El Gobierno catalán obligará a los propietarios de viviendas a alquilar los pisos vacíos

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El presidente de la Generalitat, José Montilla, acordó ayer junto a más de una treintena de entidades sociales un gran Pacto para la Vivienda que prevé, entre otras medidas, el alquiler forzoso de los pisos desocupados. Sindicatos, constructores, promotores, colegios profesionales y entidades sociales, orquestados por la Generalitat, dieron ayer el sí a la medida. El acuerdo, que contará con una inversión pública de 8.220 millones de euros -de los que el gobierno catalán se ha comprometido a aportar el 81%- se cerró en un acto masivo celebrado en el Palacio de la Generalitat con la anunciada ausencia de los dos partidos de la oposición, CiU y PP.

El acuerdo alcanzado por la Generalitat tiene como medida más destacada la expropiación forzosa de las viviendas que permanezcan vacías más de dos años con el objetivo de sacarlas al mercado de alquiler. Para implementar esta medida, la Generalitat debe aún sortear un prolijo trámite parlamentario.

Éste es el punto más polémico del proyecto del Gobierno catalán y el que ha impedido su adhesión a CiU y PP, recelosos de la concepción de “uso social de la propiedad” que consagra el pacto. El Pacto para la Vivienda consigna “la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda que regula la función social de la propiedad y la aplicación de todos los mecanismos que se prevén para activar la introducción de viviendas desocupadas en el mercado del alquiler”. El dueño de un piso desocupado podrá ser multado o sancionado vía impuestos. Como reza la futura norma, las administraciones “podrán establecer medidas de carácter fiscal o coercitivo que propicien este cumplimiento y penalicen el incumplimiento de la función social”.

Otro de los objetivos que recoge el nuevo Pacto para la Vivienda es alcanzar al menos un 15% del parque de viviendas se dedique a viviendas de protección oficial. También se proclama la obligatoriedad de que el 20% de las promociones en suelo consolidado sea destinado a VPO y la ampliación a noventa años del período de calificación.

La contestación al pacto más relevante –además de la de CiU y PP- viene de parte de los promotores inmobiliarios. No obstante, entidades como la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Gremio de Constructores de Obras de Barcelona se han adherido al pacto.

El principal responsable de la nueva ley es el consejero de Vivienda catalana Francesc Baltasar, miembro de ICV, que ha encontrado un apoyo numantino en el PSC y ERC, los otros dos partidos que conforman el Gobierno catalán. La ministra de Vivienda, Carme Chacón tildó de “inteligente” este nuevo proyecto al tiempo que criticó la ausencia del apoyo de CiU y PP al nuevo proyecto.