Dos inmobiliarias de Roca suspenden pagos y dejan atrapada a Caja Castilla-La Mancha

Alejandra Ramón / Javier Moronatti, eleconomista.es, 5/08/2008

La crisis inmobiliaria sigue cobrándose más víctimas. Juan Antonio Roca, el que fue el cerebro de la Operación Malaya, es uno de los afectados. El administrador judicial de dos de las sociedades más importantes del empresario ha solicitado en el juzgado mercantil de Málaga el concurso de acreedores ante la incapacidad de hacer frente a una deuda de 80 millones de euros, según indica el auto dictado por el juez Miguel Ángel Torres.

Un préstamo de 40 millones de euros

Las dos empresas que han caído al abismo son Masdevallia y One Properties, que promocionan y comercializan los proyectos Nueva Ribera Beach Club y Nueva Ribera Golf Club en Los Alcázares (Murcia). Las consecuencias de esta situación han hecho mella en Caja Castilla-La Mancha, pues la entidad de ahorros concedió a las dos compañías de Roca un préstamo de 40 millones de euros.
Un dinero que no ha salvado a Masdevallia y One Properties, pues siempre han tenido problemas desde que fueron intervenidas judicialmente y pasaron a manos de diferentes administradores, según explicaron a elEconomista tanto fuentes de Caja de Castilla-La Mancha como el abogado de Juan Antonio Roca, Aníbal Álvarez.

De las dos promociones, tan sólo una se ha construido y la mitad de sus viviendas carece de cédulas de habitabilidad, debido a un exceso en la edificabilidad, según señalaron a este diario fuentes del Ayuntamiento de Los Alcázares. En cambio, para el segundo proyecto ni siquiera se han solicitado las licencias de edificación. Ahora con la petición del concurso de acreedores la actividad estará más parada que antes. De hecho, las oficinas de Murcia y Marbella en las que se comercializaban ambas promociones se encuentran cerradas.

La más perjudicada

Caja de Castilla La Mancha es la mayor perjudicada de este proceso concursal, emprendido por el administrador judicial Juan Macías, de la firma Idea Asesores. La suspensión de pagos deja a la entidad de ahorros una deuda de casi 40 millones de euros que cobrarán una vez que se resuelva el caso. Esta cantidad resulta especialmente elevada para la caja al representar casi el doble del beneficio bruto que logró en el primer trimestre de este año (24,4 millones de euros).

"A mi cliente le intervinieron dos empresas que funcionaban y que según el juez Torres eran la tapadera para blanquear dinero, aunque todavía no han logrado acreditarlo. Si se demuestra que están limpias nos devolverán un concurso de acreedores y dos empresas en ruina" explica el abogado de Roca, Aníbal Alvarez. Al letrado le llama especialmente la atención el lugar elegido para presentar el concurso. Masdevallia tiene su domicilio social en Madrid y One Properties en Murcia, mientras que el proceso se ha presentado en Málaga. La Ley Concursal indica que se solicita en el lugar en el que la empresa tiene el domicilio social.

A pesar de ese defecto de forma, lo que más escandaliza al abogado es la actuación de los diferentes administradores designados por el juez. "Nosotros pedimos el concurso de acreedores hace tiempo, porque las empresas se estaban comiendo mucho dinero. Sin embargo, el juez Torres decidió librar al primer administrador, José Luis Gallardo Santamaría, de la responsabilidad de presentarlo, lo cual sólo se puede calificar como barbaridad jurídica".
La actuación de ese administrador, explica el abogado, y de los dos interventores, alarmó al juez Oscar Pérez, encargado de instruir la Operación Malaya. Gallardo vendió inmuebles sin permiso y presentó facturas absurdas. Por ejemplo, facturas de que "ha volado tres veces en el mismo día en el mismo vuelo o talones de que ha dormido cuatro noches en el mismo hotel". El letrado cifra en 12 millones de euros el agujero hecho por el administrador y que ha tenido que pagar Roca. "Estamos pendientes de una auditoría de todas las cuentas que dejará claro cómo ha actuado Gallardo", sentenció el abogado.

Estas discrepancias provocaron que se nombrase al actual administrador judicial, Juan Macías, que no quiso hacer declaraciones al respecto. En definitiva, el letrado califica toda la gestión de las dos compañías y lo que ha sucedido con ellas como "una tomadura de pelo, altamente sospechosa".