Las tasadoras sólo podrán advertir de expropiaciones en cuatro supuestos

EP/ suvivienda
Foto: R. Cases (En la foto, un agente tasa una vivienda unifamiliar)
Madrid

* El Ministerio de Economía y Hacienda pretende aclarar el uso del principio de prudencia
* La nueva Ley de Suelo ha reducido el valor expropiatorio de los suelos e inmuebles
* La valoración de las tasadoras ha supuesto dificultades de financiación para promotores

Los informes de valoración de suelos e inmuebles que emitan las tasadoras a partir del jueves 6 de marzo podrán incluir una referencia a su posible expropiación cuando se den cuatro únicos supuestos: cuando se haya iniciado el procedimiento de expropiación del inmueble, declaración de utilidad pública y los otros dos casos corresponden a situaciones en las que se haya declarado por la Administración el incumplimiento de los plazos o demás deberes.

La razón es la entrada en vigor de la modificación de la Orden Ministerial sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Así, el Ministerio de Economía y Hacienda pretende aclarar el uso del principio de prudencia para que no suponga un freno del crédito a los promotores.

Desde la aprobación de la Ley de Suelo, que reduce el valor expropiatorio de los suelos y establece una brecha respecto a su valor de mercado, la alusión de esta posibilidad de expropiación en los informes de valoración de las tasadoras ha supuesto dificultades de financiación para los promotores al sembrar la desconfianza en torno a sus operaciones.

Concretamente, la modificación que entrará en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), añade una disposición adicional séptima a la Orden en la que se reducen a cuatro estos supuestos expropiatorios.

Los cuatro casos

En primer lugar, señala que, a efectos de la aplicación del principio de prudencia, la posibilidad de expropiación forzosa de un inmueble sólo se considerará como uno de los escenarios o posibilidades de elección cuando se haya iniciado el procedimiento de expropiación del inmueble.

El segundo supuesto se refiere a la aprobación un instrumento de ordenación territorial o urbanística, plan o proyecto de cualquier tipo, que conlleve la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes.

Los otros dos casos corresponden a situaciones en las que se haya declarado por la Administración competente el incumplimiento de los plazos o demás deberes inherentes al proceso de urbanización o de edificación del suelo. Ello puede dar lugar a la expropiación del bien correspondiente, o cuando a la fecha de valoración se hubiese incoado expediente de incumplimiento de los plazos o demás deberes inherentes al proceso de urbanización o de edificación.

Unos tanto... otros, nada

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, ya tiene chalet en La Granja, piso en Madrid, ático en Palma y casa en Valencia

La plataforma "V de Vivienda" pide que se extienda a toda España el alquiler forzoso de pisos vacíos

Belén Porras/ Crónica Social (Caja Madrid)
(20/XII/07)

La plataforma "V de Vivienda" ha pedido que se extienda a todo el territorio de España el alquiler forzoso de viviendas desocupadas. Esta medida se recoge en el artículo 42.6 de la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña aprobada en el Parlamento catalán.

En declaraciones a Crónica Social, un portavoz de la plataforma, Jaime Matamoros, explicó que es una medida "en la línea de nuestras reivindicaciones: la expropiación temporal de pisos". "Sería mucho mejor que esta medida se extienda a todo el territorio nacional porque en España hay un problema con la vivienda", señaló Matamoros.

Además, el portavoz de "V de Vivienda" señaló que, si sólo se aplica esta medida en Cataluña, se estaría discriminando a los ciudadanos de otras comunidades autónomas. En este sentido, Matamoros reconoció la dificultad del Ministerio de Vivienda para intervenir en esta propuesta porque la mayoría de las competencias en la materia están en manos de las comunidades autónomas.

ERC, dispuesta a "hablar" sobre el alquiler forzoso

elpais
Barcelona

Convergència i Unió y el Partido Popular mantienen que no podrán sumarse al pacto o apoyar la Ley de Derecho a la Vivienda mientras no desaparezca cualquier referencia al alquiler forzoso de los pisos vacíos. Ayer, Esquerra Republicana les dio alguna esperanza al respecto. El portavoz republicano en el Parlament, Joan Ridao, aseguró que su partido está dispuesto a "hablar" sobre el asunto.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Ridao dijo que cree que la federación nacionalista se acabará sumando a la ley sobre vivienda y, en este sentido, aseguró que "no descarta" que haya un acuerdo más adelante. Con todo, defendió la medida del alquiler forzoso y recordó que ciudades como Copenhague (Dinamarca) la aplican "con éxito". Ridao también recordó a CiU que en su día votó en el Parlament una medida para gravar las viviendas desocupados desde el punto de vista fiscal .

Mientras ERC apunta a una posible flexibilización del texto, el Partido Popular continúa atacándolo de forma implacable. El presidente del PP de Cataluña, Daniel Sirera, aseguró que el Pacto Nacional por la Vivienda es, directamente, inconstitucional porque "vulnera el principio de propiedad privada" al prever posibles expropiaciones temporales de pisos vacíos para ponerlos en el mercado del alquiler social.

El Gobierno catalán obligará a los propietarios de viviendas a alquilar los pisos vacíos

invertia

El presidente de la Generalitat, José Montilla, acordó ayer junto a más de una treintena de entidades sociales un gran Pacto para la Vivienda que prevé, entre otras medidas, el alquiler forzoso de los pisos desocupados. Sindicatos, constructores, promotores, colegios profesionales y entidades sociales, orquestados por la Generalitat, dieron ayer el sí a la medida. El acuerdo, que contará con una inversión pública de 8.220 millones de euros -de los que el gobierno catalán se ha comprometido a aportar el 81%- se cerró en un acto masivo celebrado en el Palacio de la Generalitat con la anunciada ausencia de los dos partidos de la oposición, CiU y PP.

El acuerdo alcanzado por la Generalitat tiene como medida más destacada la expropiación forzosa de las viviendas que permanezcan vacías más de dos años con el objetivo de sacarlas al mercado de alquiler. Para implementar esta medida, la Generalitat debe aún sortear un prolijo trámite parlamentario.

Éste es el punto más polémico del proyecto del Gobierno catalán y el que ha impedido su adhesión a CiU y PP, recelosos de la concepción de “uso social de la propiedad” que consagra el pacto. El Pacto para la Vivienda consigna “la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda que regula la función social de la propiedad y la aplicación de todos los mecanismos que se prevén para activar la introducción de viviendas desocupadas en el mercado del alquiler”. El dueño de un piso desocupado podrá ser multado o sancionado vía impuestos. Como reza la futura norma, las administraciones “podrán establecer medidas de carácter fiscal o coercitivo que propicien este cumplimiento y penalicen el incumplimiento de la función social”.

Otro de los objetivos que recoge el nuevo Pacto para la Vivienda es alcanzar al menos un 15% del parque de viviendas se dedique a viviendas de protección oficial. También se proclama la obligatoriedad de que el 20% de las promociones en suelo consolidado sea destinado a VPO y la ampliación a noventa años del período de calificación.

La contestación al pacto más relevante –además de la de CiU y PP- viene de parte de los promotores inmobiliarios. No obstante, entidades como la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Gremio de Constructores de Obras de Barcelona se han adherido al pacto.

El principal responsable de la nueva ley es el consejero de Vivienda catalana Francesc Baltasar, miembro de ICV, que ha encontrado un apoyo numantino en el PSC y ERC, los otros dos partidos que conforman el Gobierno catalán. La ministra de Vivienda, Carme Chacón tildó de “inteligente” este nuevo proyecto al tiempo que criticó la ausencia del apoyo de CiU y PP al nuevo proyecto.