Se extiende la corrupción urbanística

EXPANSIÓN

La mancha de la corrupción urbanística continúa extendiéndose por los ayuntamientos de España.

El escándalo ha saltado ahora en Estepona, donde su alcalde, el socialista Antonio Barrientos, varios concejales y funcionarios fueron detenidos ayer por un supuesto caso de corrupción relacionado con la financiación irregular del ayuntamiento en el que se imputan los delitos de cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación.

Desgraciadamente, no es un episodio aislado; se suma a una larga lista de casos de corrupción urbanística, de los que Marbella y Ciempozuelos son los más emblemáticos por su dimensión. Este problema es el resultado de la falta de un sistema de financiación municipal suficiente y estable, y de la excesiva discrecionalidad con la que manejan los ediles el urbanismo, un ámbito en el que hay mucho dinero en juego y a menudo se entremezclan intereses públicos y privados.

El PSOE ha anunciado que iniciará los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido a los implicados. Pero más allá de reacciones que ilustran la preocupación de los partidos por demostrar la reacción contra los militantes involucrados, la alarma social que provocan estos episodios exige una respuesta contundente por parte de los políticos para abordar de forma estructural el problema y evitar que siga engordando.

Según el último índice de Transparencia Internacional, en la legislatura pasada España perdió tres puestos en el ránking internacional sobre el grado de corrupción política en la Administración, como consecuencia de los escándalos urbanísticos. La gravedad del problema requiere un pacto entre PSOE y PP para taponar las rendijas por donde se cuelan aquellos que conciben la política como un negocio.