El alcalde de Estepona insta a los empleados municipales a no incurrir en la ley de incompatibilidad laboral

europapress
Estepona

El alcalde de Estepona (Málaga), David Valadez (PSOE), tras los contactos mantenidos con los presidentes de los comités de empresa de las sociedades municipales y personal funcionario y laboral, informará a los empleados, en una carta adjunta a la nómina, que en el caso de que desarrollen labores, remuneradas o no, incompatibles con una situación de incapacidad temporal, esta actividad acarrearía censura jurídica, por lo que podría ser causa de despido disciplinario.

Una de las características fundamentales de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades de Personal al Servicio del Sector Público, es la de tener un ámbito de aplicación en el que se reúnen la totalidad de las personas que prestan sus servicios a las administraciones públicas, incluyendo al personal al servicio de las corporaciones locales, según informó el Ayuntamiento esteponero en un comunicado.

Tal y como expresa su exposición de motivos, constituye principio general en materia de incompatibilidades la dedicación de su personal a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público (artículo 1.1), respetando el ejercicio de actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia (artículo 1.3).

Por tanto, parte de la premisa por la cual el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la propia norma.

Asimismo, detalla una exhaustiva relación de aquellas actividades privadas que no se podrán ejercer, entre las que se encuentran "las prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño de puesto público".

No será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el departamento, organismo, ente o empresa públicos, a los que el interesado esté adscrito o preste sus servicios, advirtieron desde el Consistorio. En cuanto a actividades privadas, la regla general es que la obtención del reconocimiento de compatibilidad es requisito previo e imprescindible: "El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad".

Convenio colectivo

En el mismo sentido, el convenio colectivo vigente establece que "el personal municipal no podrá ejercer por sí o mediante sustitución trabajos privados, incluidos los de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo dependencia ajena sin la preceptiva autorización del Ayuntamiento, excepto la administración del propio patrimonio".

A tal efecto, "los empleados municipales que deseen ejercer actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales, deberán solicitar el previo reconocimiento de compatibilidad o autorización, que será expresamente concedida o denegada". En similares términos se pronuncian los convenios colectivos de las empresas municipales. Por tanto, se contempla en dichas normas, como falta muy grave "el ejercicio de actividades y trabajos privados sin haber solicitado el previo reconocimiento de compatibilidades o autorización" y que, en ese caso, "constituiría una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño del trabajo, que podría conllevar, en su caso, el despido disciplinario".

Paradojas en Estepona

José Aguilar/ diariodecadiz

Como una paradoja de las que la historia gasta a veces a sus pretendidos protagonistas, el pleno del Ayuntamiento de Estepona eligió el jueves como alcalde al concejal socialista que denunció, sin éxito, los turbios manejos que en nombre de su partido se estaban cometiendo en el municipio. Los mismos que ahora se investigan en la Operación Astapa y que han llevado a la cárcel al alcalde anterior, el singular Antonio Barrientos.

Con la elección como regidor de David Valadez, periodista sin ejercicio, el PSOE hizo de la necesidad virtud. El candidato preferido de la dirección era Rafael Duarte, concejal de Urbanismo, pero su imputación confirmada por presuntos cohecho, prevaricación y omisión del deber de denunciar delitos convertía su promoción en un contrasentido inasumible hasta para las tragaderas más anchas. La designación de Valadez se hizo contrarreloj, porque Duarte estuvo declarando ante la jueza hasta poco antes de la sesión plenaria municipal.

Finalmente, el grupo socialista, bien aleccionado por la dirección del PSOE andaluz, optó por poner de alcalde al militante que, casi en solitario, había llamado a todas las puertas jerárquicas del socialismo denunciando las irregularidades que el antiguo equipo de gobierno local -el propio PSOE y sus aliados ex gilistas- venía perpetrando desde hacía años a cuenta del urbanismo, las concesiones y las contrataciones. Bien hecho, aunque tarde. Es significativo que David Valadez esté alineado con el sector crítico del PSOE malagueño, enfrentado a la secretaria general saliente, Marisa Bustinduy, la mujer que había preferido mirar hacia otra parte mientras Barrientos y otros hacían de las suyas.

El nuevo alcalde lo fue gracias a los votos socialistas, más los de PA, IU y un grupo local, así como el más sorprendente de otro de los ediles imputados en la trama y recién expulsado del PSOE. Como primera medida de su etapa decidió bajarse el sueldo -el de Barrientos era de los más altos de España- y anunciar que la oposición participará en las sociedades municipales, elemental premisa para hacer más difícil que el equipo gobernante caiga en la tentación de desmandarse.

Mientras la instrucción judicial sigue su curso, subrayemos una vez más que la realidad se venga de quienes la ignoran y que los pecados del pasado nos persiguen. El PSOE malagueño y andaluz desoyó las alarmas que le avisaban de lo que estaba pasando. Por no hacer una limpia a tiempo se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción y pregonado en las tristes páginas periodísticas que unen la política con los tribunales. A ver si aprende.

Tarde para Estepona

ABC

La elección de David Valadez como alcalde de Estepona supone un episodio más, de trazo grueso, del fariseísmo con el que los socialistas han abordado los últimos años en este Ayuntamiento. El hombre que denunció ante los órganos del PSOE de Málaga —sin ningún éxito— la corrupción en el municipio ha acabado accediendo a la Alcaldía, se supone que con la aquiescencia de los que no escucharon sus advertencias. El político que ayer fue un problema —el hoy encarcelado ex alcalde Antonio Barrientos lo cesó como portavoz por no apoyar dos sospechosos convenios urbanísticos— ha acabado siendo la solución.

En este caso, no cabe el refrán de nunca es tarde si la dicha es buena. Para Estepona, Valadez llega tarde: su ascenso a la Alcaldía ha venido precedido de un monumental escándalo, similar a la operación Malaya en Marbella, con un alcalde socialista encarcelado y con una Corporación diezmada en su honradez por la imputación y encarcelamiento de buena parte del grupo socialista. Valadez era el sexto de la lista y el primero de la misma que no está acusado ni por la Policía ni por la jueza.

La lección para el PSOE malagueño y andaluz es descomunal: mirar para otro lado cuando militantes denuncian lo que ven —en el caso de Valadez, la corrupción de sus compañeros— no es desviar la vista sino estar ciego ante la luz de la verdad que, como los hechos, ha sido en Estepona tozuda: Valadez llevaba la razón y no los fariseos que el jueves aplaudieron su elección.

El alcalde de Estepona notifica el cese de 25 cargos de confianza

EP/ finanzas (17/07/08)

El alcalde de Estepona (Málaga), David Valadez (PSOE), notificó el cese de 25 cargos de confianza nombrados por el anterior alcalde, Antonio Barrientos, que se encuentra en prisión desde el pasado 20 de junio en el marco de la operación 'Astapa' desarrollada contra la corrupción en el Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, Valadez aseguró que se trata de "una de las primeras medidas" a poner en marcha dentro del plan de saneamiento, que ya anunció durante su discurso de investidura el pasado jueves 17 de julio.

Entre los cargos de confianza cesados se encuentra la gerente de Urbanismo e hija del presidente del senado, Patricia Rojo, imputada en el marco de la investigación por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Además, Valadez también anunció que procederá a "reducir considerablemente" -uno de los más altos en su cargo- el sueldo de alcalde.

Durante su primer día al frente del Ayuntamiento, el socialista mantuvo reuniones de trabajo con los portavoces de todos los grupos políticos que componen la corporación, así como con la Plataforma de Asociaciones de Vecinos, a las que garantizó que las puertas del Consistorio "estarán abiertas de par en par de manera que se pueda mantener un contacto permanente y fluido".