Nueve hogares asturianos suspendieron pagos desde que suben las hipotecas

L. G./ lanuevaespaña
Oviedo

Aumentan este año los casos de particulares o familias que recurren a la ley Concursal a causa de sus deudas

La acumulación de deudas imposibles de abordar de otro modo ha llevado a 177 españoles a presentarse ante los jueces mercantiles para declarar su insolvencia y recurrir a un procedimiento concursal que hasta 2004 estaba en la práctica reservado para las empresas. Entre esos individuos o familias «quebradas» hay trece casos de Asturias, nueve de ellos ocurridos desde que, hace dos años, las subidas de los tipos de interés pusieron más cuesta arriba el pago de los préstamos. Y 2007 ha sido hasta ahora el peor ejercicio, con siete insolvencias domésticas.

«Son pocos casos, de personas que se encuentran totalmente bloqueadas después de meterse en un atolladero económico», explicó el letrado ovetense Pelayo F. Mijares. ¿Cuál es el perfil de los españoles y los asturianos que han tomado el camino del concurso de acreedores para encontrar una salida a su acumulación de deudas? A decir de Inés Landín, del Registro de Economistas Forenses, que reúne a los profesionales facultados para intervenir como expertos económicos en los procesos judiciales, las «personas físicas sin actividad empresarial» que se acogen a la ley Concursal son en ocasiones trabajadores con hipotecas y otros compromisos financieros que han perdido sus trabajos. Se dan casos también de individuos o familias que se embarcan en alguna aventura financiera para poner en marcha negocios no declarados como tales.

El deudor busca entonces una salida en los mecanismos -quitas y esperas, en la jerga jurídica- que les permita afrontar sus compromisos económicos manteniendo a salvo al menos un mínimo ingreso para cubrir las necesidades más básicas de la familia. «En ciertos casos, el concursado puede conseguir una rebaja de las deudas de hasta el 50 por ciento; al iniciar el proceso, además, consigue frenar la acumulación de intereses», explicó el abogado Pelayo Mijares.

Ahora bien, esa posibilidad de aligerar las deudas no debe dar a entender que la declaración de insolvencia deje de ser un proceso penoso para la persona o el hogar. «Consigues esas rebajas, pero durante cinco años no puedes administrar ninguno de tus ingresos, ni siquiera pagar por ti mismo el recibo de la luz», explicó la economista Inés Landín.

El procedimiento es análogo a la antigua suspensión de pagos de las empresas. El deudor que no puede atender todas sus obligaciones íntegra y regularmente tiene la potestad de ir a un concurso voluntario, solicitándolo al juez mercantil en el plazo de los dos meses siguientes a tener conocimiento de su situación de insolvencia. El Juzgado nombrará entonces un administrador y comienza un trámite para poner de acuerdo a los acreedores acerca de un plan para liquidar las deudas con los ingresos y el patrimonio del afectado, flexibilizando algunas de las condiciones de cuantía y plazos. Si tal acuerdo no llega a producirse, el juez abrirá de oficio la fase de liquidación. La persona o la familia concursada recibirá durante un tiempo una cantidad limitada («derecho de alimentos») para su manutención básica, con cargo a la masa del concurso.

Asturias no está entre las comunidades con más situaciones de personas u hogares que dan en quiebra, pero los trece procedimientos que se produjeron desde septiembre de 2004 suponen más del 7 por ciento de todos los del país. Después de que en 2006 sólo se registrara un caso, el Principado ha sumado siete en lo que va de este año. El encarecimiento de las hipotecas y el desempleo están a menudo detrás de los problemas. Lo diagnostica Inés Landín: «La gente se queda sin recursos y recurre a acumular deuda con las tarjetas de créditos y a las ofertas de créditos de consumo con intereses del 20 por ciento».

Las quiebras personales se han triplicado en un año en España

Rosa María Sánchez/ elperiodico
Barcelona

• Desde el 2004, Catalunya acumula el 30% de los 177 concursos familiares
• La deuda media de los particulares en suspensión de pagos es de 200.000 euros

Las dificultades de algunas familias para hacer frente al pago de sus deudas se han acentuado en los últimos meses. En el tercer trimestre del año, un total de 20 familias han solicitado en los juzgados mercantiles la apertura de un proceso concursal ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus deudas. No es una cifra muy elevada, pero sí es más del triple de la que se registró en el tercer trimestre del 2006 (cuando seis personas físicas no empresarios iniciaron un proceso concursal). Desde que entró en vigor la nueva ley concursal, a finales del 2004, un total de 177 particulares o familias se ha declarado en lo que antes se denominaba quiebra o suspensión de pagos.

Indicio de dificultades

Aunque el dato hay que tomarlo con cautela, la directora del Registro de Economistas Forenses (Refor), Inés Landín, admite que las cifras del tercer trimestre pueden apuntar un indicio de crecientes dificultades entre particulares. "Cuando los ingresos no alcanzan y se tiene que acudir a la tarjeta de crédito para pagar la hipoteca, se entra en una situación muy complicada que, a veces, acaba en el tribunal mercantil, solicitando la apertura de un concurso", explica Lendín.

En estos casos, el juez designa un administrador que evalúa el activo y el pasivo de la persona en cuestión. El procedimiento puede acabar con una liquidación del patrimonio del deudor para atender el mayor pago posible de deudas. O bien, puede acabar en un acuerdo con los acreedores para que, durante un máximo de cinco años, un administrador judicial atienda el pago de todas las deudas, tanto de las ya existentes, como de las nuevas (como el recibo periódico de la luz, el agua o la comunidad de vecinos). En este caso, el juez solo deja al deudor la administración de un salario mínimo, de subsistencia, que a menudo es de 300 ó 400 euros.

Lo normal, según Lendín, es ir a un proceso de liquidación. La directora del Refor, explica que, en todo caso, se trata de procesos "muy dolorosos", pues lo normal es que detrás haya "un despido, una enfermedad, un divorcio", o cualquier otra situación personal extrema.

La deuda media de una persona en esta situación oscila entre los 150.000 euros y los 250.000 euros. La mayor parte, corresponde al préstamo hipotecario, pero también suele acumular deudas de tarjetas de crédito, grandes almacenes y recibos domésticos.

Estadísticas

El Registro de Economistas Forenses (Refor) difundió ayer las estadísticas provisionales de concursos admitidos a trámite por los jueces de lo mercantil desde el 1 de septiembre del 2004, en que echó a andar la nueva ley concursal --para sociedades y particulares--, hasta el 6 de noviembre del 2007. En este periodo se han admitido a trámite 2.707 concursos (una media de 225 por trimestre), en los que en 242 el deudor era una persona física. De estos, 65 son empresarios autónomos y 177 corresponden a particulares (familias o personas individuales).

Llama la atención que la mayor parte de las quiebras individuales se concentran en Levante. Catalunya suma 66 concursos individuales; Valencia, 22 y Murcia, 28, sobre un total de 242 concursos de personas físicas (incluyendo autónomos).

Las insolvencias en el sector de la construcción crecen el 80%

Desde que entró en vigor la nueva ley concursal, a finales del 2004, se han producido 2.465 procedimientos por impago en sociedades, que han afectado a 64.378 trabajadores. El sector industrial y energético acumula 809 concursos, seguido del comercial (475), la construcción (388) y el inmobiliario y servicios (253). Solo 37 concursos pertenecen al sector de agricultura, 77 al hostelero y 115 a transporte y almacenaje. En la construcción, la cifra de concursos del tercer trimestre (38) representa un incremento del 80% sobre igual periodo del 2006, en el que se registraron 21 expedientes.