están a menudo detrás de los problemas. Lo diagnostica Inés Landín: «La gente se queda sin recursos y recurre a acumular deuda con las tarjetas de créditos y a las ofertas de créditos de consumo con intereses del 20 por ciento».