Antich aprobará una moratoria para grandes urbanizaciones en marcha

Un decreto-ley congela millonarias expectativas de los promotores en Baleares

ANDREU MANRESA / El País - Palma de Mallorca - 07/11/2007

El Gobierno de Baleares tiene previsto paralizar de manera urgente -en el Consejo ejecutivo de este viernes, según las fuentes consultadas-, la posibilidad de desarrollo de un conjunto de polémicas urbanizaciones que están situadas en zonas delicadas de la costa y en áreas de la periferia urbana de las capitales de las islas. Tres de los puntos están frente al mar y albergan millonarias expectativas. Las excepcionales medidas preparadas tendrán un efecto prácticamente instantáneo, porque serán canalizadas mediante un decreto-ley que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el boletín oficial.

El bloqueo afectará a planes en una cala, humedales y áreas urbanas El texto, pactado en secreto, verá la luz el viernes como golpe de efecto

Los ámbitos que quedarán temporalmente "congelados" a efectos urbanísticos y cuyo suelo con casi toda seguridad no podrá ser explotado como negocio en el futuro, incluyen, entre otros, los parajes de una gran cala virgen en Mallorca, un humedal en un entorno urbano de Ibiza, otra zona húmeda de Palma de Mallorca y los terrenos que rodean del nuevo hospital de Palma de Son Espases.

El presidente socialista balear, Francesc Antich, anunció en el Parlamento descalificaciones de terrenos y acciones contra el urbanismo "sangrante", a través de futuro proyecto de ley, de trámite lento. Reclamó "mesurar de manera especial" los crecimientos en el litoral, por razones ambientales y de carácter económico turístico. El paisaje es la principal fuente de riqueza, dijo. "No se pueden maltratar los recursos naturales, crear impactos en la costa y permitir un crecimiento residencial desmesurado e incompatible con un turismo de calidad".

Antich no desveló ayer que echará el freno y estrenará las facultades excepcionales que le otorga la reforma de 2007 del Estatuto de Autonomía para dictar un decreto-ley, fórmula reservada para circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad. La finalidad es el bloqueo inmediato de los posibles procesos de construcción o administrativos sobre los terrenos disponibles para su explotación, sin la dilación del trámite parlamentario.

Los expertos implicados en la elaboración del decreto consideran que su urgencia se debe a "que se trata de evitar que las excavadoras entren en las parcelas o que los propietarios tramiten los permisos de obra". En ambos casos se abrirían para los propietarios nuevas expectativas de indemnización.

El presidente balear que controla el multipartito PSOE-Unió Mallorquina (UM)-Bloc (PSM-IU-Verds-Esquerra) ha cerrado este caso con una ardua negociación con sus socios de centro de UM.

Para perfilar el decreto ha tejido un pacto de equilibrios bilaterales porque está presionado por sus aliados de izquierda, las plataformas vecinales, los consejos insulares y los ayuntamientos, estos dos últimos que ostentan las competencias en urbanismo. El activismo de los influyentes grupos ecologistas de Baleares y la cercanía de las elecciones generales han sido determinantes para aprobar la moratoria sobre estas grandes urbanizaciones ya en marcha.

Las medidas que se ha preparado -en secreto- afectan a zonas emblemáticas para la ciudadanía de las Baleares y cuya construcción podía generar miles de millones de euros de beneficio. La decisión política ha sido calificada "como un gesto histórico", por un experto que conoce desde el exterior del Gobierno los complejos intestinos de la negociación y el entramado legal que se ha tejido.

El Gobierno de centro izquierda de Baleares, muy dado a la explicación de sus proyectos no ha dado indicaciones sobre este asunto del previsto inmediato bloqueo legal. Es un golpe.

Se han analizado las circunstancias de todos los territorios afectados para evitar que se inicie un proceso irreversible en los mismos. La medida será limitada para que no tenga efectos negativos de recesión de la actividad en el sector de la construcción ni desencadene una espiral de peticiones de licencias de obras, un "efecto llamada" contrario al deseado.

La paralización provisional se prolongará durante meses mientras se tramite en el Parlamento la protección definitiva de los terrenos afectados como zonas naturales, preservadas y se cambie su uso, según los casos. En paralelo se tendrá que proceder a los tanteos y negociaciones con los titulares de los derechos de los terrenos.

Abundando en razones de discreción y para evitar que los afectados muevan "las fichas" con actuaciones precipitadas, las fuentes consultadas no han especificado la ubicación precisa de las urbanizaciones. El bloqueo es semejante a una moratoria urbanística singularizada. "Se decreta un tiempo muerto, un tèntol, que se dice en mallorquín", concretó un informador.

En paralelo al decreto urbanístico excepcional, el Gobierno balear ha dispuesto la remisión a la cámara de un proyecto de ley de medidas urgentes de protección del territorio. Este texto contiene un catálogo de nuevas protecciones en espacios naturales, descalificaciones definitivas de campos de golf con hoteles, así como correcciones sobre el cuerpo de normas que construyó la política del PP en materia de ordenación del territorio.

Terapia de choque para la costa

El Gobierno ofrece a las autonomías un pacto contra el urbanismo salvaje - El plan quiere recuperar 776 kilómetros de Mediterráneo ocupados por casas

J. M. ROMERO / R. MÉNDEZ. El País - Madrid - 29/10/2007

En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas.

Liberar de casas el litoral mediterráneo costaría 5.000 millones El cumplimiento de la ley de 1988 que declaró pública la costa es deficiente

Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pupí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...

Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.

Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.

Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.

"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.

El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.

Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.

Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.

Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.

La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.

Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.

Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.

El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.