Mobbing inmobiliario: ¡No nos echarán!

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Amenazas, averías misteriosas, extrañas plagas… Todo vale con tal de que los vecinos desalojen el edificio. La ONU sitúa a España a la cabeza del acoso inmobiliario. Aquí se acuñó el término `asustaviejas´, pero con la especulación el fenómeno se ha desbordado. Hemos estado en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga…

Bloque `con bichos´. Así se conoce en la jerga inmobiliaria a los edificios con inquilinos de renta antigua en el centro histórico de las ciudades. Los `bichos´ son los vecinos. Sus viviendas ocupan solares que valen cada metro cuadrado en oro y que hay que `fumigar´, esto es, vaciar, antes de sacarlas al mercado. Así surgió en España el fenómeno de los `asustaviejas´. La palabra fue acuñada en Cádiz para designar a los especuladores inmobiliarios más agresivos. Son los que se dedican a comprar los edificios antiguos para luego, valiéndose de abogados y matones, expulsar a los inquilinos. Por lo general, sus víctimas son personas de edad avanzada que malviven solas en pisos por los que pagan rentas bajísimas. Pero de un tiempo a esta parte el fenómeno se ha extendido a casi todas las ciudades con cascos antiguos deteriorados o barrios populares cercanos al centro. Pero algunos `bichos´ han salido respondones y están plantando cara a los acosadores. Es una reedición de la lucha entre David y Goliat que, poco a poco, está calando en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga…

ONU

El problema es de tal envergadura que la ONU sitúa a España a la cabeza del mobbing o acoso inmobiliario. Un relator especial de las Naciones Unidas, Miloon Kothari, de gira por nuestro país, no daba crédito. «La situación es muy grave. Una auténtica vergüenza. No he visto nada igual en otras partes del mundo desarrollado. En España se vulneran los tratados de derechos humanos en cuestión de vivienda.» Sólo el Ayuntamiento de Barcelona registró un centenar de denuncias confirmadas de acoso inmobiliario el año pasado, aunque algunas asociaciones vecinales catalanas cifran en unos 3.000 los casos que se registran en la Ciudad Condal anualmente.

El acoso ha alcanzado tal grado de refinamiento que se distinguen varias etapas. En la primera, buenas palabras. El dueño dialoga, engatusa y anima a la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. Si la amabilidad no da resultado, se recurre a la coacción. Si el arrendatario tiene algún otro piso en el bloque, permitirá la entrada de okupas para perturbar la convivencia. O incluso matones. Los mismos clanes familiares que extorsionan a los empresarios de la construcción para ser contratados como falsos vigilantes de obras se están especializando ahora en el vaciado, bajo amenazas y agresiones, de los pisos de arrendatarios. La Policía ha actuado en el Barrio Gótico de Barcelona, donde un par de pisos vacíos fueron ocupados por traficantes de drogas.

Cortes

Una situación que provocó la devaluación de los alquileres y la huida de casi todos los vecinos. Las tácticas de hostigamiento suelen ser más disimuladas, pero igual de efectivas. Se descuida el mantenimiento del edificio. Se producen averías misteriosas. Cortes del suministro de agua, luz, gas o teléfono… O aparecen plagas de pulgas, como en Sevilla. Además, las inmobiliarias disponen de abogados que juegan al despiste con la gente mayor, a la que lían para que firmen los papeles que los autorizan a abandonar el inmueble. O no les pasan el recibo del alquiler para denunciarlos luego por impago. Pero esas tácticas ya están siendo contestadas por los vecinos. Y la guerra es ahora un cuerpo a cuerpo de incierto resultado.

La geografía del problema se extiende como una mancha de aceite a la mayoría de los núcleos urbanos de más de 150.000 habitantes. ¿Qué dice la ley? Según el Código Penal, el acoso inmobiliario puede encuadrarse como un delito o falta de coacciones, con penas de prisión de seis meses a tres años o multa de seis a 24 meses.

Pero los ancianos, inmigrantes y jóvenes con pocos recursos, incapaces de luchar en solitario y desamparados ante la burocracia municipal, están pidiendo ayuda a las asociaciones de vecinos. Éstas advierten de que lo más importante es aportar pruebas de que se está sufriendo acoso: formularios enviados mediante burofax al propietario para que restablezca las condiciones de habitabilidad, contratos y recibos que acrediten el derecho a ocupar la vivienda, declaraciones de testigos, actas notariales de algún hecho en concreto, por ejemplo, si hay desprendimientos. Y la visita de un perito para que emita un informe sobre alguna cuestión técnica, como el estado de las vigas. Si necesita obras de conservación, lo mejor es acudir a un arquitecto o aparejador para que las justifiquen.

Asusta

La lucha no ha hecho más que empezar. Pero ya está dando algunos resultados. Miguel Macías, de la Liga de Inquilinos Amenazados de Sevilla, explica: «El 80 por ciento de las denuncias tiene solución. Son engaños. Antes había `asustaviejas´, ahora hay `asustajóvenes´, `asustaamasdecasa´…

El perfil de la gente a la que ofrecemos asesoramiento gratuito va desde jóvenes mileuristas hasta inquilinos de renta antigua a los que están masacrando. Lo más duro es la presión con la que viven, el miedo. Les afecta física y psicológicamente. Pero en Sevilla o Cádiz, de un tiempo a esta parte, es mucho más difícil que el Ayuntamiento declare una finca en ruina, cuando antes se declaraban como churros. Eso es un avance. Porque la declaración de ruina conlleva el desalojo de los vecinos sin percibir indemnización».

Estas primeras victorias tienen nombres propios. Como el de Cecilio Hipólito, un octogenario del barrio barcelonés de Sants que ha vencido en los tribunales a los que pretendían echarlo del piso donde vive de alquiler. El anciano había sido denunciado por instalar una bañera, hace 18 años. Hipólito ha sufrido cortes en los suministros de agua y gas, ruidos a media noche; basuras acumuladas en el vestíbulo y otros sobresaltos que iban minando su salud, hasta el punto de sufrir varios infartos. Y en el barrio granadino del Zaidín han sido detenidas seis personas como presuntos responsables de las coacciones que sufrieron los inquilinos de un bloque, entre ellas, dos abogados y dos delincuentes rumanos.

Casos

Estas primeras victorias han propiciado que el acoso sea ahora menos descarado. Las asociaciones vecinales de Cádiz apuntan a que se está dando un giro, «quizá porque las coacciones se disimulan más, pero lo cierto es que nos llegan menos quejas». Para Antonio Gómez, presidente de la Federación Cinco de Abril, a partir de la firma de un código ético que les permite actuar como intermediarios entre el inquilino y la propiedad para alcanzar una solución sin ir a juicio, los casos han bajado. También la ley se pone, en ocasiones y con razón, de parte de los arrendadores. La Generalitat prepara medidas para acelerar la salida al mercado de miles de pisos vacíos cuyos propietarios no se atreven a arrendarlos por temor a los impagos, avalando el cobro de seis mensualidades.