Burbuja de humo

Isaac Rosa/ publicado por El País (21/08/2007)

El discurso catastrofista suele ser una de las formas más inofensivas de crítica. Pero además, con frecuencia se convierte en una maniobra de distracción, intencionada o no, una cortina de humo que permite disimular daños: a fuerza de invocar lo malísimo, acaba siendo aceptable lo malo a secas. La perspectiva del peor de los escenarios nos consuela, cuando el vaticinio negro se incumple, de que las cosas finalmente no hayan salido tan mal como anunciaban, y nos parece bueno lo que sin esa posibilidad de empeoramiento nos habría parecido negativo.

Desde hace algún tiempo el discurso catastrofista de moda en España es el que avisa del próximo estallido de la llamada burbuja inmobiliaria. Llevamos al menos un par de años escuchando las advertencias catastrofistas de un futuro inmediato en el que los precios de los pisos se desplomarán, y toda nuestra ilusión de prosperidad se vendrá abajo: recesión económica, impagos, embargos, bancos y empresas en quiebra, desempleo masivo y, por qué no añadirlo, suicidios masivos de ciudadanos lanzándose desde sus hipotecados balcones. El tiempo pasa y el salvaje estallido no acaba de producirse, pero no bajamos la guardia, en cualquier momento ocurrirá.

¿Y si finalmente no estalla la burbuja? En tal caso -y parece el más probable-, la cortina de humo catastrofista habrá vuelto a triunfar: respiraremos aliviados y nos contentaremos con habernos quedado como estamos. Y mientras tanto, en todo este tiempo habremos mirado hacia otro lado, hacia la enorme burbuja a punto de reventar en el horizonte, y apenas habremos atendido a las miles de pequeñas burbujas que estallaban por todas partes, en miles de hogares donde se ha producido una catástrofe que nadie vaticinó, que ha sucedido poco a poco, con sigilo, y cuya devastación todavía se oculta bajo el humo de la apocalíptica burbuja.

En realidad, sin estallidos efectistas ni dramatizaciones, hace algún tiempo que esas miles de pequeñas burbujas se pincharon, sin ruido apenas, desinflándose poco a poco. El resultado es un escenario que para algunos tal vez sea ideal -y se beneficiarán del mismo-, pero que para la mayoría es de pesadilla. La combinación, hoy presente en tantos hogares, de precariedad laboral, pérdida de poder adquisitivo y alto endeudamiento nos deja una sociedad donde gran parte de la población vive al límite, inmovilizada sobre un alambre en el que más vale no dar un paso atrás ni arriesgar un movimiento extraño, pues la caída será inmediata.

Por un lado, la precariedad laboral. Resulta curioso que, mientras estadísticamente nos acercamos al pleno empleo, la principal preocupación de los españoles siga siendo en las encuestas el paro. La alta temporalidad, la inestabilidad, el abaratamiento del despido, la subcontratación abusiva, la irregularidad, los falsos autónomos, se convierten en norma en una clase trabajadora sobre la que, al mismo tiempo, opera como amenaza el recuerdo de los años en que el desempleo llegaba al 20% de la población.

Por otro, la pérdida de poder adquisitivo. Las explicaciones macroeconómicas -en la línea del debate sobre salarios desarrollado en las páginas de EL PAÍS- no maquillan una realidad percibida con crudeza por tantas familias: el encarecimiento de la vida no ha ido al mismo ritmo que el aumento de los salarios. Mientras la vivienda -un bien de primera necesidad, por mucho que apenas repercuta en el cálculo del IPC- ha tenido sucesivos aumentos anuales superiores al 10%, los salarios crecían a ritmos muy inferiores, y todo tipo de productos y servicios multiplicaban sus precios, al calor del duradero "efecto euro" y otros factores. El sueldo cada vez nos

llega para menos, por mucho que lo disimulemos con una mayor capacidad de consumo que, en buena parte, se apoya en esas formas de "consumo basura", toda una sociedad del low cost equiparable a la comida basura: como las hamburguesas franquiciadas, también ciertas formas de consumo son baratas, alimentan y provocan sensaciones placenteras. En nuestro caso, el consumismo es un lenitivo infalible, pero adictivo.

Y en tercer lugar, el elevado endeudamiento: cuando parece que ya no podemos endeudarnos más, que hemos alcanzado nuestro techo, que ya estamos bastante estrangulados por hipotecas excesivas que en cada medio punto del Euríbor nos ahogan un poco más, he aquí que llegan esas nuevas formas de usura sofisticada, de rostro amable, publicitadas. Prestamistas de nombre atractivo e imagen desenfadada que prometen dinero en mano con sólo una llamada de teléfono, o empresas que nos ofrecen renegociar todas nuestras deudas para sólo tener un acreedor al que, milagrosamente, pagaremos menos. El resultado es una última vuelta de tuerca, asfixiante, que mediante tipos de interés usureros nos encadena de por vida a un pago mensual que tal vez heredarán nuestros hijos, con lo que cerraremos el círculo generacional y haremos realidad aquel chiste del perezoso que prometía dejar de vivir de sus padres el día que pudiese vivir de sus hijos. En efecto, los jóvenes que hoy se emancipan lo hacen en muchos casos ayudados por sus familias -que actúan como avalistas para sus hipotecas y/o facilitan cantidades de dinero-. Esos mismos jóvenes no sólo no podrán actuar de colchón para sus hijos en el futuro, sino que tal vez coloquen una deuda congénita sobre éstos.

El tridente que forman estos factores, precariedad laboral, pérdida de poder adquisitivo y alto endeudamiento, da forma a esa burbuja doméstica que ya ha estallado en muchas casas. Las consecuencias parecen evidentes, aunque a veces queden oscurecidas por el humo de la catástrofe que nunca llega. Trabajadores atemorizados, para los que cada sueldo es decisivo para no ser embargados o desahuciados, se cuidarán mucho de hacer cualquier cosa que pueda poner en riesgo su puesto de trabajo. No digo ya ejercer su derecho de huelga, sino simplemente cuestionar una orden, dependiendo del nivel de presión y de competencia que haya en cada sector y empresa. A otro nivel, para muchas familias un divorcio se convierte, ésta sí, en una auténtica catástrofe económica, que da lugar a una lucha feroz por quedarse con la preciada vivienda, y que está envenenando muchos procesos de separación con hijos de por medio.

Mientras todo esto ocurre, seguimos temiendo por el desastre futuro que, caso de no llegar, nos aliviará y hará buena nuestra situación actual, tras repetir una y otra vez el viejo mantra de "virgencita, que me quede como estoy". Siempre podremos estar peor, claro. Y si la burbuja no estalla, y simplemente se desinfla un poquito y de forma progresiva, descansaremos de su amenaza, y haremos evaluación de daños a la sombra del gran daño que nunca llegó, y tal vez ya seducidos por un nuevo discurso catastrofista que sustituya al vencido. De hecho, puede que este artículo no sea más que otro discurso catastrofista, vaya usted a saber.

Isaac Rosa es escritor. Su último libro es ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (Seix Barral).

Las regiones del PP boicotean el plan estatal de apoyo al alquiler

L. Doncel/ elpais

Los populares aducen falta de tiempo para los trámites

No a todo. Las cinco comunidades donde gobierna el Partido Popular han planteado un frente común para echar abajo el plan de ayuda a los jóvenes que viven de alquiler lanzado por el Gobierno central. Por una parte, los responsables de Vivienda de Madrid, Valencia, La Rioja, Castilla y León y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla consideran "imposible" que la ayuda de 210 euros para cada menor de 30 años con unos ingresos inferiores a 22.000 euros se ponga en marcha el 1 de enero, tal y como se ha comprometido el Ministerio de Vivienda.

Pero no sólo creen que va a ser imposible poner en marcha esta medida en tan poco tiempo. Además, los populares quieren ampliar el número de beneficiarios y el volumen de las transferencias. Así, a menos de cuatro meses de las elecciones, el partido que lidera Mariano Rajoy propone aumentar la denominada renta de emancipación a 240 euros y que de ésta se beneficien también los que tienen entre 30 y 35 años y los mayores de 65.

El portavoz de Economía del PP, Miguel Ángel Arias Cañete, explicó que el Gobierno interfiere de "muy mala manera" en las comunidades, ya que les transfiere una obligación pero no les dota de herramientas para cumplirlas.

Por esto, según confirma un portavoz de la consejería de Vivienda de Madrid, el PP presentará en breve una proposición no de ley en el Congreso. Los responsables madrileños aseguran que cuando, a partir del próximo 1 de enero, comiencen a recibir las solicitudes de jóvenes inquilinos se limitarán a enviárselas al ministerio pero que no las tramitarán. Aseguran que toman esta decisión por la imposibilidad de cumplir los plazos marcados por el Gobierno.

"Así, si el ministerio es más rápido que nosotros será capaz de pagarlas en tiempo y forma", dijo la consejera madrileña, Ana Isabel Mariño. Esta responsable también señaló que el plan aprobado por Chacón supone un "recorte" en las ayudas que ha afectado a 800.000 jóvenes, ya que la anterior ministra había diseñado un plan de apoyo al alquiler para los que tienen menos de 35 años.

En el ministerio dicen estar asombrados por la "ignorancia o voluntad de engañar" de los que hablan de recorte de derechos. Ya que la nueva ayuda, señalan, no supone ninguna merma, sino la ampliación de beneficiarios. "Las ayudas existentes hasta ahora tenían un máximo de 240 euros, y la media de las que se estaban concediendo estaba en torno a los 100 o 150 euros. El nuevo plan no perjudica a nadie. Sorprende que sea justamente la Comunidad de Madrid, que no ha dado ni una sola de estas ayudas, la que ahora diga que estamos recortando derechos", señala el portavoz del departamento que dirige Chacón.

"Es perfectamente posible poner en marcha las ayudas en el plazo previsto. Simplemente se trata de una cuestión de voluntad política", aseguran en el ministerio, donde confían en que las demás comunidades autónomas tramiten las ayudas desde enero próximo.

Madrid cree que Chacón 'no es competente' para plantear los juzgados de desahucios

EP/ suvivienda

La Comunidad tacha el anuncio de la ministra de 'inoportuno'

La Comunidad de Madrid consideró que la ministra de Vivienda, Carme Chacón, "no es competente" para anunciar la creación de juzgados de desahucios en la región y exigió al Gobierno central que estos juzgados especializados en materia de vivienda "sean objeto de negociación", junto con el resto de órganos judiciales.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, anunció que Madrid contará desde el 1 de enero de 2008 con los seis primeros juzgados de primera instancia de lo civil, de los diez inicialmente previstos, destinados a agilizar los desahucios.

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia aseguraron que el anuncio de la ministra es "inoportuno", ya que explicaron que el Ejecutivo autonómico "está negociando con el Ministerio de Justicia el número de juzgados que se concederán a la región".

La Administración autonómica recordó a Chacón que autonomías gobernadas por el PSOE, como Cataluña y Andalucía, "han rechazado esta misma propuesta" y subrayó que la implantación de estos juzgados "es una necesidad" que ha sido una reclamación "prioritaria" del PP para instaurar los juicios rápidos en materia de arrendamientos.

No obstante, precisó que el desarrollo de estas dependencias judiciales "no puede ser producto de mensajes electoralistas, sin planificación alguna y de forma unilateral sin previo acuerdo del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"La concesión de juzgados a comunidades como Cataluña va acompañada de una partida presupuestaria, mientras que el Ejecutivo de Madrid corre con todos los gastos de la puesta en funcionamiento de los juzgados", puntualizaron las citadas fuentes.