El alcalde de Estepona insta a los empleados municipales a no incurrir en la ley de incompatibilidad laboral

europapress
Estepona

El alcalde de Estepona (Málaga), David Valadez (PSOE), tras los contactos mantenidos con los presidentes de los comités de empresa de las sociedades municipales y personal funcionario y laboral, informará a los empleados, en una carta adjunta a la nómina, que en el caso de que desarrollen labores, remuneradas o no, incompatibles con una situación de incapacidad temporal, esta actividad acarrearía censura jurídica, por lo que podría ser causa de despido disciplinario.

Una de las características fundamentales de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades de Personal al Servicio del Sector Público, es la de tener un ámbito de aplicación en el que se reúnen la totalidad de las personas que prestan sus servicios a las administraciones públicas, incluyendo al personal al servicio de las corporaciones locales, según informó el Ayuntamiento esteponero en un comunicado.

Tal y como expresa su exposición de motivos, constituye principio general en materia de incompatibilidades la dedicación de su personal a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público (artículo 1.1), respetando el ejercicio de actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia (artículo 1.3).

Por tanto, parte de la premisa por la cual el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la propia norma.

Asimismo, detalla una exhaustiva relación de aquellas actividades privadas que no se podrán ejercer, entre las que se encuentran "las prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño de puesto público".

No será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el departamento, organismo, ente o empresa públicos, a los que el interesado esté adscrito o preste sus servicios, advirtieron desde el Consistorio. En cuanto a actividades privadas, la regla general es que la obtención del reconocimiento de compatibilidad es requisito previo e imprescindible: "El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad".

Convenio colectivo

En el mismo sentido, el convenio colectivo vigente establece que "el personal municipal no podrá ejercer por sí o mediante sustitución trabajos privados, incluidos los de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo dependencia ajena sin la preceptiva autorización del Ayuntamiento, excepto la administración del propio patrimonio".

A tal efecto, "los empleados municipales que deseen ejercer actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales, deberán solicitar el previo reconocimiento de compatibilidad o autorización, que será expresamente concedida o denegada". En similares términos se pronuncian los convenios colectivos de las empresas municipales. Por tanto, se contempla en dichas normas, como falta muy grave "el ejercicio de actividades y trabajos privados sin haber solicitado el previo reconocimiento de compatibilidades o autorización" y que, en ese caso, "constituiría una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño del trabajo, que podría conllevar, en su caso, el despido disciplinario".

Paradojas en Estepona

José Aguilar/ diariodecadiz

Como una paradoja de las que la historia gasta a veces a sus pretendidos protagonistas, el pleno del Ayuntamiento de Estepona eligió el jueves como alcalde al concejal socialista que denunció, sin éxito, los turbios manejos que en nombre de su partido se estaban cometiendo en el municipio. Los mismos que ahora se investigan en la Operación Astapa y que han llevado a la cárcel al alcalde anterior, el singular Antonio Barrientos.

Con la elección como regidor de David Valadez, periodista sin ejercicio, el PSOE hizo de la necesidad virtud. El candidato preferido de la dirección era Rafael Duarte, concejal de Urbanismo, pero su imputación confirmada por presuntos cohecho, prevaricación y omisión del deber de denunciar delitos convertía su promoción en un contrasentido inasumible hasta para las tragaderas más anchas. La designación de Valadez se hizo contrarreloj, porque Duarte estuvo declarando ante la jueza hasta poco antes de la sesión plenaria municipal.

Finalmente, el grupo socialista, bien aleccionado por la dirección del PSOE andaluz, optó por poner de alcalde al militante que, casi en solitario, había llamado a todas las puertas jerárquicas del socialismo denunciando las irregularidades que el antiguo equipo de gobierno local -el propio PSOE y sus aliados ex gilistas- venía perpetrando desde hacía años a cuenta del urbanismo, las concesiones y las contrataciones. Bien hecho, aunque tarde. Es significativo que David Valadez esté alineado con el sector crítico del PSOE malagueño, enfrentado a la secretaria general saliente, Marisa Bustinduy, la mujer que había preferido mirar hacia otra parte mientras Barrientos y otros hacían de las suyas.

El nuevo alcalde lo fue gracias a los votos socialistas, más los de PA, IU y un grupo local, así como el más sorprendente de otro de los ediles imputados en la trama y recién expulsado del PSOE. Como primera medida de su etapa decidió bajarse el sueldo -el de Barrientos era de los más altos de España- y anunciar que la oposición participará en las sociedades municipales, elemental premisa para hacer más difícil que el equipo gobernante caiga en la tentación de desmandarse.

Mientras la instrucción judicial sigue su curso, subrayemos una vez más que la realidad se venga de quienes la ignoran y que los pecados del pasado nos persiguen. El PSOE malagueño y andaluz desoyó las alarmas que le avisaban de lo que estaba pasando. Por no hacer una limpia a tiempo se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción y pregonado en las tristes páginas periodísticas que unen la política con los tribunales. A ver si aprende.

Tarde para Estepona

ABC

La elección de David Valadez como alcalde de Estepona supone un episodio más, de trazo grueso, del fariseísmo con el que los socialistas han abordado los últimos años en este Ayuntamiento. El hombre que denunció ante los órganos del PSOE de Málaga —sin ningún éxito— la corrupción en el municipio ha acabado accediendo a la Alcaldía, se supone que con la aquiescencia de los que no escucharon sus advertencias. El político que ayer fue un problema —el hoy encarcelado ex alcalde Antonio Barrientos lo cesó como portavoz por no apoyar dos sospechosos convenios urbanísticos— ha acabado siendo la solución.

En este caso, no cabe el refrán de nunca es tarde si la dicha es buena. Para Estepona, Valadez llega tarde: su ascenso a la Alcaldía ha venido precedido de un monumental escándalo, similar a la operación Malaya en Marbella, con un alcalde socialista encarcelado y con una Corporación diezmada en su honradez por la imputación y encarcelamiento de buena parte del grupo socialista. Valadez era el sexto de la lista y el primero de la misma que no está acusado ni por la Policía ni por la jueza.

La lección para el PSOE malagueño y andaluz es descomunal: mirar para otro lado cuando militantes denuncian lo que ven —en el caso de Valadez, la corrupción de sus compañeros— no es desviar la vista sino estar ciego ante la luz de la verdad que, como los hechos, ha sido en Estepona tozuda: Valadez llevaba la razón y no los fariseos que el jueves aplaudieron su elección.

Corrupción inmobiliaria, capítulo X

Josep Pernau/ elperiodico
de la columna 'Opus mei'

Una hora para la expulsión del PSOE y años de actuaciones irregulares. Son datos del currículo del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, presuntamente corrupto por el delito del ladrillo y la parcela, motivo por el cual el martes era detenido con 24 de sus colaboradores. Su partido pretende desentenderse de él, pero difícilmente conseguirá que no se le asocie con un episodio de corrupción. Las prisas de ahora no tienen sentido. Las irregularidades vienen de lejos: concretamente, del 2005, cuando polemizó con la formación por su falta de transparencia (de Barrientos) en la gestión del urbanismo. No se fiaban del todo de él, pero pudo seguir.

En otro lugar de España, cabía que el partido se viera sorprendido en su buena fe. En Málaga no se tenía que ser un genio de Simenon para investigar si el alcalde de Estepona formaba parte de la conexión de la Costa del Sol. Su historial abría pistas comprometedoras por todas partes. Había empezado de la mano de un socialista bajo sospecha y de un hijo del capo Jesús Gil, cuando un corrupto abrió paso a otro corrupto. Uno, reconocido públicamente, y el segundo, en formación. Ya alcalde, se convertiría en la neuralgia permanente del PSOE. Es médico de profesión y, como galeno, puede decirse que no cura los dolores de cabeza. Todo lo contrario: los crea él. Como alcalde, se entiende.

Lo que no supo aprovechar el PSOE para desentenderse de él le ha sido útil a la policía, que empezaba el registro a las nueve de la mañana. La corrupción en la Costa del Sol es un culebrón que empieza un capítulo antes de que acabe el anterior. Hay personajes que incluso están repetidos. El escándalo no ha hecho más que empezar, pero se desvelan ya episodios gravísimos. Continuará.

El ‘caso Estepona’ salpica al presidente de Prasa

J. A. Gómez/ expansión
Málaga

La operación contra la corrupción urbanística 'Astapa', que se inició ayer en Estepona (Málaga), sacó a la luz el primer nombre de un empresario. Se trata del cordobés José Romero, presidente de Prasa (primera inmobiliaria española no cotizada), que fue ayer requerido para declarar sobre sus actuaciones inmobiliarias en la localidad de la Costa del Sol.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando supuestos delitos vinculados con la financiación irregular en el consistorio de Estepona y se imputan a los arrestados los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Hasta el momento, hay una veintena de detenidos, entre los que se encuentran el alcalde socialista, Antonio Barrientos. También fueron arrestados varios concejales de la corporación y otros funcionarios municipales, así como el ingeniero de Urbanismo. El edil socialista está al frente del Ayuntamiento desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del partido de Gil. En mayo de 2007, fue reelegido.

En cuanto a José Romero, se trata de un promotor que salió del anonimato en 2006, al apoyar a Joaquín Rivero en la pugna que mantenía entonces con la familia Sanahuja por el control de Metrovacesa. Romero tomó el 3% de la compañía al objeto de respaldar al primero.

El grupo cordobés facturó en 2006 (según los últimos datos disponibles) 725 millones de euros y ha realizado fuertes inversiones en suelo en el exterior. Romero también es el máximo accionista del Córdoba F.C., participación que adquirió a otro empresario cordobés, Rafael Gómez, conocido como Sandokán, que fue imputado hace dos años en la 'operación Malaya'.

Se extiende la corrupción urbanística

EXPANSIÓN

La mancha de la corrupción urbanística continúa extendiéndose por los ayuntamientos de España.

El escándalo ha saltado ahora en Estepona, donde su alcalde, el socialista Antonio Barrientos, varios concejales y funcionarios fueron detenidos ayer por un supuesto caso de corrupción relacionado con la financiación irregular del ayuntamiento en el que se imputan los delitos de cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación.

Desgraciadamente, no es un episodio aislado; se suma a una larga lista de casos de corrupción urbanística, de los que Marbella y Ciempozuelos son los más emblemáticos por su dimensión. Este problema es el resultado de la falta de un sistema de financiación municipal suficiente y estable, y de la excesiva discrecionalidad con la que manejan los ediles el urbanismo, un ámbito en el que hay mucho dinero en juego y a menudo se entremezclan intereses públicos y privados.

El PSOE ha anunciado que iniciará los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido a los implicados. Pero más allá de reacciones que ilustran la preocupación de los partidos por demostrar la reacción contra los militantes involucrados, la alarma social que provocan estos episodios exige una respuesta contundente por parte de los políticos para abordar de forma estructural el problema y evitar que siga engordando.

Según el último índice de Transparencia Internacional, en la legislatura pasada España perdió tres puestos en el ránking internacional sobre el grado de corrupción política en la Administración, como consecuencia de los escándalos urbanísticos. La gravedad del problema requiere un pacto entre PSOE y PP para taponar las rendijas por donde se cuelan aquellos que conciben la política como un negocio.