Un trabajador sin contrato muere al caer desde nueve metros en Málaga

F. J. Pérez/ elpais
Málaga

Un obrero de 42 años falleció ayer en Málaga al precipitarse desde el ático hasta el ojo de patio interior en el inmueble en cuya reforma trabajaba. Se trata del tercer siniestro laboral mortal en la provincia desde el pasado jueves y el undécimo en lo que va de año. Según fuentes sindicales, el operario fallecido, de nacionalidad argentina, llevaba "un tiempo" trabajando sin contrato para un particular dueño del edificio. La Consejería de Empleo ordenó ayer la paralización de la obra por "posibles irregularidades" en la contratación del trabajador e informó de que se ha abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro.

La caída, de unos nueve metros, causó la muerte instantánea del obrero. Según fuentes sindicales, el fallecido se encontraba sacando escombros junto a un compañero de cuadrilla en la obra de ampliación de un dormitorio.

Alrededor de las 13.35, el trabajador perdió pie y cayó al ojo de patio. Al rescate del cadáver resultaba tan complicado que requirió la actuación de los bomberos de Málaga, según fuentes del servicio de emergencias 112.

A pesar de trabajar a una altura equivalente a tres pisos, los trabajadores no contaban en la obra con medidas de seguridad como arnés o línea de vida, según comprobaron en el propio edificio del siniestro especialistas en salud laboral del sindicato Comisiones Obreras.

La semana pasada, dos jóvenes de 18 y 19 años fallecieron en Marbella y Nerja al caer de los tejados en los que trabajaban. Los sindicatos se concentrarán hoy a las 12.00 frente a la Delegación de Empleo de la Junta en Málaga.

El alquiler sube. ¿Quién tiene la culpa?

Martí Saballs/ expansión
del blog '610,8 km = 0 km'

El Gobierno se piensa que poniendo más vivienda en el mercado de alquiler bajarán los precios. Pues no. Resulta que el alquiler sigue subiendo mientras la compra se mantiene, baja o derrumba (dependiendo de los barrios y de las poblaciones). Siempre se ha acusado a los españoles por su obsesión por comprar, como si en España la gente fuera rarita. No, a estas alturas, sabemos que se ha preferido comprar por tres razones directas: fiscales, inversión y oferta; y una indirecta: la legislación no favorece al alquiler, pero ni a los arrendadores ni a los arrendatarios.

Me cuentan la siguiente anécdota. Una estudiante alemana fue de alquiler a un piso en Barcelona. Sus padres, cuando vieron el estado del apartamento; sobre todo, del baño, se pusieron las manos a la cabeza. Había humedades y necesitaba una amplia reforma. Comentaron que en Alemania la legislación impide que se puedan alquilar pisos que no estén en perfectas condiciones. Claro que, en Alemania, como en cualquier país mas serio, a los morosos se les echa en dos meses. La ley favorece a unos y a otros. Sobran propietarios cutres y arrendatarios caraduras.

Uno de los gravísimos errores del gobierno Aznar fue eliminar la desgravación por alquiler. Esto afectó de nuevo al mercado. Al no compensar fiscalmente alquilar, una vez los tipos de interés empezaron a bajar a las catacumbas y se mantuvo la desgravación por compra de vivienda, tonto quien no comprara. Ahora, el PSOE ha intentado hacer un apaño fiscal para unos y otros; pero no ha llegado muy lejos. No lo suficiente como para que alquilar sea atractivo tanto para quien ofrece el piso como para quien lo demanda. Es una cuenta pendiente que debe arreglarse.

La trama corrupta de Estepona daba dinero de una 'caja b' al Psoe

Francisco Mercado/ elpais
Madrid

La red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES). Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías.

La investigación impulsada desde 2006 por la Fiscalía Anticorrupción y la Comisaría General de Policía Judicial, a resultas de una denuncia interna contra la trama, ha evidenciado que las comisiones recabadas desde el Ayuntamiento de Estepona sirvieron para esos fines ilegales.

Parte del botín, según la investigación, fue a los bolsillos de los miembros de esta trama, a la que se atribuye, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales. Esa sospecha policial se desprende de frases comprometedoras grabadas a los supuestos corruptos. Además, se cimenta en la constatación del incremento patrimonial injustificado detectado en algunos de los concejales investigados. Como dicho patrimonio, según la investigación, procede de unos fondos delictivos (comisiones), los ediles incurren en blanqueo de capitales. Para ocultar el uso del dinero sucio contaron con la ayuda de promotores y constructores. Los ingresos de la caja b que manejaba el alcalde, al que se le imputa el delito de llevar una doble contabilidad en el municipio que gobernaba, tenía distintos orígenes, todos ilegales:

- Convenios urbanísticos. El Ayuntamiento de Estepona hace una cesión de suelo al promotor y valora la contraprestación que debe recibir. Dicha valoración siempre se hacía por debajo del precio real pero, en realidad, el promotor devolvía parte del dinero regalado por el ayuntamiento a los encargados de gestionar la caja b.

- Adjudicaciones irregulares de obras y servicios. El otorgamiento de un contrato forzando la ley a un empresario amigo tenía un precio. El peaje se integraba en los circuitos financieros clandestinos municipales.

- Aportaciones directas de empresarios a concejalías. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, unidad policial de delitos económicos, sospechan que las aportaciones de empresas privadas a distintas concejalías para sus actividades públicas respondían a previos favores municipales a sus firmas.

- Otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago. La exigencia a particulares de un peaje ilegal se convertía en otra fuente de ingresos para la caja b.

- Favores municipales a amigos o parientes. Según su tipología y gravedad, pueden revestir carácter penal o no. Los favores, en ocasiones, pudieron ser agradecidos económicamente, según la investigación.

- Contratación ilegal de personal. La trama gobernante prescindió de concursos para encumbrar así en el aparato municipal a sus parientes o amigos.

Cada uno de los imputados en esta operación se ve implicado en distintas operaciones delictivas. Así, el alcalde socialista cometió supuestamente media docena de delitos (prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo de capitales). Su jefe de gabinete, José Flores Simón, es sospechoso de tráfico de influencias, malversación y blanqueo.

El concejal de Hacienda, el socialista Francisco José Zamorano, cometió supuestamente un delito contra la Hacienda Pública además de controlar la caja b del ayuntamiento. La investigación le atribuye además los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociación prohibida a funcionario público, información privilegiada, y blanqueo de capitales. En esa concejalía estuvo durante la pasada legislatura el concejal Manuel Reina, del Partido Estepona, acusado de idénticos delitos. Uno de los empresarios detenidos, Enrique González Ceano, gestionó la última campaña publicitaria electoral del PSOE en Estepona.

Otros presuntos cómplices de los responsables políticos para convertir la gestión urbanística en comisiones ilegales fueron los arquitectos municipales Ignacio de la Hoz y Arturo Cebrián, junto a altos cargos vinculados al Urbanismo como Andrés Arturo Flores Gómez, Xavier Wittmeur, casualmente responsable en el Ayuntamiento de la valoración de suelos. En total hay 26 detenidos a los que ayer empezó a interrogar la titular del juzgado número 1 de Estepona.

Corrupción inmobiliaria, capítulo X

Josep Pernau/ elperiodico
de la columna 'Opus mei'

Una hora para la expulsión del PSOE y años de actuaciones irregulares. Son datos del currículo del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, presuntamente corrupto por el delito del ladrillo y la parcela, motivo por el cual el martes era detenido con 24 de sus colaboradores. Su partido pretende desentenderse de él, pero difícilmente conseguirá que no se le asocie con un episodio de corrupción. Las prisas de ahora no tienen sentido. Las irregularidades vienen de lejos: concretamente, del 2005, cuando polemizó con la formación por su falta de transparencia (de Barrientos) en la gestión del urbanismo. No se fiaban del todo de él, pero pudo seguir.

En otro lugar de España, cabía que el partido se viera sorprendido en su buena fe. En Málaga no se tenía que ser un genio de Simenon para investigar si el alcalde de Estepona formaba parte de la conexión de la Costa del Sol. Su historial abría pistas comprometedoras por todas partes. Había empezado de la mano de un socialista bajo sospecha y de un hijo del capo Jesús Gil, cuando un corrupto abrió paso a otro corrupto. Uno, reconocido públicamente, y el segundo, en formación. Ya alcalde, se convertiría en la neuralgia permanente del PSOE. Es médico de profesión y, como galeno, puede decirse que no cura los dolores de cabeza. Todo lo contrario: los crea él. Como alcalde, se entiende.

Lo que no supo aprovechar el PSOE para desentenderse de él le ha sido útil a la policía, que empezaba el registro a las nueve de la mañana. La corrupción en la Costa del Sol es un culebrón que empieza un capítulo antes de que acabe el anterior. Hay personajes que incluso están repetidos. El escándalo no ha hecho más que empezar, pero se desvelan ya episodios gravísimos. Continuará.

El consumo de cemento cae un 5,6% en España en septiembre

Reuters/ ahorro

El descenso de la construcción residencial en España ha vuelto a ponerse de manifiesto con los últimos datos oficiales de la patronal cementera, que desvelan que el consumo de cemento en el país en septiembre ha caído un 5,62 por ciento con respecto al mismo mes de 2007.

Según datos aportados el martes por la patronal del sector - Oficemen - el consumo acumulado en los nueve meses transcurridos hasta septiembre se ha situado en 42,6 millones de toneladas, todavía superior en un 0,55 por ciento al del mismo lapso del año anterior.

En el primer trimestre del año, el consumo crecía todavía a ritmos del 3,8 por ciento.

La propia patronal estima que el año se cerrará cerca de los récords alcanzados en 2006. "Se va confirmando que el ejercicio se cerrará con unos volúmenes semejantes a los del año pasado, es decir, en el entorno de los 55,9 millones de toneladas", dijo la asociación en una nota.

Con casi 1.200 kilos de cemento consumido por persona al año, España se ha consolidado como el primer consumidor de cemento de la Unión Europea y el quinto del mundo gracias a la bonanza de la edificación pública y residencial de los últimos años.

Los expertos calculan que la producción de viviendas absorbe alrededor del 60 por ciento del consumo nacional en un momento en el que el mercado residencial se está ralentizando tras varios años consecutivos de récords históricos.

El director general de la asociación, Aniceto Zaragoza, dijo que "el descenso en edificación residencial se va a compensar en parte con el incremento en la licitación de obra pública, que continua creciendo a buen ritmo".

En los primeros nueve meses del año la producción creció un 1,9 por ciento hasta 41,4 millones de toneladas, que se han utilizado fundamentalmente para abastecer la demanda doméstica, ya que las exportaciones siguen descendiendo (un 8,98 por ciento en los nueve meses).

Los subinspectores de Trabajo amenazan con ir a la huelga si no aumenta la plantilla

cincodias
Madrid

Los subinspectores de Empleo y Seguridad Social anunciaron ayer un calendario de movilizaciones, que comienza mañana con un encierro en todas las Inspecciones Provinciales, para reclamar una ampliación de 1.000 personas en el número de empleados dedicados a las inspecciones de trabajo así como una mejor consideración profesional para que se les reconozca el carácter técnico de su trabajo.

Los subinspectores amenazan que, si los responsables de la Inspección del Ministerio de Trabajo no atienden sus peticiones, convocarán una huelga general en octubre.

Entre las demandas, los trabajadores reclaman el reconocimiento del carácter técnico de su profesión, de tal manera que solicitan 'la adecuación de la normativa inspectora y la desaparición del trámite del visado y de la trabas burocráticas que ralentizan e infrautilizan el trabajo'.

En el documento también exigen una actualización de los niveles retributivos, 'estancados desde hace diez años', y el aumento de la plantilla para aumentar la eficacia social de la inspección. Los denunciantes solicitan un incremento de 1.000 trabajadores, aunque reconocen que esa ampliación no será suficiente para compensar las bajas laborales fruto de jubilaciones o prejubilaciones, la dedicación total a las labores de prevención en materia de riesgos laborales y la asunción de nuevas exigencias informáticas.

En este último apartado, los subinspectores de trabajo piden la voluntariedad en el uso de una nueva aplicación informática, instaurada en mayo de 2.006 con un coste superior a los 7 millones de euros.

En su opinión, la creación de ese programa informático 'obliga al personal inspector a realizar tareas burocráticas y de gestión, ajenas y en detrimento de su actividad investigadora', ya que, a su juicio, su trabajo se debe orientar a la labor de calle y a la atención al ciudadano.

Razones del conflicto

Los subinspectores denuncian que su carga de trabajo ha crecido mucho por el tirón de la afiliación a la Seguridad Social (hay más de 19 millones de afiliados), con una fuerte presencia de extranjeros y unos niveles altos de temporalidad y siniestralidad laboral.