Salario menos mínimo

EL PAÍS

El presidente Rodríguez Zapatero anunció el domingo pasado que el salario mínimo en España llegará a los 600 euros en enero de 2008 y alcanzará los 800 euros en 2013. La promesa, fiada a cinco años vista, ha recibido las críticas habituales de electoralismo e improvisación que suelen recibir últimamente las iniciativas presidenciales. Con frecuencia están justificadas, y este caso no es la excepción. Pero hay una diferencia importante a favor del último anuncio económico: parece fuera de discusión que el nivel del salario mínimo en España es demasiado bajo, que no resiste la comparación con los salarios mínimos de otros países europeos y que los sindicatos vienen reclamando con poderosos argumentos una subida del suelo salarial. No es, pues, una solución inventada ni arbitraria.

Tampoco genera riesgos insufribles para la economía española, a pesar de que las primeras reacciones de la oposición mencionan una objeción de manual: encarecerá los empleos menos cualificados y, por tanto, disminuirán los puestos de trabajo para quienes los ocupan, que son los trabajadores inmigrantes. Sobre este punto, crucial para entender uno de los elementos que explican el crecimiento económico persistente durante casi dos lustros, merece la pena recordar que en el mercado laboral español se ha producido un crecimiento muy escaso de los sueldos más bajos, prácticamente una congelación o ligera disminución en términos reales, tendencia favorecida por la entrada de trabajadores de otros países. Éste sería uno de los fundamentos de la creación masiva de empleo en sectores como la construcción.

Efectivamente, existe el riesgo de que el incremento del salario mínimo repercuta en una disminución del empleo menos cualificado, pero hay buenas razones para aceptarlo -al margen del síndrome electoral-, aunque no todas sean de índole económica. En España no sólo se ha creado empleo de mala calidad, es decir, de carácter temporal y retribuido con el salario mínimo; también hay más puestos de trabajo para cualificaciones medias, dotados de una razonable estabilidad. A medida que la burbuja inmobiliaria deje de ser el impulso principal del crecimiento, aumentará probablemente el empleo industrial y de servicios que compensará la hipotética desaceleración del empleo menos cualificado.

Hay también razones de equidad, difíciles de medir, pero que contribuyen al reconocimiento público de los asalariados. Durante los últimos años se ha desplomado la participación de los salarios en la renta nacional, prueba casi concluyente de que la prosperidad española se ha basado, entre otros factores, en la moderación salarial. No es un exceso transmitir el mensaje de que se hará un esfuerzo por acercar las retribuciones mínimas a las que se pagan en Europa. Sigue siendo una pena que se hagan estos anuncios como parte de la euforia de un mitin preelectoral. De esa forma, una iniciativa con buenos fundamentos políticos y sociales se confunde con un regalo demagógico.

El Gobierno negocia subir a 1.000 euros el sueldo de los funcionarios

20minutos

* La medida afectaría sólo a los 412.601 funcionarios de la Administración pública
* Las retribuciones de la Administración central crecerán una media del 3,8%
* Los sindicatos confían en arañar alguna décima más

Miles de funcionarios de la Administración pública, con retribuciones que varían entre los 700 y los 800 euros brutos al mes, no llegan a formar parte de los trabjadores mileuristas, según informa el diario El País.

Con la economía creciendo al 4%, los sindicatos creen que ha llegado el momento de acabar con esas remuneraciones, al menos en el sector público.

Tanto Comisiones Obreras como UGT calculan que no suponen más del 6% o el 7% de los funcionarios de la Administración general del Estado, lo que equivale a unas 25.000 personas.

"Son personas recién entradas en la Administración, sin trienios ni otros complementos", explica Pablo Caballero, representante de Comisiones Obreras en la Administración central. Yolanda Palomo, de UGT, añade que normalmente pertenecen a las categorías más bajas, la D y la E. "Es un objetivo justo y deseable", concluye.

Además de estos dos sindicatos, la central de funcionarios CSIF, la gallega CIG y la vasca ELA apoyan la propuesta. Entre las cinco organizaciones representan a casi el 80% de los empleados públicos.

La Administración pública está de acuerdo

Aunque la discusión con el Ministerio de Administraciones Públicas no ha concluido, este departamento es proclive a introducir el mínimo salarial de 1.000 euros al mes, según fuentes de la negociación.

En principio, la medida afectaría sólo a los 412.601 funcionarios dependientes de la Administración central (los de las comunidades autónomas y los ayuntamientos negocian por su cuenta), aunque los representantes de los trabajadores confían en que se produzca el efecto imitación.

También se excluye al personal laboral (trabajadores fijos o temporales que realizan su labor en la Administración pero no gozan del mismo estatus que los funcionarios), pues ellos firman sus propios convenios, que ya fijan un sueldo mínimo cercano a los 1.000 euros.

Los sindicatos creen que este colectivo alcanzará esa barrera mínima en 2009.

Unos 800 euros para 2012

La propuesta de los 1.000 euros en la función pública se conoce pocos días después de la polémica suscitada por la cuantía del salario mínino interprofesional para la próxima legislatura.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, es partidario de elevarlo a unos 800 euros en 2012, una cifra que coincide prácticamente con la que piden los sindicatos.

El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, es contrario a una medida de ese tipo por los compromisos que genera a largo plazo, según ha aclarado esta semana.
Habrá un 0,5% para engrosar el fondo de pensiones de estos empleados

Trabajo ha convertido la fuerte subida del salario mínimo en esta legislatura -alcanzará 600 euros en 2008- en una de sus principales banderas laborales.

El salario mínimo en la Administración pública forma parte de las mejoras retributivas que Gobierno y sindicatos negocian para la Administración general del Estado, compuesta por más de medio millón de trabajadores.

Una vez fijada en el 3% la subida salarial para los 2,5 millones de empleados públicos que existen en todo el país, los de la Administración central negocian incrementos adicionales sólo para ese colectivo.

Además del 3%, habrá un 0,5% para engrosar el fondo de pensiones de estos empleados y al menos otro 0,3% para diversas mejoras, entre las que se incluye el salario mínimo.

Los sindicatos confían en arañar alguna décima más, pero lo más probable es que la subida media se sitúe en el 3,8%, el mismo porcentaje que han crecido los salarios de los funcionarios centrales en 2007.

De inquilinos y mammoni

Francisco Cabrillo/ libertaddigital

Parece que casi todo el mundo está hoy de acuerdo en que hay que subvencionar a los jóvenes para que alquilen un piso. No acabo de entender muy bien por qué el resto de los contribuyentes –muchos de los cuales son personas con escasos recursos económicos– debemos pagarles una parte de su renta. Pero esta sorprendente idea no se limita a España. Otros países van en la misma línea.

Me entero por la prensa de que en Italia se quiere hacer algo similar a lo que nuestro gobierno ha empezado a vender como propaganda electoral; que en aquel país se llama mammoni a los jóvenes varones que viven a cuerpo de rey en casa de sus padres y a los que no hay forma de echar; y que el ministro de Economía, Tommaso Padoa- Schioppa intenta justificar sus ayudas al alquiler para jóvenes entre los 20 y 30 años con el argumento de que es preciso "sacar de casa a esos peleles". Encomiable objetivo, ciertamente. Dudo mucho sin embargo que el programa vaya a tener más éxito que el que se augura al del Gobierno español. Pero, aunque con él se consiguiera que se fueran a vivir por su cuenta algunos de estos mammoni, no veo sentido a obligar al contribuyente a que gaste en tal propósito una parte de su dinero.

La situación en Italia resulta aún más curiosa cuando se observa que el porcentaje de jóvenes mayores de 30 años que siguen en casa es muy superior entre los hombres que entre las mujeres, concretamente el 36,5% para los primeros y el 18,1% para las últimas. ¿Somos realmente los hombres diferentes de las mujeres? ¿Tenemos distintos objetivos en la vida? Creo, más bien, que un simple análisis de costes y beneficios explica perfectamente esta situación, sin necesidad de acudir a complejas divagaciones psicológicas. Los hombres permanecen más tiempo en casa simplemente porque obtienen de esta estrategia mayores ventajas que las mujeres. La mamma italiana –como la española– suele dedicar bastante más atención a la intendencia de sus hijos que a la de sus hijas. Y a éstas, una vez alcanzada una cierta edad, se les suele exigir además una colaboración en las tareas domésticas, que a los varones, desde luego, no se les pide. Los incentivos a marcharse de casa son, por tanto, mayores para ellas que para ellos. Y, como la gente suele actuar de forma racional, los resultados son los que conocemos.

Un análisis tan simple como éste permite ver lo absurdo de la propuesta de Padoa- Schioppa . Si con la subvención se intenta corregir el actual estado de las cosas y los hombres tienen más motivos que las mujeres para quedarse con su padres, sería necesario que las ayudas que se otorgaran a los chicos fueran mayores que las que se dieran a las chicas. Es decir, habría que discriminar por motivos de sexo a favor de los hombres para conseguir los resultados deseados.

No creo que esta conclusión tan simple guste a los promotores de la medida. Pero cuando un político se pone a regular nuestras vidas y haciendas, es fácil que acabe dejando las cosas aún peor de lo que estaban antes.

El salario mínimo y la poca sensatez de Solbes

LIBERTAD DIGITAL

Las palabras de Solbes considerando "razonable" un aumento del salario mínimo hasta los 800 euros son otra demostración de que la supuesta sensatez que se le atribuye es más un mito que otra cosa. Porque si hay algo sobre lo que se pueda decir que existe cierto consenso entre economistas es el hecho de que el salario mínimo, a partir de cierta cantidad, produce paro. La razón es clara. Todo empresario, a la hora de contratar a un trabajador, se enfrenta a dos límites a la hora de proponerle un salario. No podrá pagarle más de lo que el empleado aportará a la empresa con su trabajo, porque estaría perdiendo dinero, pero tampoco menos de lo que la competencia está pagando por empleos similares, porque no encontrará a nadie que quiera trabajar para él. Entre esas dos barreras entrará el juego de la negociación entre ambos.

Sin embargo, la imposición de un salario mínimo obliga al empresario a pagar más de una cierta cantidad. Si ésta es muy baja, prácticamente no tiene ningún efecto, pero si es lo suficientemente alta como para superar lo que algunos trabajadores son capaces de aportar con su labor éstos serán despedidos o pasarán a la economía sumergida, donde no hay salarios mínimos involucrados. Se verán más afectados aquellos que tienen menos que aportar, como los jóvenes sin experiencia, que verán más difícil acceder al primer empleo si no es a través de las becas de formación o cobrando "en negro". Es más sencillo ver este efecto si nos preguntamos qué pasaría si aumentáramos ese salario mínimo a, por ejemplo, 6.000 euros al mes. Resulta de sentido común concluir que la mayor parte de nosotros se quedaría sin su empleo.

En países con cierta picaresca y un nivel importante de economía sumergida, como el nuestro, se produce otro efecto importante. Un cierto porcentaje de trabajadores cobra dos sueldos: el legal, el mínimo establecido, y otra parte en negro que no paga impuestos ni seguridad social. Así le llega un mayor porcentaje del dinero que paga el empresario por él, aun ilegalmente. Al subir el salario mínimo, y dado que el empleador no va a pagar más porque lo diga el Gobierno, la parte que antes cobraba en negro se reduce y aumenta lo que cobra legalmente. De ese dinero, no obstante, le llegará menos, pues una parte considerable habrá de dedicarse a pagar retenciones a Hacienda y cuotas de la seguridad social. Así, un aumento del salario mínimo incrementa los ingresos del Estado a costa del dinero de muchos trabajadores con bajos ingresos.

Estas consecuencias de la imposición de un salario mínimo no son liberales, ni socialdemócratas, ni conservadoras. Las ideologías, en todo caso, deberían dilucidar si es más importante conservar el nivel de empleo y el poder adquisitivo de las rentas más bajas o aumentar el paro e incrementar los ingresos fiscales. Pero eludir las consecuencias inevitables de un aumento del salario mínimo no es ser socialista, sino tener una cara de cemento armado. Como la de Solbes.