Caja Duero y Caja España rompen sus planes de fusión

elpais
Madrid

Caja Duero y Caja España rompieron ayer las negociaciones que llevaban a cabo para fusionar las dos entidades castellanoleonesas de ahorro, según fuentes de ambas cajas, tras una reunión de apenas dos horas en Tordesillas.

Los motivos que han llevado a romper estas negociaciones han sido, según fuentes de las cajas, la "imposibilidad" de llegar a un acuerdo respecto al reparto de poder en la entidad. Ni Caja Duero ni Caja España han podido pactar dónde se ubicará la sede social ni la ejecutiva, ya que no ha habido unanimidad "en el concepto de la futura caja".

En concreto, fuentes financieras explicaron a que Caja Duero ofreció a España ubicar la sede social de la futura entidad en León y la operativa en Salamanca, mientras que España planteó contar con dos sedes operativas, una en cada capital, lo que a Duero le parecía una dispersión poco operativa.

El presidente de Caja España, Santos Llamas, opinó que Duero "sobrevalora" determinadas áreas de negocio en las diferentes alternativas de reparto propuestas por la entidad leonesa y remarcó su voluntad retomar las negociaciones. La viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, apeló a la "cordura y seriedad" de los directivos para que reanuden la negociación sobre su fusión porque "las diferencias son salvables".

Los presidentes y los directores generales de Caja Duero y Caja España se reunirán hoy con responsables del Banco de España y de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la entidad con sede en Salamanca, para dar a conocer los motivos de esta ruptura. Ambas entidades aprobaron la unión para formar octava caja el 10 de noviembre, un acuerdo en el que rechazó participar Caja Burgos.

Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos ultiman con la Junta el proceso de unión

J. I. Foces/ Norte de Castilla
Valladolid

Casi cinco horas de reunión al más alto nivel en el Parador de Tordesillas. Nunca mejor dicho lo del más alto nivel puesto que el encuentro sentó ayer en la misma mesa a los presidentes y directores generales de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos (Santos Llamas, Julio Fermoso, José María Arribas, Ignacio Lagartos, Lucas Hernández y Leoncio García) junto al vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, y la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández. La reunión sólo fue interrumpida para el almuerzo y continuó hasta las seis de la tarde.

Oficialmente, «una más de las muchas, de carácter ordinario que se han mantenido en los últimos meses». Pero, dado el momento del proceso de negociación entre las tres grandes entidades para ver si es posible unir sus negocios e inversiones, no pareció «una más», como insistieron en asegurar por la noche desde las tres cajas y desde el Ejecutivo autonómico. Máxime si se tiene en cuenta que ahora mismo se ha asentado en la Junta una enorme preocupación por la figura de unión que eligen las tres entidades para culminar el proceso negociador, que fue imposible a 6 bandas hace un año y que desde hace un mes se lleva a tres.

Las tres, juntas

La primera gran duda en estos momentos es si el proceso de unión se mantiene para las tres cajas. Y, según se desprendió de la reunión de ayer, sí. Caja España, Caja Duero (que llevan más avanzada su integración) y Caja de Burgos seguirán negociando para dar con la fórmula que les permita unir inversiones y negocios en la región.

El segundo gran interrogante aparece a la hora de hablar del plazo de tiempo para culminar el proceso. Ninguna de las fuentes consultadas anoche en las entidades cuyos representantes se reunieron en el Parador Nacional de Tordesillas quiso pronunciarse en este sentido. Ni hablaron de semanas ni de meses. «Estamos en pleno proceso; necesitamos tiempo», fue lo máximo que pudo arrancar este periódico en el entorno de los negociadores.

Desde el Ejecutivo regional el mutismo fue más que contundente. En la Consejería de Economía se limitaron a responder que se deben a un compromiso de confidencialidad con las entidades e insistieron en que de este departamento no saldría «una palabra sobre el asunto». Lo único que pudo confirmarse desde el Ejecutivo fue la «buena impresión» que obtuvo de lo que informaron ayer las tres cajas a la Junta.

¿Fusión o integración?

Y la tercera gran pregunta que sigue sin respuesta es la de si las cajas optarán por la fusión (lo que provocará su desaparación como tales entidades para formar una única con otro nombre) o si se decidirán por la integración (sistema para unir negocios e inversiones en un grupo, pero manteniendo cada caja de ahorros su personalidad jurídica propia).

No pasa inadvertida la circunstancia de que el encuentro de ayer en la localidad vallisoletana de Tordesillas se produce escasas 72 horas después de que el vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, advirtiera a Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos de que el Gobierno de Juan Vicente Herrera teme los efectos laborales de la fusión y de que prefiere una integración porque ésta «anula» las desventajas de esa fórmula. Y las desventajas no son otras que el recorte de personal que debería ser aplicado en una plantilla de 6.978 trabajadores (3.282 de Caja España, 2.761 de Caja Duero y 935 de Caja de Burgos). Y el coste añadido del cierre de oficinas. Las tres grandes cajas suman 1.362 sucursales (605 Caja España, 562 Caja Duero y 195 Caja de Burgos).

Caja España y Santander se comen el concurso de acreedores de la constructora de Ulibarri

cotizalia

La constructora Begar, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, ha presentado este viernes en el Juzgado de lo Mercantil de Valladolid solicitud de Concurso de Acreedores, con un pasivo de 297 millones de euros, que afecta fundamentalmente a las entidades Caja España y Santander, según fuentes financieras, y ha solicitado que se le autorice un expediente de regulación de empleo parcial que afectaría como máximo a 203 trabajadores.

Según anunció este viernes la constructora en un comunicado de prensa, la presentación del Concurso de Acreedores se ha debido a la situación financiera y económica del sector de la construcción y del sector Inmobiliario. Además, solicitó la autorización judicial de un expediente de regulación de empleo parcial para la constructora, con un máximo de 203 trabajadores afectados.

"La decisión de las entidades de crédito de no apoyar financieramente a la constructora, debido principalmente a la falta de contratación de obras desde el mes de febrero, ha llevado a la empresa a tener que adoptar esta medida", observó Begar en el comunicado. La medida "se ha tomado con la finalidad de salvaguardar los intereses de los trabajadores de la empresa y de los proveedores de la misma".

La empresa aclaró que "el resto de las empresas del Grupo Begar, del sector servicios, del sector inmobiliario y las empresas editoras de los distintos medios de comunicación, no se ven afectadas por este proceso concursal, y continuarán su actividad con total normalidad". La firma señaló que "esta medida permitirá continuar con los procesos de construcción de las promociones en curso, y poder cumplir con las previsiones de entrega de las viviendas".

El secretario de Política Sindical de la Federación del Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT de Castilla y León, Pedro Hojas, urgió a la empresa a que les convoque para que les explique lo que han presentado y "sus planes de viabilidad". En declaraciones a Efe, Hojas observó que "da la sensación" de que a ese ERE sólo podrán acogerse "los trabajadores con contrato indefinido", cuando hay otros seiscientos trabajadores en toda España que llevan concatenando contratos por obra entre nueve y doce años, y que el sindicato "son indefinidos".

Por su parte, el secretario de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO de Castilla y León, Benito del Val, dijo a Efe que desconocen los términos del concurso y del ERE, aunque confían en que la empresa les convoque cuanto antes para explicarlo. Del Val se mostró "escéptico" ante el anuncio de que el ERE sea de regulación de empleo, cuando la empresa les había hablado de uno de extinción, aunque confió en que sea así y que "dentro de lo malo se pueda salvar la actividad" de la constructora.

Coincidió con el responsable de UGT en la necesidad de defender el resto de los puestos de trabajo, con seiscientos trabajadores en toda España, de los que muchos están recibiendo carta de despido tras finalizar sus contratos por obra. UGT mantiene para el miércoles una concentración ante las oficinas centrales de la constructora en Valladolid, en exigencia de más claridad e información, cuando los trabajadores no han cobrado el mes de mayo.

El presidente de la constructora afectada, Begar Construcciones y Contratas, y del grupo del mismo nombre, es José Luis Ulibarri Cormenzana, que fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso Gürtel por un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).

Las dificultades por las que atraviesa la empresa son conocidas por los trabajadores, que la pasada semana recibieron una carta, firmada por el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Díaz Aguirrezabala, en la que se reconocía la "dificilísima coyuntura de la empresa" por la negativa de los bancos acreedores a la propuesta de reestructuración financiera planteada.

Caja España y Caja Duero formalizan los primeros encuentros para diseñar su fusión

Carlos Hernanz/ cotizalia

Castilla y León ha decidido rediseñar el mapa de sus cajas de ahorro. Para empezar, ha elegido a las dos más grandes, Caja España y Caja Duero, una vez fracasado el proyecto de fusión a seis, descafeinado luego a un proyecto de holding financiero para captar recursos en el mercado de capitales, que se han puesto ya manos a la obra para ver si es posible sacar adelante una proceso de fusión amistosa, según reconocen fuentes financieras oficiales de la propia comunidad autónoma.

La operación cuenta con el visto bueno del presidente, Juan Vicente Herrera, y sobre todo de su vicepresidente, Tomás Villanueva, encargado de tutelar el proceso iniciado. Todo arrancó con una cena celebrada en Valladolid entre el número dos de la Junta y los directores generales de ambas entidades, Ignacio Lagartos (Caja España) y Lucas Hernández (Caja Duero). Un encuentro discreto, al que no fueron invitados, y ni siquiera informados, los presidentes de las dos cajas, que sí participaron en uno celebrado al día siguiente.

Formalmente, los consejos de administración de ambas entidades autorizaron a comienzos de marzo a sus presidentes y directores generales para que participen en “procesos de integración o consolidación tendentes al fortalecimiento de la solvencia, eficiencia y competitividad” de las entidades. El mismo protocolo seguido unos días antes por otras dos entidades, Unicaja y Caja Castilla La Mancha, para dar el visto bueno a su hipotética fusión, opción que terminó por no consumarse tras las exigencias solicitadas por la caja malagueña.

En el caso de Caja Duero y Caja España, los equipos directivos de ambas entidades se han cruzado sendas visitas oficiosas para explicar su modelo de fusión, según han explicado a este diario fuentes implicadas en el proceso. Desde las entidades, sin embargo, portavoces oficiales prefieren no hacer comentarios y niegan que hayan existido encuentros relacionados con el proceso de integración, al igual que hace el Gobierno de la Junta desde Valladolid. Manda la ley del silencio.

Ninguno de los presidentes, Santos Llamas (Caja España) y Julio Fermoso (Caja Duero), cuenta para el nuevo proyecto. La Junta tiene en mente a otros posibles candidatos. Según las fuentes consultadas, a Herrera le gustaría contar con quien fuera consejero de Economía de la Junta, Fernando Becker, catedrático y actual director general corporativo de Iberdrola, mientras que su número dos guarda un grato recuerdo profesional y personal del ex director general de Caja España, Evaristo del Canto, responsable para la zona centro de La Caixa.

Por la parte de arriba, el camino parece despejado. Hace dos semanas el presidente de Caja Duero renunció a sus funciones ejecutivas en la entidad. Fue una decisión algo más que simbólica. Fermoso, al frente de la caja salmantina desde hace años, perdió la confianza de la Junta con motivo de las diferencias mantenidas con su director general, que terminaron por hacerse públicas. Tampoco será un problema para la fusión la continuidad del número dos, Lucas Hernández, que tendrá que jubilarse el año que viene.

En Caja España, la situación es similar. Su presidente, el constructor Santos Llamas, hombre consenso aceptado por PSOE y PP, no tiene opciones de continuar. “Está amortizado. El hecho de que su empresa mantenga deudas con la propia caja ha deteriorado su imagen como candidato apolítico, por muy buena sintonía que pueda tener, por vecindad, con el presidente Rodríguez Zapatero”. Caso distinto sería el del director general, Lagartos, de un perfil meramente técnico, que podría continuar como ejecutivo a la sombra del presidente elegido.

Sin embargo, existen dificultades a salvar. Uno de los principales escollos para la fusión radica en la ubicación de la sede central de la caja fusionada. En el caso de Castilla y León, ninguna de las seis cajas regionales es autóctona de la capital administrativa, Valladolid, sede de la Junta, que sueña con albergar la nueva gran caja. La omnipresencia del PP puede ser una ventaja para vencer resistencias locales, aunque a su vez puede suponer un factor de oposición por parte del PSOE.

Con la reciente intervención de CCM, el Banco de España ha marcado el camino a seguir si las fusiones privadas, como subrayó el gobernador del Miguel Angel Fernández Ordóñez, no prosperan. En el caso de Caja España y Caja Duero, su cartera de crédito hipotecario representa menos del 1% de la cuota del mercado, con una exposición inferior que la de CCM, que ocupaba el puesto número 13 de este ranking. Otros ratios, sin embargo, son más negativos: la leonesa tiene una cuota de morosidad del 5,28%, por un 3,65% de la salmantina.

Caja España aplaza a su presidente el pago de créditos por 50 millones de euros

J. Luis F. del Corral/ elmundo
Foto: Ical
Valladolid

El consejo de administración de Caja España ha autorizado por unanimidad la refinanciación de varios préstamos y operaciones de avales de empresas de su presidente, Santos Llamas, por un valor próximo a los 50 millones de euros, según ha podido saber este medio en diversas fuentes de este órgano de administración. La entidad financiera ha declinado valorar la operación, como no valora las de ningún cliente".

La situación de crisis que afecta al sector inmobiliario y a la construcción está obligando a las empresas a aplazar el pago de la deuda, una de las vías más utilizadas también por las entidades financieras para frenar el incesante aumento de la morosidad.

La aprobación de este elevado volumen de refinanciación se produjo en el consejo de administración de Caja España celebrado el pasado 8 de enero y no ha pasado inadvertido en algunos entornos de la propia entidad.

Las fuentes consultadas advierten de que la operación requiere todavía de la autorización de la Consejería de Economía y Empleo, competente en esta materia, según consta en el artículo 79 de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León. "Es un matiz importante porque la aprobación del consejo no es suficiente", añadieron las mismas fuentes.



La refinanciación de las operaciones crediticias y la renovación de la línea de avales autorizada por el consejo afecta a cuatro empresas de Santos Llamas: Promociones Carrinor, Construcciones Carriegos, Construcciones Llamas Gil y Sotobanc.

De acuerdo con las fuentes del consejo de la entidad, Santos Llamas habría logrado refinanciar hasta 2011 un préstamos de unos 24 millones concedido a Sotobanc. El mismo aplazamiento de la deuda regiría para los vencimientos de préstamos por cerca de 15 millones de euros a Construcciones Carriegos, así como varias operaciones de Construcciones Llamas Gil por unos ocho millones de euros. Además, habrían acordado ampliaciones del plazo de un crédito por 5 millones de euros a Promociones Carrinor y la renovación de una línea de avales, cuya cantidad no han podido confirmar las fuentes consultadas por EL MUNDO.

No todas las operaciones tendrían el mismo tratamiento. En unos casos, se beneficiaría de un periodo de carencia sin pago de mensualidades e intereses y en otros pagaría sólo intereses. Aunque no ha trascendido los intereses de este aplazamiento, fuentes financieras aseguran que éstos son mayores que los del préstamos "porque la primera de riesgo es superior".

"Con el presidente de Caja España no ha habido un trato de excepcionalidad", señalaron otras fuentes de la entidad. "Comparativamente tiene menos riesgo que otras porque la mayoría son promociones urbanas y no de suelo", añadieron otras.

El titular de la primera entidad financiera de la Comunidad se ausentó de la reunión del consejo de administración cuando se debatió el aplazamiento del pago, de acuerdo con los Estatutos de Caja España.

Caja España declaró el año pasado en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2007 que empresas de Llamas tenían concertadas al cierre del 13 operaciones de crédito, aval o garantía por 19.881.000 euros.

El elevado volumen de créditos con promotores y constructores está llevando a todas las entidades financieras de España y de Castilla y León a llegar a acuerdos con las empresas para renovar los créditos y ampliar los plazos de devolución o a comprar activos reales (suelo o vivienda). Las cajas y bancos intentan con ello evitar que aumente la tasa de morosidad y que las entidades reduzcan sus márgenes al aumentar las dotaciones exigidas por impagados y dudosos. "Se trata de evitar que las entidades entren en mora con sus operaciones para evitar aumentos de dotaciones", explican fuentes solventes del sector.