La vivienda, la farsa de la emancipación de los jóvenes

Miguel Ángel Belloso
del blog "Apuntes liberales de un chico de derechas"
expansion

El Gobierno ha aprobado un plan para fomentar la vivienda en alquiler que pasa por subvencionar a los jóvenes, a fin de que éstos puedan acceder a una vivienda y -usando las palabras de la ministro Chacón- ningún proyecto de vida quede frustrado. Estoy en desacuerdo con el plan por múltiples motivos. Si vamos a los aspectos más puramente económicos, diré que para que aumente la oferta de alquiler y, por tanto, disminuya eventualmente su precio, sólo hay tres medidas posibles: reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, dar armas a los jueces para que puedan reforzar la seguridad de los propietarios y declarar la libertad completa de contratación de los alquileres, de modo que las partes puedan pactar las condiciones que más convengan a unos y otros. La libertad de contratación es básica, y así lo entendió en 1983 -que queda ya lejos- el ministro socialista de Economía Miguel Boyer, que fue el que propició en aquella época la expansión de este mercado.

Después, en parte producto del sistema normativo, tenemos en España un hecho completamente satisfactorio: la mayoría de la gente prefiere la vivienda en propiedad. Es verdad que este deseo no ha sido del todo el producto de un convencimiento personal sino también el resultado de las circunstancias macroeconómicas: la expansión de la actividad, la fuerte creación de empleo y unos tipos de interés históricamente ridículos, que han convertido la decisión de comprar una vivienda en la más cabal de todas las posibles. Pero la propiedad, en sí misma, tiene unas ventajas 'morales' enormes -si se me permite usar este término: aumenta la responsabilidad personal, la capacidad de sacrificio, la voluntad de participar en las decisiones colectivas, la implicación propia en el destino de la comunidad, etcétera.

Todo esto es lo contrario de los resultados a que conducirá el plan de incentivación del alquiler, que se centra, cómo no, en los jóvenes. Éste es un plan que me irrita desde su más hondo enunciado y propósito, pues es un plan subvencionador, y me parece que juventud y subvención son términos esencialmente contradictorios. Se dará dos centenares de euros a los jóvenes, bajo determinadas condiciones, para que alquilen pisos, y también se les apoyará en el aval correspondiente y las mensualidades previas a la formalización del contrato. Todo esto se hará para que se emancipen, y este concepto me saca de mis casillas.

La emancipación es la liberación de la patria potestad, de la tutela, de la servidumbre, de la sujeción y el yugo al que se estaba sometido. Pues bien, como estamos en un país libre y democrático, una vez que uno cumple los 18 años, la emancipación es un hecho. No hay caso. Desde entonces, nadie ata a nadie. Cualquiera se puede ir de casa, volar libre como un pájaro, hacer su vida, buscar su destino. En cambio, lo que nos propone esta plan es una emanicipación segura, una liberación controlada, una independización subvencionada a cargo de los impuestos de los demás. Pero entonces, ¿cuál es el secreto?, ¿cuál es el misterio?, ¿cuál es el sex appeal? ¿cuál es el encanto?, ¿cuál es el riesgo? Antes, por lo menos, había unos jóvenes de izquierdas muy dignos que se marchaban de casa diciendo hasta luego o hasta siempre. Se iban con una mano delante y otra detrás porque para ellos era más importante la emancipación que la subsistencia, que para ésta, estanto normalmente constituido, físicamente apto y modestamente educado, nunca suele haber demasiados problemas.

Ahora no. El propósito del actual gobierno es liberar a los jóvenes sustituyendo la patria potestad por la dependencia de la subvención del Estado. No quiere unos jóvenes genuinamente libres sino unos jóvenes eternamente agradecidos a la ayuda pública, que por cierto pagaremos indefectiblemente todos. Pero, y entonces, ¿qué mensaje estamos enviando a la juventud?

En mi opinión, la juventud está para dar más que para recibir. Es la etapa de la vida, ciertamente llena de perplejidades -preñada de romanticismos y grandilocuencias absurdas- en la que, sin embargo, se concentra toda la potencia de generación de riqueza. En tal estado de efervescencia, de exuberancia, de exaltación, me parece que la obligación de un gobierno es contribuir a que aflore lo mejor que nuestros hijos traen dentro, a fin de que desplieguen todas sus posibilidades. ¿Pero qué van a desplegar si el mensaje es que se despreocupen, que presten una confianza ciega en el Estado? ¿Cómo van a reaccionar si el mensaje es el de la confortabilidad, el de la protección, el de los derechos, en lugar de las obligaciones?

Pues bien, en éstas estamos en España, y por eso, entre otras cosas, me parece perverso este plan de fomento del alquiler para jóvenes puesto en marcha por la ministra Chacón y el presidente Zapatero. Pienso que la obligación del Gobierno es desplegar la política económica, tributaria y legal oportuna para que el precio de los alquileres baje como consecuencia natural de la oferta y de la demanda, circunstancia que sólo se producirá en un mercado completamente libre, o lo más parecido posible al mismo. El resto, la subvención, la ayuda, la intervención en el mercado sólo producirá, y así lo dicta la experiencia las consecuencias contrarias a las deseadas, y, adicionalmente, causará un grave daño moral a los jóvenes, que es precisamente, a quienes se quiere estimular y potenciar. No hay incentivo ni estímulo posible con subvención, no hay juventud sana con ayuda. Estas cosas yo las tengo muy claras. Pero en fin, como siempre, quizá estoy completamente equivocado. ¿No les parece?

De inquilinos y mammoni

Francisco Cabrillo/ libertaddigital

Parece que casi todo el mundo está hoy de acuerdo en que hay que subvencionar a los jóvenes para que alquilen un piso. No acabo de entender muy bien por qué el resto de los contribuyentes –muchos de los cuales son personas con escasos recursos económicos– debemos pagarles una parte de su renta. Pero esta sorprendente idea no se limita a España. Otros países van en la misma línea.

Me entero por la prensa de que en Italia se quiere hacer algo similar a lo que nuestro gobierno ha empezado a vender como propaganda electoral; que en aquel país se llama mammoni a los jóvenes varones que viven a cuerpo de rey en casa de sus padres y a los que no hay forma de echar; y que el ministro de Economía, Tommaso Padoa- Schioppa intenta justificar sus ayudas al alquiler para jóvenes entre los 20 y 30 años con el argumento de que es preciso "sacar de casa a esos peleles". Encomiable objetivo, ciertamente. Dudo mucho sin embargo que el programa vaya a tener más éxito que el que se augura al del Gobierno español. Pero, aunque con él se consiguiera que se fueran a vivir por su cuenta algunos de estos mammoni, no veo sentido a obligar al contribuyente a que gaste en tal propósito una parte de su dinero.

La situación en Italia resulta aún más curiosa cuando se observa que el porcentaje de jóvenes mayores de 30 años que siguen en casa es muy superior entre los hombres que entre las mujeres, concretamente el 36,5% para los primeros y el 18,1% para las últimas. ¿Somos realmente los hombres diferentes de las mujeres? ¿Tenemos distintos objetivos en la vida? Creo, más bien, que un simple análisis de costes y beneficios explica perfectamente esta situación, sin necesidad de acudir a complejas divagaciones psicológicas. Los hombres permanecen más tiempo en casa simplemente porque obtienen de esta estrategia mayores ventajas que las mujeres. La mamma italiana –como la española– suele dedicar bastante más atención a la intendencia de sus hijos que a la de sus hijas. Y a éstas, una vez alcanzada una cierta edad, se les suele exigir además una colaboración en las tareas domésticas, que a los varones, desde luego, no se les pide. Los incentivos a marcharse de casa son, por tanto, mayores para ellas que para ellos. Y, como la gente suele actuar de forma racional, los resultados son los que conocemos.

Un análisis tan simple como éste permite ver lo absurdo de la propuesta de Padoa- Schioppa . Si con la subvención se intenta corregir el actual estado de las cosas y los hombres tienen más motivos que las mujeres para quedarse con su padres, sería necesario que las ayudas que se otorgaran a los chicos fueran mayores que las que se dieran a las chicas. Es decir, habría que discriminar por motivos de sexo a favor de los hombres para conseguir los resultados deseados.

No creo que esta conclusión tan simple guste a los promotores de la medida. Pero cuando un político se pone a regular nuestras vidas y haciendas, es fácil que acabe dejando las cosas aún peor de lo que estaban antes.

El salario mínimo y la poca sensatez de Solbes

LIBERTAD DIGITAL

Las palabras de Solbes considerando "razonable" un aumento del salario mínimo hasta los 800 euros son otra demostración de que la supuesta sensatez que se le atribuye es más un mito que otra cosa. Porque si hay algo sobre lo que se pueda decir que existe cierto consenso entre economistas es el hecho de que el salario mínimo, a partir de cierta cantidad, produce paro. La razón es clara. Todo empresario, a la hora de contratar a un trabajador, se enfrenta a dos límites a la hora de proponerle un salario. No podrá pagarle más de lo que el empleado aportará a la empresa con su trabajo, porque estaría perdiendo dinero, pero tampoco menos de lo que la competencia está pagando por empleos similares, porque no encontrará a nadie que quiera trabajar para él. Entre esas dos barreras entrará el juego de la negociación entre ambos.

Sin embargo, la imposición de un salario mínimo obliga al empresario a pagar más de una cierta cantidad. Si ésta es muy baja, prácticamente no tiene ningún efecto, pero si es lo suficientemente alta como para superar lo que algunos trabajadores son capaces de aportar con su labor éstos serán despedidos o pasarán a la economía sumergida, donde no hay salarios mínimos involucrados. Se verán más afectados aquellos que tienen menos que aportar, como los jóvenes sin experiencia, que verán más difícil acceder al primer empleo si no es a través de las becas de formación o cobrando "en negro". Es más sencillo ver este efecto si nos preguntamos qué pasaría si aumentáramos ese salario mínimo a, por ejemplo, 6.000 euros al mes. Resulta de sentido común concluir que la mayor parte de nosotros se quedaría sin su empleo.

En países con cierta picaresca y un nivel importante de economía sumergida, como el nuestro, se produce otro efecto importante. Un cierto porcentaje de trabajadores cobra dos sueldos: el legal, el mínimo establecido, y otra parte en negro que no paga impuestos ni seguridad social. Así le llega un mayor porcentaje del dinero que paga el empresario por él, aun ilegalmente. Al subir el salario mínimo, y dado que el empleador no va a pagar más porque lo diga el Gobierno, la parte que antes cobraba en negro se reduce y aumenta lo que cobra legalmente. De ese dinero, no obstante, le llegará menos, pues una parte considerable habrá de dedicarse a pagar retenciones a Hacienda y cuotas de la seguridad social. Así, un aumento del salario mínimo incrementa los ingresos del Estado a costa del dinero de muchos trabajadores con bajos ingresos.

Estas consecuencias de la imposición de un salario mínimo no son liberales, ni socialdemócratas, ni conservadoras. Las ideologías, en todo caso, deberían dilucidar si es más importante conservar el nivel de empleo y el poder adquisitivo de las rentas más bajas o aumentar el paro e incrementar los ingresos fiscales. Pero eludir las consecuencias inevitables de un aumento del salario mínimo no es ser socialista, sino tener una cara de cemento armado. Como la de Solbes.