Roca, el arte del escaqueo

José Manuel Atencia/ elpais

Menuda crisis que tenemos encima. La situación económica es tan mal que hasta Juan Antonio Roca ha perdido su trabajo. Y eso que era funcionario. Se ha quedado sin su plaza en los Servicios Operativos de Marbella, donde ganaba 9.066 euros brutos al mes, la mitad por gratificaciones e incentivos. Igual para Roca se trataba de una minucia, sobre todo si el hombre compara la nómina que tenía con los extras que llegó a conseguir como responsable del área de Urbanismo y urdidor de la trama del caso Malaya. A pesar de todo, no deja de ser una faena. No está el patio como para perder un empleo con esa remuneración. Y encima de funcionario. De los de por vida.

A Roca le ha pasado como en su día a Al Capone, que lo que no ha conseguido todavía la justicia lo han logrado los procesos administrativos. Él no ha sido despedido porque desde su despacho montara la mayor red de corrupción municipal descubierta en España. Esos hechos están todavía por juzgar. Este funcionario ha perdido su empleo porque el día que lo detuvo la policía se le olvidó entregar en el Ayuntamiento un escrito pidiendo unos cuantos años de asuntos propios. Desde que ingresó en la cárcel, en marzo de 2006, no ha acudido ni un solo día a su despacho, lo que ha llevado al ayuntamiento marbellí a la rescisión de su contrato por "faltas repetidas e injustificadas a su puesto de trabajo".

Y es que el ex gerente de Urbanismo, durante más de mil días en prisión, no llamó ni una sola vez al ayuntamiento para decir que se encontraba indispuesto. Tampoco entregó en el área de personal ni un mísero parte médico por un catarro ni una mínima baja por depresión ni un pequeño certificado por la operación de un familiar. Nada de nada. Él se ha limitado a estar más de tres años metido en su celda sin darle un palo al agua, en la confianza de que su abogado lograse su salida de la prisión preventiva para poder reincorporarse a su trabajo en el ayuntamiento, al igual que han hecho otros imputados en la causa.

El PSOE de Marbella cree, y parece que con razón, que hubiera sido más ágil y fructífero fundamentar el despido de Roca en los dos sentencias firmes que ya acumula este personaje, una de ellas por el denominado caso Belmonsa y por la que ha sido condenado a nueve meses de prisión por dos delitos de tráfico de influencias. Aunque es cierto que el equipo de gobierno del PP ha utilizado estas sentencias para justificar la medida, al final han decidido mantener como argumento principal "la repetida e injustificada ausencia a su puesto de trabajo".

La legislación laboral impide despedir a un trabajador en prisión preventiva, ya que el contrato queda en suspenso hasta que haya sentencia firme. A ello se agarró el abogado de Roca para pedir el archivo del expediente. Y eso esgrimieron los jueces que declararon nulos los despidos que tramitó la Comisión Gestora que gobernó el ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la corporación y que afectaron en su día a otros imputados en el caso Malaya y a cargos de confianza de los mandatarios encarcelados.

Habrá que ver si el anunciado recurso de Roca contra su despido no se encuentra por el camino con un juez que sólo se fije en los titulares. La causa para justificar la rescisión del contrato es tan curiosa que, a simple vista, provoca hilaridad. De momento, nos quedamos con la única alegría de los datos del paro del pasado mes de agosto y que alcanza más de 800.000 personas sin empleo en Andalucía. Si el expediente de Roca tiene fecha del día 24 del pasado mes, se supone que entre los nuevos parados se encuentra el ex gerente de Urbanismo de Marbella. Y tal y como está la situación económica, al menos hay un desempleado menos del que preocuparse. Se supone que Roca va a seguir bastante tiempo escaqueado en la cárcel. Y las sentencias contra él, además de ser firmes, se ejecutarán.

Dos inmobiliarias de Roca suspenden pagos y dejan atrapada a Caja Castilla-La Mancha

Alejandra Ramón / Javier Moronatti, eleconomista.es, 5/08/2008

La crisis inmobiliaria sigue cobrándose más víctimas. Juan Antonio Roca, el que fue el cerebro de la Operación Malaya, es uno de los afectados. El administrador judicial de dos de las sociedades más importantes del empresario ha solicitado en el juzgado mercantil de Málaga el concurso de acreedores ante la incapacidad de hacer frente a una deuda de 80 millones de euros, según indica el auto dictado por el juez Miguel Ángel Torres.

Un préstamo de 40 millones de euros

Las dos empresas que han caído al abismo son Masdevallia y One Properties, que promocionan y comercializan los proyectos Nueva Ribera Beach Club y Nueva Ribera Golf Club en Los Alcázares (Murcia). Las consecuencias de esta situación han hecho mella en Caja Castilla-La Mancha, pues la entidad de ahorros concedió a las dos compañías de Roca un préstamo de 40 millones de euros.
Un dinero que no ha salvado a Masdevallia y One Properties, pues siempre han tenido problemas desde que fueron intervenidas judicialmente y pasaron a manos de diferentes administradores, según explicaron a elEconomista tanto fuentes de Caja de Castilla-La Mancha como el abogado de Juan Antonio Roca, Aníbal Álvarez.

De las dos promociones, tan sólo una se ha construido y la mitad de sus viviendas carece de cédulas de habitabilidad, debido a un exceso en la edificabilidad, según señalaron a este diario fuentes del Ayuntamiento de Los Alcázares. En cambio, para el segundo proyecto ni siquiera se han solicitado las licencias de edificación. Ahora con la petición del concurso de acreedores la actividad estará más parada que antes. De hecho, las oficinas de Murcia y Marbella en las que se comercializaban ambas promociones se encuentran cerradas.

La más perjudicada

Caja de Castilla La Mancha es la mayor perjudicada de este proceso concursal, emprendido por el administrador judicial Juan Macías, de la firma Idea Asesores. La suspensión de pagos deja a la entidad de ahorros una deuda de casi 40 millones de euros que cobrarán una vez que se resuelva el caso. Esta cantidad resulta especialmente elevada para la caja al representar casi el doble del beneficio bruto que logró en el primer trimestre de este año (24,4 millones de euros).

"A mi cliente le intervinieron dos empresas que funcionaban y que según el juez Torres eran la tapadera para blanquear dinero, aunque todavía no han logrado acreditarlo. Si se demuestra que están limpias nos devolverán un concurso de acreedores y dos empresas en ruina" explica el abogado de Roca, Aníbal Alvarez. Al letrado le llama especialmente la atención el lugar elegido para presentar el concurso. Masdevallia tiene su domicilio social en Madrid y One Properties en Murcia, mientras que el proceso se ha presentado en Málaga. La Ley Concursal indica que se solicita en el lugar en el que la empresa tiene el domicilio social.

A pesar de ese defecto de forma, lo que más escandaliza al abogado es la actuación de los diferentes administradores designados por el juez. "Nosotros pedimos el concurso de acreedores hace tiempo, porque las empresas se estaban comiendo mucho dinero. Sin embargo, el juez Torres decidió librar al primer administrador, José Luis Gallardo Santamaría, de la responsabilidad de presentarlo, lo cual sólo se puede calificar como barbaridad jurídica".
La actuación de ese administrador, explica el abogado, y de los dos interventores, alarmó al juez Oscar Pérez, encargado de instruir la Operación Malaya. Gallardo vendió inmuebles sin permiso y presentó facturas absurdas. Por ejemplo, facturas de que "ha volado tres veces en el mismo día en el mismo vuelo o talones de que ha dormido cuatro noches en el mismo hotel". El letrado cifra en 12 millones de euros el agujero hecho por el administrador y que ha tenido que pagar Roca. "Estamos pendientes de una auditoría de todas las cuentas que dejará claro cómo ha actuado Gallardo", sentenció el abogado.

Estas discrepancias provocaron que se nombrase al actual administrador judicial, Juan Macías, que no quiso hacer declaraciones al respecto. En definitiva, el letrado califica toda la gestión de las dos compañías y lo que ha sucedido con ellas como "una tomadura de pelo, altamente sospechosa".

El presidente y el director de Aifos niegan pagos a Roca

Juana Viúdez/ elpais
Marbella

Ambos sostienen que declararon bajo presión por estar encarcelados

Ni pagar, ni recibir dinero de Roca. Cuatro procesados citados en el caso Malaya, de la empresa inmobiliaria Aifos y la empresa CFC21, volvieron a negar los hechos que el juez Miguel Ángel Torres recoge en el auto de procesamiento y negaron cualquier relación con el máximo imputado en la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca.

El presidente y el director financiero de la empresa inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales, ratificaron ante el juez Óscar Pérez su primera declaración, con la que ambos fueron encarcelados en prisión preventiva, pero no la segunda, tras la que salieron bajo fianza de 500.000 y 200.000 euros. Según fuentes de la defensa de Roca, ambos mantienen que declararon bajo presión porque se encontraban encarcelados.

En su declaración, el presidente de Aifos mantuvo que el director comercial Francisco García Lebrón estaba al cargo de la negociaciones con el Consistorio y que solicitó dinero para "gastos corrientes", pagos que se clasificaron como anticipos por falta de justificación. Según fuentes de la defensa, quiso añadir que no había pagado dinero a Roca.

El auto de procesamiento señala que Aifos pagó 5 millones de euros por dos convenios urbanísticos del Guadalpín Banús y Guadalpín Village que ocasionaron un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento Marbella de 39 millones. Por estos convenios también han declarado los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Lietor, acusados de pagar una comisión de casi un millón a Roca por hacer que Aifos les comprara unos "locales inservibles" para permutarlos con el Ayuntamiento. Sánchez negó haber pagado dinero a Roca, mientras que Liétor subrayó que en tres declaraciones no estuvo presente la secretaria judicial, por lo que no tienen validez.