El ‘pinchazo’ inmobiliario hace un roto de 5.000 millones a los ingresos de las Autonomías

Carlos Sánchez/ cotizalia

El pinchazo inmobiliario -más evidente en las viviendas nuevas que en las de segunda mano- amenaza los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Según fuentes que conocen muy de cerca las finanzas regionales, el frenazo en precios y, sobre todo, el descenso en el número de transacciones inmobiliarias supondrá una caída de la recaudación del 30% en los dos tributos cedidos totalmente a las CCAA que tienen que ver con el mercado inmobiliario: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados.

El IVA, que es el otro gran tributo que grava la adquisición de viviendas, es de carácter estatal, aunque cedido parcialmente a las regiones. Por esta vía, las comunidades también verán también reducidos sus recursos, pero de forma indirecta.

Lo más preocupante para las finanzas regionales es que la carga fiscal que sufre la vivienda ha acabado por convertirse en una fuente fundamental respecto de sus ingresos tributarios totales. En particular para algunas regiones. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde nada menos que el 21,9% de sus ingresos procede del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos. A continuación se encuentran Murcia (donde el 17,3% de su recaudación depende de la evolución del mercado inmobiliario), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el lado contrario, las comunidades autónomas menos vulnerables a un parón inmobiliario son Galicia (6,2% de su recaudación) y Extremadura, apenas el 4% de sus ingresos.

Vulnerabilidad

El nivel de dependencia de las finanzas regionales ha ido creciendo de una manera exponencial en los últimos años, hasta el punto de que, según lo presupuestado, el año pasado pensaban ingresar 18.120 millones de euros por esos dos conceptos. Es decir, que una caída en torno al 30% en la recaudación supondría una merma de ingresos superior a los 5.000 millones de euros. Mucho dinero que puede poner en peligro los objetivos de equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que hace una decena de años los ingresos totales por ambos tributos apenas ascendían a 2.700 millones de euros, lo que significa que desde 1997 la recaudación vinculada al ladrillo se ha multiplicado prácticamente por siete. El motivo hay que vincularlo fundamentalmente al aumento de la base imponible, ya que al encarecerse los pisos también crece la recaudación al aplicarse los tipos impositivos sobre bases más altas.

Ahora bien, la vacas gordas parecen haberse acabado, tal y como apuntan dos indicadores extremadamente fiables: el número de transacciones inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad y el volumen de hipotecas constituidas. En el primer caso, los datos indican que si en el primer trimestre de 2006 se registraron 1.009.192 de transacciones inmobiliarias (incluyendo tanto viviendas como usadas), pero es que durante el tercer trimestre de 2007 la cifra ha caído hasta las 830.000 operaciones. Un síntoma inequívoco de que las comunidades autónomas van a tener muchas dificultades para cumplir su presupuesto.

Otro indicador refleja lo que está pasando. El número de fincas hipotecadas cayó en octubre (último mes con datos disponibles) un 7,9% en términos anuales, y eso también pasará factura a las regiones. Las comunidades autónomas gravan la constitución de hipotecas con un tipo impositivo fijado en función de la base imponible del inmueble, y eso se refleja en la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Un tributo que hace apenas una docena de años era casi marginal en el sistema tributario español pero que a medida que ha ido creciendo el ‘boom’ inmobiliario ha pasado a ocupar un papel cada vez más determinante. Hasta el punto de que para 2007 se presupuestaron unos ingresos de 7.603 millones de euros, once veces más que hace una década.

Más de 361.000 jóvenes podrán pedir la ayuda de 210 euros al alquiler desde el miércoles

Servimedia/ elpais
Madrid

El Gobierno prevé destinar 400 millones de euros a la Renta Básica de Emancipación

A partir del próximo miércoles, 2 de enero, los jóvenes interesados que cumplan los requisitos podrán ya presentar la solicitud de la Renta Básica de Emancipación, la ayuda de 210 euros al mes para el alquiler, en las oficinas de vivienda de las comunidades autónomas. El Gobierno destinará a la iniciativa más de 400 millones de euros.

El Departamento que dirige Carme Chacón ha logrado recabar el apoyo de todas las comunidades autonómas, y sólo queda la ratificación por parte de País Vasco y Navarra, que se realizará la próxima semana.

Según las estimaciones del Gobierno, 361.000 jóvenes -que representan 185.000 contratos de alquiler- podrán beneficiarse de esta ayuda en 2008.

Con esta previsión, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 una partida de más de 400 millones de euros, si bien tiene carácter de crédito ampliable por si se supera esta cifra.

La Renta de Emancipación, medida estrella de la ministra Chacón para impulsar el mercado del alquiler, supone una ayuda de 210 euros al mes para el alquiler de jóvenes, más un préstamo de 600 euros para la fianza y de 120 para el coste financiero del aval.

La duración de la ayuda es de cuatro años, sean o no consecutivos, y sólo habrá una prestación por piso alquilado, es decir, que si tres personas comparten piso la ayuda se prorratea entre ellos.

La tramitación de ésta puede prolongarse hasta dos meses, si bien los perceptores tienen derecho a recibir las ayudas desde el mes siguiente a la fecha en la que se formalizó la solicitud.

Requisitos

Para poder recibir esta ayuda, hay que tener entre 22 y 30 años, ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan con carácter habitual y permanente, y disponer de una fuente regular de ingresos que reporte unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros.

Para que se reconozca una fuente regular de ingresos, el interesado debe acreditar una vida laboral de al menos seis meses de antigüedad inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de al menos seis meses contados desde el día de la petición.

En todo caso, el beneficiario no puede ser propietario de un piso, salvo que no disponga del uso y disfrute del mismo o su valor catastral no exceda del 60% del precio máximo de una vivienda protegida de precio general.

Además, no se aceptarán contratos de alquiler entre familiares próximos, es decir, primer o segundo grado de cosanguinidad.

Formulario

En el formulario de solicitud, los interesados deberán hacer constar su DNI, el número de la Seguridad Social o equivalente.

Si ya han encontrado piso, tendrán que indicar la dirección, la referencia catastral y los datos del arrendador, así como el número de cuenta desde la que paga el alquiler.

En el impreso para solicitar las ayudas hay además un apartado específico para aquellos jóvenes que aún no tienen un contrato de alquiler y desean emanciparse.

En ese caso, pueden solicitar las ayudas y, si cumplen todos los requisitos, se les reconoce provisionalmente el derecho a recibir la Renta. Desde ese momento, tienen tres meses de plazo para presentar un contrato de alquiler.

Gestión conjunta con las comunidades

Para la gestión de la ayuda, el Gobierno ha considerado fundamental la colaboración de las comunidades autónomas, con las que ha firmado acuerdos bilaterales.

En ellos se establece que será la comunidad autónoma quien trámite las solicitudes y reconozca el derecho a recibir la prestación.

El Ministerio, por su parte, será quien abone directamente las ayudas a los beneficiarios a través de una serie de entidades financieras colaboradoras.

El precio de la vivienda usada cae de nuevo, ahora en 14 comunidades autónomas

20minutos

* Los precios han caído un 0,68% en noviembre
* El precio medio es de 2.476 euros por metro cuadrado
* En las grandes capitales lleva una caída de casi un 3%

El precio de la vivienda usada sigue cayendo, aunque sigue siendo un grave problema en nuestro país. Según el portal Facilisimo.com, es el quinto mes consecutivo en el que se registra un descenso en su precio, lo que deja el valor medio del metro cuadrado en los 2.476 euros por metro cuadrado.

La bajada registrada durante este último mes se ha notado en 14 comunidades autónomas, especialmente en zonas como Asturias o Extremadura, donde la bajada ha sido más acusada, con un 6,66% y un 4,81% respectivamente. Por encima del punto porcentual están Aragón (con un 1,65%), Murcia (1,65%) y Cantabria (con un 1,04%).

Con respecto al cómputo acumulado en lo que va de año, en La Rioja es donde más han bajado los precios, con un 7,91% con respecto a 2006, Cuenca, con un 6,96% y Almería, con un 6,07%. Con respecto a poblaciones concretas, donde más ha bajado el precio ha sido en Tortosa, Esplugues de Llobregat, Terrassa y Santa Coloma de Gramanet en Cataluña, Orihuela, Alaquas y Benidorm en la Comunidad Valenciana, y otras localidades como El Ejido, A Coruña o Gijón.

Las grandes capitales

En Madrid, el precio ha sufrido una caída del 0,30% en noviembre, lo que deja el cómputo global de 2007 en un 2,45% de bajada. No obstante, el precio medio del metro cuadrado supera aún los 4.000 euros por metro cuadrado, siendo Prosperidad el barrio donde más ha caído el precio (ahora vale 4.892 euros por metro cuadrado), y Canillas la zona donde más sube, con un 1,9% (lo que deja el precio en 4.549 euros por metro cuadrado).

En Barcelona, los precios han caído un 0,31% durante este último mes, un 2,91% en lo que va de 2007. Sans es la zona donde más cae el precio, con un 5,11%, hasta los 4.327 euros por metro cuadrado, y el Eixample Dreta es donde más sube (un 3,21%), lo que deja la cifra en 5.442 euros por metro cuadrado.

Donde más suben los precios

En el lado contrario de la balanza están Navarra, donde los precios han subido un 1,76%, Galicia, donde han subido un 1,21%, y Castilla y León, con una subida del 0,76%. Del mismo modo, en Salamanca los precios han subido nada más y nada menos que un 20,10%, en Ceuta un 14,60%, Córdoba, con un 13,07%, Huesca, con un 12,93% y Zamora, con un 11,44%. Los municipios donde más se ha notado la subida son Narón, Ávila, Salamanca, Badajoz, Córdoba, Cádiz, Ibiza, Calvià, Santa Cruz de Tenerife y Ceuta.

La deuda de las Comunidades Autónomas alcanza 58.246 millones en el segundo trimestre, con un aumento del 4%

EP/ ahorro
Madrid

El Ayuntamiento de Madrid aumentó su deuda un 35,2% en el mismo periodo

La deuda de las comunidades autónomas alcanzó los 58.246 millones de euros en el segundo trimestre del año 2007, lo que supone el 5,7% del PIB y un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco de España.

Pese a este nuevo incremento del endeudamiento, la deuda de los gobiernos autonómicos aumentó sólo un 0,9% respecto al primer trimestre de 2007, ya que se incrementó en más de 500 millones de euros entre ambos periodos.

Desde el año 1995, la deuda de las comunidades no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

Cataluña, Valencia y Madrid, las más endeudadas

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el segundo trimestre fue nuevamente Cataluña, con 14.537 millones de euros, rozando el 25% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. Después de Cataluña, figura Valencia (11.130 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 10.227 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 61,6% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (7.213 millones), Galicia (3.229 millones), Baleares (1.832 millones), Castilla-La Mancha (1.769 millones), Castilla y León (1.598 millones de euros), Canarias (1.167 millones) y Aragón (1.128 millones). Por debajo de la barrera de los 1.000 millones de euros, se encuentran País Vasco (871 millones), Extremadura (779 millones), Asturias (730 millones), Murcia (677 millones), Navarra (627 millones), Cantabria (370 millones) y La Rioja (364 millones). En cuanto a la evolución de la deuda en el segundo trimestre, cinco comunidades (Asturias, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco) consiguieron reducir su deuda respecto al mismo periodo de 2006, destacando la caída del 23,5% en el caso del País Vasco, mientras que el resto de comunidades experimentaron nuevos aumentos.

Importante aumento en La Rioja

Concretamente, la deuda se incrementó de forma importante en La Rioja, tras anotarse un aumento del 42,7% en comparación con el mismo periodo de 2006. También registraron incrementos Castilla-La Mancha (31,5%), Baleares (27,4%), Cantabria (17,8%), Comunidad Valenciana (7,6%), Canarias (4,9%), Castilla y León (3%), Madrid (3%), Cataluña (2,4%), Andalucía (2,3%), Aragón (1,1%) y Extremadura (0,9%).

Tomando el ratio deuda/PIB, Valencia vuelve un trimestre más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 11,3% de su PIB, seguida de Cataluña (7,7%), Baleares (7,2%) y Galicia (6,3%), todas ellas por encima de la media (5,7%), en la que, por su parte, se sitúa Madrid. Los porcentajes son menores en Castilla-La Mancha (5,2%), Andalucía (5,1%), La Rioja (4,9%) Extremadura (4,7%), Navarra (3,7%), Aragón (3,6%), Asturias (3,4%), Cantabria (2,9%), Canarias (2,9%), Castilla y León (2,9%), Murcia (2,6%) y País Vasco (1,4%).

Los ayuntamientos aumentan su deuda un 5,6%

Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 28.703 millones de euros en el segundo trimestre del año, el 2,8% del PIB, lo que representa un aumento del 5,6% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (23.195 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 7%, y de esta cifra, 12.124 millones pertenecen a capitales de provincia (incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 8.974 millones de euros, lo que supone un incremento del 17%. Destaca el importante aumento del endeudamiento del consistorio de la capital, que entre abril y junio incrementó su deuda un 35,2%, hasta los 5.953 millones de euros, lo que contrasta además con el descenso del 25,6% de la deuda del ayuntamiento de Barcelona, que suma 853 millones de euros.

Las ayudas al alquiler tendrán un filtro antimorosos

Susana R. Arenes/ publico
Madrid

La banca vigilará que los jóvenes paguen a sus caseros, según el real decreto que se aprueba hoy

Los jóvenes mileuristas que reciban la anunciada ayuda estatal para el alquiler de 210 euros al mes tendrán que pagar a su casero religiosamente. El Ministerio de Vivienda ha decidido establecer un filtro antimorosos con el que, gracias al control de bancos y cajas, vigilará que los beneficiarios de la subvención abonen todas las mensualidades. Si hay impagos, perderán la ayuda.

Ésta es una de las nuevas medidas antifraude del real decreto que regulará la llamada renta básica de emancipación y que hoy prevé aprobar el Consejo de Ministros, según fuentes del ministerio.

A partir del 1 de enero, los jóvenes de 22 a 30 años que tengan trabajo podrán solicitar esa renta, un préstamo sin intereses por 600 euros para la fianza y el coste de un aval de seis meses. Las autonomías gestionan el subsidio, pero el pagador será el Ministerio de Vivienda.

Primera mensualidad

El filtro contra morosos funciona desde el principio, con lo que el beneficiario de la subvención no la recibirá hasta que pague su primer mes de alquiler. Los bancos y las cajas de ahorros que firmen el convenio serán los encargados de controlar que los inquilinos cumplen con el pago de su arrendamiento.

Esta medida se une al control anual que establecerá el ministerio que dirige Carme Chacón para comprobar que el joven con subvención sigue cumpliendo los requisitos, como avanzó Público. Las principales condiciones son tener trabajo y no cobrar más de 22.000 euros brutos al año y, para verificarlo, el ministerio creará una aplicación informática que cruzará datos de Hacienda y la Seguridad Social.

Al margen de la comprobación de datos, el joven que perciba la renta de emancipación deberá declarar todo cambio de sus condiciones laborales o económicas si no quiere perder los 210 euros mensuales.

Además, dentro del sistema antifraude para evitar que perciban la ayuda los que no la necesitan, el ministerio exigirá la referencia catastral del piso, para controlarlo a efectos fiscales.

Más familiares vetados

Estará, asimismo, prohibido alquilar un piso a familiares con un parentesco de primero o segundo grado. Así, el padre con una casa vacía no podrá alquilársela a un hijo ni a un sobrino. El veto a la consanguinidad es muy estricto, ya que tampoco se podrá arrendar una vivienda a la familia política.

Para solicitar la ayuda, los interesados deben presentar un certificado de su situación laboral y sus ingresos. En el caso de los autónomos, deben acreditar que son ingresos regulares. El subsidio dura un máximo de cuatro años.

Los interesados en pedir la ayuda al alquiler podrán descargarse el folleto en la web del Ministerio de Vivienda. Luego tendrán que solicitarla en la consejería responsable de Vivienda de su comunidad autónoma. Los solicitantes tendrán que presentar sólo dos documentos: el contrato de alquiler del piso y el certificado de situación laboral e ingresos regulares.

Ocupantes del piso para repartir la subvención

En la solicitud, habrá que señalar cuántos ocupantes tendrá el piso alquilado porque la ayuda de 210 euros es por contrato, y si hay más de una persona, se reparte proporcionalmente. El solicitante debe dar sus datos bancarios y los del arrendador. Una vez que la comunidad autónoma recibe todos los documentos, el ministerio les dará dos meses para conceder cada ayuda, con lo que el dinero de este subsidio podría recibirse en menos de tres meses.

Catalunya es la comunidad donde el alquiler de vivienda más se encareció en el último año

Ep/ lavanguardia
Madrid

El precio medio del alquiler de una vivienda subió un 4,4% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, el doble en relación con el índice de precio de consumo (IPC) general, que cerró agosto en el 2,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, Catalunya es la comunidad donde el alquiler de vivienda más se encareció con una subida del 5,7%; por delante de Madrid, con un aumento del 5,2%.

El encarecimiento acumulado en los ocho primeros meses del año sobre el mismo periodo de 2006 es del 3,1%. La subida correspondiente a agosto en relación al mes precedente fue del 0,2%, mientras que el IPC general subió un 0,1%.

Aragón, Cataluña y Madrid, son las tres comunidades autónomas que registraron subidas del precio de alquiler de viviendas igual o superiores a la media nacional en el último año.

De otro lado, dos regiones (Extremadura y Murcia), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se anotaron las menores subidas en las rentas de los pisos, que además se mantuvieron por debajo del IPC general.

Por comunidades

En concreto, Catalunya es la comunidad donde el alquiler de vivienda más se encareció en el último año, con una subida del 5,7%; por delante de Madrid, con un aumento del 5,2%; Aragón (+4,4%), Baleares (4,2%), y Cantabria (4,1%).

Asimismo, el precio de un piso en renta en Navarra se elevó un 3,9% en el último año, un 3,8% en Canarias, un 3,7% en Asturias, un 3,6% en Castilla-La Mancha, el mismo porcentaje en la Comunidad Valenciana, un 3,5% en Galicia, un 3,4% en Andalucía y un 3,1% en el País Vasco.

En cuanto a las regiones con menores subidas en el alquiler de piso se encuentran Castilla y León, con un aumento del 2,8%; seguida de La Rioja (2,7%), Extremadura (1,9%) y Murcia (1,5%). Los incrementos de Ceuta y Melilla en el último año fueron del 1,7% y el 1,8%, respectivamente.

La caída del consumo y de la venta de viviendas provocan un agujero en los ingresos de las CCAA

Carlos Sánchez, Cotizalia.com, 11/09/2007

La desaceleración de la actividad económica y, en particular, del consumo de las familias comienza a pasar factura en términos presupuestarios. Tanto es así que los ingresos por IVA -el principal tributo que grava el consumo- crecieron entre enero y julio únicamente un 5,1% en términos homogéneos, prácticamente la mitad de lo que aumentó la recaudación en los últimos ejercicios (un 12% en 2005 y un 9,6% en 2006).

No se detiene ahí la sangría, en este caso y de manera especial para las comunidades autónomas. Los ingresos derivados de dos tributos cedidos totalmente a las regiones, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, también se han visto afectados negativamente por la ralentización de la actividad económica, en concreto por la caída en el número de transacciones inmobiliarias.

Según datos de los registradores, el número de compraventas ha caído un 12% entre el primer trimestre de este año y el mismo periodo de tiempo del año anterior, hasta las 893.310 unidades (entre viviendas nuevas y usadas), lo que sin duda ha afectado a los recursos de las comunidades autónomas. Sobre todo teniendo en cuenta que la caída en el número de transacciones se ha acelerado en los últimos meses. Y hay que tener en cuenta que, según un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), realizado por el economista Miguel Ángel García Díaz, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos se han convertido en la segunda fuente de ingresos en los impuestos indirectos (tras el IVA).

El negocio inmobiliario

En concreto, el 11,6% del total de los recursos autonómicos procede en estos momentos de ambas figuras impositivas, por lo que su evolución es una variable relevante a la hora conocer la cuantía de los recursos públicos. Fundamentalmente en algunas comunidades que han hecho de las actividades inmobiliaria la parte del león de sus ingresos. Este es el caso de Madrid, donde Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos aportan, según el citado estudio, cerca de la cuarta parte de sus ingresos (un 21,9%). Murcia (17%), Cataluña (16%) y la Comunidad Valenciana (15,9%) se sitúan a continuación, mientras que en Extremadura y Galicia es donde tienen menor peso ambos tributos. Según el autor del informe, “el intenso incremento en las transacciones inmobiliarias y el desmesurado aumento en los precios de la vivienda son, sin duda, causas determinantes que explican ese comportamiento”.

La desaceleración de los ingresos por IVA también afectará de forma negativa a las comunidades autónomas, ya que el vigente modelo de financiación ancla una parte de los recursos en la evolución del principal tributo que grava al consumo. En concreto, el 35% de la cuota líquida asignada, ya que se trata más de una transferencia del Estado que de una verdadera cesión del tributo. Y, según los últimos datos de la Intervención General del Estado, lo que se observa es un radical cambio de tendencia, en línea con lo que sugieren las encuestas sobre clima económico y confianza del consumidor.

Las CCAA, más afectadas que el Estado

Mientras que el conjunto de los ingresos no financieros (durante los siete primeros meses del año) crece un 11,5% -cinco puntos más que el PIB nominal-, la recaudación por IVA aumenta menos de la mitad (un 5,1%), algo que no sucedía desde hace al menos un quinquenio. Por el contrario, tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades mantienen un buen tono al calor de los buenos datos desde el punto de vista del empleo y de los beneficios empresariales, en ambos casos con crecimientos superiores a los dos dígitos.

La contracción del consumo y de la actividad inmobiliaria afecta más a las regiones que a la Administración General del Estado, toda vez que el Ministerio de Economía tiene mayor margen para actuar. Según el objetivo de estabilidad presupuestaria pactado en mayo, el conjunto de las administraciones públicas deberá cerrar el año 2006 con un superávit presupuestario equivalente al 1,15% del PIB. Pero mientras que la Administración Central será responsable de 0,9 puntos porcentuales (incluyendo la Seguridad Social), las regiones sólo tendrán un excedente de 0,25 puntos del Producto Interior Bruto, lo que en un contexto de desaceleración de la actividad económica hace que su margen de maniobra sea sensiblemente menor.