La Generalitat subvencionará pisos de hasta 370.000 euros

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• La Administración otorgará ayudas a fondo perdido de un máximo de 6.000 euros

La nueva vivienda de protección oficial de Catalunya, prevista en el Pacto Nacional para la Vivienda, permitirá que reciban ayudas públicas para su adquisición o alquiler pisos con un precio de hasta 370.000 euros, en las poblaciones más caras de Catalunya como Barcelona. Deberán tener una superficie máxima de 100 metros cuadrados si son nuevos y construidos sobre suelos libres, o pisos libres en estoc o en construcción.

Estas son algunas de las características del piso concertado catalán previstas en la propuesta de decreto que ayer presentó el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, a la comisión de seguimiento del pacto para la vivienda en su primera reunión. El concertado catalán es una fórmula que pretende facilitar la promoción de viviendas protegidas en suelos que no están reservados exclusivamente para ese uso; "la venta de viviendas promovidas los últimos años que se encuentran con dificultades para encontrar compradores a causa de los elevados precios del mercado libre" y la venta de pisos de segunda mano con una excesiva distancia entre los precios del mercado y la capacidad adquisitiva de muchos hogares.

La última normativa de urbanismo obliga a reservar un 10% del suelo de las nuevas promociones a esta figura del piso concertado catalán. Los pisos construidos en estos suelos o similares tendrán una superficie máxima de 80 metros cuadrados. Todos estos pisos se podrán destinar tanto a la venta como al alquiler con opción de compra a 10 años.

6,5 veces el Iprem

Podrán acceder a estos pisos personas con ingresos familiares ponderados no superiores a 6,5 veces el IPREM. En el alquiler con opción de compra, la cuota mensual no podrá superar los 925 euros, para pisos de 100 metros. Transcurridos 10 años, "el promotor descontará del precio máximo el 50% de las rentas pagadas por el inquilino que ejerza el derecho de adquisición".

Para facilitar el acceso a sectores con ingresos más bajos, la Generalitat promoverá una financiación privilegiada para el comprador, y otorgará una subvención máxima de 6.000 euros a fondo perdido a los jóvenes y otros colectivos en el supuesto de se trate del primer acceso a una vivienda. Entre las fórmulas de financiación se estudia un préstamo con una reducción de los tipos de salida los primeros años, mediante el pago de un porcentaje de la cantidad del crédito directamente de la Generalitat a la entidad financiera correspondiente.

Baltasar explicó ayer que el Govern ha presupuestado 204 millones de euros este año que permitirán conceder ayudas relacionadas con la vivienda a 100.000 familias. Más de una cuarta parte (60) serán ayudas al pago del alquiler (30.000 beneficiarios) y 50 millones a la rehabilitación (30.000 unidades). El piso concertado catalán cuenta con 32 millones de presupuesto y puede beneficiar a 10.000 hogares, mientras que el Govern espera que los 20 millones dedicados a ayudas a los pisos desocupados afloren 5.000 viviendas.

La ley de vivienda precisa de 17 normas para su aplicación

Salvador Sabrià/ elperiodico
Barcelona

• El polémico alquiler forzoso no se podrá ejecutar hasta dentro de cinco años

La aprobación de la ley del derecho a la vivienda el pasado miércoles en el Parlament es un paso básico para poder aplicar el Pacto Nacional para la Vivienda, que prevé, entre otros objetivos, la construcción de 160.000 pisos de protección oficial en 10 años. Sin embargo, para desplegar la citada ley será necesario que el Govern apruebe, en el plazo de un año, 17 normas.

La elevada cifra de reglamentos da una idea de la complejidad de la ley aprobada y de la amplitud y variedad de su contenido, aunque el debate político ha quedado muy centrado en los últimos meses en la posibilidad a aplicar un alquiler forzoso a pisos permanentemente desocupados y en zonas de muy elevada demanda de vivienda.

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ya anunció que el próximo enero se aprobarán las primeras medidas para aplicarla. El decreto que ya está a punto de pasar por el Consell Executiu propone el fomento del alquiler. Prevé la creación de un aval universal a cargo de la Generalitat de todos los nuevos contratos de arrendamiento. Esta garantía para los propietarios, que se llamará Aval-lloguer, asegura a los arrendatarios la percepción de hasta seis meses de alquiler en el caso de sentencia de deshaucio por impago de las cuotas. Los requisitos mínimos para obtener ese aval serán que la renta mensual no supere los 1.750 euros, que no se haya exigido una fianza de más de dos meses al inquilino y que el contrato esté registrado en el Institut Català del Sòl.

Aumentar garantías

Las otras normas que deberá aprobar el Govern antes de medio año (contando los tres meses que tardará en entrar en vigor la ley y tres meses más de plazo para aprobar determinados reglamentos) están dedicadas a aumentar las garantías de los consumidores y la legalidad de los agentes que intervienen tanto en la construcción de viviendas como en su posterior intermediación. En este grupo se incluye la creación del registro de agentes de la intermediación inmobiliaria y el de constructores.

Dentro de este corto plazo se incluye el decreto de condiciones de habitabilidad y de inspección obligatoria de edificios. También en este plazo de medio año debe estar aprobado el registro de solicitantes de vivienda protegida, en el que deberán estar inscritas las personas que quieran optar a un piso con ayudas oficiales, incluso los que puedan distribuir por su cuenta los promotores privados si han levantado VPO en suelo privado.

Antes de nueve meses deberá estar aprobada también la normativa que regula el libro del edificio, un documento que deberán tener todas las construcciones residenciales a partir de ahora en el que se registran los cambios y mejoras necesarias en las viviendas para asegurar su correcto mantenimiento. En el mismo plazo se regulará la homologación de los promotores sociales de vivienda; la creación del consejo de la calidad, la sostenibilidad y la innovación; el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana y la orden para establecer un nuevo sistema de ayudas al pago del alquiler.

El plan territorial sectorial de vivienda, que, entre otras cosas, debe determinar las áreas de gran demanda insatisfecha tiene un plazo máximo de aprobación de un año.